Nada explica mejor la manera de gobernar del obradorismo que la Ciudad de México. Por un lado, la riqueza intocada donde se deleita, en uno de los más lujosos restaurantes de Paseo de la Reforma, uno de los hijos del que habló de “pobreza franciscana”; y, por otro, los barrios de las periferias o el centro haciendo frente al granizo, lodazal o ladrones con sus propias manos. Un aeropuerto vulgarizado por la simulada renovación ante la cancelación del de Texcoco, y que tres días después de inaugurado por la Presidenta, se le derrumba el techo a uno de sus puentes. Del Metro ya ni hablemos. Todo al típico “aventón”, “ahí se va”, “baratito”, “luego vemos”, “con alambritos”.

Por eso no extraña la figura del ajolote, para identificar a la otrora Ciudad de los Palacios. El ajolote es nuestra identidad; debemos recordar a Roger Bartra, en La Jaula de la melancolía, publicado después del terremoto de 1985.

Bartra lo dice claro. El ajolote es una figura “estancada”, paralizada, sin movimiento, conformista con su estado incompleto, momificación de la transformación. El ajolote jamás logró salir del agua, no se volvió terrestre, no evolucionó, no mutó a una lagartija. Es un desmentido a la teoría de Charles Darwin. Pero eso sí: no deja de arrastrarse. Morena es eso, el PRI de siempre que repta frente al poder y el dinero. No se levanta, no se yergue. No tiene vértebras completas o fuertes que sólo dan la dignidad y la verdad para enderezarse.

De eso vive Morena, de un permanente infantilismo, que anestesia con programas sociales sin evaluación de las potencialidades de cada individuo. Gobernar es regalar para el anfibio que no es capaz de salir del embrión. Roger Bartra lo decía del PRI, pero Morena lo perfecciona: le tiene miedo a la madurez, a la responsabilidad, a la libertad fuera del agua; por eso venera al ajolote y no al águila del escudo nacional.

En resumen, el ajolote no quiere, no puede o no lo dejan evolucionar y elevarse. Símbolo claro de una Ciudad de México, donde se celebrarán tres mundiales, y la Federación Internacional de Futbol arrasa con contratos, dólares, derechos de transmisión por televisión, boletos caros y publicidad. Y la Presidenta grita “soberanía”. Jajaja. Sólo basta ver los contingentes de policías y seguridad para los jugadores, prueba plena de un nacionalismo larvario, sin sabiduría, ni responsabilidad.

Posdata. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no tiene visa para entrar a Estados Unidos, pero sí cruza la frontera ¿para dar información? (periódico LA Times). Entonces es también otro ajolote que no sale del agua, del lodazal del narco, pero se asoma a la tierra en Norteamérica. ¿Ese ajolote estará “cantando” allá?

La declaración llegó en el peor momento posible desde el punto de vista de la evidencia disponible. Un día antes, el diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, había publicado que el gobierno de Estados Unidos inició una investigación contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y contra el de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos mandatarios estatales fueron despojados de sus visas estadounidenses a raíz de estas investigaciones de carácter penal.

Estos señalamientos no ocurren en el vacío. En abril pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de la entidad de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción Los Chapitos. Los diez funcionarios sinaloenses fueron señalados por introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales. Entre los señalados también figuran el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue presentado ante un tribunal de Nueva York.

Lo llamativo del caso de Durazo es su trayectoria: antes de ser gobernador de Sonora, se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La ironía es difícil de soslayar: el hombre que encabezó la política de seguridad nacional del gobierno que prometió acabar con la corrupción enfrenta hoy investigaciones en el país vecino por los cargos más graves que se pueden imputar a un servidor público.

La respuesta oficial ha seguido un libreto predecible. La secretaria de Comunicación del gobierno de Sonora, Paloma Terán, declaró que «es completamente falsa la información publicada» y que Durazo «no ha sido notificado de investigación alguna». En términos similares se pronunciaron las autoridades de Tamaulipas, calificando los señalamientos como acusaciones «sin una sola prueba» y afirmando que no existen «documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable».

