Préstenmelos un rato

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Veracruz padece la situación financiera que dejó la pasada administración y los impagos acumulados en la presente. El reciente apoyo federal mitigará la crisis de muchos proveedores de bienes y servicios, pero las autoridades deben rendir cuentas claras del dinero público.

Además, al gobernador lo han acusado de mandar matar a periodistas, incluido un fotorreportero que fue muerto en un departamento de la colonia Narvarte en el DF después de pasar la noche bebiendo con una colombiana y varios amigos más. No ha pasado nada porque en México también queda impune quien imputa delitos sin aportar pruebas.

Adicionalmente, la desaparición de cuatro jóvenes y una niña de 16 años en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, tiene un fuerte tufo de crimen organizado. Lejos estoy de sostener que los muchachos estuvieran involucrados en delitos, pero no hay duda de que la mafia dispuso de ellos.

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Son indescriptibles el dolor y la desolación que padecen muchos miles de hogares mexicanos, a los que ahora se suman cinco familias veracruzanas. Los padres han declarado que no quieren saber de los criminales, pues solo desean que regresen sus hijos con vida.

A pocos días del suceso se puede afirmar que:

1) La Fiscalía General del Estado ha realizado un trabajo serio, rápido y eficaz. A pocas horas de la desaparición de los muchachos, detuvo a siete agentes policiacos y los puso a disposición de un juez, quien valoró evidencias y les dictó formal prisión.

2) Es cierto que una conducta imputada a siete no descalifica necesariamente a toda una corporación —y la fiscalía no los encubrió—, pero lo grave es que no eran policías municipales, como los de Iguala y Cocula, sino agentes estatales integrados al llamado “mando único”, lo cual exige depurar también lo que se nos dice que ya está depurado.

3) Se ha filtrado que un familiar de los desaparecidos —ante lo que llaman “falta de resultados”— ha pedido a las autoridades que le “presten por un rato a los detenidos” y él se encargará de que digan dónde están los jóvenes. La propuesta es clara: torturen ustedes o torturamos nosotros. La fiscalía respondió que serán castigados los culpables, que con el auxilio federal seguirá la búsqueda de las víctimas y que se respetarán los derechos humanos de todos.

4) Las autoridades deben “hilar muy fino”, pues ante la presión social de que den a conocer los avances que vayan alcanzando, y ante el posible descubrimiento de que fue una “vendetta” contra familiares de alguno de los muchachos, en buena encrucijada se verán los informantes. Serán acusados de victimizar a las víctimas. Lo cierto es que las autoridades están haciendo lo que les corresponde, pero lo único aceptable para muchos es que regresen vivos los jóvenes. ¡Ojalá se pudiera garantizar!

GUZMÁN LOERA. Opiné, como otros, que debe ser juzgado aquí, reconociendo que hay argumentos en contrario. El presidente Peña decidió extraditarlo. Nosotros dimos razones, él tendrá las suyas. Sospecho que se hará lo que él quiere. Ojalá no se equivoque.


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