Pero lo relevante no era el argumento del Mayo, sino los nombres que aparecían en su misiva. En ella acreditaba como sus representantes legales en México a Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla. Estos dos abogados, junto con su socio Sergio Ramírez, cuentan con un largo historial como defensores de personajes de alto perfil del crimen organizado, como Miguel Ángel Treviño, el Z-40.

Defender a narcotraficantes no implica ilegalidad alguna. Es su trabajo y la Constitución lo permite. Lo que llama la atención es que, en los casos de Penilla y Ramírez, su actividad no se ha llevado a cabo desde los márgenes, sino desde el centro del poder.

Sergio Ramírez es militante de Morena desde 2018, fue candidato suplente a diputado en 2021 y ha asesorado durante años a legisladores del partido. En junio de 2025 trascendió que promovió un amparo para protegerse de una posible orden de aprehensión, en un caso de lavado de recursos vinculado a Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, líder de La Unión Tepito, quien habría sido su cliente. Juan Pablo Penilla fue homenajeado en el Senado por legisladores de Morena en al menos dos ocasiones y, desde 2021, fue nombrado asesor jurídico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Salieron a la luz decenas de fotografías en las que los abogados aparecen junto a figuras clave del régimen, incluidos López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero también Clara Brugada, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Mario Delgado, Martí Batres y Pedro Haces, entre muchos otros. Pero hay imágenes que debieron encender todas las alarmas: fotos con Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y hoy asesor de Sheinbaum; con Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República; con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; y con Audomaro Martínez, responsable de inteligencia en el sexenio pasado. Abogados que públicamente se dedican a defender criminales, posando con quienes tienen en sus manos la seguridad nacional, la procuración y administración de justicia y la inteligencia del Estado. Eso no es anecdótico, es gravísimo.

De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estos abogados habrían participado en reuniones de trabajo como asesores en Bucareli, en la construcción de la llamada justicia transicional, un esquema que planteaba negociar con cárteles bajo la bandera de la pacificación. Es decir, quienes defendían a narcotraficantes también estaban sentados en espacios donde se discutía la posible amnistía a criminales.

Durante meses se intentó minimizar la relación de Penilla y Ramírez con el obradorismo. Que si eran coincidencias, que si no había relación formal, que si no eran funcionarios. En especial, se argumentó que solo eran abogados haciendo su trabajo, sin acusaciones directas en su contra. Pero cuando los puntos se conectan, dejan de ser coincidencias.

Esta semana estalló algo que cambia todo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Pablo Penilla dentro de una red vinculada al Cártel del Noreste. No lo hizo por ser abogado de narcotraficantes, sino por algo mucho más grave. Lo señala como facilitador del cártel, como alguien que operaba en su beneficio, como intermediario entre su estructura operativa y su liderazgo.

No es un matiz, es una acusación directa. La sanción implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la extensión del castigo a cualquier empresa en la que tenga participación relevante. En términos reales, es una expulsión del sistema financiero global.

El Cártel del Noreste ya fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista, lo que permite sancionar no solo a quienes cometen delitos directamente, sino también a quienes brindan apoyo material. Eso es exactamente lo que se le atribuye a Penilla, que dejó de ser un abogado externo para convertirse en parte de la estructura formal de la grupo.

Todo lo anterior deja de ser contexto y se convierte en evidencia. La carta del Mayo ya no es un episodio aislado, es el inicio visible de una relación. Las fotografías dejan de ser irrelevantes y se vuelven patrón. Los vínculos dejan de ser casuales y se convierten en estructura.

Ya son demasiados elementos que apuntan en la misma dirección, la de los vínculos indisolubles de políticos del obradorismo con la delincuencia organizada. López Obrador prometió separar el poder económico del poder político, pero nunca habló de la unión entre el poder político y el poder criminal. Hoy esa relación no solo ha trascendido al gobierno de Sheinbaum, además está documentada, normalizada y más estrecha que nunca.