Sin embargo, los hechos operativos contradicen la narrativa de la inocencia proclamada. Pese a tener canceladas sus visas, ambos gobernadores continúan viajando a Estados Unidos bajo un esquema especial conocido como Significant Public Benefit Parole. En el caso de Durazo, fuentes con conocimiento del asunto confirmaron que viaja regularmente para recibir atención médica bajo ese mecanismo. En el caso de Villarreal, al cruzar a territorio estadounidense es frecuentemente escoltado por oficiales estadounidenses. Resulta difícil reconciliar este esquema con la idea de que se trata simplemente de una campaña de difamación.

La presidenta Sheinbaum ha intentado encuadrar la acumulación de señalamientos como una maniobra de interferencia electoral. Ha enmarcado las denuncias de Washington como una campaña para intentar interferir en las elecciones de 2027. A su vez, ha defendido que durante el sexenio anterior se registraron más de 84,000 detenciones de integrantes del crimen organizado, de las cuales al menos 39 personas tenían un perfil relevante en la jerarquía criminal, y preguntó: «Si hubiera habido una colusión, ¿entonces por qué hubo detenciones?»

El argumento tiene cierta lógica interna, pero elude la pregunta central: ¿por qué el Departamento de Justicia estadounidense, con sus capacidades de inteligencia e investigación criminal, presentaría cargos formales —respaldados por declaraciones de testigos y cooperantes— contra tres gobernadores morenistas si todo fuera fabricación política? La respuesta oficial no ha podido abordar esa pregunta sin recurrir a la teoría de la conspiración.

El patrón que emerge es inquietante. Cada vez que surgen nuevas acusaciones, el gobierno las descarta como «intervencionismo», «campaña de la ultraderecha» o «injerencia electoral». Es un reflejo defensivo que, si los tribunales estadounidenses eventualmente presentan pruebas formales, quedará como un monumento a la negación deliberada o a la ignorancia conveniente. El apoyo popular, por sí solo, nunca ha sido garantía de inocencia; la historia política mexicana y universal lo demuestra con cruda claridad.

La pregunta que ya flota en el ambiente político no es si Sheinbaum reconocerá haber errado —los tiempos políticos raramente permiten esa clase de honestidad—, sino cuándo y de qué manera intentará cambiar el relato cuando el peso de la evidencia ya no pueda ser ignorado. Las palabras pronunciadas el 4 de junio de 2026 llevan fecha de caducidad.

La percepción económica de los mexicanos sufrió un duro revés al inicio de este ciclo electoral y político. De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró una caída mensual de 0.7 puntos durante mayo de 2026, posicionándose en un nivel de 43.5 puntos. Esta reducción enciende las alarmas en el ánimo social, ya que el pesimismo no es un hecho aislado: el indicador se contrajo de forma simultánea en los cinco componentes que miden el pulso de las finanzas personales y el rumbo del país.

El panorama es todavía más complejo cuando se analiza el termómetro social a largo plazo. En su comparación anual, la confianza de los consumidores se desplomó 3.4 puntos respecto a mayo del año pasado. Este retroceso refleja un evidente desgaste en las expectativas ciudadanas, en un entorno donde la política nacional y la economía caminan de la mano. Para un público que sigue de cerca el acontecer político, estos datos revelan que las promesas de estabilidad no están logrando convencer los bolsillos de la población civil.

Un pesimismo generalizado en el país

La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), realizada en las 32 entidades federativas, muestra que el escepticismo domina el panorama actual. Al desagregar los datos, la mayor pérdida de optimismo se concentró en el rumbo económico general de México. El componente que evalúa la situación económica del país esperada dentro de doce meses sufrió un tropiezo severo al contraerse 1.6 puntos. Asimismo, la percepción de la economía nacional hoy en día, en comparación con la de hace un año, retrocedió un entero.

