cuando se tiene a alguien a quien decírselo»

Gustavo Adolfo Bécquer

La soledad no deseada ya es una epidemia silenciosa que enferma, empobrece y acorta vidas; México no puede seguir mirándola solo como un asunto íntimo, sino como un problema de salud pública y de economía social. Al hablar de soledad, tendemos a pensar en una emoción privada, casi vergonzante, que se resuelve “echándole ganas” o “saliendo más”. Pero cuando esa soledad se cronifica, deja de ser un estado de ánimo para convertirse en un determinante estructural de la salud y del bienestar, con efectos medibles en consultas médicas, recetas, hospitalizaciones, pérdida de productividad y también en la mortalidad prematura.

La experiencia reciente de España es elocuente. En los últimos años se ha documentado que la soledad no deseada incrementa significativamente el riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, enfermedad cardiovascular y muerte temprana. Ese impacto clínico ya se traduce en una factura cuantiosa: se han estimado más de un millón de años de vida ajustados por calidad perdidos cada año por la soledad y un coste total superior al 1% del PIB (Producto Interno Bruto), que suma el gasto sanitario directo (consultas, hospitalizaciones, medicamentos) y las pérdidas de productividad por ausentismo y menor desempeño laboral. Bajo la lógica más fría de la economía de la salud, cada persona atrapada en una soledad crónica es un “doble gasto”: consume más atención médica y, al mismo tiempo, aporta menos al desarrollo económico y comunitario.

Si trasladáramos ese orden de magnitud a México, sin siquiera entrar aún en el detalle fino de nuestras bases de datos, estaríamos hablando de pérdidas anuales del orden de cientos de miles de millones de pesos en servicios de salud, medicamentos y días laborales no trabajados. No se trata de un ejercicio de alarmismo, sino de reconocer que el costo de no hacer nada es extraordinariamente alto. En un sistema sanitario presionado por enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional y las restricciones presupuestales, seguir tratándola como un tema “blando” es, sencillamente, un lujo que no deberíamos permitirnos.

La pregunta, entonces, es: ¿qué sabemos de nuestra propia soledad mexicana? Aunque todavía no contamos con una “estrategia nacional de soledades” como la española, sí tenemos señales claras en nuestros propios datos sobre el bienestar y la salud mental. El Módulo de Bienestar Autorreportado del INEGI ya incluye dimensiones de satisfacción con la vida, ánimo, apoyo social y percepción de soledad, y muestra que quienes reportan sentirse solos con frecuencia también refieren más síntomas depresivos, más ansiedad y menor bienestar subjetivo. Se trata de personas que, aun estando rodeadas de otros, no se sienten sostenidas por una red significativa de apoyo.

Esa vulnerabilidad no se distribuye de manera homogénea. Sabemos que la precariedad laboral, la informalidad, la inseguridad y las ciudades segregadas reducen drásticamente las oportunidades de encuentro y agravan el aislamiento, especialmente entre jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, hogares monoparentales y quienes viven en periferias urbanas o en localidades rurales con servicios escasos. Si a ello sumamos la brecha digital entre personas mayores y el encarecimiento de la vivienda bien ubicada, tenemos el caldo de cultivo perfecto para soledades largas, caras y profundamente injustas. No es casualidad que quienes menos tienen en términos de ingresos o de vivienda también tengan menos en términos de vínculos y de tiempo de calidad con los demás.

Frente a este panorama, España ha optado por dar un giro de 180 grados: abandonar la respuesta fragmentada y construir un verdadero marco estratégico. El Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026–2030 no solo reconoce la soledad como experiencia subjetiva, sino que la sitúa como fenómeno socialmente producido, atravesado por desigualdad, género, territorio y curso de vida. La soledad deja de ser la anécdota de una persona mayor en un departamento frío y pasa a ser un indicador de cómo se organizan nuestras ciudades, nuestros tiempos, nuestros cuidados y nuestros mercados laborales.

Ese marco plantea varios giros que valdría la pena observar desde México. Primero, asumir que la soledad no deseada es una cuestión de justicia social, porque se concentra en quienes tienen menos ingresos, peor vivienda, menor acceso y más discriminación. Segundo, hacerla transversal: no basta con que “la vea” el sector salud; debe estar presente en educación, vivienda, urbanismo, movilidad, empleo, cultura y políticas digitales. Tercero, fortalecer el tejido comunitario como primera línea de prevención, desde los barrios, los municipios y las redes vecinales, y no solo desde las instituciones hospitalarias o de asistencia social. Cuarto, desplegar apoyos relacionales a lo largo del curso de vida, con especial atención a transiciones críticas como la adolescencia, la migración, la jubilación, el desempleo o el duelo. Y quinto, construir un sistema robusto de indicadores e investigación aplicada que mida la soledad, los costes sanitarios y los efectos sobre la productividad para orientar políticas y presupuestos.

La lección central para México es clara: sin datos, la soledad se queda en el terreno del discurso; sin estrategia, se queda en el terreno de la buena voluntad individual. Nuestro país tiene la capacidad institucional para dar el siguiente paso. La soledad no deseada debería ser reconocida explícitamente como un problema de salud pública en los programas sectoriales y en el propio Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica incorporar indicadores de soledad, redes de apoyo y bienestar relacional en las encuestas de salud, de trabajo y de pobreza, con la participación coordinada del INEGI, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Solo con esa información podremos estimar con rigor cuánto nos está costando, en vidas y en pesos, seguir sin actuar.

La segunda mirada debe ser territorial y comunitaria. Son los municipios, alcaldías y estados quienes ven de cerca la soledad detrás de una ficha de consulta, de un reporte de violencia familiar, de un abandono escolar o de una visita domiciliaria. Tomar como referencia los ejes españoles —tejido social, detección temprana, apoyos de proximidad e innovación— permitiría construir “comunidades cuidadoras” en nuestros barrios populares, pueblos rurales y colonias periféricas. Hablamos de intervenciones tan sencillas como decisivas: centros de salud que pregunten no solo “¿Qué le duele?” sino también “¿con quién cuenta?”, servicios sociales que mapeen redes de apoyo reales, escuelas que enseñen habilidades socioemocionales y programas de espacio público que prioricen el encuentro intergeneracional por encima del automóvil.

El tercer ángulo, quizá el más decisivo para quienes toman decisiones presupuestales, es el económico. Invertir en la prevención de la soledad no deseada es una política contracíclica en salud: cada peso que evita años de vida perdidos y consultas repetidas ahorra gasto futuro y preserva la capacidad productiva. La evidencia internacional empieza a mostrar que programas de acompañamiento, participación comunitaria y apoyo emocional estructurado pueden reducir el uso de servicios sanitarios y mejorar la calidad de vida a costos muy inferiores a los de la atención hospitalaria evitada. En un país obligado a hacer más con menos en materia de salud, la pregunta no es si podemos permitirnos invertir en combatir la soledad, sino si podemos seguir permitiéndonos no hacerlo.

Porque, al final, hablar de soledad es hablar de la pregunta más básica de cualquier política pública: ¿quién se queda fuera de la historia que contamos como país? Cada persona que vive su soledad como un cuarto oscuro del que no sabe cómo salir también deja de estudiar, de trabajar, de cuidar, de participar en su comunidad. Es una biografía interrumpida y, a la vez, un fracaso colectivo. De nosotros depende decidir si vamos a seguir delegando ese costo en los consultorios, en las salas de urgencias y en las farmacias, o si nos atrevemos a mirarlo de frente como lo que es: un reto estructural que exige una respuesta estructural.

México tiene capital social, comunidad y tradiciones de cuidado mutuo para no resignarse a una “industria de la soledad”. Lo que falta es el siguiente paso político: nombrarla, medirla, presupuestarla y colocarla en el centro de una agenda nacional que entienda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de vínculos, de pertenencia y de sentido compartido. Les avisaré, estimados lectores, de la propuesta que presentaremos ante la Cámara de Diputados para visibilizar la soledad y dar el paso político.

Referencias:

• [1] Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. (2026). Marco estratégico estatal de las soledades 2026-2030. Gobierno de España. Madrid: Gobierno de España. En: https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/derechos-sociales/Marco_Estrategico_Soledades.pdf
• [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025, 25/07/2025). Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE). Últimos resultados. En: https://www.inegi.org.mx/programas/biare/,  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/biare/biare2025_Jul.pdf
• [3] World Health Organization. (2025). From loneliness to social connection: Charting a path to healthier societies. Geneva. En: https://www.who.int/publications/i/item/978240112360
• [4] Clarke, P. (2026). La soledad no deseada dispara el gasto sanitario y eleva el riesgo de patología: En: https://www.consalud.es/politica/administracion/la-soledad-no-deseada-dispara-el-gasto-sanitario-y-eleva-el-riesgo-de-enfermedad-tiene-repercusion-directa-en-la-mortalidad-prematura.html

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

México está en un momento decisivo. O convertimos la innovación en salud en una verdadera política de Estado, o nos quedamos rezagados mientras otros países logran más salud por cada peso que invierten.

