Ante ello, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, arremetió contra la estrategia “abrazos” del gobierno de AMLO, pues México ya supera los 100 mil asesinatos en tres menos de tres años.

De modo que Marko Cortés calificó al gobierno de la 4T como el de las promesas incumplidas, las crisis y los engaños.

“Este gobierno es el de las promesas incumplidas, las crisis y los engaños. Claramente los abrazos no han funcionado, van más de 100 mil homicidios en menos de 3 años, más que en cualquier otro gobierno”

Las críticas de Marko Cortés se dan luego de que según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México superó los 100 mil asesinatos en lo que va del gobierno de AMLO.

En el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, en México se registran más de 100 mil 300 asesinatos. De ellos, 99 mil 569 corresponden a homicidios dolosos, más de 2 mil 800 fueron tipificados como feminicidios

Este número de asesinatos resulta un 16 % mayor a los contabilizados en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto.

La persecución política que mediante el uso faccioso de la Fiscalía General de la República está emprendiendo el gobierno federal en contra de un grupo de 31 científicos y ex funcionarios del CONACyT es absolutamente inaceptable.

Escuchamos con atención las explicaciones que el Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada ha ofrecido a medios de comunicación, y de sus dichos no se desprende cosa alguna que pudiera considerarse ilegal, y mucho menos delictuosa.

Señala que siendo responsables del CONACyT, desviaron recursos públicos para la operación de una asociación civil, que como tal, es privada, denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Pero resulta que tanto la Ley de Ciencia y Tecnología, como la Ley Orgánica del CONACyT, establecen la existencia de dicho foro. El artículo 36 de la primera ordena su constitución y sus bases al señalar que “Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT, el cual se establecerá y operará conforme a las siguientes bases: […]”, y el artículo 37 indica cuales son sus facultades, mientras que el artículo 10 de la Ley Orgánica también contempla su existencia y facultades al establecer que “El Foro Consultivo Científico y Tecnológico fungirá como órgano interno de apoyo y asesoría institucional, el cual tendrá las siguientes funciones para auxiliar a la Junta de Gobierno y al Director General: […]”.

Como la fracción VII del artículo 36 antes citado dice que “Las bases de su integración, funcionamiento y organización serán expedidas por el CONACyT y la mesa directiva”, en su momento los directivos de esa institución, para garantizar que el foro, siendo un órgano interno también tuviese la autonomía que dispone la ley, decidieron que se constituyera como asociación civil. Los estatutos de esa A.C., señalan con claridad que se trata del foro al que aluden ambas leyes y recogen las mismas bases y facultades.

Así, la asociación no constituye falta alguna, y el hecho de que reciba recursos públicos tampoco, de hecho, el artículo 3 de la Ley Orgánica obliga al CONACyT a apoyar el funcionamiento del foro. El artículo menciona que “El CONACyT apoyará el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los cuales se integrarán y operarán conforme a lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología”.

Acá en todo caso lo que habría que revisar, y seguramente así se ha hecho durante los siete años de su existencia a través de las auditorias de la función pública y de la Auditoria Superior de la Federación, es que los recursos se usen adecuadamente. Pero hasta ahora nadie ha cuestionado eso, sino solo la transferencia de recursos, cosa que ya hasta la Suprema Corte ha dicho que es legal.

Está claro pues, que la Fiscalía, y/o el gobierno en su conjunto se traen algo personal contra la comunidad científica y académica. Algunos señalan que se trata de una animadversión contra la élite académica, otros que es un intento por marginar a los científicos actuales para desterrar una absurda e imaginaria “ciencia neoliberal”, y otros, que en realidad es una vendeta personal del Fiscal General que ha sido rechazado por esa comunidad como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y señalado de incurrir en plagio.

El hecho es que se les imputa peculado, ejercicio indebido de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. De ese tamaño el absurdo. Y se insiste en encarcelarlos en una de las prisiones de máxima seguridad en las que están algunos de los delincuentes más peligrosos y sanguinarios del país.

Cualquiera que sea el motivo, la persecusión de los científicos contrasta enormemente con la benevolencia que este gobierno muestra para con los verdaderos criminales de este país, los que trafican con drogas, con armas y hasta con personas, los que lesionan, extorsionan, secuestran y matan, a esos, se les ofrecen “abrazos, no balazos”. El mismo presidente de México saluda a la madre del Chapo, libera a Ovidio Guzmán, declara que en las elecciones la delincuencia organizada “se portó muy bien”, y tras la quema de la discoteca “Baby´O” en Acapulco, alega la presunción de inocencia a favor del crimen organizado.

Lo dicho: a los delincuentes abrazos, y a los científicos… madrazos.

Valdés señaló que la política de López Obrador, de ‘abrazos, no balazos’ envía un mensaje a las organizaciones criminales de “hagan lo que quieran, yo no voy a mover un dedo por detenerlos”.

“Lo que pasó el fin de semana en Reynosa (Tamaulipas) es un escándalo. De un asombro que la sociedad debiera estar en la calle protestando contra la política de seguridad del gobierno. (…) Lo que va de este sexenio con unos niveles impresionantes de violencia, cada vez más descontrolada”, puntualizó.

Valdés señaló que para frenar la violencia en Tamaulipas es necesario el apoyo del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) porque la policía estatal es “insuficiente” para controlar a las organizaciones criminales.

“Requiere del apoyo del Ejército y la Marina y dado el conflicto que trae este gobernador (Cabeza de Vaca) con el presidente López Obrador, la colaboración del Ejército y de la Guardia Nacional en Tamaulipas es nula”, añadió.