Madres víctimas de violencia vicaria de Yucatán, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, entre otros, que integran el Frente Nacional de Mujeres, demandan que este tipo de violencia machista sea legislada e incorporada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

España, es el único país en el mundo en reconocer la violencia vicaria; fue incluida en su legislación de género, luego de que en 2018 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitió una condena en su contra por no proteger a Ángela González, víctima de violencia de género, y a su hija de siete años, a la que su padre maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas acordadas en el régimen de separación.

En nuestro país poco se habla de esta realidad; hay un registro de 205 casos en los cuales el 80 por ciento de las mujeres fueron separadas de sus hijos de manera inesperada, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional acerca de Violencia Vicaría en México, realizada por la agencia Altermind a petición del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV).

Especialistas y madres víctimas afirman que un “violentador” no puede ser un buen padre, sin embargo, para la jueza Laura Galván Salgado, no es así, le otorgó la guardia y custodia de las menores Maya y Gal de 15 y 13 años a su padre Guy Dorel, de origen israelí.

En la audiencia celebrada en el juzgado tercero de lo civil de primera instancia de Morelos, las niñas expresaron con lágrimas su descontento y enojo de irse con su padre a Israel; lo acusaron de ser violento con ellas al igual que su pareja sentimental, por ello pidieron quedarse con su madre; de manera lamentable no fueron escuchadas, su padre se las llevó contra su voluntad.

Familiares denunciaron irregularidades en el proceso, como es el hecho de que las niñas no fueron entrevistadas previamente por el perito Cristóbal Mariaca. Carolina Inés Medina, madre de Gal y Maya, denunció que su ex marido ofreció 3 millones de pesos a una jueza y otros funcionarios del TSJ Morelos para quitarle a sus hijas.

Es un caso que evidencia la urgencia de que la violencia vicaria sea legislada e incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque es aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla, como lo define la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro.

Hablamos de víctimas que se han quedado sin la custodia de sus hijos o han sido apartadas de ellos, lo que es una de las manifestaciones de este tipo de violencia machista que avanza silenciosamente hasta exceder los límites de la crueldad: deshumanizar a los hijos o seres queridos de una mujer y convertirlos en instrumentos para provocarle el mayor dolor posible.

Es una violencia en la que las madres víctimas, después de incluso haber salvado su vida, enfrentan a un enemigo en común: un sistema que las desampara frente a abogados y cómplices con poder que conocen el camino para obtener resoluciones judiciales a su favor, a pesar de contar con denuncias de violencia familiar, sexual e incluso de feminicidio.

El Conapred desarrolla acciones para proteger a todas, todos y todes de cualquier exclusión y discriminación y con esa fracción de alguna manera se estaba marginando y discriminando a las personas con discapacidad, indígenas, afromexicanos y a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Debemos tener presente que la discriminación es un problema en el que intervienen distintos actores sociales que juegan un papel determinante en su ejecución. Si bien es cierto que puede afectar a cualquier persona, hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente a lo largo décadas de manera constante y sistemática, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas.

Es importante recordar que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, se estima que la población indígena, de 12 y más años; de 10 millones de personas, el 49.3 por ciento perciben que sus derechos son poco o nada respetados, en tanto que la falta de empleo; un 20.9 por ciento.

Las principales problemáticas que enfrenta este grupo poblacional, de acuerdo con la encuesta, son: la falta de empleo, 20.9 por ciento, la falta de recursos económicos 16.1 por ciento; la falta de apoyo del gobierno en programas sociales, 15.8 por ciento y la discriminación por su apariencia o lengua, el 14.6 por ciento.

En 2017, 24 por ciento de la población indígena, de dos millones 400 personas, declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años; el 29.2 por ciento, señaló al menos un incidente de negación de derechos en ese mismo periodo. Destacando como los de mayor ocurrencia la negación de atención médica o entrega de medicamentos, acceso a recibir apoyos de programas sociales, negación de atención o servicio en oficinas de gobierno y la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso.

