Pero lo relevante no era el argumento del Mayo, sino los nombres que aparecían en su misiva. En ella acreditaba como sus representantes legales en México a Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla. Estos dos abogados, junto con su socio Sergio Ramírez, cuentan con un largo historial como defensores de personajes de alto perfil del crimen organizado, como Miguel Ángel Treviño, el Z-40.

Defender a narcotraficantes no implica ilegalidad alguna. Es su trabajo y la Constitución lo permite. Lo que llama la atención es que, en los casos de Penilla y Ramírez, su actividad no se ha llevado a cabo desde los márgenes, sino desde el centro del poder.

Sergio Ramírez es militante de Morena desde 2018, fue candidato suplente a diputado en 2021 y ha asesorado durante años a legisladores del partido. En junio de 2025 trascendió que promovió un amparo para protegerse de una posible orden de aprehensión, en un caso de lavado de recursos vinculado a Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, líder de La Unión Tepito, quien habría sido su cliente. Juan Pablo Penilla fue homenajeado en el Senado por legisladores de Morena en al menos dos ocasiones y, desde 2021, fue nombrado asesor jurídico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Salieron a la luz decenas de fotografías en las que los abogados aparecen junto a figuras clave del régimen, incluidos López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero también Clara Brugada, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Mario Delgado, Martí Batres y Pedro Haces, entre muchos otros. Pero hay imágenes que debieron encender todas las alarmas: fotos con Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y hoy asesor de Sheinbaum; con Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República; con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; y con Audomaro Martínez, responsable de inteligencia en el sexenio pasado. Abogados que públicamente se dedican a defender criminales, posando con quienes tienen en sus manos la seguridad nacional, la procuración y administración de justicia y la inteligencia del Estado. Eso no es anecdótico, es gravísimo.

De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estos abogados habrían participado en reuniones de trabajo como asesores en Bucareli, en la construcción de la llamada justicia transicional, un esquema que planteaba negociar con cárteles bajo la bandera de la pacificación. Es decir, quienes defendían a narcotraficantes también estaban sentados en espacios donde se discutía la posible amnistía a criminales.

Durante meses se intentó minimizar la relación de Penilla y Ramírez con el obradorismo. Que si eran coincidencias, que si no había relación formal, que si no eran funcionarios. En especial, se argumentó que solo eran abogados haciendo su trabajo, sin acusaciones directas en su contra. Pero cuando los puntos se conectan, dejan de ser coincidencias.

Esta semana estalló algo que cambia todo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Pablo Penilla dentro de una red vinculada al Cártel del Noreste. No lo hizo por ser abogado de narcotraficantes, sino por algo mucho más grave. Lo señala como facilitador del cártel, como alguien que operaba en su beneficio, como intermediario entre su estructura operativa y su liderazgo.

No es un matiz, es una acusación directa. La sanción implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la extensión del castigo a cualquier empresa en la que tenga participación relevante. En términos reales, es una expulsión del sistema financiero global.

El Cártel del Noreste ya fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista, lo que permite sancionar no solo a quienes cometen delitos directamente, sino también a quienes brindan apoyo material. Eso es exactamente lo que se le atribuye a Penilla, que dejó de ser un abogado externo para convertirse en parte de la estructura formal de la grupo.

Todo lo anterior deja de ser contexto y se convierte en evidencia. La carta del Mayo ya no es un episodio aislado, es el inicio visible de una relación. Las fotografías dejan de ser irrelevantes y se vuelven patrón. Los vínculos dejan de ser casuales y se convierten en estructura.

Ya son demasiados elementos que apuntan en la misma dirección, la de los vínculos indisolubles de políticos del obradorismo con la delincuencia organizada. López Obrador prometió separar el poder económico del poder político, pero nunca habló de la unión entre el poder político y el poder criminal. Hoy esa relación no solo ha trascendido al gobierno de Sheinbaum, además está documentada, normalizada y más estrecha que nunca.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte que en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, activa un mecanismo excepcional y la reacción del gobierno no es revisar, corregir o asumir. Es negar, desacreditar y victimizarse. Como si el problema fuera el informe y no los miles de personas que siguen sin aparecer.

El documento no aborda desapariciones en general. Analiza desapariciones forzadas, aquellas en las que hay participación del Estado o al menos tolerancia, apoyo o complicidad de autoridades. Ese es el punto que al gobierno le duele. Muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, pero la ONU sostiene que hay patrones donde esa violencia solo podría ocurrir con permiso, omisión o colusión del Estado. En ese momento deja de ser solo crimen y se convierte en responsabilidad gubernamental.

El señalamiento no salió de la nada. Se construyó con años de denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, datos oficiales y trabajo en campo. Y lo que concluye es devastador. La crisis se ha agudizado, su magnitud es cada vez más alarmante y existen elementos suficientes para encender alertas internacionales. No es una opinión, es un diagnóstico técnico serio.