Por otro lado, la economía de los hogares tampoco reporta buenas cuentas. La opinión sobre la situación económica actual de los miembros de las familias cayó 0.7 puntos , mientras que el optimismo sobre su futuro financiero en el próximo año disminuyó 0.3 puntos. Finalmente, la posibilidad de adquirir bienes de consumo duradero —como electrodomésticos, muebles o televisores— bajó 0.7 puntos, lo que demuestra un freno en el consumo interno de los ciudadanos.

Impacto en los bolsillos y el consumo diario

Los indicadores complementarios del reporte reafirman que las familias mexicanas están aplicando una política de austeridad forzada. Las condiciones económicas proyectadas para ahorrar en el próximo año se deterioraron 1.5 puntos. Además, las expectativas sobre el empleo en el país para los siguientes meses cayeron 1.1 puntos, un dato clave para evaluar el clima laboral. De igual forma, las intenciones de compra, construcción o remodelación de vivienda disminuyeron 1.2 puntos.

Este retroceso generalizado de la confianza plantea un escenario desafiante para los tomadores de decisiones. El descontento económico suele traducirse en presión política en las urnas y en el debate público. Con una ciudadanía cada vez más cautelosa con sus ingresos, el reto del gobierno y las instituciones financieras será revertir esta tendencia negativa antes de que el pesimismo se convierta en un estancamiento prolongado de la economía interna.

Mallory Smith

Durante casi un siglo, los antibióticos han sido una de las grandes conquistas de la medicina moderna. Gracias a ellos, infecciones que antes eran sentencia de muerte pudieron tratarse; cirugías complejas se volvieron más seguras; las cesáreas, los trasplantes, la quimioterapia contra el cáncer y muchos procedimientos hospitalarios encontraron una red de protección frente a las infecciones.

Pero esa protección se está debilitando. La resistencia antimicrobiana es uno de los mayores desafíos sanitarios de nuestro tiempo. Ocurre cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos. En palabras sencillas: los microbios aprenden a sobrevivir y los tratamientos pierden eficacia. Entonces una infección común puede prolongarse, complicarse, requerir medicamentos más caros, aumentar la estancia hospitalaria o, en los casos más graves, causar la muerte.

Este problema no es lejano ni abstracto. Afecta a niñas y niños, personas adultas mayores, pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer, personas sometidas a cirugía y familias enteras que enfrentan infecciones cada vez más difíciles de tratar. También impacta al personal médico, que se ve con menos opciones terapéuticas frente a bacterias multirresistentes.

La resistencia antimicrobiana no se debe a una sola causa. Se alimenta del uso excesivo o inadecuado de antibióticos; de la automedicación; de recetas innecesarias para infecciones virales; de tratamientos incompletos; de infecciones asociadas a la atención hospitalaria; de malas prácticas de higiene; de la falta de acceso a diagnósticos oportunos; de productos apócrifos o de mala calidad; del uso inadecuado de antimicrobianos en animales y plantas; y de la contaminación del agua, el suelo y los alimentos.

Por eso, el enfoque debe ser integral. No basta con pedirle al paciente que no se automedique, aunque eso es indispensable. Tampoco basta con exigir mejores recetas, aunque la prescripción responsable es fundamental. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno de salud humana, animal, vegetal y ambiental. Requiere una respuesta bajo el enfoque de “Una Salud”: si se usan mal los antimicrobianos en un hospital, en una granja, en una planta de alimentos o en el hogar, el riesgo puede terminar afectando a toda la comunidad.

Con esa visión presentamos una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de resistencia antimicrobiana. Su propósito es dotar de fuerza de ley a una política nacional permanente, coordinada y evaluable para prevenir y controlar este problema.

La propuesta establece que la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, así como de las infecciones asociadas a la atención de la salud, sean materia de la salubridad general. Esto es relevante porque sitúa el tema en el nivel que corresponde: como una prioridad nacional de salud pública, no como un asunto técnico aislado o dependiente de esfuerzos administrativos dispersos.

