El contexto es elocuente. En todo 2025 se registraron 14 mil personas desaparecidas, la cifra más alta de la que se tenga registro, un 67% por encima de los números del primer año de López Obrador. En los siete años de gobiernos de Morena han desaparecido más de 70 mil personas, duplicando las desapariciones ocurridas en el sexenio de Peña Nieto. Las madres buscadoras que salieron a las calles durante la inauguración mundialista no lo hicieron instigadas por ningún extremo político: lo hicieron porque el Estado no ha resuelto una crisis humanitaria que crece cada año, incluyendo durante la llamada Cuarta Transformación.

La estrategia gubernamental de identificar culpables externos tiene antecedentes en la política mexicana, pero su utilización sistemática en el presente sexenio merece examinarse con rigor. Sheinbaum acusó que los actos violentos durante las movilizaciones son «montados» y buscan «dar una idea de que hay caos», relacionando la violencia con grupos de ultraderecha y con declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego. Que existan actores oportunistas que intenten capitalizar la protesta social es un fenómeno documentado en cualquier democracia. Lo que resulta analíticamente indefendible es elevar esa posibilidad a explicación central, desplazando las causas estructurales.

La presidenta sugirió que las manifestaciones de la CNTE y otros grupos inconformes estarían financiadas, poniendo en duda que se trate de movilizaciones con causas legítimas. Sin embargo, las demandas del magisterio —abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, incremento salarial, eliminación de la USICAMM— llevan años sobre la mesa y ningún gobierno las ha resuelto. Acusarlas de ser un montaje político no las hace desaparecer.

La presidenta Sheinbaum cuenta con una aprobación del 72%, pero sus políticas contra la corrupción y el crimen organizado son condenadas por el 78% de la ciudadanía. Esa paradoja revela un gobierno con popularidad personal intacta pero con déficits de gestión que ya son perceptibles para la mayoría. Señalar culpables sin nombre completo —la ultraderecha, la ultraizquierda, «grupos que no identifico plenamente»— es un recurso retórico que tiene un costo progresivo en términos de credibilidad.

Organizaciones como Fundar advirtieron que el gobierno busca «minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda», al cuestionar las cifras oficiales de desaparecidos. La responsabilidad de un gobierno no se mide por su habilidad para construir un relato alternativo, sino por su capacidad para resolver los problemas que originan el descontento.

El riesgo político de largo plazo es claro: cuando la narrativa del culpable externo se agota, lo que queda es la evidencia de lo que no se hizo. Las protestas del Mundial no fueron solo un problema de imagen internacional; fueron el síntoma visible de una brecha creciente entre el discurso de la transformación y la realidad de quienes todavía esperan respuestas.

1. La elección judicial abrió una oportunidad para acercar la justicia a la ciudadanía, pero la experiencia inicial mostró deficiencias. Aún se pueden ajustar los procesos con base en evidencia para fortalecer la legitimidad de la reforma y reducir riesgos futuros.

2. En la economía mexicana, convertir los avances coyunturales en bienestar sostenible demanda diagnósticos completos y diálogo entre Gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. La planeación financiera no debe responder sólo a necesidades inmediatas, sino proteger la capacidad del Gobierno para cumplir a futuro.

3. La seguridad pública ofrece otra lección. La reducción reciente de algunos indicadores debe estudiarse con rigor e identificar qué factores están funcionando, en qué territorios y bajo qué condiciones. Una política de pacificación duradera lo requiere.

4. Las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación pueden fortalecer la revisión del gasto público, pero su efectividad dependerá de transparencia, profesionalización, controles y participación ciudadana.

En un entorno complejo, escuchar a quienes tienen conocimiento técnico, experiencia territorial y contacto directo con las consecuencias de las políticas puede marcar la diferencia.

El argumento del ‘pasado corrupto’

La estrategia retórica del gobierno federal no es nueva: confrontar las críticas señalando los antecedentes de quienes las formulan. Hay fundamento en el argumento. El PRI gobernó México durante siete décadas con un sistema clientelar y de corrupción institucionalizada. El PAN no fue ajeno a escándalos durante sus administraciones federales, y el PRD acumuló señalamientos en varios gobiernos locales. La oposición actual carga ese lastre histórico, y Sheinbaum lo sabe y lo usa. Sin embargo, el recurso de señalar el pasado no responde a las preguntas del presente.