Sobre el uso ilegal e inmoral del erario en procesos comiciales, un líder social en ciernes hizo certeros y valientes reclamos de lo que sucedía en el año de 1996, y perseverando en ello ascendió. Va un ejemplo de lo que entonces enérgicamente reprochaba:

La única posibilidad que tiene el gobierno de mantener este sistema antidemocrático radica en el gasto de grandes sumas de dinero en lo que hemos llamado elecciones de Estado. ¿En qué consiste una elección de Estado? Consiste en construir una red de promoción del voto en todo el país, desde aceras, manzanas, pueblos y comunidades, tomando como ejes las secciones electorales. Ponen a trabajar, contratan, tienen a sueldo a 200 mil personas en todo el país seis, ocho, diez meses o un año antes de la elección. Tienen una nómina enorme, visitan casa por casa, van viendo preferencias electorales, van amarrando votos, van haciendo listados, sacando compromisos a cambio de becas, el subsidio de la leche, la posibilidad de una vivienda. Ese es el esquema y demanda mucho dinero que sólo puede gastar el Estado, por eso les llamamos elecciones de Estado.

Con denuncias, sembrando odio, dividiendo al país y ofreciendo paz, progreso y felicidad a todos, 22 años después el caudillo redentor llegó a la Presidencia.

¿Y qué fue de tan rutilante promesa? Resultó ser un rufián desquiciado que traicionó a millones que le creyeron y aumentó los vicios que ofreció combatir: concentró en él todo el poder, destruyó y doblegó instituciones, reeditó groseramente las elecciones de Estado, degradó los servicios públicos, propició más violencia y corrupción, se coludió con el crimen organizado e impuso a una corcholata, pero atrapada por los roedores que la rodean y aturdida por los grandes problemas nacionales. Mire usted: la que dijo que “patria se escribe con A de mujer”, ahora pidió a su secretario de Hacienda darse una vuelta por un mercado para enfrentar la carestía.

Por fortuna: mientras ellos se aniquilan a tarascadas, la población manifiesta en todo el país su indignación y su decisión de parar la destrucción de México.

Se requieren líderes que eviten la dispersión del voto opositor, para no fortalecer al inepto y nefasto oficialismo. A los ciudadanos en general, México solamente nos exige que hablemos sin miedo y que votemos en conciencia el próximo año.

Un procedimiento interpuesto contra una empresa farmacéutica del Senador Carlos Lomelí Bolaños fue reservado hasta el año 2028. 

La investigación iniciada desde el año 2019 contra la empresa Lomedic ya había recibido una reserva de información por un año en 2021 y ahora el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo extiende por tres años más.

El procedimiento SAN/015/2019 iniciado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (en ese momento llamada Secretaría de la Función Pública) contra la empresa LOMEDIC, propiedad del Senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños, fue abierto tras la publicación del reportaje El emporio farmacéutico a la sombra del Súperdelegado Lomelí, realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en mayo de 2019.

En él se reveló que familiares y colaboradores de Carlos Lomelí Bolaños formaban parte de una red de empresas que vendían medicamentos a gobiernos. Esas compañías recibieron, entre los años 2012 y 2019, más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos.

Las compañías ligadas al Senador compitieron entre sí y, según documentos oficiales, varias están ubicadas en predios que pertenecen al morenista.

MCCI reveló que el actual Senador de Morena y líder de la Comisión de Marina en el Senado de la República, es el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
 

El emporio farmacéutico se encuentra conformado por las empresas Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

De las nueve compañías, las cuatro que fueron reconocidas por Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés presentada en febrero de 2018, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra.

Tras la publicación del reportaje, la entonces Secretaría de la Función Pública informó en julio de 2019 que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí Bolaños, y en esa fecha adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.

Dos meses después se publicaron las primeras sanciones. Por medio de dos circulares emitidas por el Diario Oficial de la Federación (DOF), se informó de la inhabilitación a Laboratorios Solfran y Lomedic; compañías que debían abstenerse de concursar por nuevos contratos hasta 2022.  

Las sanciones se emitieron por falsear información en licitaciones gubernamentales. Tanto Lomedic como Laboratorios Solfran fueron penalizados además con multas de más de un millón de pesos. 
El 12 de julio de 2019, Carlos Lomelí hizo pública su renuncia al cargo de delegado del Bienestar en Jalisco. Desde el 1 de noviembre de 2024 se desempeña como Senador de Morena por Jalisco y líder de la Comisión de Marina en el Senado de la República.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde noviembre de 2025 el expediente completo de ambas sanciones, pero uno de ellos fue reservado nuevamente.