De acuerdo con el marco desarrollado por Economist Impact, México se ubica en el grupo de países “Momentum needed”, lo que significa que producimos poca innovación en salud y que, además, lo poco que se genera casi no se integra de forma ordenada al sistema. En contraste, países como Japón y Suiza aparecen como “Trailblazers” porque combinan alta innovación con alta capacidad para incorporarla a sus sistemas. Canadá y Reino Unido figuran como “Value seekers”, es decir, países que quizá no inventan todo, pero que adoptan bien aquello que sirve y logran que llegue a su población.

En la vida diaria, en México, esto se traduce en tres hechos que rayan en lo inaceptable para un país del G20 y resultan difíciles de justificar ante cualquier mexicano informado. Hacemos menos investigación aplicada, menos desarrollo tecnológico y menos modelos de atención innovadores de lo que podríamos. Las innovaciones que sí existen se quedan en “islas” de alta especialización o en el sector privado. Además, todavía no contamos con una estructura sólida que decida, con evidencia, qué innovaciones valen la pena, cómo financiarlas y cómo integrarlas en la práctica cotidiana.

El análisis de Economist Impact insiste en un punto clave. La innovación en salud ya no puede verse como un accesorio, sino como un componente que debe medirse y compararse con la calidad, la equidad o la eficiencia. No basta con contar camas, consultas o recetas. También debemos preguntarnos si el sistema es capaz de probar, adoptar y escalar soluciones que mejoran los resultados sin disparar el gasto.

En este contexto surge una interrogante sobre qué ha hecho este gobierno morenista para mover a México de ese cuadrante de países que “necesitan impulso”. El documento, conocido como “Plan México 2030: retos que demandan pronta solución para fortalecer el desarrollo a través de la salud”, impulsado por la industria farmacéutica innovadora y presentado con el respaldo del gobierno federal, plantea metas ambiciosas. Entre ellas se encuentran la atracción de alrededor de 2 mil millones de dólares anuales en investigación clínica, la modernización de COFEPRIS, la reducción de los tiempos de autorización de protocolos a 40 días y el reconocimiento de la agencia como autoridad reguladora de referencia por la OMS. La apuesta se centra en utilizar la investigación clínica y la modernización regulatoria como motores del desarrollo económico y del acceso temprano a innovaciones terapéuticas.

El Programa Sectorial de Salud 2025–2030 también aporta elementos relevantes. El documento reconoce con honestidad los rezagos en el acceso, la calidad y la infraestructura, y plantea el fortalecimiento de la atención primaria, la modernización del sistema nacional de información en salud y la consolidación del expediente clínico electrónico. Además, propone impulsar redes integradas de servicios y avanzar en la estandarización de protocolos clínicos. Todo esto guarda coherencia con las recomendaciones de Economist Impact, que subrayan la importancia de fortalecer tanto la producción como la integración de innovaciones y de mejorar el uso de datos para un sistema más digital, coordinado y basado en evidencia.

Sobre el papel, el Plan México 2030 y el Programa Sectorial de Salud apuntan en la dirección correcta. Ambos hablan de más investigación, mejor regulación, más datos y procesos digitalizados. Sin embargo, la situación cambia cuando se aplica el principio de “México, sigue el dinero (no la tinta vertida)”. El gasto público en salud se mantiene entre 2,5 y 2,6% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado internacionalmente. El margen para realizar inversiones estratégicas en infraestructura digital, evaluación de tecnologías o investigación traslacional continúa siendo reducido. A la par, el presupuesto de instituciones clave como COFEPRIS enfrenta restricciones, justo en el momento en que se les demanda mayor agilidad, modernización y digitalización. En términos llanos, los planes se parecen al perfil de un país “Trailblazer”, pero la asignación real de recursos sigue describiendo a un país “Momentum needed”.

La federalización del sistema, mediante el IMSS-Bienestar, se presentó como una apuesta para garantizar una atención gratuita y universal a la población sin seguridad social, bajo un modelo más centralizado. Desde la perspectiva de la innovación, la centralización podría convertirse en una oportunidad para estandarizar procesos, datos y decisiones de compra. En la práctica, el esfuerzo se ha concentrado, sobre todo, en la reorganización institucional, sin una agenda explícita de innovación evaluada, acompañada de indicadores y metas claras.

Algo similar ocurre con la agenda de digitalización. El Programa Sectorial menciona la intención de consolidar un expediente clínico único nacional, y varios programas operativos la reflejan. A pesar de ello, la implementación sigue fragmentada entre instituciones y entidades federativas, con sistemas que no siempre se comunican entre sí. Mientras no existan datos interoperables, no será posible evaluar de manera sistemática qué innovaciones funcionan y merecen ser escaladas.

Si aceptamos el diagnóstico que sitúa a México como un país que “necesita impulso” en innovación en salud, la tarea principal no consiste en producir más documentos, sino en modificar la manera en que se deciden las políticas y se asignan los recursos. La verdadera innovación política llegará cuando cada reforma y cada peso se sometan a una pregunta simple. La pregunta es si esa decisión ayuda a cambiar de cuadrante o únicamente maquilla la fotografía del sistema.

A partir de ese criterio, resultan indispensables tres decisiones de fondo. Una primera decisión consiste en reservar una proporción del presupuesto de salud para la innovación evaluada, mediante proyectos seleccionados con criterios claros, medidos y sujetos a ajustes o a la cancelación si no funcionan. Una segunda decisión requiere crear o fortalecer una agencia nacional de evaluación de tecnologías y modelos de atención, con independencia técnica y capacidad real para incidir en lo que se compra y en lo que se cubre con recursos públicos. Una tercera decisión exige una apuesta seria por la infraestructura de información interoperable, de modo que las instituciones se comuniquen entre sí y los datos se utilicen para mejorar la clínica, la gestión y la rendición de cuentas.

Solo al tomar este tipo de decisiones, México podrá abandonar el grupo de países que “necesitan impulso” y empezar a utilizar la innovación para lo que realmente importa. El objetivo final consiste en mejorar la salud de las personas y obtener el máximo beneficio social por cada peso destinado al sector salud.

Referencias:

• [1] From discovery to delivery: examining US health innovation and performance in a global context. En: https://impact.economist.com/projects/US-health-in-focus/whitepaper
• [2] Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida. En: https://www.planmexico.gob.mx/
• [3] AMIIF. Plan México 2030: Retos que demandan una solución pronta para fortalecer el desarrollo a través de la salud. En: https://amiif.org/plan-mexico-2030-retos-que-demandan-pronta-solucion-para-fortalecer-el-desarrollo-a-traves-de-la-salud/
• [4]. Programa Sectorial de Salud 2025-2030. En: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5767240&fecha=04/09/2025#gsc.tab=0

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

Charles Leclerc

La reaparición de la fiebre amarilla en Venezuela y los brotes recientes en América Latina no son un accidente aislado: son una señal temprana de un mundo cada vez más interconectado en sus amenazas sanitarias, ambientales y políticas. Si no cambiamos la forma en que entendemos esa interconexión, seguiremos respondiendo tarde y mal ante enfermedades como la fiebre amarilla, que son prevenibles con una sola vacuna de por vida.

Entre 2025 y principios de 2026, Venezuela confirmó 36 casos de fiebre amarilla con 20 defunciones, la mayoría en adultos jóvenes de 10 a 49 años, y una letalidad superior al 55%, una de las más altas de la región. Barinas concentró un tercio de los casos y siete muertes, en un corredor selvático–agrícola que se extiende hacia Apure, Portuguesa, Guárico, Lara y Táchira, con claras implicaciones transfronterizas. Esos mismos meses, Colombia detectó casos importados de Apure y Amazonas, que sirvieron como “alerta temprana” de una transmisión activa que Venezuela aún no reportaba oficialmente.

En paralelo, el resto de Sudamérica vivía su propia ola: entre enero y abril de 2025 se notificaron 301 casos y 124 muertes de fiebre amarilla en la región, con una letalidad de 41,1%; Bolivia, Brasil, Colombia y Perú concentraron 289 casos y 115 defunciones. La tasa de muertes supera la del gran brote de São Paulo en 2018, que ya había encendido las alarmas por la rapidez de su expansión desde zonas selváticas hacia áreas densamente pobladas con baja tasa de vacunación. Estamos, en otras palabras, ante una enfermedad descrita hace más de un siglo, con una vacuna altamente eficaz, que regresa con patrones más letales y de mayor alcance geográfico.