El factor que la presidenta omite

El argumento presidencial enfrenta una inconsistencia difícil de sortear: si aquellos políticos provenientes del PRI, el PAN o el PRD eran corruptos, ¿por qué se les abrieron las puertas de Morena? La migración masiva de cuadros de los viejos partidos hacia el partido gobernante fue una realidad documentada y ampliamente criticada, incluso desde las filas del propio movimiento. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ilustra el problema: un político que transitó del PRD al PRI y luego a Morena, y que hoy enfrenta una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Además de Rocha, otros nueve funcionarios y exfuncionarios vinculados a Morena quedaron señalados en la misma acusación.

La ciudadanía no permanece al margen del debate. Encuestas recientes aportan datos que complican la narrativa oficial: según el sondeo de AtlasIntel para Bloomberg News, levantado entre el 24 y 28 de abril de 2026 con una muestra de 2,948 personas, el 59% de los encuestados señala a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la delincuencia y la inflación. La aprobación de Sheinbaum, que durante la mayor parte de su mandato se mantuvo por encima del 60%, cayó a poco más del 51%, su nivel históricamente más bajo. La percepción de impunidad —y no solo la oposición— alimenta ese descenso.

La corrupción en datos: México frente al mundo

El contexto internacional refuerza las alertas. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 141 de 182 países evaluados, con 27 puntos sobre 100, y en el último sitio entre los miembros de la OCDE. Transparencia Internacional señaló explícitamente que la corrupción ha facilitado la penetración del crimen organizado en la política de países como México. El dato no proviene de la oposición: proviene de organismos independientes de alcance global.

Las voces en disputa

Desde la oposición, el PAN presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad, acción calificada por Sheinbaum como un acto de «cobardía» de un «grupo minúsculo». El PRI, por su parte, protagonizó un episodio cargado de simbolismo al colocar lonas en el Congreso con la leyenda «Narcos del Bienestar», a lo que el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, respondió pidiendo «respeto para la presidenta». Movimiento Ciudadano cuestionó la efectividad de la reforma de integridad de candidaturas impulsada por Sheinbaum, aprobada apenas semanas después de que estallara el caso Rocha, y advirtió el riesgo de que sea utilizada políticamente.

El debate que abrió Sheinbaum con su declaración sobre la «desfachatez» no es solo retórico: toca el nervio central de la credibilidad de la Cuarta Transformación. Un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción no puede sostener indefinidamente el argumento de que el problema es exclusivamente herencia del pasado, cuando ese pasado fue, en parte, incorporado a sus propias filas, cuando los índices internacionales de transparencia continúan en descenso y cuando la ciudadanía, más allá de las trincheras partidistas, percibe que la corrupción sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del país. Señalar al adversario puede ser táctica política eficaz. Pero no es política anticorrupción.

Ante los destrozos y bloqueos registrados en días recientes, la presidenta afirmó que los actos de violencia durante las manifestaciones forman parte de una estrategia de provocación impulsada por la ultraderecha para forzar una respuesta represiva de su gobierno, la cual descartó de forma categórica. El argumento de Sheinbaum es políticamente comprensible: actuar con fuerza contra los maestros, a días del inicio de la Copa Mundial 2026, generaría imágenes devastadoras para la imagen del país. La mandataria sostuvo que detrás de las acciones violentas existe el interés de que la atención internacional se centre en un supuesto enfrentamiento entre el gobierno y los docentes.

Sin embargo, ese discurso elude la pregunta de fondo. El columnista Salvador García Soto apunta que las demandas públicas de la CNTE —como la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial del 100%, la eliminación de la Reforma Educativa de 2019 y la reinstalación de maestros cesados— han sido declaradas no negociables por la propia Sheinbaum. Entonces, ¿qué se negocia realmente? La respuesta, según fuentes citadas por el mismo columnista, apunta a un acuerdo económico y compromisos de plazas como mecanismo para desactivar la protesta antes del arranque mundialista, no como solución estructural.