No debemos olvidar que el Conapred tiene su origen en la lucha histórica de sectores de la sociedad que han buscado un espacio de justicia y liberación.

Desde 2003 es piedra angular en el cumplimiento de ordenamientos internacionales y salvaguarda de los derechos humanos por ello es importante que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a sus derechos y sea más incluyente.

Es innegable que personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, así como las personas con algún tipo de discapacidad, aún no tienen garantizada su participación plena en la vida pública del país y muchos integrantes de la población indígena no han podido acceder a estudios universitarios. Por ello, la lucha contra la discriminación étnica es una necesidad imperiosa de la comunidad internacional, una obligación del estado mexicano, y un reto cultural que nuestra sociedad debe afrontar a fondo, para lograr ser una democracia más justa, más igualitaria.

El sistema de justicia les sigue fallando a las mujeres; desde el 13 de agosto pasado todas las sentencias son trascendentes y de interés público, sin embargo, la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente, todavía no se aplica una real y efectiva publicidad de las audiencias penales, lo que ha propiciado y detonado que aquéllos delitos graves que son de interés público, como los feminicidios y otras violencias contra las mujeres, se perpetúen en la opacidad, la ineficacia y la negligencia.

Resulta de suma importancia que la ciudadanía conozca las sentencias judiciales porque son el resultado del trabajo de los jueces; es a través del análisis de éstas que se podrá conocer si el juez fue congruente en los criterios aplicados; si en la resolución aplicó un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, derivó de prejuicios, o bien, denota actitudes de discriminación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, (Envipe), el 43.1 por ciento de los mexicanos declaró confiar poco o nada en los jueces y 70.1 por ciento los consideró corruptos.

La mayoría de los delitos no se denuncian, la Envipe 2021, arrojó que la cifra negra creció, en 2020 un 93.3 por ciento del total de los delitos no se denunció; en 2019 era del 92.4 por ciento. En el caso de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, sólo el cinco por ciento denuncian.

De los pocos delitos que se denuncian, sólo una minoría se judicializa, sin que esto garantice llegar a obtener una sentencia, evidencia de ello es que del total de las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público en el 48.4 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

El bajo nivel de la denuncia obedece a razones como la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia, debido a la discriminación que reproducen los sistemas de justicia.

A lo largo de dos décadas hemos conocido un infinidad de casos de feminicidios en los que en primera instancia se cerraron como presunto “suicidio”. Casos emblemáticos de cómo la justicia le ha fallado a las mujeres es el feminicidio de Mariana Lima, que pese a que mostraba huellas de golpes en el cuerpo y estrangulamiento, el ministerio público concluyó rápido que se había “suicidado”.

Pero la señora Irinea Buendía, conociendo el maltrato físico y psicológico que sufría su hija desde que se casó con el entonces policía judicial Julio César Hernández Ballinas, luchó por recurrir el fallo judicial que apuntó al suicidio, y logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, además de fallar a favor de reabrir la investigación del caso, se elaboró un decálogo sobre cómo se debe abrir una carpeta cuando se trate de la muerte violenta de una mujer.

En 2016 se reabrió el caso, el feminicida ya se encuentra en prisión desde hace casi seis años, desde donde cada día va ganando los recursos legales y una vez más, el pasado 3 de febrero, se pospuso la audiencia. Genera dolor y frustración, que pese a ser un referente en la lucha contra los feminicidios, el crimen de Mariana Lima sigue estancado, a más de una década no se ha dictado una sentencia. Por ello, es impostergable el acceso a la información de las sentencias judiciales y la aplicación de la perspectiva de género e interseccional para garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres tengan un acceso real a la justicia, para que no se sigan repitiendo más casos como el de Mariana.