¿Y qué hace el gobierno frente a eso? Lo de siempre. Dice que el informe es sesgado, que no reconoce los avances y que no refleja la realidad del país. Prefiere pelearse con la ONU antes que explicar por qué en México desaparecen personas en contextos donde hay autoridades presentes, ausentes a propósito o directamente involucradas.

Lo verdaderamente insultante no es solo la respuesta, es el contexto. Hace apenas unos días, Claudia Sheinbaum presentó su informe sobre desapariciones después de más de un año de retrasos. La demora no fue porque no tuviera datos, sino porque su equipo necesitaba tiempo para acomodarlos. Y cuando finalmente lo presentó, no fue para explicar la crisis, fue para maquillarla.

Pasaron de más de 130 mil desaparecidos a reconocer apenas 43 mil. No porque hayan encontrado a nadie, sino porque borraron del mapa casi 90 mil casos con un truco administrativo. Si el expediente está incompleto, deja de existir. Si hay indicios de algún trámite hecho por la persona, entonces mágicamente deja de estar desaparecida. Si la autoridad falló en documentar, el problema se evapora. No resolvieron la crisis, la adulteraron.

El nivel de manipulación es tan burdo que se cae con sus propios datos. México tiene más de 72 mil cuerpos sin identificar. Más cadáveres sin nombre que desaparecidos reconocidos oficialmente. Esa sola cifra destruye el relato oficial. No es un error, es una operación para reducir el tamaño del desastre en el papel.

Y en medio de ese intento por borrar la tragedia, llega la ONU y les dice lo que no quieren escuchar. Que el problema es estructural, que hay responsabilidad gubernamental y que no basta con repartir culpas ni esconderse detrás del crimen organizado, al que, por cierto, “abrazan” sin pudor desde el sexenio pasado.

La respuesta del gobierno no solo es errática, es indecente. Porque no están defendiendo una postura técnica, están defendiendo una posición política. No están cuidando a las víctimas, están cuidando el arranque de Sheinbaum. Están más preocupados por el costo reputacional que por la verdad.

También están cuidando la herencia maldita de López Obrador. Él decidió desde el primer día administrar la crisis en lugar de enfrentarla. Puso en duda el registro oficial de su propio gobierno, impulsó un censo paralelo con operadores políticos, provocó la salida de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y redujo la desaparición a un simple problema de percepción. No buscó a los desaparecidos, buscó blindarse.

Las organizaciones y los colectivos de búsqueda lo dijeron sin rodeos: La respuesta del gobierno no está a la altura de la crisis. La impunidad es prácticamente total. Mientras el gobierno litiga cifras, las madres buscadoras siguen encontrando fosas y crematorios clandestinos.

No estamos frente a un simple desacuerdo con la ONU. Es la confirmación de una forma de gobernar. Primero ignoraron a las víctimas, luego manipularon las cifras y ahora rechazan cualquier intento de escrutinio serio. Es la ruta completa del cinismo.

Tenemos un gobierno que no soporta la más mínima crítica y que responde con arrogancia y soberbia ante cualquier señalamiento. Lo que no entienden es que no son sus adversarios los responsables del deterioro de su imagen. No es la oposición, no es la prensa, no es la ONU, es la realidad. Y por más que intenten negarla, borrarla o maquillarla, esa realidad ya los alcanzó. Y lo peor para ellos es que esto apenas está empezando.

El caso de Pío López Obrador nunca fue un incidente aislado. Existen al menos tres videos: en dos aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en sobres de David León Romero, operador político cercano a Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas; y en otro, distinto, aparece su hermano Martín López Obrador recibiendo efectivo del mismo operador. Y los tres videos se habla de entregas constantes, no de un evento único. Es un esquema, no un accidente.

El propio Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que esos sobres amarillos con dinero fueron aportaciones para su movimiento. Con eso bastaba para abrir una investigación seria por financiamiento ilegal y peculado electoral. Dinero en efectivo, sin fiscalización, entregado a operadores políticos. No hay mucha vuelta.

Pero el sistema decidió no verlo. Primero fue la Fiscalía General de la República la que dejó morir el caso. No siguió la ruta del dinero, no citó a declarar a los involucrados clave, no llamó ni a David León ni a Manuel Velasco, mucho menos al expresidente. Dejó pasar el tiempo y cerró el expediente por prescripción. Nunca dijeron que fuera legal lo que se ve en los videos, dijeron que ya no podían castigar. Así de cómodo.

El INE hizo lo que le tocaba y señaló irregularidades, pero el último filtro es el Tribunal Electoral. Y ahí terminó de cocinarse la impunidad. La Sala Superior votó para cerrar el caso con argumentos que insultan la inteligencia de cualquiera: que no había certeza sobre el destino del dinero, que no se podía probar que fuera para campañas, que no había vínculo claro con un proceso electoral. Todo esto a pesar de que el propio presidente había reconocido que eran aportaciones para su partido político.