El expediente número SAN/015/2019 ya había sido reservado por el periodo de un año en marzo de 2021, argumentando que la investigación del caso se mantenía abierta.

Tras la nueva petición de acceso al expediente, el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó la reserva de información por tres años más, argumentando que el caso sigue en curso, por lo que publicar el expediente dañaría el debido proceso.

La sanción, que posiblemente está ligada al expediente SAN/015/2019 que actualmente se encuentra clasificado como reservado por tres años, se interpuso a la empresa por supuestamente haber proporcionado información falsa para participar en procesos de licitación con el gobierno federal, en el año 2015.

El actual Senador morenista se amparó ante el proceso y argumentó que ya no formaba parte de la empresa en el año en el que se otorgaron los contratos públicos. Para defenderse, Lomelí Bolaños presentó una acta de asamblea de accionistas de la empresa, mediante la que se autorizó que Carlos Lomelí donara sus acciones a su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez.

Según el Senador, la asamblea se celebró el 30 de octubre de 2012 pero se protocolizó ante fedatario público hasta el 10 de diciembre de 2015, días después de haber ganado los contratos de obra pública que el gobierno federal licitó

MCCI consultó las asambleas públicas transparentadas por el Registro Público de Comercio y no encontró ninguna acta correspondiente a dicha fecha; sin embargo, el 15 de enero de 2016, cuando ya se habían firmado los contratos en disputa, se registró un acta donde Carlos Lomelí Bolaños seguía apareciendo como representante de Lomedic, lo que contradice su declaración ante el TFJA.

Además, en su propia declaración de situación patrimonial, presentada en mayo de 2025 ante la Cámara de Senadores, Carlos Lomelí Bolaños declaró que mantuvo el puesto de Director General de Lomedic desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2021, lo que contradice nuevamente el argumento por el que el Tribunal de Justicia Administrativa habría librado a Lomedic de una de sus inhabilitaciones.

Magistrados como Zulema Mosri y Carlos Mena, que votaron en contra de retirar la inhabilitación, argumentaron en su momento que el contrato de donación de acciones, que no aparece registrado ante el Registro Público de Comercio, es un contrato privado que se celebró entre esposos y no fue firmado ante testigos, y que si se protocolizó ante corredor público, éste tiene funciones mercantiles, no de fedatario público para certificar un acto como es un acto civil de donación. Por lo que para ellos todo este movimiento se trató de una simulación.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/blindan-hasta-2028-expediente-contra-farmaceutica-ligada-a-senador-de-morena/

México ha consolidado su posición como una potencia turística global en el arranque de 2026. De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, el país recibió un total de 16.85 millones de visitantes internacionales durante el primer bimestre del año, lo que representa un crecimiento del 9.3% en comparación con el mismo periodo de 2025. Tan solo en febrero, la cifra de visitantes alcanzó los 8.01 millones, manteniendo una tendencia positiva que beneficia directamente a la economía nacional.

El dinamismo del sector se refleja claramente en el ingreso de divisas. Durante los primeros dos meses de 2026, el turismo internacional generó ingresos por 6,746 millones de dólares, un incremento del 2.2% anual. No obstante, a pesar del aumento en el volumen de personas, el gasto medio por visitante mostró un ajuste a la baja, situándose en 408 dólares en febrero de 2026 frente a los 441 dólares registrados el año anterior.

En cuanto al perfil de los viajeros, el turismo recreativo sigue siendo el motor principal. Durante febrero, 1.77 millones de personas visitaron el país con fines puramente turísticos, seguidos por quienes viajan para visitar a familiares (386,091) y por motivos de negocios (115,170). El mercado estadounidense se mantiene como el principal emisor de viajeros con casi 1.3 millones de personas, seguido por visitantes de Sudamérica, el Caribe y Canadá.

Un dato relevante para el análisis de infraestructura es la vía de ingreso: el 90% de los visitantes internacionales que llegaron a México en febrero lo hicieron por vía aérea, consolidando la importancia de los principales aeropuertos internacionales como puertas de entrada estratégicas. El turismo terrestre y fronterizo, aunque menor en proporción, sigue siendo un componente vital para la economía de las regiones del norte y sur del país.