Los autores del análisis regional muestran que la fiebre amarilla se desenvuelve hoy en un paisaje ecoepidemiológico profundamente distinto al de hace apenas dos décadas. Cuatro elementos se entrelazan: 1) Deforestación y expansión agrícola que rompen bosques continuos, acercan a trabajadores y comunidades a mosquitos silvestres Haemagogus y Sabethes, y empujan a los primates no humanos —nuestros centinelas— a morir más cerca de las personas. 2) Cambio climático que alarga las temporadas lluviosas, modifica las temperaturas y aumenta la abundancia de vectores en zonas antes poco afectadas, incluidas las áreas periurbanas. 3) Migración y fronteras porosas que permiten que un brote “silencioso” en un estado venezolano se manifieste primero como caso importado en un hospital colombiano. 4) Debilidad institucional y conflictos que dificultan el acceso con vacunas, vigilancia entomológica y equipos de salud a territorios controlados por el crimen organizado o por grupos armados.

El resultado es un ciclo casi perfecto para la reemergencia: retrasos en la notificación, baja cobertura de vacunación en la población adulta rural, laboratorios saturados y sistemas de información incapaces de captar los casos leves. No sorprende que la letalidad aparente supere el 40% en varios países; probablemente estamos viendo la punta de un iceberg de subregistro.

La fiebre amarilla es solo un caso concreto dentro de una tendencia más amplia que la ciencia ya documenta: el entrelazamiento entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el auge de las enfermedades infecciosas. La fragmentación de hábitats y la desaparición de especies no son únicamente tragedias ecológicas; alteran las redes tróficas, cambian los patrones de contacto entre humanos, animales y vectores, y abren la puerta a “nuevas” epidemias o al retorno de viejas.

El calentamiento global modifica los rangos de distribución de los mosquitos y sus reservorios, empujando los patógenos hacia altitudes y latitudes donde las poblaciones carecen de inmunidad y de infraestructura sanitaria. Las mismas carreteras que abren paso a la tala ilegal y a la minería informal sirven de corredor para que trabajadores no vacunados lleven virus desde el corazón de la selva hasta las periferias urbanas precarias. Conflictos, inestabilidad política y crisis humanitarias, como las vividas en Venezuela y otras regiones, debilitan los programas de vacunación sistemática y las redes de vigilancia, creando “zonas ciegas” donde los brotes pueden crecer sin ser detectados.

La evidencia es clara: tratar el cambio climático, la biodiversidad y las enfermedades como agendas separadas nos condena a políticas fragmentadas y poco efectivas. Los enfoques de One Health y de salud planetaria, que recomiendan articular la salud humana, animal y ambiental, dejan de ser un discurso académico para convertirse en un requisito mínimo de seguridad sanitaria.

Para México, y para países que se perciben “lejos” del Amazonas, la lección de la fiebre amarilla venezolana debe alertarnos ya. Compartimos vectores competentes, ecosistemas fragmentados, cinturones de pobreza urbana y flujos migratorios intensos; la distancia geográfica no es una barrera sólida frente a virus transmitidos por mosquitos y movilizados por personas. El riesgo no se limita a la fiebre amarilla: dengue, zika, chikunguña y otras arbovirosis responden a los mismos motores ambientales y sociales.

Esto obliga a replantear al menos tres dimensiones de la política pública: 1) La vacunación contra la fiebre amarilla y otras enfermedades emergentes ya no puede planificarse únicamente con mapas estáticos de “zonas endémicas”, sino con modelos dinámicos que integren el clima, los cambios en el uso del suelo, la movilidad humana y los datos de fauna silvestre. 2) La política ambiental —bosques, agua, territorio indígena, minería— es, simultáneamente, política de salud pública y de seguridad nacional. Destruir manglares, selvas o humedales es debilitar las barreras naturales que frenan la emergencia de patógenos. 3) La transparencia en la notificación de brotes y la cooperación regional deben prevalecer sobre las tentaciones de ocultar cifras por cálculo político; cada semana de retraso aumentó la letalidad y la dispersión del brote venezolano.

Estimados lectores, no se trata de sembrar pánico, sino de reconocer que vivimos en un ecosistema compartido donde el incendio sanitario en un país vecino terminará, tarde o temprano, tocando nuestras puertas.

Al lector le puede parecer que estos escenarios pertenecen a un futuro abstracto o a geografías lejanas. Sin embargo, hay historias concretas dignas de visibilizar: agricultores que no recibieron una vacuna disponible desde hace décadas, comunidades que ven morir a sus monos aulladores sin comprender que son el aviso de un virus que se aproxima, madres que llegan tarde a un hospital saturado. A ellos les debemos algo más que discursos técnicos; les debemos políticas que se anticipen en lugar de reaccionar.

Eso implica invertir en ciencia que integre datos de salud, clima y biodiversidad, fortalecer los sistemas de vigilancia con participación comunitaria y reconocer el conocimiento local e indígena como aliado en la detección temprana. Supone, también, una conversación honesta sobre los costos reales de seguir degradando ecosistemas a cambio de ganancias económicas de corto plazo.

La fiebre amarilla nos recuerda que el siglo XXI no será solo el de la inteligencia artificial o la exploración espacial, sino también el de la disputa silenciosa entre sociedades que aprendan a leer las señales del planeta y actuar en consecuencia, y aquellas que sigan viendo cada brote como un “hecho aislado”. La pregunta que esta columna puede ayudar a plantear en la discusión pública es sencilla, pero urgente: ¿de qué lado queremos estar?

Referencias:

[1] Pfenning-Butterworth, A., Buckley, L. B., Drake, J. M., Farner, J. E., Farrell, M. J., Gehman, A. M., . . . Davies, T. J. (2024). Interconnecting global threats: climate change, biodiversity loss, and infectious diseases. Lancet Planet Health, 8(4), e270–e283. doi:10.1016/S2542-5196(24)00021-4

[2] Rodriguez-Morales, A. J., Navarro, J.-C., Forero-Peña, D. A., & Romero-Alvarez, D. (2026). Reemergence of yellow fever in Venezuela, 2025/2026. New Microbes and New Infections, 70, 101737. doi:https://doi.org/10.1016/j.nmni.2026.101737

[3] Ortiz-Prado, E., Prieto-Marin, J. G., Izquierdo-Condoy, J. S., Vasconez-Gonzalez, J., Villamil-Parra, W. A., Viscor, G., . . . Villalobos-Madriz, J. A. (2026). Yellow fever in Latin America and the escalating risks in a changing eco-epidemiological landscape: a review. The Lancet Regional Health – Americas, 56. doi:10.1016/j.lana.2026.101431

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

que comprar un equipo de radioterapia»

Hay una paradoja cruel en la salud pública mexicana que merece nombrarse sin eufemismos: resulta políticamente más sencillo reformar una ley que dotarla de contenido real. El cáncer —tercera causa de muerte en el país, con cerca de 91 562 fallecimientos anuales según el INEGI— es el ejemplo más doloroso de esta distancia sideral entre el derecho escrito y el derecho vivido.

Cuando el Congreso modifica la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de enero de 2026, para «atender» el cáncer, el acto genera titulares, ruedas de prensa y la sensación de que algo cambió. Pero en los pasillos del Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga» —el más emblemático del sector público en el país—, los pacientes oncológicos llevan más de tres años sin acceso a la radioterapia en sus propias instalaciones. Tres años. Antes de su cierre, el hospital contaba con tres aceleradores lineales capaces de administrar cerca de 180 sesiones diarias, además de un servicio de braquiterapia orientado al cáncer cervicouterino. Hoy, esa capacidad está paralizada. Esto equivale a practicar oncología como se hacía antes de 1917, cuando tales equipos ni siquiera existían. La ironía histórica duele especialmente en un establecimiento que lleva en su nombre el apellido de la modernidad institucional.

El caso más reciente de este surrealismo sanitario ocurrió apenas ayer, con la apertura del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”. Ahí se anunció, con razón, que el gran objetivo es acortar los tiempos entre el diagnóstico y el tratamiento, y la presidenta aseguró que en 30 días iniciará la atención. Pero hay un detalle que desnuda la fragilidad del discurso: desde que se presentó el proyecto, las propias autoridades explicaron que la nueva unidad contaría con prácticamente todos los servicios, excepto la radioterapia. Abrir un hospital oncológico sin sala de radioterapia es como inaugurar un aeropuerto sin pista: puede haber edificio, ventanillas y discursos, pero falta una pieza esencial para cumplir la promesa.