La magistrada Mónica Soto llevó ese razonamiento al absurdo total. Planteó que no basta con ver dinero en efectivo si no puedes probar en qué se gastó cada peso. Es decir, si el dinero ilegal no deja rastro contable, entonces no hay anomalía alguna. Con ese criterio, cualquier financiamiento ilegal queda automáticamente blindado.

El Tribunal no actuó como árbitro, actuó como escudo. Se comportó como lo que es: una institución capturada, dispuesta a reinterpretar lo evidente con tal de no generar consecuencias. Así, el caso quedó muerto por todos lados; sin sanción penal, sin sanción electoral o administrativa, sin responsables.

Y todavía faltaba el remate. Después de la sentencia, Pío López Obrador salió a redes a burlarse. Afirmó que todas las instancias lo habían declarado inocente, que los videos eran un montaje, que estaban manipulados, incluso insinuó que eran producto de inteligencia artificial. Una mentira descarada. Los videos no tienen cortes, no están editados y todo apunta a que fueron grabados por el propio David León, quien, por cierto, al momento en que se exhibieron ya formaba parte del gobierno de López Obrador.

El colmo del cinismo: te protegen las instituciones y luego sales a negar lo que todo el país vio. Pero el contraste más brutal no está ahí, sino en lo que pasó con quien exhibió el caso. Carlos Loret de Mola hizo público ese material y, en lugar de que eso abriera investigaciones, provocó represalias, interrogatorios, presión judicial y una demanda por daño moral que pretende obligarlo a pagar 200 millones de pesos, lo mismo que a Latinus.

Desde que llegó la mal llamada “transformación” a este país, si exhibes al poder, te persiguen; pero si apareces recibiendo dinero, te protegen. Aquí no hubo falta de pruebas, no hubo confusión, no hubo zona gris. Hubo videos, hubo reconocimiento público, hubo contexto político y hubo una clara estrategia para que no pasara nada.

Eso tiene nombre: se llama impunidad. Es un gobierno que protege a los suyos y tuerce las instituciones para hacerlo. Un gobierno que no combate la corrupción, la administra. Un gobierno que no busca justicia, busca control y venganza.

En un país donde puedes ver en video a los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo de forma ilegal, donde el propio presidente admite que ese dinero era para su movimiento político y aun así no hay una sola consecuencia, no solo hablamos de un caso que apesta, hablamos de un sistema que se está pudriendo.

Y frente a esto, el mensaje desde el poder es igual de grave que los hechos. Claudia Sheinbaum no dice nada, no cuestiona nada, no corrige nada. Prefiere sostener el mismo pacto de silencio y encubrimiento.

Porque cuando la evidencia es tan clara y aun así se decide no actuar, el silencio ya no es omisión, es complicidad.

Aquí no pasó nada, ni Pío ni nada.

Uno de los aspectos más preocupantes es la propuesta de abrir la puerta a que se eliminen publicaciones en redes sociales consideradas “manipuladas” o “alteradas” mediante tecnologías, sin explicar qué significa alterar, a qué tecnologías se refieren ni qué autoridad decidiría qué contenido debe eliminarse. Cualquier video editado, meme, infografía o crítica incómoda podría terminar censurada. A esto se suma lo que la reforma decide no tocar: la sobrerrepresentación legislativa que hoy permite a Morena y a sus aliados controlar cerca del 74% de la Cámara de Diputados cuando en las urnas obtuvieron menos del 55% de los votos.

Lo más grave de la iniciativa no es lo que contiene, sino lo que omite. La reforma evita el problema más serio que enfrenta hoy la democracia mexicana: la infiltración del crimen organizado. Cuando los grupos criminales ponen candidatos, financian campañas o intervienen en la jornada electoral, después cobran la factura. Exigen permisividad para el trasiego de droga, armas y personas, para la extorsión y el secuestro; controlan policías locales, acaparan contratos públicos y capturan presupuestos.

El gobierno intentó blindarse frente a las críticas, pero lo hizo con un gesto superficial. El texto establece que queda prohibido que los candidatos reciban apoyo del crimen organizado, así como aportaciones en efectivo o del extranjero, como si eso no estuviera ya prohibido. La legislación electoral, penal y financiera vigente desde hace años sanciona el financiamiento ilícito, el lavado de dinero y la intervención criminal en procesos políticos.

La iniciativa también presenta como novedad la coordinación entre la Unidad de Fiscalización del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar operaciones financieras de precandidatos y candidatos. Nada relevante. Si de verdad hubiera un compromiso para cerrar el paso al dinero criminal en las campañas, se plantearía un rediseño completo del sistema de fiscalización electoral, con una unidad técnica autónoma capaz de rastrear recursos y sancionar en tiempo real.

Si de verdad se quisiera combatir la narcopolítica, se establecería responsabilidad directa para los partidos y sus dirigentes cuando registran candidatos vinculados con el crimen organizado. Si hubiera un compromiso real, la reforma incluiría medidas para prevenir la violencia política. La elección de 2024 fue la más violenta de nuestra historia reciente, con más de 60 candidatos asesinados.