La propia Secretaría de Gobernación ofreció una reveladora admisión. Ante cuestionamientos de la prensa, la titular Rosa Icela Rodríguez señaló que las demandas que no pueden atenderse «es por falta de presupuesto y no de voluntad». Esta frase, casi inadvertida en el ruido mediático, constituye el reconocimiento tácito de que el límite no es político, sino fiscal. La presidenta misma subrayó que sus funcionarios «saben que si no se puede cumplir demandas por temas presupuestales, tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir».

El diagnóstico de un analista como Carlos Ornelas en Excélsior es contundente: el conflicto no fue desactivado, sino apenas administrado; desde la óptica gubernamental, muchas de las demandas son imposibles de financiar o de instrumentar sin desordenar por completo la política educativa y el equilibrio fiscal.

Desde la perspectiva de la CNTE, la postura gubernamental es una estrategia dilatoria que usa el discurso del diálogo para no dar respuesta concreta a sus exigencias históricas. Desde la óptica del gobierno, en cambio, acceder a las peticiones de la Coordinadora implicaría un compromiso presupuestal inviable y un precedente de rendición ante la presión callejera.

El verdadero debate, entonces, no es si Sheinbaum reprime o no. Es si un gobierno que enfrenta restricciones fiscales severas puede resolver un pliego petitorio que lleva décadas acumulándose, o si lo que ocurre es una gestión de la crisis que, una vez pasado el Mundial, simplemente se postergará hasta la siguiente coyuntura. Esa posibilidad es, quizás, la más perturbadora de todas.

Los argumentos del PAN

La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico. Para el partido blanquiazul, estas cifras no son producto de circunstancias fortuitas. Germán Martínez, legislador del PAN, sostuvo que esta tragedia no es producto de la casualidad, sino consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder.

El sustento estadístico tiene respaldo parcial en fuentes académicas. Un estudio elaborado por el Colegio de México ubica al sexenio de López Obrador con el mayor número de homicidios en las últimas décadas: entre 2019 y septiembre de 2024, el número de homicidios fue de 193 mil 377, mientras que en la presidencia de Enrique Peña Nieto fue de 156 mil 387.

La denuncia también cuestiona la viabilidad de obtener justicia en el país. El PAN sostuvo que en México ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos serán investigados con plena independencia, porque las fiscalías han perdido autonomía y el Poder Judicial habría sido capturado políticamente por Morena. Es precisamente este argumento el que convierte la denuncia en un arma de doble filo: si las instituciones mexicanas son inoperantes para juzgar al expresidente, la pregunta que surge naturalmente es por qué el PAN no impulsó reformas más contundentes al sistema de justicia cuando gobernó el país durante doce años consecutivos.

El terreno jurídico: más simbólico que vinculante

Desde el punto de vista del derecho internacional, la denuncia enfrenta obstáculos considerables. La Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer crímenes de lesa humanidad, pero su jurisdicción es complementaria: solo actúa cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo genuinamente. Presentar una denuncia ante la CPI no garantiza ni la apertura de una investigación formal ni, mucho menos, una orden de aprehensión. El proceso puede extenderse durante años sin resultados concretos, lo que convierte el anuncio en un gesto con mayor carga política que jurídica —al menos en el corto plazo.

La ONU define los crímenes de lesa humanidad como actos atroces que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud y violencia sexual, entre otros. Demostrar que la política de «abrazos, no balazos» constituyó una conducta sistemática del Estado dirigida contra la población civil —requisito indispensable para configurar estos delitos— será el principal escollo jurídico que los denunciantes deberán superar.

La lectura política: estrategia electoral anticipada

La denuncia llega en un momento de alta tensión política: las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra gobernadores de Morena siguen generando ondas en la opinión pública, y las elecciones intermedias de 2027 se aproximan. El PAN también menciona los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, al señalar que estos han profundizado su preocupación sobre una supuesta penetración del crimen organizado en el poder político.

El movimiento busca instalar una narrativa contundente de cara a los comicios: la de un expresidente penalmente responsable de la peor crisis de violencia en la historia moderna del país. Que esa narrativa prospere jurídicamente en La Haya es secundario; que cale entre el electorado es el verdadero objetivo.