El estudio sobre los efectos de la Covid-l9 en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, arroja de manera alarmante, que siete de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes tuvieron una reducción de sus ingresos, con relación al que tenían antes de la pandemia, contexto que a octubre de 2021 se ubicó en un 60 por ciento de los hogares que no habían recuperado el nivel de ingresos de antes de la emergencia sanitaria.

En cuanto a la seguridad alimentaria, los hogares con niños de cero a 17 años de edad, el porcentaje es del 24 por ciento, en tanto que en aquellos que no tienen esta población, sube a 38 por ciento. El porcentaje a nivel nacional, a principios de 2020 era del 45 por ciento, porcentaje que ya de por si era bajo, sin embargo, con la pandemia se precarizó más; en noviembre de 2021, se ubicó en un 30 por ciento.

Con relación a la salud mental, uno de cada tres mexicanos ha presentado síntomas severos de ansiedad; cuadros de ansiedad que son mayores en los hogares con menores de edad, porque además de la incertidumbre de salud y económica por la que atraviesan, deben hacerse cargo de sus hijos; situación que también impacto en los niños, quienes manifestaron dolores de cabeza y obesidad, entre otros.

La encuesta telefónica, elaborada de mayo de 2020 a noviembre de 2021, arrojó que el 8 por ciento de los hogares con integrantes de 4 a 17 años, reportaron que algún menor de edad no se inscribió en el actual ciclo escolar; de los cuales, el 50 por ciento tiene entre 14 y 17 años. La deserción escolar, correspondió, el 44 por ciento a primaria; 19 por ciento, secundaria; y 26 por ciento, a preparatoria.

Vemos que los hogares con niñas, niños y adolescentes constituyen una subpoblación vulnerable, y la emergencia sanitaria agudizó las condiciones en desventaja en las que ya de por si se encontraban. Es una encuesta cuyos resultados, reflejan la necesidad de contar con estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, porque una de cada tres mujeres está al frente de un hogar, así como la urgencia de avanzar en una ley de cuidados transversal e inclusiva.

Es necesario que se instrumenten y adopten acciones inclusivas que atiendan las secuelas que deja la falta de acceso a una alimentación adecuada, sana y nutritiva en la salud y en la capacidad de las niñas, niños y adolescentes en el aprendizaje.

La deserción escolar del 8 por ciento de niñas, niños y adolescentes, debe plantear un reto tanto para el gobierno como para la sociedad en su conjunto, y es de qué manera reincorporarlos a la primaria, secundaria y preparatoria, porque aún y cuando el regreso intermitente tiene secuelas en el aprovechamiento escolar, lo peor que nos puede pasar es que no regresen a las aulas.

Desafortunadamente, la Covid-19 vino a profundizar y agudizar el mosaico de debilidades en el que se encuentran inmersos los hogares con niñas, niños y adolescentes en nuestro país, por ello es urgente que se generen políticas públicas y el presupuesto necesarios que atiendan la pobreza, exclusión y desigualdad de la niñez.

No podemos cerrar los ojos o seguir siendo espectadores ante un hecho tan lamentable que lacera, duele y debe indignarnos, porque es un feminicidio en el que ciudadanos observaron como Miriam, de 38 años de edad, discutía con su pareja sentimental, quien sacó un arma blanca con la cual la apuñaló en 14 ocasiones.

Por otra parte, Rosalba, de 45 años de edad, fue el primer feminicidio de este año en Veracruz; ocurrió en el municipio de Chinameca la madrugada del 1 de enero pasado, su pareja sentimental le arrebató la vida con un machete. Es un feminicidio que dejó en orfandad a dos niñas menores de edad, en tanto el feminicida se encuentra prófugo de la justicia.

En tanto, el último feminicidio de 2021 en ese estado se registró el 31 de diciembre pasado, el cual aún no se cuantifica en las estadísticas oficiales; en el municipio de Córdoba, Liz fue asesinada a balazos por su ex pareja sentimental, quien posteriormente intentó suicidarse.