El diagnóstico que nadie quiere leer

El primer censo nacional de radioterapia en México, publicado en Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, ofrece cifras que deberían avergonzar a cualquier gobierno: el país tenía apenas 1.19 aceleradores lineales por millón de habitantes, la densidad más baja entre los miembros de la OCDE. Estados Unidos dispone de 11.5 equipos por millón; Canadá, 3.0; Polonia, 4.5. Solo la Ciudad de México alcanza el umbral mínimo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de 4 equipos por millón; en once estados hay un único centro de radioterapia, y en Tlaxcala no hay ninguno.

La situación no es exclusiva de México. Elbanna y colaboradores, en un análisis publicado en The Lancet Oncology con datos del OIEA, documentan que América Latina y el Caribe enfrentan un déficit actual de al menos 668 unidades de megavoltaje. Para 2030, esa brecha se duplicará: se necesitarán 2,455 unidades adicionales. La cobertura regional promedio es de apenas 63%, con una mediana de 0.8 equipos por cada 1,000 casos de cáncer. La región trata a sus pacientes con herramientas del siglo pasado, mientras el cáncer avanza a toda velocidad en el presente.

La inmunohistoquímica: el diagnóstico que no llega

Antes siquiera de llegar a la radioterapia, existe otra barrera que casi nunca aparece en los debates legislativos: la inmunohistoquímica. Esta técnica —hoy estándar de oro en oncología— permite identificar los subtipos moleculares de un tumor: receptores hormonales, HER2, marcadores de proliferación. Con ella se define el tratamiento más eficaz y personalizado; sin ella, el oncólogo trabaja en la oscuridad, prescribiendo quimioterapia de amplio espectro cuando debería ir la terapia dirigida, o al revés.

En casi todo el sector público mexicano, la inmunohistoquímica es una rareza o una espera de semanas. Para una paciente con cáncer de mama en estadio localmente avanzado, ese tiempo no es burocrático: es biológico. El tumor no espera la firma del contrato de adquisición ni el proceso de licitación.

La ley y la realidad

La radioterapia no es una opción secundaria ni un lujo tecnológico: forma parte del tratamiento estándar en más del 50% de los pacientes con cáncer. Reformar la ley para garantizar una atención oncológica integral es un paso necesario, pero absolutamente insuficiente si no viene acompañado de una inversión real, sostenida y verificable. El artículo 4° constitucional no puede cumplirse con decretos, sino con aceleradores lineales funcionando, con laboratorios de inmunohistoquímica en cada hospital de segundo y tercer nivel, y con oncólogos radioterapeutas en número adecuado a la carga de enfermedad del país.

Las señales de alarma están documentadas en revistas internacionales indexadas. Los números están publicados. Los pacientes esperan en filas reales, en ciudades reales, con tumores que no conocen de dilaciones institucionales. La pregunta que queda sobre la mesa no es si México tiene leyes de protección para el paciente oncológico. Las tiene. La pregunta es si existe voluntad política y presupuestal para honrarlas. ¿Usted qué piensa, estimado lector?

Referencias:

[1] Elbanna, M., Pynda, Y., Kalinchuk, O., Rosa, A., & Abdel-Wahab, M. (2023). Radiotherapy resources in Latin America and the Caribbean: a review of current and projected needs based on International Atomic Energy Agency data. Lancet Oncol, 24(9), e376–e384. doi:10.1016/s1470-2045(23)00299-1

[2] Maldonado Magos, F., Lozano Ruiz, F. J., Pérez Álvarez, S. I., Garay Villar, O., Cárdenas Pérez, C., Bautista Hernández, M. Y., & Núñez Guardado, G. (2020). Radiation oncology in Mexico: Current status according to Mexico’s Radiation Oncology Certification Board. Rep Pract Oncol Radiother, 25(5), 840–845. doi:10.1016/j.rpor.2020.06.002

[3] INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_DMvsCancer25.pdf

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

los tres tipos de diabetes «

La sentencia de amparo sobre diabetes es un parteaguas: por primera vez el Poder Judicial ordena, con plazo perentorio, que el Ejecutivo cumpla el mandato de la Ley General de Salud y adecúe la NOM‑015 para diferenciar claramente la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional.

El 6 de febrero de 2026, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo 1408/2025, promovido por la madre de una niña con diabetes, frente a la omisión de las autoridades federales de modificar la Norma Oficial Mexicana NOM‑015‑SSA2‑2010 para incorporar una diferenciación detallada entre diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. El acto reclamado no es menor: se trata de años de inactividad regulatoria frente a un mandato legal expreso, que impacta directamente el derecho a la protección de la salud de miles de personas que viven con diabetes en México.

El juez fue claro al precisar que la omisión existe: la NOM sigue sin adecuarse, pese a que el artículo 159 Bis de la Ley General de Salud, publicado en mayo de 2023, ordenó a las autoridades sanitarias diferenciar el diagnóstico y la atención de los tipos de diabetes y mandó actualizar la Norma en un plazo máximo de 180 días. Ese plazo se incumplió; el tiempo pasó, la diabetes siguió avanzando, pero la regulación quedó anclada en un enfoque general que invisibiliza la especificidad de cada tipo de diabetes.

El artículo 159 Bis de la Ley General de Salud es categórico: obliga a las autoridades a diferenciar el diagnóstico y la atención, al menos, en tres categorías: diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, y establece que la Norma Oficial Mexicana en la materia debe reflejar esa clasificación. El segundo transitorio del decreto otorgó a la Secretaría de Salud 180 días para realizar las modificaciones normativas y administrativas necesarias, incluida la NOM‑015.

Sin embargo, la modificación de la Norma se fue postergando en el laberinto institucional del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. El propio Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2025 reconoce que la modificación de la NOM‑015 es una prioridad, pero la fija con una fecha estimada de inicio y de terminación de enero a diciembre de 2026, muy por fuera del plazo de 180 días establecido por la Ley General de Salud. Es decir: mientras la ley hablaba en meses, la administración respondió en años.

La sentencia recoge uno de los argumentos centrales del amparo: el texto vigente de la NOM‑015 mantiene un enfoque generalizado y no establece lineamientos específicos para el diagnóstico, la atención y el seguimiento diferenciados por tipo de diabetes. Esto no es un tecnicismo: cuando la norma no distingue, la práctica clínica se vuelve desigual y, con frecuencia, inadecuada.

Para una niña con diabetes tipo 1, ser tratada bajo un marco normativo que no reconoce su condición específica implica un mayor riesgo de errores diagnósticos, ajustes incorrectos de insulina, retrasos en el acceso a tecnología médica y una vigilancia insuficiente de complicaciones agudas y crónicas. Para las mujeres con diabetes gestacional, la falta de criterios claros en la normativa se traduce en detección tardía, controles inconstantes y un mayor riesgo tanto para la madre como para el bebé. Y para millones de personas con diabetes tipo 2, seguir bajo lineamientos mínimos, poco actualizados y no diferenciados implica perpetuar un modelo de atención que llega tarde y mal.

Tras analizar los informes de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y de los órganos de normalización, el juzgado concluyó que, aunque existen “trabajos” y “mesas” para modificar la NOM‑015, el hecho jurídico relevante es que la norma sigue sin ajustarse a lo que ordena el artículo 159 Bis. La consecuencia es directa: se vulnera el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución y se genera incertidumbre regulatoria contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica y buena administración.

Por ello, la sentencia concede el amparo y ordena a todas las autoridades responsables —Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, su Consejo Técnico y su Secretariado Ejecutivo; Secretaría de Salud; Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública; y Secretaría de Economía— concluir las acciones necesarias para adecuar la NOM‑015, en un plazo máximo de tres meses a partir de que la resolución quede firme. No se trata de “iniciar” el proceso, sino de terminarlo: reuniones, estudios y proyectos deben culminar en una Norma oficial que, por fin, reconozca expresamente los tres tipos de diabetes y establezca mínimos de calidad obligatorios para su atención.

La sentencia llegará a manos de las autoridades con una ventana procesal clara: tienen diez días, contados desde la notificación, para interponer recurso de revisión; ese plazo concluye el 26 de febrero. La ruta jurídica es conocida, pero la pregunta política y ética es otra: ¿apostar por alargar el litigio o asumir el llamado de la justicia federal como una oportunidad para corregir el rumbo y acatar, sin dilaciones, lo que la Ley ya ordenó?

El mensaje del Poder Judicial al Ejecutivo es nítido: la omisión en materia de normas oficiales también viola derechos humanos. La falta de una NOM actualizada no es un vacío neutro: se traduce en atenciones fragmentadas, en desigualdad entre quien logra acceder a un tratamiento integral y quien queda atrapado en esquemas mínimos, y en complicaciones que podrían haberse prevenido con lineamientos claros, medibles y obligatorios.