La iniciativa también propone que el Sistema Nacional de Salud tenga como objetivo coordinar y ejecutar las acciones de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Además, plantea que el Consejo de Salubridad General sea responsable de emitir y conducir dicha estrategia, así como de establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.

Esta parte es esencial. México ya ha tenido avances, como la regulación de la venta de antibióticos con receta y la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Pero el tamaño del reto exige pasar de los lineamientos y acuerdos a una arquitectura legal más sólida, con responsabilidades claras, coordinación entre la Federación y las entidades federativas, vigilancia, información, financiamiento y rendición de cuentas.

La reforma plantea acciones concretas: fortalecer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos; promover el uso adecuado de estos medicamentos; prevenir y controlar infecciones en unidades médicas y hospitalarias; mejorar la farmacovigilancia; garantizar acceso equitativo a medicamentos esenciales; incentivar la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos; impulsar diagnósticos rápidos, asequibles y precisos; y construir sistemas de información que permitan conocer con mayor claridad la situación de la resistencia antimicrobiana en México.

También incorpora un aspecto crucial: el monitoreo ambiental. La resistencia no vive sólo en los hospitales. Puede estar en el agua, el suelo, los alimentos y los animales. Por ello, si queremos enfrentarla en serio, necesitamos datos, vigilancia y coordinación con los sectores agrícola, pecuario, ambiental, académico, industrial y sanitario.

La iniciativa reconoce, además, la importancia de las campañas de concientización dirigidas a profesionales de la salud y a la población. El antibiótico no es un analgésico ni un remedio para cualquier malestar. No cura la gripa común cuando es viral. No debe compartirse. No debe suspenderse antes de tiempo. No debe comprarse sin indicación profesional. Cada uso innecesario abre una pequeña puerta a la resistencia.

Pero tampoco debemos simplificar el problema culpando sólo al paciente. Muchas personas se automedican porque no tienen acceso oportuno a consultas, diagnósticos o medicamentos de calidad. Otras reciben antibióticos sin confirmación adecuada porque el sistema no siempre cuenta con pruebas rápidas, laboratorios suficientes o protocolos claros. Combatir la resistencia antimicrobiana también implica fortalecer el acceso efectivo a los servicios de salud.

En el centro de esta discusión está la dignidad del paciente. Una madre que lleva a su hijo con fiebre merece un diagnóstico oportuno, no una receta automática. Un paciente hospitalizado merece medidas estrictas de prevención de infecciones. Una persona con sepsis merece que el sistema cuente con la capacidad de identificar el germen y tratarlo a tiempo. Un país entero merece que los antibióticos sigan funcionando cuando realmente se necesitan.

La resistencia antimicrobiana es una amenaza silenciosa porque no siempre se ve, pero sus consecuencias son contundentes. Puede convertir infecciones tratables en enfermedades graves. Puede encarecer la atención. Puede saturar hospitales. Puede realizar intervenciones más riesgosas que hoy damos por seguras. Y puede golpear con mayor fuerza a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.

Por eso legislar en esta materia no es un asunto secundario. Es proteger el futuro de la medicina. Es cuidar a las familias. Es anticiparnos antes de que la emergencia sea irreversible.

Los antibióticos son un bien común sanitario. Preservarlos exige ciencia, responsabilidad, regulación, presupuesto y conciencia social. Si queremos que sigan salvando vidas mañana, debemos usarlos bien hoy.

Referencias

[1] Éctor Jaime Ramírez Barba y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa sobre resistencia antimicrobiana: https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/66/2026/abr/20260429-II-2.html#Iniciativa8.

Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

Esto no cae del cielo. Viene justo cuando las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra varios morenistas por presuntos nexos con el narco siguen sumando. Y para rematar, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, soltó que vienen más carpetazos en camino. En los comentarios de las publicaciones la gente no se guarda nada: “Morena se está quedando sola”, “hasta sus aliados se están bajando del barco”, “ni el Verde ni el PT quieren que los declaren organización criminal también”.

