Nueva Constitución ¿Tendrán voz los ciudadanos?

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Dentro de la oferta, promocional o de campaña, de promotores oficiales y candidatos a la Asamblea Constituyente de la CDMX, se habla mucho pero mucho de la participación del ciudadano en las decisiones de gobierno de la ciudad capital. ¿Qué tanto será posible? La pregunta es muy importante, por las expectativas que se están creando en estas campañas electorales.

Primero, está la imposible participación directa en su redacción, y menos aún en votarla. Sólo participan los cien diputados constituyentes, de los cuales serán electos sesenta, los otros cuarenta son nombrados. No, el ciudadano no tiene ni participación en las discusiones y menos aún en las votaciones. Empezamos mal.

Antes que ellos está un llamado grupo de trabajo de “notables” que prepara ya un proyecto para iniciar la discusión. “Notables” por cierto al particular criterio de Miguel Ángel Mancera con sus acuerdos con la autollamada “izquierda”. Una selección que no representa a la gran mayoría de los capitalinos, y menos aún a ideologías políticas diferentes a esa izquierda. No refleja ser, como lo definió el Doctor Mancera, “pluricultural” en cuanto a escalas de valores. ¿Aceptan opiniones diferentes a sus posiciones pro aborto, matrimonio homosexual y “diversidad sexual”? Claro que no, son un grupo cerrado. Empezamos mal.

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Y ya aprobada la Constitución, ¿podrán los ciudadanos de la CDMX participar en las decisiones? Está por verse. Primero porque conforme la Constitución General, la participación del ciudadano de a pie en las grandes decisiones del país, aparte las votaciones electorales, prácticamente no existe. Salvo la participación colectiva en la iniciativa popular o ciudadana, protegida por esa Constitución General.

¿Qué podría en la nueva Constitución de la CDMX dar al ciudadano la posibilidad de participar en las decisiones de gobierno? Las grandes peticiones, que aún no se incorporan a la Constitución General, podrían permitirlo. ¿Cuáles son? El referendo, la consulta ciudadana, el plebiscito, la revocación de mandato y la iniciativa (legislativa) popular. Otras formas de participar serían los consejos vecinales o consultivos, la contraloría social y los testigos sociales.

Salvo los últimos casos mencionados participando personalmente, los anteriores serían de participación popular por medio de votaciones masivas, a nivel de alcaldías o del gobierno central de la CDMX. ¿Qué más? Elevar a rango constitucional capitalino las candidaturas independientes, en semejanza de oportunidades frente a los partidos políticos. ¿Habrá participación en procesos legislativos? Por supuesto que no.

Se deben agregar las organizaciones sociales de barrios o de pueblos, que existen, con o sin aval legal, desde mucho tiempo atrás en la CDMX. En esos ya pequeños grupos ciudadanos, las votaciones directas son más personales, en cuanto al valor del voto. No son novedades, pero sí de posible incorporación en la Constitución.

La consulta ciudadana a nivel de alcaldías y de distritos electorales, para alcaldes y diputados a la Asamblea Legislativa, podría ser incluida como obligatoria, pero finalmente no sería impositiva, ya que las decisiones ejecutivas o legislativas son responsabilidad personal.

Pero volvamos al principio. Durante los pocos meses en que la Asamblea Constituyente va a deliberar y votar el articulado de la constitución de la CDMX, los diputados constituyentes pueden abrir la puerta a la participación ciudadana indirecta, es decir que el ciudadano individual u organizadamente, pueda hacerle llegar sus opiniones y el diputado las pase a la Asamblea.

Pero de nuevo sigue siendo una decisión personal de ese diputado. Por supuesto que ante una petición ciudadana, el diputado puede comprometerse a presentarla a discusión, pero no puede de allí en adelante asegurar nada, sobre todo que puede imponerse una decisión de partido para votar.

Efectivamente, las ofertas alegres de participación ciudadana en las decisiones de gobierno capitalinas están a la orden del día, y se ofrecen como si fueran cualquier cosa, para entusiasmar a los votantes el 5 de junio, a votar por los candidatos de sus partidos o sus candidaturas independientes.

Los candidatos (o sus partidos) que alegremente sigan ofreciendo la participación del ciudadano de a pie, deben tomar las cosas en serio, y solamente ofrecer lo que es posible, y hacerlo de manera bien específica, no en forma genérica. Lo primero es la oferta de escuchar al ciudadano respecto al texto de la Constitución y considerar si la lleva a comisiones o pleno de la Asamblea, o al menos a su fracción parlamentaria (en su caso).

Lo segundo, es ofrecer que votarán en favor de las diversas formas de participación ciudadana conocidas y en práctica en otras naciones, para que se incluyan en el texto constitucional. Pero no más, pues se tratará de un engaño imperdonable.

Conclusiones, dos. Primera, que no se mienta al electorado sobre participaciones en decisiones de gobierno que no tendrá. Segunda: que el ciudadano capitalino debe estar bien alerta sobre las mencionadas ofertas de su personal participación en las decisiones de gobierno, tanto en la redacción de la Constitución, como en los gobiernos futuros de la ciudad capital. ¡Que no se deje engañar!


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