Sheinbaum ha defendido a López Obrador de las críticas contra el plan «abrazos, no balazos»; no obstante, en lo que va de su administración ha tomado un enfoque más frontal contra los cárteles. Esa distinción le ofrece a la presidenta un margen de maniobra que no tuvo su antecesor, pero también la coloca en la incómoda posición de defender legados que cada vez más actores —incluidos dentro de su propio entorno— prefieren mantener a distancia.

Desde una perspectiva analítica, la estrategia busca enmarcar las imputaciones como una injerencia extranjera que atenta contra la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que las investigaciones deben realizarse por instituciones mexicanas y ha exigido pruebas irrefutables antes de cualquier acción como la extradición. Sectores oficialistas argumentan que estas acusaciones responden a intereses políticos de Estados Unidos, posiblemente vinculados a sus propios procesos electorales, y destacan logros en materia de seguridad y bienestar social como contrapeso. Apelan al patriotismo para unir a la ciudadanía en defensa de la autodeterminación, recordando históricamente tensiones bilaterales.

Sin embargo, críticos de diversas posturas cuestionan esta narrativa. Consideran que priorizar el nacionalismo podría evadir la responsabilidad institucional ante posibles delitos graves. La independencia judicial y la transparencia en investigaciones son pilares del Estado de derecho; posponer o condicionar acciones por implicaciones electorales —como las de 2027— genera dudas sobre la imparcialidad. Organizaciones opositoras y analistas independientes señalan que, si las acusaciones tienen fundamento, ignorarlas o minimizarlas erosiona la credibilidad del gobierno y perpetúa la impunidad asociada al crimen organizado en regiones como Sinaloa. Algunos exfuncionarios ya se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, lo que añade complejidad al debate.

El dilema revela tensiones profundas. Por un lado, la defensa de la soberanía resuena en un país con larga memoria de intervenciones externas y fortalece la cohesión interna ante presiones foráneas. Por otro, la obligación de investigar con rigor, sin importar afiliaciones partidistas, es esencial para combatir la corrupción y el narcotráfico, que afectan la vida diaria de millones de mexicanos. La polarización surge cuando el patriotismo se utiliza para deslegitimar cuestionamientos legítimos o cuando se percibe que la cooperación bilateral se supedita a cálculos políticos.

En última instancia, el desafío radica en equilibrar orgullo nacional con responsabilidad ante la ley. Una investigación exhaustiva, transparente y basada en evidencias fortalecería las instituciones mexicanas más que cualquier consigna. La ciudadanía observa si el “amor a México” se traduce en acciones concretas contra la delincuencia o en mecanismos para eludir escrutinio. Este episodio no solo prueba la resiliencia de las instituciones, sino la madurez democrática del país ante crisis que trascienden fronteras.

El alcalde que confundió sus atribuciones

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se encuentra en el centro de una severa polémica nacional luego de que se viralizaran videos en redes sociales donde se muestra al edil ingresando por la fuerza, junto a un grupo de escoltas —algunas de ellas portando armas largas—, a un club deportivo privado donde participaron en la agresión física contra un ciudadano. Los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026 y quedaron registrados tanto en grabaciones de empleados como en cámaras de vigilancia del lugar.

La versión oficial del edil fue tan endeble como predecible. Flores afirmó haber acudido al lugar «tras recibir una solicitud de ayuda relacionada con un conflicto» y sostuvo que su intervención fue «siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz». Sin embargo, esta versión fue desmentida cuando se difundió un nuevo video de las cámaras de seguridad que muestra al propio alcalde participando directamente en las agresiones.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el edil ingresa al inmueble mientras un grupo de personas intenta impedir el acceso, entre ellos una mujer que es empujada y un hombre que resultó golpeado. El caso llegó hasta la presidenta Sheinbaum, quien reprobó la actuación del alcalde y reveló que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya analiza el expediente.

Lo paradójico es que Flores gobierna Metepec en un segundo periodo consecutivo bajo la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, integrada por PAN, PRI y PRD. El alcalde que llegó a un cargo de elección popular con el respaldo de tres partidos que se presentan como contrapeso institucional al gobierno federal, utilizó la fuerza del Estado —sus escoltas, su cargo, su impunidad percibida— para resolver una disputa personal.