Usuarios como @mario_dico50 lo ponen en claro: “Morena se derrumba y el Partido Verde se desmarca”. Otros recuerdan que el Verde siempre fue de los más leales, pero ahora, con los escándalos calientes, prefieren tomar distancia. “Todos cortados con la misma tijera, pero ya no quieren hundirse juntos”, dice otro comentario que se comparte mucho.

En las redes circulan memes, hilos y hasta videos donde la gente se burla: el Niño Verde olió el peligro y decidió que mejor chocar con los “morenos” que arriesgarse con los del norte. Algunos lo ven como puro instinto de supervivencia política, otros como traición oportunista. Claro que nada de esto está confirmado al cien por ciento, son trascendidos y suposiciones que corren como pólvora en las plataformas. Pero el nerviosismo en la coalición se siente.

Lo que sí es evidente es que los aliados electorales de Morena empiezan a marcar territorio. Nadie quiere cargar con el sambenito de los nexos con el narco cuando las cosas se ponen color de hormiga. El Verde, que siempre acompañó las reformas, ahora pone condiciones. ¿Será el principio del fin de la alianza? En redes ya lo dan por hecho: “se les está cayendo el teatrito”.

Mientras tanto, la gente común sigue opinando: unos celebran que al fin alguien ponga freno, otros critican que sea por miedo a los gringos y no por convicción. Rumores, sí, pero que pintan un panorama claro: en la política, cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son los que mejor saben nadar.

El alcalde que confundió sus atribuciones

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se encuentra en el centro de una severa polémica nacional luego de que se viralizaran videos en redes sociales donde se muestra al edil ingresando por la fuerza, junto a un grupo de escoltas —algunas de ellas portando armas largas—, a un club deportivo privado donde participaron en la agresión física contra un ciudadano. Los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026 y quedaron registrados tanto en grabaciones de empleados como en cámaras de vigilancia del lugar.

La versión oficial del edil fue tan endeble como predecible. Flores afirmó haber acudido al lugar «tras recibir una solicitud de ayuda relacionada con un conflicto» y sostuvo que su intervención fue «siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz». Sin embargo, esta versión fue desmentida cuando se difundió un nuevo video de las cámaras de seguridad que muestra al propio alcalde participando directamente en las agresiones.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el edil ingresa al inmueble mientras un grupo de personas intenta impedir el acceso, entre ellos una mujer que es empujada y un hombre que resultó golpeado. El caso llegó hasta la presidenta Sheinbaum, quien reprobó la actuación del alcalde y reveló que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya analiza el expediente.

Lo paradójico es que Flores gobierna Metepec en un segundo periodo consecutivo bajo la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, integrada por PAN, PRI y PRD. El alcalde que llegó a un cargo de elección popular con el respaldo de tres partidos que se presentan como contrapeso institucional al gobierno federal, utilizó la fuerza del Estado —sus escoltas, su cargo, su impunidad percibida— para resolver una disputa personal.

La planilla que no pasó el filtro que nadie aplicó

El segundo caso es aún más inquietante por su implicación estructural. La planilla que busca dirigir al PAN en Tamaulipas registró entre sus integrantes a José Alejandro Llanas Alba, cuya empresa, Grupo Jala Logística, fue sancionada en mayo de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de fentanilo.

Llanas Alba es señalado como presunto operador de César Morfin, «el Primito», objetivo prioritario del gobierno estadounidense. A pesar de ello, fue aprobado como parte de la planilla que encabezan César Verástegui y Gloria Elena Garza Jiménez sin objeciones, y participa en la campaña interna. El dato más relevante desde el punto de vista político: será precisamente esta nueva dirigencia quien decida las candidaturas del PAN en Tamaulipas para las elecciones de 2027.