Son tres feminicidios que visibilizan la gravedad de este flagelo en la entidad, pese a ello, el gobierno destinará 290 mil 972 pesos menos que en 2021 para atender las dos Alertas de Violencia de Género con que cuenta la entidad. La única dependencia relacionada con la atención de violencia contra las mujeres que tuvo un incremento en su presupuesto fue el Centro de Justicia para Mujeres, que pasó de los 9 a 10 millones de pesos.

Con 65 carpetas de investigación, Veracruz es la segunda entidad que más feminicidios registró de enero a noviembre de 2021, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los municipios de Coaxacoalcos, Emiliano Zapata, Papantla, Xalapa, Tuxpan y Veracruz, se encuentran entre los 100 municipios más peligrosos para las mujeres, adolescentes y niñas, en los cuales se han cometido el 57.3 por ciento de casos.

Como hemos señalado en este espacio la gravedad de este flagelo no es privativo de una entidad, la violencia feminicida está extendida en todo el país, hoy en día no existe un solo municipio en el no se haya registrado al menos un feminicidio.

El Observatorio Nacional del Feminicidio ha señalado que las estadísticas federales son alimentadas con las cifras de las fiscalías locales, por lo que suele contabilizar menos víctimas de las que hay en realidad, porque ni todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio, ni las carpetas de investigación abiertas reflejan el número de mujeres asesinadas en el año; se estima que apenas el 25 por ciento de los asesinatos en México se acreditan como feminicidios.

La representante de México ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha señalado que el problema más grave son los altísimos márgenes de impunidad, se calcula que la tasa de delitos sin resolverse supera el 95% y tan solo una de cada 10 mujeres denuncia a su agresor.

El contexto de violencia contra las mujeres se mantiene y sigue siendo muy grave, en total existen 25 alertas de violencia de género en 22 de las 32 estados del país, es así que la política de prevención del feminicidio y su investigación por parte de las fiscalías de las entidades, siguen siendo el gran desafío del Estado mexicano.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agosto de 2021, con 108 carpetas de investigación por feminicidio y 271 por homicidio doloso, ha sido el mes más letal para las mujeres de los últimos siete años.

Hoy en día aún existe un porcentaje muy bajo de carpetas de investigación abiertas por feminicidio; de enero a noviembre de este año, les han arrebatado la vida a 3 mil 462 niñas, adolescentes y mujeres, pero sólo el 27 por ciento, 922 casos, son investigados como feminicidios, lo cual indica la resistencia de las instancias de procuración de justicia estatales para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios, tal y como lo establecen los estándares internacionales.

Una evidencia de cómo es un flagelo que no solo crece sino que se recrudece, es el caso que hace unos días conocimos, el feminicidio de una niña de 12 años de edad en Xoxocotlán, Veracruz. La niña fue sustraída de un festejo y horas después su cuerpo, con señales de violencia sexual, fue encontrado en la Sierra de Zongolica, no hay detenidos.

No es un caso aislado, la violencia feminicida está expandida a lo largo de todo el país, tan solo en el Estado de México, este año se han registrado 16 feminicidios infantiles.

Las cinco entidades del país que más víctimas de feminicidio acumulan en lo que va de este año son el Estado de México, con 132; Jalisco y Veracruz, con 66 cada entidad; le sigue la Ciudad de México, con 64; y Nuevo León, con 57 carpetas de investigación.

En tanto, los municipios con mayor incidencia son Ciudad Juárez y Culiacán, con 16 cada uno; le sigue San Pedro Tlaquepaque, con 14; Tlajomulco, con 13 y la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, con 12 casos.