Y si de verdad se quisiera atacar el problema de raíz, también se contemplarían mecanismos para sancionar el sabotaje de las jornadas electorales: el bloqueo de casillas, la intimidación de votantes o la intervención de grupos criminales para inhibir el voto.

¿Por qué una reforma que pretende rediseñar el sistema electoral decide ignorar el fenómeno que hoy más distorsiona las elecciones en México? La respuesta es evidente. Porque hablar en serio de narcopolítica implicaría abrir expedientes que incomodan al propio régimen.

Implicaría responder por las redes criminales del huachicol fiscal, por estructuras como La Barredora surgida desde el gobierno de Adán Augusto en Tabasco, por las denuncias de lavado de dinero contra Vector, la empresa de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de López Obrador; por los cuestionamientos que pesan sobre gobernadores como Rubén Rocha Moya o Américo Villarreal, o por las cancelaciones de visa a políticos de Morena como Marina del Pilar Ávila.

Combatir de verdad la narcopolítica significaría abrir una puerta que podría exhibir hasta qué punto el crimen organizado ha logrado convivir con el poder político desde el sexenio pasado. Por eso se prefiere mirar hacia otro lado. Se habla de austeridad y de rediseñar la democracia mientras se deja intacto el fenómeno que hoy más la amenaza.

Eso no es una simple distorsión del sistema electoral. Es la captura del poder público por redes criminales. Y una reforma que decide ignorar ese problema no busca fortalecer la democracia, sino proteger al poder corrupto que hoy gobierna. Con una reforma así, la democracia se doblega y el régimen termina desnudando su propia podredumbre.

La grabación de esa conversación fue difundida esta semana por Aristegui Noticias. El encuentro se realizó poco antes de la elección presidencial de 2024. En el audio se escuchan dos afirmaciones particularmente graves de Ojeda: primero, que frente al caso había dos alternativas, ir a fondo y exhibir el megafraude o contener el escándalo con simples cambios de adscripción; y segundo, la advertencia de que más valía que no ganara Xóchitl Gálvez, porque en ese escenario “todo se sabría”, insinuando que el alcance de la denuncia podía depender del resultado electoral.

Tras el cambio de gobierno, ya con Sheinbaum en la Presidencia, Guerrero volvió a ser llamado, esta vez por el nuevo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. La propia Fiscalía confirmó que ese encuentro sí tuvo lugar.

Lamentablemente, Guerrero no ha sido el único cabo suelto que se elimina. Las ejecuciones y desapariciones vinculadas a este caso se han acumulado en los últimos años. En el ámbito naval, el 28 de mayo de 2023 fue asesinado en Manzanillo el capitán de fragata Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subdirector de Operación Aduanera. Apenas llevaba dos semanas en el cargo.

El 8 de septiembre de 2025 apareció muerto en su oficina el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, director de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira. La versión oficial fue suicidio. Un día después, el 9 de septiembre, murió el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, exsubadministrador de la Aduana de Manzanillo, en un supuesto accidente durante una práctica de tiro.

A esta lista de marinos ejecutados se suman empresarios del sector energético y del transporte, así como agentes y funcionarios de la Fiscalía que investigaban el contrabando de combustibles. No son episodios aislados, sino una secuencia de al menos doce muertes vinculadas al mismo entramado.

El homicidio más sonado es el de Sergio Carmona, “el Rey del Huachicol”. Su figura vuelve hoy al centro del debate tras el libro de Julio Scherer, donde se expone que Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, le habría facilitado el acceso a Palacio Nacional y lo habría presentado con el expresidente a cambio de financiar campañas de Morena en 2021.

La carpeta de investigación del huachicol fiscal, filtrada a medios desde el año pasado, sostiene que a Guerrero lo mataron por denunciar y que los únicos que conocían su ubicación durante sus vacaciones eran sus superiores en la Marina. Sin afirmarlo de forma explícita, la indagatoria apunta hacia dentro.

El audio de la reunión no circulaba libremente en internet; formaba parte de una investigación que debía mantenerse bajo estricta reserva. Alguien con acceso decidió hacerlo público. Y nadie filtra algo así por descuido, solo se filtra para golpear.

Esto ya no es sólo un asunto criminal, es una disputa interna. El control de las aduanas implica miles de millones y poder territorial. En ese contexto, las lealtades se vuelven frágiles. Las facciones compiten, los grupos se reacomodan y los cabos sueltos incomodan.

El asesinato de Fernando Guerrero es una tragedia más en el caso de corrupción ligado a la delincuencia organizada de mayor dimensión económica que se recuerde en el país. La lista de muertos revela un patrón. El audio es la detonación política. Y la filtración deja ver que la guerra del gobierno no es contra el crimen, es dentro del régimen.