Para los observadores de la política económica, estas cifras son fundamentales en un año que se considera clave para la proyección internacional de México. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, ha destacado que el crecimiento sostenido refleja la confianza de los viajeros en la diversidad y calidad de la oferta nacional. Con eventos internacionales en el horizonte y una estrategia de diversificación de mercados en marcha, el sector se perfila para ser un pilar de estabilidad en el presupuesto federal de este año.

En X y TikTok la gente no para de comentar. Un usuario escribió: “Si en las pirámides hay gente armada, qué no va a haber en los partidos del mundial”. Otro remató: “Tanto pinche desmadre político para que al fin los de siempre paguen las consecuencias”. Hay quien sospecha que fue un acto aislado de un loco, pero también corren versiones no confirmadas de que el crimen organizado podría estar mandando mensajes. Nada oficial lo respalda todavía, son puras suposiciones que corren como pólvora en los comentarios.

El timing no pudo ser peor. Estamos a pocas semanas de que arranque el Mundial de Fútbol 2026, con partidos en México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración será en el Estadio Azteca y millones de turistas y aficionados van a llegar. Medios internacionales como Euronews, Fox News y otros ya están reportando el incidente y recordando las advertencias que Estados Unidos ha hecho sobre la seguridad en México. Funcionarios del Pentágono y el Departamento de Estado han señalado el riesgo del crimen organizado, sobre todo después de los hechos de violencia en Guadalajara y otras zonas.

En redes, los usuarios mexicanos se dividen. Algunos defienden que fue un incidente aislado y que el país está preparado con un operativo de miles de elementos de seguridad para el Mundial. Otros, más críticos, dicen que esto reabre la denuncia de que México no está listo para recibir a tanta gente sin riesgos. “Bienvenidos al Mundial 2026, aquí no pasa nada”, ironizó un comentario que se compartió mucho, refiriéndose al mensaje de tranquilidad que ha dado el gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido y dijo que duele profundamente, pero en las plataformas la gente pregunta: ¿cómo va a garantizarse la seguridad en sitios turísticos emblemáticos si hasta en Teotihuacán, Patrimonio de la Humanidad, pasa esto? Hay trascendidos de que habrá mayor vigilancia y reuniones de emergencia con embajadas, pero por ahora son rumores.

Al final, versiones confirmadas dicen que el agresor actuó solo y se suicidó. Las no confirmadas hablan de fallas en la vigilancia o de un mensaje más grande. Lo cierto es que el incidente ya está dando la vuelta al mundo y pone sobre la mesa el debate de siempre: ¿estamos realmente preparados para el Mundial o solo nos hacemos los locos? Los aficionados y turistas extranjeros ya están leyendo estas noticias. Y en redes, los comentarios no perdonan.

Edith de 21 años buscaba trabajo y fue citada, en un departamento del condominio o edificio llamado “Murano” en la CDMX. El último mensaje registrado por su familia fue su ubicación. La familia denunció su desaparición ese mismo día. En tres días encontraron su cuerpo en ese edificio.

El drama que acompaña esta tragedia es la negligencia, la ineptitud, la burocracia, la falta de administración de justicia y hasta la probable complicidad del Estado mexicano. Todo mal. Aquí explico algo:

1. El día que Edith fue a buscar trabajo, y al no regresar a casa, su familia denunció la desaparición. Los funcionarios de la fiscalía no respondieron nada, solo les dijeron que tenían que esperar 72 horas. Sí, en el país de los cientos de miles de personas desaparecidas, la autoridad te contesta que hay que esperar ¡setenta y dos horas!

2. Uno pensaría que las famosas 72 horas son para informar todo lo investigado, pero no. La familia fue comprendiendo que las 72 horas eran el receso para ponerse a trabajar. Las 72 horas, que la autoridad entiende para descansar.

3. Cuentan que la familia llevó los videos donde claramente se veía que llegaba a ese edificio y entraba, para nunca salir. Por eso la familia señaló una y otra vez, hasta el cansancio, que Edith estaba en ese lugar, en “Murano”. ¿Por qué la fiscalía no intervino inmediatamente? ¿Qué le faltaba a la familia para convencer a la autoridad de que la joven estaba ahí? ¿No era suficiente para empezar a intervenir? No fue así. Más adelante, les llevaron los videos que ellos mismos consiguieron a través de un investigador.

4. La autoridad no quiso intervenir. En lugar de eso, le dijo a la familia de Edith que había que esperar las 72 horas; pero no sólo eso, también les pidieron dinero para poder acelerar las investigaciones.