Sabemos que un factor que incentiva la violencia feminicida es la impunidad, pues se estima que en el 95 por ciento de los casos no se detiene al agresor y sólo el 2 por ciento termina en sentencia. Se advierte que una de las dificultades para la investigación es el registro y la comparabilidad de la información que tiene que ver con la diversidad en la tipificación del delito de feminicidio, por ello es urgente avanzar en la homologación del tipo penal a nivel nacional, que identifique cómo plantear las razones de género, para que sean susceptibles de ser acreditadas en la investigación ministerial.

Aun cuando la mayor parte de las entidades federativas cuentan con protocolos para la investigación de delitos constitutivos de violencia contra las mujeres, los lentes de género siguen ausentes en la procuración y administración de justicia; seguimos siendo testigos de feminicidios como el de la niña Renata Martinelly, de 13 años de edad. Meses antes del feminicidio, Carlos Daniel N, fue denunciado por agresión sexual a la niña, sin embargo, no fue detenido; el 29 de noviembre de 2020 ingreso al domicilio de Renata, la violó y le arrebató la vida.

Debemos celebrar que el feminicida haya sido detenido, pero es un feminicidio que se pudo haber evitado si la denuncia hubiera sido atendida con perspectiva de género; no fue así, hoy es una niña más en las estadísticas de feminicidio, una niña más a la que le arrebataron sus sueños, una niña más que ya no está con nosotros.

La violencia por razones de género que ocurre a las mujeres y a las niñas por el hecho de ser mujeres es grave e inocultable. Para las mujeres de Morelos fue un inicio de semana muy sangriento; en el municipio de Xoxocotla, una mujer fue hallada sin vida a un costado de la carretera de Alpuyeca- Jojutla; el segundo caso se registró en el poblado de Tetillas, en Yautepec; en tanto, el tercer feminicidio, fue el de una actriz, a quién asesinaron con una arma de fuego en un centro deportivo a plena luz del día y en presencia de su hijo de 11 años de edad.

A esos feminicidios se suman los ocurridos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer; en Temixco, una mujer de 30 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental al llegar a su casa. Ese mismo día en el municipio de Tetecala, encontraron los restos de Vicenta, tenía varios días desaparecida.

Con 22 feminicidios registrados de enero a octubre del presente año, Morelos es la cuarta entidad más peligrosa para las mujeres, con una tasa de 2.07 por cada 100 mil habitantes; en homicidios dolosos contra mujeres, se ubica en el séptimo lugar con 64 carpetas de investigación y una tasa de 6.02 por cada 100 mil habitantes.

Son 642 municipios de 22 entidades y de la Ciudad de México que cuentan con alerta de violencia de género, esto es que uno de cada 4 municipios, están obligados a cumplir con acciones de seguridad, prevención, acceso a la justicia y reparación del daño para las mujeres y las niñas, sin embargo, las estadísticas evidencian que esto no ocurre.

Para atender las alertas de violencia de género, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informó que en 2021 ha destinado 121.3 millones de pesos para la prevención de los feminicidios, la atención al rezago en las carpetas de investigación y la atención especializada a niñas y mujeres en las comunidades indígenas y afromexicanas, presupuesto que, a la vista de las cifras, resulta insuficiente.

Ante este panorama es necesario que las autoridades revisen la Alerta de Violencia de Género, porque en la actualidad tienen una fecha de inicio, pero no de término, además no cuentan con indicadores o medidas de impacto, tampoco se establece el plazo entre la solicitud y la fecha en que se decreta.

Es importante que se revisen los conceptos de violencia feminicida y violencia de género, así como el que se establezca a las entidades federativas, las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del país las medidas presupuestales y administrativas necesarias y de carácter extraordinario que deberán instrumentar para hacer frente al mecanismo.

Es una prioridad el tener espacios seguros para las niñas y mujeres, tanto públicos como privados, lo que implica que a quienes corresponde tomar las decisiones deben tener una conciencia de género y el tiempo para evaluar las acciones, actividades y políticas públicas, dado que cualquier estrategia que se emprenda debe tener el impacto de la visión de género.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades donde mayor peligro corre la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, son el Estado de México, con 120 feminicidios; le sigue Veracruz, con 62; Jalisco, con 59; Ciudad de México, con 55; Nuevo León, con 51; Chiapas y Chihuahua, con 42 carpetas cada una y Sinaloa, con 39 casos.