¿De qué nivel de poder político serán los personajes que encabezan esta trama delictiva, que pueden permitirse silenciar a balazos, sin consecuencias, a quienes saben demasiado?

En el expediente filtrado sobre el huachicol fiscal se menciona a los hijos de Andrés Manuel López Obrador como referentes dentro de la indagatoria. Además, los sobrinos del almirante Ojeda, secretario de Marina durante el sexenio anterior, han sido acusados por la Fiscalía por ser cabezas de esta trama criminal. A ello se suma que, en 2019, se designó como responsable de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, asesinado en 2021 y precursor de esta práctica ilegal de contrabando.

Los Guacamaya Leaks revelaron que, desde 2019, la Sedena investigaba a Adán Augusto López en el llamado Caso Olmeca, directamente vinculado con La Barredora, organización criminal que operaba desde su gobierno en Tabasco a través de su brazo derecho, Hernán Bermúdez, entonces secretario de Seguridad y también militante de Morena.

Ismael “el Mayo” Zambada declaró haberse reunido en varias ocasiones con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que el día de su levantamiento tenía una cita con él. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el senador José Narro se fotografiaron departiendo con “El Jerry”, operador del Cártel del Noreste, quien desde ese día se encuentra desaparecido. A ello se suma el apoyo público que Américo recibió de la columna armada Pedro J. Méndez, identificada por la Sedena como brazo paramilitar del Cártel del Golfo.

En Guerrero, la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue videograbada desayunando con líderes del grupo criminal Los Ardillos. En San Luis Potosí, reportes militares señalaron presuntos acuerdos del gobernador del Verde, Ricardo Gallardo, con el CJNG. Ahí están también las imágenes de Cuauhtémoc Blanco con integrantes del Comando Tlahuica, célula del CJNG.

Las visas retiradas a decenas de políticos del bloque gobernante tampoco son ficción. En Baja California, Marina del Pilar Ávila perdió su visa y admitió que su hoy exesposo enfrenta acusaciones por delincuencia organizada. Otro de muchos casos es el de Sonora, donde al hijo del gobernador Alfonso Durazo también le fue retirada la visa por autoridades de Estados Unidos, en el marco de investigaciones por huachicol fiscal.

“El Limones”, secretario en Durango de la CATEM, sindicato liderado por el diputado morenista Pedro Haces, fue detenido y señalado como jefe de plaza del grupo criminal Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa. En Michoacán, familiares del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla han sido señalados en denuncias y reportes periodísticos por vínculos con operadores de La Familia Michoacana y del CJNG.

Ahí están también las fotografías de Penilla y Ramírez, militantes de Morena y autodenominados abogados del narco, en eventos sociales y políticos junto a decenas de figuras del partido, Claudia Sheinbaum y López Obrador incluidos. Tampoco se olvida el saludo afectuoso de López Obrador a la madre de Joaquín “el Chapo” Guzmán, ni las denuncias por lavado de dinero contra Vector, la empresa propiedad de Alfonso Romo, su exjefe de Oficina.

Hay muchísimos casos más. El más reciente es la captura de Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, señalado como operador de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”.

Las pruebas sobran. No se valoran ni procesan no por falta de elementos, sino por decisión política. Porque reconocerlas implicaría aceptar que el proyecto de Morena está atravesado por redes de colusión con el crimen organizado, y que desmontarlas tendría un costo que el régimen no está dispuesto a pagar. Y porque existe una presión clara, directa y permanente de Andrés Manuel López Obrador para que su círculo cercano, su herencia política y sus aliados no sean tocados ni con el pétalo de una indagatoria.

Llamar “ficción” a la realidad no es un error ni un exceso retórico: es una coartada. La decisión deliberada de negar lo evidente para encubrir lo incómodo y conservar el poder a costa de lo que sea.

@JTrianaT

La pregunta, sin embargo, parte de una premisa equivocada. En una democracia moderna no se investiga por consigna ni por animadversión, pero tampoco se cancela una indagatoria por apellido. Se investiga cuando hay indicios, documentos, conflictos de interés y patrimonios que no cuadran. Y en este caso, razones sobran.

Una de ellas es El Clan, nombre con el que se conoce la investigación que documentó una red de tráfico de influencias y negocios opacos en torno a los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano de empresarios, operadores y funcionarios públicos. Audios, archivos y contratos exhibidos colocaron en el centro del debate la relación entre poder político y poder económico, uno de los mantras del expresidente.

La red opera a través de posiciones estratégicas dentro del gobierno ocupadas por amigos cercanos de Andy López Beltrán a quienes habría colocado en puestos clave del gobierno de su padre y desde ahí facilitar el acceso a contratos y negocios. Entre ellos destacan Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo ratificado en el nuevo gobierno; Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia y hoy diputado federal; y Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT y amigo de Andy desde la preparatoria, con control sobre áreas críticas como fiscalización y aduanas. El Clan habría recibido decenas de contratos de obra y prestación de servicios en diversas dependencias del gobierno federal, como Sedatu y Semarnat, así como en gobiernos estatales de Morena, entre ellos Tabasco y Quintana Roo.