5. La familia demostró que la joven estaba en ese edificio y ahí, horas después, la encontraron sin vida. Mientras que la tía (Magdalena) denunció la ineptitud y el abandono del caso con el pretexto de que las 72 horas no habían pasado.

Una tragedia. Por justicia, la fiscalía no sólo debería reconocer la negligencia y las omisiones, sino responder a los gastos que la familia realizó por sustituir el trabajo que, elementalmente, debió llevar a cabo el Estado mexicano, a través del Gobierno de la Ciudad de México.

Todos sabemos que la autoridad debió empezar la investigación inmediatamente; había motivos claros para intervenir el edificio. Es evidente la falta de empatía de las autoridades hacia la familia. Y, por si fuera poco, al parecer la jefa de Gobierno salió a expresar sus condolencias a la familia por la muerte de Edith, pero la tía asegura que, para ese momento, a la familia no se le había dado a conocer que habían encontrado a Edith sin vida; es decir, se enteraron por redes sociales, a través del tuit de la jefa de Gobierno. No puedo creer que esa falta fue intencional, pero sí habla de la torpeza y de la ineptitud con la que se actuó.

Y todavía se enojan con la ONU, cuando les dice que la crisis de desaparecidos tiene relación con una notoria deficiencia en las investigaciones. No se trata de reacciones, ni de indignación momentánea, se trata de asumir con seriedad el compromiso que no han podido cumplir.

@Mzavalagc

Desde una perspectiva técnica, el padrón busca generar trazabilidad y responsabilidad sobre algoritmos que influyen en la vida pública, económica y electoral. Sus impulsores, principalmente legisladores de Morena y aliados, argumentan que la medida es indispensable ante el auge de deepfakes, bots y contenidos generados automáticamente que podrían distorsionar campañas, resultados electorales o la opinión pública. En un país donde las redes sociales ya condicionan el debate político, la iniciativa se presenta como instrumento de soberanía tecnológica y protección de la democracia frente a riesgos reales documentados en elecciones recientes.

Sin embargo, el texto genera controversia por su redacción abierta. No define con precisión qué constituye “manipulación” de procesos democráticos, ni establece criterios claros para distinguir entre desinformación maliciosa y crítica política legítima. Esta vaguedad, advierten analistas jurídicos y defensores de derechos digitales, abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían criminalizar opiniones disidentes, sátira o análisis independientes. La figura de la denuncia por “presunción” de conducta indebida invierte la carga de la prueba: el denunciado debe demostrar inocencia, lo que choca con principios constitucionales de presunción de inocencia y podría inhibir el ejercicio de la libertad de expresión protegida por el artículo 6º de la Constitución.

Posturas enfrentadas marcan el debate. Sectores gubernamentales y académicos cercanos al oficialismo sostienen que la regulación es progresista: alinea a México con estándares europeos y latinoamericanos, promueve innovación ética y evita que la IA se convierta en herramienta de desestabilización extranjera o corporativa. Organizaciones empresariales y expertos en tecnología, en cambio, alertan sobre sobrecarga regulatoria que desincentivaría inversión y desarrollo local, especialmente en un sector donde México compite con economías más ágiles. Organismos de la sociedad civil, como Artículo 19 y R3D, cuestionan que la ambigüedad legislativa facilite censura indirecta y vigilancia estatal, recordando antecedentes de leyes contra la desinformación que terminaron limitando el periodismo crítico.

El núcleo polémico radica en el equilibrio entre protección democrática y control estatal. Mientras unos ven avance hacia una gobernanza responsable, otros perciben un instrumento de poder discrecional que, bajo pretexto de orden, podría restringir el pluralismo informativo. La ausencia de definiciones operativas y mecanismos independientes de supervisión eleva el riesgo de uso político de la norma.

En síntesis, la iniciativa refleja la tensión global entre innovación tecnológica y salvaguarda institucional. Su eventual aprobación exigirá precisiones legislativas que eviten que la búsqueda de responsabilidad derive en restricción arbitraria de derechos fundamentales. El Congreso enfrenta el desafío de legislar sin que la ambigüedad se convierta en herramienta de silencio.