Detrás de esta sentencia no solo hay expedientes, artículos y transitorios; hay historias de vida que se juegan entre una hipoglucemia mal manejada y una cetoacidosis que pudo haberse evitado. Hay madres que, solas, aprenden a distinguir la diabetes tipo 1 de la tipo 2 porque el sistema de salud no siempre lo hace a tiempo. Hay mujeres embarazadas que reciben mensajes confusos sobre la diabetes gestacional, y que enfrentan la incertidumbre de no saber si su atención cumple, o no, con estándares mínimos de calidad.

Actualizar la NOM‑015 para diferenciar claramente la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional no resolverá por sí sola la crisis de la diabetes en México, pero sí establecerá un piso común de obligaciones técnicas y éticas para el sistema de salud. Ese piso es indispensable para ordenar la capacitación del personal, la adquisición de insumos, la evaluación de servicios y, sobre todo, para que las personas con diabetes puedan exigir, con fundamento, una atención digna, oportuna y acorde con su condición específica.

El amparo 1408/2025 abre una puerta que no deberíamos cerrar: la de usar el derecho como herramienta para exigir mejores estándares de atención en enfermedades crónicas de alto impacto, como la diabetes. Desde el Congreso, la academia y las organizaciones de pacientes, toca ahora vigilar que el mandato judicial se cumpla en tiempo y forma y que la nueva versión de la NOM‑015 no sea solo un cambio de redacción, sino una verdadera actualización clínica y operativa a la altura de la evidencia científica.

No es casualidad que el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad reconozca la diabetes como una de las principales causas de años vividos con discapacidad y vincule la mejora de sus controles con la reducción de costos directos e indirectos para las familias y el sistema de salud. Una norma que diferencie con claridad los tipos de diabetes, sus criterios diagnósticos, sus esquemas terapéuticos y sus estándares de seguimiento es, también, una política económica inteligente: previene complicaciones costosas y evita que la pobreza sea la comorbilidad silenciosa de cada nuevo diagnóstico.

En un país donde la diabetes ya no es una advertencia, sino una realidad cotidiana, este amparo recuerda algo esencial: el Estado no solo debe garantizar medicamentos y consultas, sino también reglas claras, basadas en evidencia, que aseguren mínimos de calidad para todas las personas, sin importar si viven con diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional. Hoy, la justicia ha hablado; corresponde al Ejecutivo escuchar, y al resto de la sociedad no dejar que este precedente se diluya en el archivo muerto de las oportunidades perdidas. Convoco desde esta columna al Dr. David Kershenovich, Secretario de Salud y demás autoridades, a cumplir con la Ley y no a prolongar un litigio que afecta a millones de mexicanos

Referencias:

[1] 2026. Poder Judicial de la Federación. Juicio de Amparo 1408/2025. Sentencia Pública del 8 de febrero del 2026

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

William Gibson

Cuando hablo de salud digital, no lo hago desde la moda tecnológica, sino desde la convicción profunda de que puede ser una de las herramientas más poderosas para cerrar la brecha histórica en el acceso efectivo al derecho a la salud en México.

Durante años, nuestro sistema de salud ha estado marcado por la fragmentación: expedientes en papel, información que no viaja con el paciente, especialistas concentrados en las grandes ciudades y millones de personas obligadas a desplazarse largas distancias para recibir atención básica. La salud digital —la telemedicina, la teleconsulta, la receta electrónica, los registros clínicos interoperables— no son un lujo; son una respuesta concreta a esa realidad.

Desde la perspectiva legislativa, puedo decir con claridad que México sí ha avanzado. La reforma a la Ley General de Salud publicada el pasado 15 de enero marca un antes y un después. Por primera vez, la salud digital deja de ser una referencia dispersa y se convierte en una materia expresa de la Ley. Se asigna rectoría a la Secretaría de Salud, se obliga a las instituciones del Sistema Nacional de Salud a desarrollar capacidades digitales y se reconoce la necesidad de proteger los datos personales de salud con estándares más altos.

Este avance no ocurrió de manera espontánea ni aislada. Es el resultado de años de trabajo acumulado -de iniciativas legislativas presentadas por quien esto escribe y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 2021 a 2025 sobre una Ley de Salud Digital hasta la modificación de la Ley General de Salud para insertar un capítulo de Salud Digital presentado por el Ejecutivo Federal en septiembre de 2025- de diálogo técnico, de evidencia, y, muy importante de la participación activa de la sociedad civil, la academia y el sector privado.

Quiero detenerme aquí para expresar un reconocimiento muy especial a la Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (FUNSALUD) que desde 2020, cuando comenzamos a discutir la posibilidad de una Ley de Salud Digital, su acompañamiento ha sido constante, serio y técnicamente sólido. El papel de Funsalud como articulador de Transform Health México y sus documentos de posición, sus análisis comparados, su capacidad de articular actores nacionales e internacionales, han sido insumos reales para el trabajo legislativo. No fueron observadores: fueron aliados.

Gracias a ese esfuerzo colectivo, hoy hablamos con mayor claridad de temas que antes eran casi invisibles en el debate público: la gobernanza de datos en salud, el consentimiento informado digital, la ciberseguridad, el uso secundario de datos para investigación y salud pública, la interoperabilidad de sistemas y la ética en el uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, también soy muy claro: el avance normativo no es suficiente por sí solo. Tenemos un marco legal más moderno, sí, pero su implementación enfrenta un reto estructural enorme: el presupuesto. Con un gasto público en salud equivalente al 2.6% del PIB, uno de los más bajos del continente, el riesgo es que las reformas queden en el papel si no se traducen en inversión sostenida, especialmente en los estados y municipios con mayores rezagos.

Por eso, el siguiente paso es clave. Necesitamos vigilar la reglamentación, exigir informes periódicos, definir indicadores claros de impacto y vincular el despliegue de la salud digital con metas concretas de reducción de desigualdades territoriales y sociales. La tecnología debe llegar primero a donde históricamente no ha llegado el Estado.

En ese camino, estoy convencido de que Transform Health Mexico y FUNSALUD deben seguir acompañándonos. Su papel ahora es incluso más relevante: generar evidencia de resultados, ayudar a evaluar la ley ex post, fortalecer capacidades locales y asegurar que la agenda de salud digital esté alineada con las prioridades reales de las comunidades mexicanas.

La salud digital no es un fin en sí mismo. Es un medio para algo mucho más grande: que nacer en una comunidad rural, en una zona marginada o lejos de un hospital de alta especialidad no determine tus posibilidades de vivir con salud y dignidad.

Esa es la causa que me mueve, y en la que seguiremos trabajando, juntos.

Referencias:

• [1] Ley General de Salud en materia de Salud Digital. 15 de enero 2026: https://bit.ly/49Udk3l
• [2] Iniciativa de Ley de Salud Digital GPPAN: https://bit.ly/3ZcHtog
• [3] Dictamen de Declaratoria reforma LGS. Antecedentes págs. 3-14: https://bit.ly/4tdcWo3
• [3] Funsalud, ejes estratégicos: https://bit.ly/4qdEarQ
• [4] Transform Health Mexico. National Panorama of Digital Health in Mexico 2025: https://bit.ly/3NUgLOM
• [5] Transform Health Mexico, Guide of Digital Transformation and Interoperability in Health in Mexico. 2025: https://bit.ly/4asC0ju

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y Presidente del Capítulo América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

A medida que 2025 se despide, el balance de la salud global es incómodo: menos cooperación multilateral, más gasto militar, más tensiones geopolíticas y menos consenso alrededor de la idea básica de que la salud es seguridad. En ese contexto, la red parlamentaria UNITE insiste en un mensaje que debería importarle a cualquier hacedor de política económica: invertir en salud no es un gesto filantrópico, es una decisión estratégica para la estabilidad y la paz.

2025 ha sido un año difícil, pero no perdido. El mensaje de fin de año de Guilherme Duarte, director ejecutivo de UNITE, parte de esa tensión entre retroceso y avances. Señala cómo 2025 estuvo marcado por la presión presupuestal sobre los sistemas de salud y el desplazamiento de recursos desde la cooperación internacional hacia la defensa, justo cuando la pandemia dejó claro que la siguiente crisis sanitaria puede desbordar fronteras y mercados en cuestión de semanas.

Aun así, hubo hitos históricos: la aprobación del nuevo Acuerdo Pandémico de la OMS, en cuya negociación UNITE participó como actor relevante, la reposición del Fondo Mundial por 11.34 mil millones de dólares para VIH, tuberculosis y malaria, y una nueva Declaración de la ONU sobre enfermedades no transmisibles y salud mental. Son recordatorios de que, incluso en un mundo fragmentado, todavía existe una mayoría de países dispuesta a defender una visión compartida de la salud como bien público global.