En 2021, la Ciudad de México se ha mantenido en el cuarto sitio, pese a que desde el 7 de junio de 2019 se decretó la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, lo cual no pasó con la niña Zoe, de tres años de edad, a quien finalmente su padrastro la asesinó hace unos días.

A las cifras, lamentablemente se les debe sumar la violencia institucional que viven día a día las familias de víctimas al acercarse a las instituciones a solicitar apoyo o a ejercer su derecho a la justicia.

La señora Nora Patricia, tía de la niña, narró que el 26 de octubre pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas y Niños Adolescentes, acompañada con una fotografía de la menor donde se le observaba golpeada, y una semana después esta instancia canalizó el caso a la Agencia 59 del Ministerio Público, pero sin anexar la imagen y sin activar los protocolos de protección. Pese al peligro de muerte que corría, la Agencia 59 tampoco activó los mecanismos de protección.

La Ciudad de México cuenta con una Fiscalía Especializada en Feminicidio, integrada por 85 ministerios públicos y policías de investigación, que de acuerdo con las autoridades, se encuentran en capacitación constante para brindar una atención de mayor calidad a las víctimas. A Zoe la asesinaron 26 días después de que las autoridades no atendieron la denuncia de su tía.

El caso de Zoe, al igual que muchos otros que suceden a diario en nuestro país, ejemplifica con claridad cómo funcionan las instituciones frente a la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres. Es una evidencia de que la justicia con perspectiva de género sigue ausente en las instituciones de procuración de justicia, lo que sigue costando vidas como la de Zoe.

Es importante señalar que las investigaciones y resoluciones con perspectiva de género no solo involucran la aplicación de las leyes, sino también el compromiso de comprender las dinámicas sociales a partir de nuestra actualidad pero sin omitir el pasado que conlleva.

Debemos tener claro que cuando se habla sobre igualdad de género o de paridad no solo se circunscribe a temas de mujeres, sino que es el aprendizaje y la adopción de otra perspectiva de inclusión, otra forma de justicia más completa, basada en los derechos humanos.

Las violencias contra las mujeres son una enfermedad que poco a poco nos consume a la sociedad en su conjunto, por ello debemos apostar a avanzar en la construcción de un país en el que ser mujer no sea motivo de miedo, en el que podamos alzar la voz y ejercer nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año, han sido asesinadas dos mil 840 mujeres, pero solo 736 han sido investigadas como feminicidios, cuando desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cada muerte violenta de mujeres debe ser investigada en un inicio bajo el protocolo de feminicidio, lo cual no siempre ocurre.

Las violencias contra las niñas, adolescentes y las mujeres es el resultado de una cadena de omisiones, de impunidad y de corrupción, pero también de una sociedad que tolera, naturaliza y justifica la violencia feminicida que dicta normas sociales desde la desigualdad, creando narrativas de misoginia, impunidad y múltiples discriminaciones.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, estableció dos compromisos fundamentales para los gobiernos: la eliminación de toda forma de discriminación de género en la ley y en la práctica, y mejorar las condiciones de las mujeres; no obstante, las violencias de género y la pandemia sanitaria han sido un caldo de cultivo para que decenas de mujeres se vean obligadas a abandonar sus hogares y trabajos para salvar su vida y la de sus hijas e hijos.

En nuestro país existen avances en el marco normativo y judicial en materia de protección a una vida libre de violencia de las mujeres, pero sigue habiendo obstáculos para garantizar la integridad y en general los derechos humanos a ese 52 por ciento de la población que son las mujeres, adolescentes y niñas en este país.