Lo que queda por aclarar es si el relevo ocurrió tal y como lo contó la presidenta Sheinbaum Pardo en una mañanera en el sentido de que su secretaria de mujeres llegó a avisarle en frío que renunciaba al cargo para irse a Morena o si hubo de por medio alguna comunicación informal, rápida, directa o indirecta de Palenque, aunque para el caso es lo mismo: el gabinete sacrificó a una funcionaria que tenía más significados que resultados pero con una tarea que iba caminando bien que mal.

El dato central que se analizó en Palenque tiene que ver con una batería de encuestas que ha revelado que Morena para las legislativas de 2017 apenas alcanza un techo de 37% y que en ese escenario era más que indispensable el amarre sin rodeos con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y aunque ahora los dos asociados apenas sumen aproximadamente 20 puntos porcentuales, la mayoría calificada de 67% de curules estaría un poco más cerca, aunque en ciertos análisis morenistas se señala que una coalición sólida Morena-Verde-PT podría mandar el mensaje de posibilidades del piso legislativo.

Las encuestas político-electorales están mostrando una especie de hoyo negro electoral: tendencias de 37% para Morena, 17% para el PAN, un importante 13% para Movimiento Ciudadano y un 9% para el PRI, lo cual mostraría un 24% –casi un cuarto del total– que todavía no estaría mostrando tendencias electorales.

La disputa electoral de 2027 se convierte en la más importante del sexenio actual y de ahí la decisión del presidente emérito López Obrador para tomar el control político de Morena y operar al margen de las posibles explicaciones o justificaciones que pudiera obtener Palacio Nacional de las elecciones en las políticas públicas federal.

Asimismo, la prioridad del 2027 con miras al 2030 estaría mostrando lo que ya ha aparecido en los espacios político-electorales del corto plazo: la captura del INE actual sin una reforma lopezobradorista esperada en modo de la captura judicial y por tanto la clave fundamental de que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados logren imponer tres consejeros electorales dependientes de los intereses morenistas.

Y también se estaría jugando con fuego –por el alto costo político como debate público– con la posibilidad de negarle el registro electoral como partido al grupo que aparece como la más fuerte coalición opositora: Somos México, organizado por experredistas, exlopezobradoristas, abandonadas por el PRI, el funcionariato del INE de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón y sobre todo nombres que tienen alta repercusión en medios al vincularse con una fuerza electoral, porque allí estarían colando buena parte de los electores sin partido.

Como ocurrió con el proceso de sucesión presidencial –el juego del calamar de las corcholatas–, López Obrador va a manejar de manera directísima la sucesión presidencial de 2030, y basta con recuperar lo ocurrido con la candidatura perfilada –a pesar del juegos de apariencias– de Claudia Sheinbaum Pardo frente al juego perverso de manipular sentimientos y posibilidades de Marcelo Ebrard Casaubon, Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández.

López Obrador ya no tiene demasiada pista de despegue, y a ello hay que agregar que la lista de aspirantes realmente está flaca: Clara Brugada, Martí Batres, todavía Andy López Beltrán y si no la hace cardiaca en Morena hasta Luisa María Alcalde Luján. Esta lista lopezobradorista tendría que resolver al candidato preferido por la presidenta Sheinbaum Pardo –el muy popular Omar García Harfuch– y sin perder de vista la candidatura solitaria de Marcelo Ebrard Casaubon, y en este escenario hay que incluir en el análisis sospechosita las campañas contra estos dos secretarios del gabinete presidencial.

En el escenario sucesorio, López Obrador tiene muy claras sus experiencias –al final de cuentas, un político intuitivo y de talacha cotidiana– y las evidencias de que el PRI y el PAN perdieron la presidencia cuando se fracturaron internamente, y Morena se fortaleció justamente con las fracciones del PRI y del PAN que pasaron a posiciones de autonomía electoral.

Jefe político indiscutible del movimiento morenista, el presidente emérito López Obrador está gestionando en los estrechos espacios del poder real porque apenas tiene un año para reconstruir la fortaleza de Morena, rehacer de manera muy sólida la alianza con el Verde y el PT, frenar a consejeros electorales no morenistas en proceso de elección y sobre todo impedir el registro de Somos México como partido político.

El primer paso fue la concentración de Morena en el Palacio Downton Abbey de Palenque.

Política para dummies: En la política, como en El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos”.

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