La renovación del Consejo Global de UNITE también envía una señal política: se mantiene una representación equilibrada por regiones, incluyendo la silla para América Latina y el Caribe presidida para el periodo 2026-7 por este escribidor, y se refuerza la presencia de voces de Europa, África, Asia, Norteamérica y Medio Oriente. En un momento de repliegue multilateral, ver a parlamentarios de Angola, Egipto, México, Zimbabue, Canadá, India, Portugal o Filipinas compartir una mesa de decisiones en salud es un contrapeso valioso al nacionalismo sanitario.

Manila no es una elección simbólica: Asia es hoy epicentro de crecimiento económico, innovación tecnológica y nuevas formas de cooperación Sur‑Sur en salud. La capital filipina, descrita por UNITE como un cruce de culturas, sociedad civil vibrante y fuerte institucionalidad financiera y de gobernanza, ofrecerá el marco para discutir desde sistemas de salud sostenibles hasta el papel de los bancos de desarrollo en el financiamiento sanitario.

Un laboratorio político para la próxima década será el formato del Summit 2026 que va más allá del congreso tradicional, habrá investigaciones parlamentarias guiadas por expertos, talleres de política para redactar lineamientos legislativos concretos y mesas redondas interregionales donde cada bloque del mundo discuta los mismos problemas desde realidades distintas. Se suman espacios innovadores como el “Salu‑Salo Exchange”, diálogos informales inspirados en la idea filipina de intercambio abierto y horizontal, pensados para que las buenas ideas no se queden en discursos, sino en redes de colaboración.

La agenda temática anticipada es un mapa de los riesgos que marcarán la economía política de la salud: inteligencia artificial y salud digital, resistencia antimicrobiana, género y salud, así como el cruce entre crisis climática y vulnerabilidad sanitaria. Todo ello con la presencia de alrededor de 100 parlamentarios, expertos, agencias multilaterales, banca de desarrollo, sociedad civil y sector privado, convocados bajo reglas de Chatham House para permitir conversaciones francas, lejos del micrófono pero cerca de la toma de decisiones.

Guilherme Duarte cierra con un reconocimiento explícito al papel de los parlamentos en el mundo, defender derechos humanos, proteger el acceso a la atención médica y asegurar que los más vulnerables no queden atrás. En un mundo donde el consenso global se resquebraja, la apuesta es que el liderazgo parlamentario –más cercano a la ciudadanía y a los presupuestos– puede ser el punto de apoyo para una nueva ola de inversión en salud.

Para países como México, el mensaje es especialmente pertinente, la discusión sobre gasto público no puede seguir separando “salud” de “economía”. La pregunta para 2026 no es si podemos darnos el lujo de invertir más en salud, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo. El Summit de Manila será, en buena medida, un termómetro de si existe la valentía política para cerrar esa brecha. Extiendo la invitación a todas y todos los parlamentarios del país para acudir a Manila y coadyuvar a la Salud Global del País, la región y el Mundo.

Estimados lectores, hago propicia la ocasión para desearles un feliz, próspero y, sobre todo !Saludable 2026!.

Bibliografía:

[1] https://www.unitenetwork.org/

[2] https://www.unitenetwork.org/the-unite-global-summit/

[3] https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.

a reaccionar cuando es demasiado tarde»

Paul Ehrlich

La Secretaría de Salud de Chiapas el pasado 18 de diciembre acaba de emitir un oficio que debería encender todas las alarmas sanitarias del país. Con 45 casos confirmados de sarampión en apenas 24 horas y 64 acumulados en la entidad, las autoridades estatales «exhortan» a los 124 municipios chiapanecos a suspender eventos masivos durante la temporada invernal. La medida, que abarca del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, incluye la cancelación de posadas, ferias, desfiles y celebraciones religiosas—justo en la época de mayor convivencia social del año.

Pero más allá del impacto inmediato en la vida comunitaria y la economía local, este oficio revela una crisis sistémica que México arrastra desde hace casi dos décadas: la incapacidad del Estado para garantizar coberturas de vacunación que protejan a su población de enfermedades completamente prevenibles.

Los números que delatan el fracaso. A nivel nacional, la situación es alarmante. Al 19 de diciembre de 2025, México acumula 5,860 casos confirmados de sarampión y 24 defunciones. El país se ha convertido en el líder regional del brote, superando a Canadá (5,298 casos) y Estados Unidos (1,958 casos). De los 13,399 casos reportados en todo el continente americano, México representa el 40.8%.

La distribución geográfica es preocupante: 29 estados y 196 municipios presentan casos confirmados. Chihuahua encabeza la lista con 4,473 casos y una tasa de incidencia de 113 por cada 100,000 habitantes, seguido de Jalisco con 462 casos. Pero Chiapas, con su reciente explosión de 45 casos en un día, demuestra que el virus circula activamente en regiones donde las poblaciones indígenas y rurales tienen acceso limitado a servicios de salud como San Cristobal, Tuxtla Gutiérrez, Chamula y Comitán por citar algunos referidos por el Dr. Omar Gómez Cruz, Secretario de Salud de Chiapas.

El grupo más vulnerable es el de niños de 0 a 4 años, que concentra 1,502 casos y presenta la mayor tasa de incidencia: 14.44 por cada 100,000 habitantes. Y aquí está el dato demoledor: el 97% de los afectados no estaban vacunados.

Un año de campaña, una década de rezago. Las autoridades federales han repetido que desde febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso en Chihuahua, México desplegó una respuesta «histórica»: más de 8.8 millones de dosis aplicadas hasta octubre, adquisición de 96 millones de biológicos con una inversión superior a $15,000 millones de pesos, y la ampliación de la vacunación hasta los 49 años de edad.

Sin embargo, tras casi un año de campaña intensiva, la cobertura nacional apenas alcanza el 81-87%, muy por debajo del 95% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen como mínimo indispensable para lograr inmunidad de rebaño.

Regreso de nuevo a Chiapas estimados lectores con el lenguaje ambiguo del «exhorto» . El oficio circular IS/DSP/APS/01783/2025 firmado por el Dr. Omar Gómez Cruz, Secretario de Salud de Chiapas, emplea el término «exhorto» para solicitar a las autoridades municipales la suspensión de eventos masivos. En el lenguaje común, exhortar significa pedir o solicitar. En el derecho procesal, un exhorto es una solicitud formal entre jueces de igual jerarquía para practicar diligencias fuera de su jurisdicción. Pero cuando una autoridad sanitaria estatal se dirige a autoridades municipales en materia de salubridad general, que es competencia federal y estatal compartida según la Ley General de Salud (Art. 3, fracción XVII), no debería «exhortar», debería ordenar.

El artículo 4 de la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias incluyen al Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud federal y los gobiernos de las entidades federativas. El artículo 134 específicamente lista al sarampión entre las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica obligatoria. Y el artículo 135 faculta a la Secretaría de Salud para elaborar «programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles».

El artículo 140 es aún más claro: «Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas». En otras palabras: las autoridades municipales están obligadas a acatar las medidas sanitarias. No es opcional. No es un favor. Es ley.

El uso del término «exhorto» diluye el carácter vinculante de la medida y refleja una debilidad institucional preocupante: las autoridades estatales no ejercen plenamente su autoridad legal. ¿Por qué? Quizá por temor político, por falta de respaldo federal, o por la ausencia del actor que verdaderamente debería estar al frente de esta crisis.

El Consejo de Salubridad General es hoy el gran ausente. El oficio chiapaneco cita como fundamento legal el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y diversos artículos de la Ley General de Salud, pero omite mencionar al órgano que constitucionalmente tiene el poder para hacer obligatorias sus disposiciones en todo el país: el Consejo de Salubridad General (CSG).

El CSG es un órgano constitucional (Art. 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) que depende directamente del Presidente de la República. Es la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el titular del Ejecutivo Federal. Sus disposiciones son de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Entre sus atribuciones está «dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos», «adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles prioritarias», y «rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud».

¿Dónde está el CSG en esta crisis? No hay constancia pública de que haya emitido un acuerdo declarando al sarampión como emergencia sanitaria nacional. No hay disposiciones obligatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La estrategia ha quedado fragmentada entre la Secretaría de Salud federal y las secretarías estatales, cada una «exhortando» en lugar de ordenando.

La infrautilización del CSG es un error estratégico. Si el órgano de mayor jerarquía sanitaria del país hubiera declarado formalmente la emergencia y emitido disposiciones vinculantes, como la suspensión de eventos masivos en todo el territorio nacional, la obligatoriedad de actualizar esquemas de vacunación, o sanciones para autoridades omisas, el mensaje sería claro: esto no es negociable. Es salubridad general. Es ley.