La gravedad aumenta con los audios de llamadas telefónicas filtradas sobre el negocio del balasto. En ellos se escucha a Amílcar Olán, empresario y amigo personal de Andy, alardear con Pedro Salazar Beltrán, primo de los López Beltrán, sobre cómo habría conseguido la exclusividad del suministro del mineral para el Tren Maya y posteriormente para el Tren Interoceánico, presuntamente con la ayuda y las influencias de Bobby López Beltrán. En esas llamadas se habla de manipular pruebas de calidad, incluso de pagos para que los laboratorios no frenaran el material, así como de sobornos. Ahí aparece la frase que se volvió símbolo del escándalo: si después hay un descarrilamiento, “ya será otro pedo”.

Y efectivamente, el Tren Maya ya ha registrado al menos dos descarrilamientos documentados y, a finales de 2025, el Tren Interoceánico sufrió uno con 14 víctimas mortales y decenas de heridos. Hasta hoy no existen indagatorias judiciales derivadas de esas grabaciones.

Otro caso que amerita una indagatoria es el de José Ramón López Beltrán y la llamada Casa Gris. Él y su esposa, Carolyn Adams, habitaron entre 2019 y 2020 una residencia de lujo en Texas, ubicada en un terreno de aproximadamente 2,500 metros cuadrados, con bar, cine privado, jardín extenso y una alberca de 23 metros de largo, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa transnacional contratista de Pemex. Se publicaron documentos que acreditan coincidencias temporales entre la ocupación del inmueble y la firma de contratos millonarios con filiales de la empresa en Estados Unidos. De inmediato vino el deslinde presidencial y una exoneración administrativa exprés por parte del propio gobierno. Ese fue el carpetazo con el que el obradorismo intentó controlar la crisis.

Hay más. El año pasado, los hijos de López Obrador volvieron a aparecer alrededor del caso del huachicol fiscal. Se filtró a los medios la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. En ese expediente aparecen los nombres de Andy y Bobby López Beltrán, no como imputados formales, pero sí como referencias dentro de la investigación. Andy es mencionado como protagonista de tensiones internas y disputas dentro del gobierno por el control del negocio del huachicol. También se alude a una supuesta reunión, a finales de 2021, que Bobby habría sostenido con diversos personajes ligados a la trama delictiva, entre ellos los sobrinos del entonces secretario de Marina y presuntos líderes del grupo criminal dedicado al tráfico ilegal de combustibles desde las aduanas.

A todo ello se suma el inventario de lujos y excesos que desmoronó el discurso de la austeridad republicana y la pobreza franciscana del obradorato. No es ilegal viajar ni consumir marcas, pero sí es políticamente demoledor hacerlo mientras se predica la justa medianía. En julio de 2025, Andy López Beltrán fue exhibido en Tokio hospedándose en hoteles de lujo y realizando compras de alta gama, incluso de costosas obras de arte. Posteriormente circularon reportes sobre elevados gastos en consumos y cenas que llevaron el tema a la prensa internacional. En diciembre de ese mismo año, José Ramón fue captado en Houston saliendo de Loro Piana, una de las marcas más lujosas del mundo. Estos son solo los episodios más recientes: el historial incluye viajes a Aspen, recorridos por Europa, residencias ostentosas y la boda de Bobby en un exclusivo complejo turístico de la Riviera Maya. Jamás han podido explicar con claridad el origen de su fortuna ni se les conoce una trayectoria profesional productiva previa a la llegada de su padre a la Presidencia.

Sheinbaum tiene razón, no hay nada qué investigar. Excepto una red de influyentismo documentada, audios con nombres y negocios, riesgos técnicos que se materializaron en muertes, coincidencias en contratos públicos millonarios, referencias en un expediente sobre crimen organizado y un estilo de vida incompatible con ingresos conocidos.

En una auténtica democracia, nadie está por encima del escrutinio público, ni siquiera los hijos del expresidente o del mentor político de la Presidenta. El poder no hereda impunidad. Y quien se ofende ante la palabra “investigar” no defiende a una familia: defiende un privilegio y exhibe su miedo.

Saab no fue un empresario que “hizo negocios” con la dictadura y luego se volvió funcionario. Fue el operador financiero del poder. Convirtió las sanciones en oportunidades y el lavado de dinero en modelo de negocio. Mientras Venezuela se vaciaba, él viajaba, firmaba, facturaba y cobraba.

Estados Unidos lo acusó de lavar cientos de millones de dólares para el chavismo. No por ideología, sino por método: intermediación internacional, sociedades de papel y países dispuestos, por acción u omisión, a servir de plataforma. Ahí aparece México. No como espectador, sino como pieza operativa.