Se siguen perpetuando todas las formas y modalidades de violencias contra las mujeres y las niñas. La Red Nacional de Refugios, señaló que, del total de las carpetas de investigación por delitos de violencias contra las mujeres, solo el 11.66 por ciento llegan a los juzgados, lo que representa una impunidad del 88.3 por ciento del total de los delitos denunciados.

Informó que de las más de 23 mil mujeres, hijas e hijos atendidas este año en sus 75 refugios, el 28 por ciento de los agresores tienen antecedentes penales, el 27 por ciento, usan armas de fuego y el 17 por ciento, cuenta con vínculos militares o políticos, lo que limita la posibilidad de que las víctimas soliciten ayuda y accedan a la justicia integral. Además, tres de cada cinco mujeres atendidas por la red, ya habían acudido anteriormente a alguna instancia gubernamental donde no tuvieron una respuesta, fueron revictimizadas o bien les negaron medidas de protección o la ampliación de las mismas.

Duele cada asesinato de mujeres y niñas a manos de la violencia feminicida, la cual tiene hondas raíces estructurales donde la justicia para las mujeres está permeada por un camino de impunidad, corrupción y criminalización contra las víctimas.

Ante este contexto, desde nuestros espacios, debemos seguir trabajando para crear otra narrativa y considerar la igualdad como un gran motor, para poder construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática, libre de violencias para todas las niñas, adolescentes y mujeres de este país.

El presupuesto del anexo 13 son casi 100 mil millones más para el próximo año, lo que significa un incremento del 75 por ciento con relación a 2021, pero el 88.6 por ciento del total del presupuesto está destinado a educación pública, bienestar, trabajo, agricultura y desarrollo rural, pero son pocos los programas que tienen una vinculación directa con el problema de la desigualdad de género.

Es preocupante que programas estratégicos para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres plantean reducciones, como es el caso de la reactivación económica y desempleo de las mujeres; apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras y la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, en materia de empleo, son las mujeres las que sufrieron más los efectos de la pandemia; de marzo a junio de 2020, una de cada tres mujeres perdió su empleo, en tanto que en los hombres fue de uno de cada cuatro. Además, por el incrementó del trabajo doméstico y de cuidados, para las mujeres será más lenta la recuperación de su fuente de trabajo,

Uno de los principales obstáculos para reducir la brecha de derechos entre hombres y mujeres es la carga de cuidados no remunerados que recae más sobre las mujeres. La pandemia del Covid 19, ha evidenciado cómo los cuidados son centrales dentro y fuera de los hogares, y por ende, es una carga que requiere de atención especial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

Es urgente reconocer, reducir y redistribuir la carga de los cuidados no remunerados para que realmente logremos un cambio sustantivo en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres de este país.

En el Anexo 13 del PEF 2022, se establece un aumento del 10 por ciento en los servicios de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se debe perder de vista que son servicios que están condicionados a tener empleo formal y casi la mitad de los 8.6 millones de personas que están disponibles para trabajar, pero que no lo hacen por dedicarse a los trabajos del hogar, el 83.7 por ciento de ellas, son mujeres, mujeres que están cuidando.

Para las mujeres no solo impacta su presente, sino todo su ciclo de vida, porque el hecho de que ahora estén fuera de la escuela o del mercado laboral por ejercer tareas de cuidado, tendrá un impacto a lo largo de su ciclo de vida en términos de su autonomía económica. Otro dato, es que de manera creciente, las mujeres ahora no solo cuidan a niños y niñas, sino también a los adultos mayores, personas con alguna enfermedad o con alguna discapacidad que lo requieran.

Por ello, es fundamental que tanto para el presupuesto de 2022 se prioricen las acciones y programas que previenen y atienden las violencias de género, así como los relacionados con los cuidados no remunerados, pues son la principal barrera para que las niñas, adolescentes y mujeres tengan acceso a la educación y al mercado laboral, único camino para verdaderamente reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.