Volvamos al oficio de Chiapas. La suspensión de eventos masivos del 21 de diciembre al 20 de marzo es una medida epidemiológicamente justificada: el sarampión se transmite con extrema facilidad por vía respiratoria, el virus puede sobrevivir en gotículas en el aire hasta dos horas, y una persona infectada es contagiosa desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema. En climas templados, el sarampión es más frecuente en invierno y principios de primavera.

Pero la medida es tardía. El brote comenzó en febrero de 2025, hace casi 11 meses. ¿Por qué no se implementaron restricciones preventivas en los estados más afectados desde marzo o abril, cuando el virus ya circulaba activamente? ¿Por qué esperar a que Chiapas acumule 64 casos, con 45 en un solo día, para actuar?

La respuesta, nuevamente, apunta a la falta de coordinación federal-estatal-municipal. Chihuahua tuvo 4,473 casos—el epicentro del brote—y no hay registro de medidas similares de suspensión de eventos masivos a esa escala. Jalisco, con 462 casos, tampoco. Cada estado actúa reactivamente cuando el virus ya está desbordado en su territorio.

Además, la suspensión de eventos tiene un costo socioeconómico significativo. Las posadas, ferias decembrinas y celebraciones religiosas son fuentes de ingreso para comerciantes, artesanos y prestadores de servicios en comunidades donde la economía informal es predominante. Cancelarlas es necesario, pero debió haberse evitado con una estrategia preventiva robusta desde hace meses.

¿Y la vacunación? Es la medida correcta, pero llega con dos décadas de retraso. El déficit de 22.5 millones de dosis no aplicadas entre 2006 y 2024 no se resuelve en un año. La cobertura actual del 81-87% es insuficiente. México necesita alcanzar y mantener el 95% durante años para reconstruir la inmunidad de rebaño que dejó erosionarse.

Las acciones propuesta como vigilancia epidemiológica, protocolos de aislamiento, campañas de información, son estándar y necesarias. Pero son reactivas. México está apagando incendios en lugar de prevenir que se enciendan. No basta con «exhortar». No basta con aplicar millones de dosis si la cobertura sigue siendo insuficiente. No basta con declaraciones optimistas si cada día se confirman casos nuevos.

Ahora quiero resaltar que la población debe hacer su parte: actualizar cartillas de vacunación, vacunarse, vacunar a sus hijos, acudir a las unidades de salud ante el menor síntoma. Pero el Estado tiene una responsabilidad mayor: garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud con un sistema que funcione.

El brote de sarampión de 2025 no es una fatalidad. Es el resultado predecible de dos décadas de subinversión, descoordinación institucional y falta de voluntad política para priorizar la prevención. Las autoridades no pueden seguir reaccionando tarde con medidas insuficientes. El costo, medido en vidas, en economía y en credibilidad institucional es demasiado alto.

Es tiempo de pasar del «exhorto» a la acción decisiva. Es tiempo de que el Consejo de Salubridad General asuma su rol constitucional. Es tiempo de modernizar el sistema de información en salud. Es tiempo de invertir en prevención. Y es tiempo de entender que las enfermedades con externalidades, como el sarampión, requieren respuestas de salubridad general coordinadas, obligatorias y basadas en evidencia.

El Tratado de Pandemias de la OMS nos recuerda que «el mundo es hoy más seguro gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso». México necesita aplicar esa lección a nivel nacional. Antes de que sea demasiado tarde

Bibliografía:

• [1] Informe Diario del Brote de Sarampión en México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044143/INFORME_DIARIO_SARAMPION_20251219.pdf

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.

Elvia Rodríguez Villalobos 

La Dra. Elvia Rodríguez Villalobos es nacida en Saltillo Coahuila, médica de la Universidad de Guanajuato, oftalmóloga con especialidad en glaucoma por la Universidad de Guadalajara y fue la primera especialista con subespecialidad en llegar a Guanajuato hace más de cuatro décadas. Maestra e investigadora universitaria en los efectos oculares de la diabetes mellitus a mediano y largo plazo; y fundadora del diplomado en la educación en la vida saludable y autocuidado de la Diabetes Mellitus. Ha sido reconocida por sus pares habiendo sido Presidenta de la Sociedad de Oftalmología del Estado, reconocida por el Gobierno de Guanajuato y recibido el galardón del «Dr. Salvador Zubirán». 

La Doctora Rodríguez Villalobos, además de ser esposa, madre y abuela, es amante de las artes y de la literatura contagiando y educando a los que la rodeamos, además que continúa ejerciendo la práctica privada de la especialidad, motivo por lo que se continua actualizando, habiendo acudido al Curso Internacional de «Glaucoma Hoy» en la ciudad de Guadalajara organizado por la Asociación de Glaucoma de Occidente los días 7-8 de noviembre de 2025.

Me comentó a su llegada su grata impresión de la feminización del sector salud, pues como ejemplo de este curso, se muestra cómo las mujeres no solo son mayoría en las aulas y pasillos, sino que lideran simposios, coordinan mesas académicas e impulsan la actualización médica a nivel nacional e internacional. Nombres como las doctoras Sara García y Otero, Brenda Alegría, Maria Luisa Zavala, Yesenia Dorantes, Karla Dueñas, Ana María Ponce, Daniela Díaz, Carolina Prado, Andrea Tornero y muchas más, sobresalen no por cumplir cuotas, sino por su excelencia, innovación y liderazgo en áreas de alta especialización, investigando, enseñando, publicando y formando parte del Sistema Nacional de Investigadores.

Nena (así el decimos a la Dra. Elvia Rodríguez por acá) conectó su impresión de la participación de tantas mujeres talentosas en el Curso Internacional con la descripción del libro publicado en 2018 de Rosa Montero titulado «Nosotras, historias de mujeres y algo más» que retrata y esboza la lucha de mujeres extraordinarias que cambiaron el rumbo de la hisotria. Ese mismo pulso percibió Nena en el sector salud mexicano donde la nuevas generaciones de médicas ya no se conforman con ser parte de la estadística, buscan influencia y reconocimiento en investigación, docencia y gestión hospitalaria. Ellas están al frente de decisiones clínicas complejas, dirigen cursos internacionales y marcan la pauta en investigación biomédica. Esa energía de talento, disciplina y liderazgo la ció encarnada en la perla de occidente, no como una anécdota, sino como una tendencia.

Ahora bien estimadas y estimados lectores, aquí algunas evidencias y no retórica. En México, casi dos tercios del personal del sector salud son mujeres; el observatorio de México, ¿Cómo Vamos? calcula 67% de participación femenina en 2022. Aun así, solo 6.08% de las mujeres del sector llegan a puestos directivos frente a 12.08% de los hombres, y persisten brechas salariales y de cuidados no remunerados. Estas cifras sintetizan una paradoja: mayoría numérica sin mayoría de decisión.

El patrón no es exclusivo de México. La Organización Mundial de la Salud estima que 67% de la fuerza laboral sanitaria y social del mundo está integrada por mujeres; invertir en este capital humano es una de las palancas más poderosas de empleo decente y de mejora de resultados en salud. Ahora, una buena noticia pues la tubería de talento ya cambió. En la principal institución formadora y prestadora de servicios del país, 53% de las y los médicos residentes del IMSS son mujeres. En la UNAM, 54.6% de quienes cursan posgrado en medicina son mujeres. Estos datos dibujan un relevo generacional con rosto de mujer que ya comenzó en los quirófanos, clínicas y aulas.

Si las protagonistas del futuro ya están aquí, hacen falta para que ese futuro llegue antes y para todas al menos cinco palancas para acelerar un avance real: 1) Paridad y metas medibles en jefaturas de servicio, direcciones de hospital, comités hospitalarios y consejos de administración del sector salud -más mujeres donde se decide-. No se trata de cuotas simbólicas, sino de criterios de mérito con sesgos reducidos (concursos ciegos, ternas balanceadas, paneles de evaluación diversos) y transparencia en cada proceso. Las organizaciones con liderazgo femenino suelen cerrar brechas más rápido y mejorar clima laboral.

2) La evidencia económica es contundente y se cuidar a quien cuida eleva la participación femenina y el crecimiento. Guarderías de alta calidad, horarios extendidos y licencias de paternidad efectivas reducen la “penalidad por maternidad”, clave para sostener carreras clínicas largas y exigentes -sistema nacional de cuidados como infraestructura sanitaria-.

3) Especialidades de alta complejidad con enfoque de acceso como la oftalmología, cirugía, oncología, urgencias y dirección hospitalaria requieren becas, mentorías y redes para médicas. El Curso de Glaucoma 2025 muestra lo que ocurre cuando se quitan las barreras surgiendo coordinaciones, cirugías y simposios liderados por mujeres y con resultados clínicos que hablan por sí mismos. Ese modelo debe replicarse en todos los congresos, residencias y servicios.