La pregunta que el PAN no ha respondido es simple: ¿nadie realizó una verificación elemental de antecedentes antes de aprobar la planilla? ¿O se realizó y la decisión fue ignorar los señalamientos? Cualquiera de las dos respuestas es devastadora para un partido que ha construido su identidad opositora sobre la bandera de la legalidad y la diferencia moral con el gobierno en turno.

El problema no es la excepción, es el patrón

Ambos casos ocurren en el contexto de una semana en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acumula acusaciones contra militantes de Morena. La tentación del oficialismo de señalar al PAN como espejo propio es políticamente comprensible, pero no exculpa a ninguno. La corrupción y la infiltración criminal en los partidos políticos mexicanos son un problema transversal que ninguna formación ha resuelto, en parte porque los incentivos institucionales para hacerlo son insuficientes.

El PAN tiene ante sí una oportunidad concreta: retirar a Llanas Alba de la planilla tamaulipeca, abrir una investigación interna sobre el caso Metepec y demostrar que sus filtros de responsabilidad funcionan. Si no lo hace, habrá confirmado que la diferencia entre los partidos mexicanos es de discurso, no de conducta.

El costo de la vida sigue siendo el dolor de cabeza principal para los gobiernos de todo el planeta. Al cierre de abril de 2026, la inflación global muestra un mapa fracturado donde algunas regiones experimentan verdaderas crisis de precios, mientras que otras logran mantener cierta estabilidad. En este escenario de presiones financieras, África se consolidó como la región con la mayor inflación promedio en el mundo, alcanzando un preocupante 6.5%. Detrás se ubicaron las potencias del G20 con un 5.3%, la región de Asia con 5.2% y el continente americano —sin contabilizar el caso extremo de Venezuela— con una media del 4.4%. Europa registró el comportamiento regional más moderado con 4.1%.

En el contexto de la política y la narrativa económica mexicana, los nuevos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgan un fuerte argumento de debate. México registró una inflación del 4.5% en abril de 2026. Esta cifra posiciona al país prácticamente en el promedio general de América (4.4%) y por debajo de la media reportada por el grupo de las economías más grandes del mundo, el G20 (5.3%). Para la administración federal, este indicador representa una bandera de estabilidad macroeconómica, especialmente al contrastar con otros gigantes latinoamericanos que enfrentan tormentas financieras mucho más severas.

Al mirar el panorama completo del continente americano, la brecha de precios es abismal. Venezuela continúa encabezando la lista de las economías más golpeadas con una hiperinflación desorbitada del 612%. Muy por detrás, pero aún en niveles críticos de dos dígitos, se encuentran naciones como Argentina con el 32.6%, Haití con 21.0%, Cuba con 14.7% y Bolivia con 14.2%. En comparación con estos números, el 4.5% de México de la mano con el 3.8% de los Estados Unidos refleja un bloque norteamericano con presiones comerciales controladas, marcando una clara ventaja frente al sur del continente.

Dentro del club del G20, la posición de México también resulta competitiva en el tablero político internacional. El país se ubica muy lejos de las inflaciones descontroladas de socios comerciales clave como Argentina (32.6%) o Turquía (30.9%), e incluso por debajo de naciones bajo fuertes sanciones y tensiones bélicas como Rusia, que reportó un 5.9%. No obstante, el desafío para el Banco de México y las políticas públicas del gobierno federal sigue presente, ya que la inflación mexicana todavía supera el promedio de la Zona Euro, la cual logró descender hasta el 3.0% en el mismo periodo.

La contraparte de este fenómeno global se vive en Oceanía. Esta región registró el promedio más bajo del planeta con apenas 1.9%, destacando lugares como Nueva Caledonia con un imperceptible 0.2% y Vanuatu con 0.8%. Estos datos demuestran que, mientras el dinero rinde más en islas del Pacífico, las principales capitales políticas del mundo sufren para contener los precios, una realidad que continuará definiendo las elecciones y las estrategias de poder durante todo el año.