La relación de Saab con México no es rumor. Está documentada en sanciones oficiales e investigaciones periodísticas. El primer gran capítulo fue el negocio de las cajas CLAP, el programa con el que el régimen decía combatir el hambre mientras financiaba su supervivencia. Para ese esquema se montó una red de empresas, entre ellas Group Grand Limited, registrada en México. No en un paraíso fiscal: en México. Desde aquí se articularon compras, exportaciones y contratos millonarios de alimentos enviados a Venezuela.

Luego vino el petróleo. En 2020, Estados Unidos sancionó a empresas con sede en México por operar esquemas de “petróleo por alimentos” que ayudaron al régimen a evadir sanciones y a darle oxígeno financiero a PDVSA. Otra vez, México como nodo: empresas constituidas aquí, operaciones desde aquí, beneficios para Caracas.

El caso alcanzó a instituciones mexicanas y exhibió algo más grave que una omisión: una administración política del escándalo. Hubo denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, congelamientos y litigios, pero el expediente nunca avanzó hacia donde apuntaban los hechos. En lugar de seguir la ruta del dinero y las decisiones de alto nivel del gobierno de López Obrador, la respuesta fragmentó responsabilidades, blindó a la cúpula obradorista y acotó la narrativa a funcionarios de menor rango.

La captura de Maduro abrió además un frente más corrosivo: el narcotráfico. Estados Unidos acusa al régimen de encabezar un esquema de narcoterrorismo, facilitando el tráfico de cocaína con protección estatal. Las imputaciones incluyen vínculos con organizaciones criminales de la región y con cárteles mexicanos, señalados como socios logísticos dentro de una red trasnacional. Durante años fue expediente; hoy es presión política real.

A esto se suma la posición del gobierno mexicano. El gobierno de Claudia Sheinbaum y voceros de Morena no solo guardaron silencio ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Reconocieron como legítimo el “triunfo” electoral de Maduro en 2024, pese a los señalamientos de fraude, condenaron su captura y se alinearon con quienes lo defendieron: Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y Turquía.

Nunca hubo una condena a la represión ni al colapso humanitario. Hubo soberanía selectiva para proteger a un régimen acusado de narcotráfico y crimen organizado. Esa defensa importa porque ocurre mientras México aparece, en los papeles, como plataforma corporativa y comercial de redes ligadas al chavismo. No es neutralidad: es toma de posición.

La caída de Maduro es una detonación de archivos. Sin el blindaje presidencial, lo que antes era denuncia empieza a convertirse en trazabilidad: rutas, empresas, bancos y contratos. Y en esa trazabilidad, México no puede fingir distancia. Aparece en los CLAP, en el petróleo y en el ecosistema criminal que conecta a Venezuela con cárteles mexicanos.

Cuando cae el poder, aparecen los papeles. Y los papeles muestran que México no fue un espectador, sino parte del engranaje. El caso Saab no es pasado: es un archivo abierto que conecta corrupción, negocios y silencio político. Cuando el jefe cae, solo queda el rastro. Y ese rastro conduce, sin rodeos, a México.

Mientras todo eso ocurre, Claudia Sheinbaum repite en cada micrófono que en México no hay censura, que la libertad de expresión es plena y que su gobierno no calla a nadie. El detalle es que nunca entra al fondo de lo que sucede en los estados gobernados por su partido, donde la censura no es relato, es rutina.

En Guerrero, el Tribunal Electoral sancionó al director de Acapulco Trends por supuesta “violencia política” contra la alcaldesa. Multa, disculpas obligatorias y cursos, mientras el trasfondo era obvio: había señalado un quebranto al erario cercano a mil millones de pesos. Después, el Tribunal Federal corrigió y desbarató la acusación, pero la señal ya estaba enviada: primero te doblamos, luego vemos si nos excedimos.

Puebla siguió en la misma ruta. Surgió el “ciberasedio”, un tipo penal tan elástico que abarca desde el acoso real hasta la crítica incómoda al gobierno, con penas de cárcel por “insultar” en redes. Al mismo tiempo, el propio gobernador ha usado la tribuna pública para estigmatizar a comunicadores, lanzar acusaciones desde el micrófono oficial e incluso montar secciones inquisitorias como el “Detector de mentiras” en sus conferencias.

Campeche dejó de simular y fue por todo. Layda Sansores convirtió al medio Tribuna en ejemplo de cómo usar el poder para callar críticas. Cierre del portal, prohibición de ejercer el periodismo y la cereza autoritaria: un censor judicial que revisa de antemano lo que el medio publique sobre el gobierno. Eso es censura previa. Los columnistas dejaron de firmar y el medio dejó de tocar a la gobernadora. No es prudencia, es supervivencia.