4) El observatorio documenta mayor informalidad y carga de cuidados no pagados para mujeres del sector salud. Necesitamos contratación estable, protección frente a violencia en el trabajo y trayectorias de carrera previsibles en las áreas clínicas, académicas y de gestión, con evaluaciones periódicas y ascensos claros. El beneficio no es solo justicia laboral: mejora retención, continuidad del cuidado y productividad hospitalaria -trabajo decente y seguridad clínica-.

5) Historia clínica interoperable, analítica predictiva, telemedicina y automatización administrativa liberan tiempo clínico y abren campos de liderazgo donde las profesionales ya son mayoría. Si además más mujeres dirigen proyectos de salud digital, la innovación incorporará desde el diseño las necesidades reales de pacientes y equipos – transformación digital con liderazgo femenino-.

Importa que el cambio no sea cosmético. La evidencia liga equipos diversos con decisiones más prudentes, diagnósticos más oportunos y menor error clínico. Donde hay jefas de servicio y directoras se acelera la adopción de guías, se cuidan mejor los indicadores de calidad y seguridad del paciente, y se escucha con más sensibilidad a niñas, mujeres mayores y poblaciones invisibilizadas. En glaucoma —y en las enfermedades crónico-degenerativas en general— esa combinación empática salva visión, años de vida y costos catastróficos familiares. Además, el impacto macroeconómico es innegable: subir la participación laboral femenina y sostenerla en profesiones intensivas en habilidades elevaría el producto interno bruto -PIB- y la productividad del país, ganando la salud y la economía.

Estaremos revisando y proponiendo normas y políticas públicas al Secretario de Salud ya la Secretaria del Consejo de Salubridad General, tres metas sencillas para los próximos años: 1) Paridad en comités clínicos y académicos de hospitales públicos federales y estatales. 2) Más participación femenina en jefaturas de servicio de especialidades críticas como urgencias, quirófano, oncología y oftalmología. 3) Cero congresos “solo de hombres” y que no haya panel o mesa redonda sin al menos 40% de expositoras, sin tokenismo -práctica de incluir a unas pocas personas de grupos minoritarios de manera superficial y simbólica para crear una falsa apariencia de diversidad, sin abordar los problemas estructurales subyacentes- y con moderación rotativa.

No partimos de cero pues las residentas hoy ya son mayoría en varias sedes, y los programas científicos —como el de glaucoma— prueban que la excelencia y la equidad no compiten: se potencian.

Rosa Montero escribió que contar estas vidas es una forma de desobediencia luminosa, aseveración que suscribe Nena. En salud, esa luz ya deslumbra: médicas, enfermeras, optometristas, investigadoras, gestoras y tecnólogas están definiendo la práctica clínica del presente. Nuestro deber —como sistema— es quitar obstáculos, medir avances y multiplicar liderazgos. El futuro promisorio no hay que esperarlo: ya llegó, y tiene el rostro, la voz y la sensibilidad con empatía de mujeres extraordinarias como Nena y Sara García y Otero. Coinspiremos con ellas para seguir avanzando.

Referencias:

• [1] Programa Académico 2025: https://www.masporevento.com/evento/ver/Glaucoma_Hoy
• [2] Observatorio: https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2023/12/Observatorio-Mujeres-en-el-Sector-Salud.pdf
• [3] OMS: https://www.who.int/es/news/item/13-03-2024-who-report-reveals-gender-inequalities-at-the-root-of-global-crisis-in-health-and-care-work
• [4] Liderazgo: https://www.paho.org/es/noticias/12-8-2025-liderazgo-mujeres-sector-salud-corresponsabilidad-sostenibilidad-cuidados

El autor es (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.

Carlos Manzo llegó al Congreso federal con el empuje y la convicción que le dieron las tragedias cotidianas de Uruapan: la violencia irracional que arrebata familias enteras, los índices de corrupción que minan la confianza pública y el abandono sistemático de los servicios básicos de salud. Desde tribuna, su palabra fue reiterada y firme al condenar masacres de menores, extorsiones, robos y la complicidad de las autoridades estatales en el deterioro continuo de la vida pública. Cada intervención suya estaba cargada de un sentido ético de urgencia; nunca fue un orador de trámite, sino un legislador atravesado por la conciencia del dolor social.

Dos iniciativas parlamentarias emblemáticas ilustran el calado y el sentido de sus batallas. La primera, “Disparos al aire”, buscaba incorporar al Código Penal Federal la sanción explícita para quien detone un arma de fuego apuntando al aire, conducta responsable de muertes y heridas por balas perdidas que, año con año, enlutan a familias mexicanas. Carlos documentó cómo durante las festividades patrias y decembrinas, la costumbre de disparar al aire en Michoacán —y en buena parte del país— se transforma en un acto criminal que la ley aún no sanciona con la severidad debida. Citó casos recientes: niños muertos en sus camas, heridos en fiestas y tragedias irreparables que son noticia cotidiana según la propia UNLIREC y las crónicas nacionales. Su propuesta incluía penas de uno a cuatro años de prisión y multa, más el decomiso del arma, y se fundamentó tanto en datos duros como en un reclamo moral sobre la responsabilidad colectiva.

No obstante, la suerte de la iniciativa fue el desdén: presentada en diciembre de 2021 y turnada a la Comisión de Justicia, recibió prórroga hasta mayo de 2022 y finalmente fue desechada sin dictaminación por el propio grupo parlamentario de Morena en agosto de 2024. No fue por falta de fundamento o pertinencia —una simple búsqueda hemerográfica confirma el aumento de muertes por balas perdidas en México, que según UNLIREC lo coloca como el segundo país en la región por casos documentados—, sino por la incapacidad institucional de abordar temas genuinamente incómodos para el statu quo o riesgosos para intereses electorales.

La segunda iniciativa, también ignorada, buscaba reformar el artículo 78 de la Constitución para exigir que la Comisión Permanente fuera integrada de manera paritaria, plural y sin discriminación entre los grupos parlamentarios. En un Congreso donde la palabra “paridad” suele usarse más como consigna publicitaria que como práctica efectiva, la propuesta respondía a resoluciones del Tribunal Electoral que exigieron garantizas la representación real de las minorías y la equidad de género. De haberse dictaminado, la iniciativa habría incrementado a 63 los miembros de la Comisión, asegurando la presencia proporcional de todas las fuerzas y una Mesa Directiva de verdadero equilibrio democrático. No obstante, la congeladora legislativa volvió a hacer de las suyas: ninguna comisión abordó el dictamen, y la pluralidad siguió siendo mero adorno retórico.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sin embargo, no limitó su combate a las iniciativas estructurales. En cada oportunidad, denunció con nombre y apellido a los responsables del deterioro social en Michoacán: los gobiernos estatales que derrocharon recursos en privilegios o se confundieron con los intereses de la delincuencia organizada, las policías que violaron su fuero, la connivencia de autoridades ante extorsiones, levantones y amenazas directas contra su vida. No dudó en responsabilizar públicamente al gobernador de cualquier atentado en su contra. En tribuna, denunció el abandono del hospital regional, el desabasto de medicamentos y la corrupción de los modelos privatizados de salud heredados de sexenios previos. Su lucha fue por la dignificación de las víctimas, el fortalecimiento de la seguridad social para menores, el combate a la narcopolítica y la justicia para los más vulnerables.

Pero como tantas voces en el Congreso, la de Manzo encontró su límite en el cesto del olvido. Ni la contundencia de sus palabras ni la gravedad de los hechos pudieron vencer el aparato político de Morena y aliados, que prefieren la inacción antes que incomodarse. Sus iniciativas, inéditamente fundadas en evidencia y principios de conciencia social, se estrellaron contra un muro invisible de complicidades. Hoy, el crimen que le arrancó la vida es también un crimen contra la esperanza de que el Congreso, alguna vez, respalde a quienes denuncian y proponen en nombre de la dignidad común.

Rendir homenaje a Carlos Alberto Manzo Rodríguez es, por tanto, exigir que ninguna iniciativa relevante quede sin dictaminar; que la justicia social no se quede en discurso, y que la memoria de sus luchas inspire a romper —de una vez por todas— la espiral de impunidad y olvido parlamentario. En San Lázaro, su paso fue breve, pero su legado es profundo: nos recuerda que hasta los disparos al aire pueden, tarde o temprano, caer sobre la conciencia de quienes callan y consienten.

Bibliografía

• [1] UNLIREC. https://www.unlirec.org/download/balas-perdidas-ii-analisis-de-casos-de-balas-perdidas-reportados-en-medios-de-comunicacion-en-america-latina-y-el-caribe-2014-2015/
• [2] Disparos al aire: Gaceta Parlamentaria
• [3] Carlos A. Manzo R. https://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/curricula.php?dipt=175

El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.