El caso “Dato protegido” se volvió emblema de cómo una figura legítima, la violencia política de género, se deformó en mazo contra la crítica. Una ciudadana obligada por el Tribunal Electoral de Sonora a disculparse diariamente durante un mes por un tuit incómodo, recitando un texto dictado por la autoridad. Mientras tanto, los lujos de la legisladora y de su esposo, también diputado, estallan en escándalo. Transparencia hacia abajo, opacidad hacia arriba. País al revés.

Fernández Noroña coronó un año de excesos y bravuconadas con el episodio grotesco de llevar al Senado a un ciudadano a ofrecerle disculpas públicas por increparlo en el aeropuerto. En el pleno, el poder sentado y el ciudadano expiando. Democracia de utilería.

Resalta el caso de Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL. Tras una columna en la que mencionó a Tania Contreras, hoy magistrada en Tamaulipas, el tribunal local ordenó bajar el texto y prohibió nuevas publicaciones sobre ella. Otra vez censura previa contra un periodista por tocar intereses incómodos.

Y el año terminó como empezó. En Veracruz, la detención de Lafita León por incomodar a las autoridades estatales. Y otra vez en Puebla, la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz tras denunciar una audiencia parcial por investigar al poder. Así cierra 2025: periodistas procesados, detenidos, vigilados, mientras los gobiernos insisten en que aquí nadie censura a nadie.

El patrón es claro. La crítica no se prohíbe: se encarece y se llena de riesgos. Se la ahoga con trámites, audiencias, abogados, disculpas, multas y censores con aval judicial. La bala fue sustituida por el expediente. La mordaza se impone con sellos oficiales.

Sí, 2025 fue el año de la censura. Lo viejo es el impulso del poder por callar. Lo nuevo es el disfraz: hacerlo sonriendo, citando la Constitución, hablando de derechos y asegurando, con seriedad, que en México hay plena libertad de expresión.

María Corina Machado no es una figura decorativa ni una moda internacional. Es la principal opositora a la dictadura venezolana, una mujer perseguida por sus ideas, inhabilitada en sus derechos políticos y obligada a vivir en la clandestinidad por negarse a someterse a un régimen autoritario. El Nobel no se le otorgó por casualidad, sino por su resistencia democrática y por una lucha incansable. Y aun así, desde Palacio Nacional, la respuesta fue un evasivo “sin comentarios… México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”, la coartada perfecta cuando la realidad incomoda.

Ese mutismo no es nuevo. El abuso de la doctrina Estrada y del principio de no intervención fue el pretexto favorito del obradorismo durante el sexenio pasado para no condenar el terrorismo ni las violaciones a los derechos humanos en el ámbito internacional. En teoría, estos principios son pilares de la política exterior mexicana. En los hechos, han sido invocados de forma perversa para solapar abusos graves cometidos por regímenes tiránicos políticamente afines.

Desde 2018, la política exterior del gobierno mexicano puede resumirse sin rodeos en una sola frase. No condenaremos nunca la violación a los derechos humanos en ningún país del mundo porque no queremos que mañana nos señalen por las violaciones que cometemos nosotros. Es la misma lógica cínica de Echeverría, reciclada y maquillada de progresismo moral.

Conviene decirlo completo. El artículo 89 constitucional sí establece que la política exterior de México debe regirse por la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Pero el mismo artículo manda al presidente a promover los derechos humanos y a condenar su violación en el ámbito internacional. La Constitución no ordena callar. Ordena actuar con responsabilidad ética.

Lo más revelador es el contraste. Gobiernos de izquierda como el de Lula en Brasil o el de Gabriel Boric en Chile denunciaron el cínico fraude electoral con el que Nicolás Maduro se reeligió en 2024. No son mandatarios conservadores ni alineados a la derecha. Entendieron que, independientemente de la geometría política, la democracia no admite trampas. En cambio, Sheinbaum avaló la elección y legitimó al régimen enviando un representante a la toma de protesta de Maduro.

México decidió acompañar esa farsa. Y al hacerlo, se colocó en una lista latinoamericana muy corta y muy vergonzosa. Cuba, Nicaragua y México. Nada más. El club de los gobiernos que prefirieron cerrar los ojos, validar el fraude y sostener a una dictadura por conveniencia política.

Queda claro que lo que incomoda no es el Nobel, sino lo que representa. Una oposición que no se somete. Una sociedad que resiste. Una dictadura que queda exhibida. Y eso es justo lo que Sheinbaum no quiere ver reflejado. Porque el espejo venezolano devuelve una imagen peligrosa. La del poder que se eterniza, la del adversario convertido en enemigo, la del Estado confundido con el partido.

La pregunta entonces deja de ser diplomática y se vuelve incómoda. ¿Qué le debe México a Maduro? ¿Por qué tanto cuidado, tanta condescendencia, tanto silencio? ¿Será que Sheinbaum ve en los populismos autoritarios latinoamericanos un futuro deseable y no una advertencia?

El Nobel a María Corina Machado no obliga a tomar partido ideológico. Obliga a tomar partido moral. Y cuando un gobierno no se atreve ni siquiera a eso, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en confesión.