La planilla que no pasó el filtro que nadie aplicó

El segundo caso es aún más inquietante por su implicación estructural. La planilla que busca dirigir al PAN en Tamaulipas registró entre sus integrantes a José Alejandro Llanas Alba, cuya empresa, Grupo Jala Logística, fue sancionada en mayo de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de fentanilo.

Llanas Alba es señalado como presunto operador de César Morfin, «el Primito», objetivo prioritario del gobierno estadounidense. A pesar de ello, fue aprobado como parte de la planilla que encabezan César Verástegui y Gloria Elena Garza Jiménez sin objeciones, y participa en la campaña interna. El dato más relevante desde el punto de vista político: será precisamente esta nueva dirigencia quien decida las candidaturas del PAN en Tamaulipas para las elecciones de 2027.

La pregunta que el PAN no ha respondido es simple: ¿nadie realizó una verificación elemental de antecedentes antes de aprobar la planilla? ¿O se realizó y la decisión fue ignorar los señalamientos? Cualquiera de las dos respuestas es devastadora para un partido que ha construido su identidad opositora sobre la bandera de la legalidad y la diferencia moral con el gobierno en turno.

El problema no es la excepción, es el patrón

Ambos casos ocurren en el contexto de una semana en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acumula acusaciones contra militantes de Morena. La tentación del oficialismo de señalar al PAN como espejo propio es políticamente comprensible, pero no exculpa a ninguno. La corrupción y la infiltración criminal en los partidos políticos mexicanos son un problema transversal que ninguna formación ha resuelto, en parte porque los incentivos institucionales para hacerlo son insuficientes.

El PAN tiene ante sí una oportunidad concreta: retirar a Llanas Alba de la planilla tamaulipeca, abrir una investigación interna sobre el caso Metepec y demostrar que sus filtros de responsabilidad funcionan. Si no lo hace, habrá confirmado que la diferencia entre los partidos mexicanos es de discurso, no de conducta.

Desde una perspectiva institucional, Monreal enfatiza la necesidad de cerrar filas alrededor de la mandataria. Argumenta que tales señalamientos constituyen una interferencia indebida en asuntos internos de México, especialmente en un contexto de soberanía nacional. Para sectores cercanos a Morena, se trata de una estrategia geopolítica destinada a debilitar al gobierno progresista y justificar posibles presiones diplomáticas o de seguridad. Esta postura subraya que las acusaciones carecen hasta ahora de pruebas judiciales concluyentes en territorio mexicano y podrían responder a intereses externos relacionados con el control migratorio o el combate al tráfico de drogas.

Sin embargo, otras voces políticas y analistas sostienen que la defensa cerrada no debe opacar la obligación de investigar con rigor. La oposición ha exigido transparencia y responsabilidad plena de las autoridades señaladas. Consideran que minimizar las imputaciones solo profundiza la percepción de impunidad que históricamente ha afectado la credibilidad de las instituciones mexicanas. Expertos en seguridad nacional recuerdan que vínculos entre políticos y el crimen organizado no son un fenómeno nuevo, sino un problema estructural que ha persistido a lo largo de diferentes administraciones, independientemente del color partidista. Ignorar estas alertas, advierten, podría erosionar la confianza ciudadana y complicar la cooperación bilateral con Estados Unidos, socio comercial indispensable.

El debate revela tensiones profundas. Por un lado, existe el riesgo real de que acusaciones sin respaldo sólido se utilicen como arma política para deslegitimar procesos electorales venideros. Por otro, la opacidad en la respuesta gubernamental alimenta especulaciones y cuestiona el compromiso real con el estado de derecho. Analistas independientes señalan que un manejo maduro del caso requeriría investigación autónoma, rendición de cuentas clara y, de ser necesario, sanciones ejemplares, sin importar afiliaciones partidistas. La polarización actual dificulta este camino: mientras unos ven persecución externa, otros perciben protección interna a cuadros cuestionados.

En el fondo, el episodio pone de relieve los desafíos de México en materia de gobernanza y seguridad. Las acusaciones del Departamento de Estado no solo afectan a gobernadores específicos, sino que proyectan dudas sobre la capacidad del actual gobierno para controlar territorios y combatir la infiltración del crimen organizado. Para Morena, un eventual colapso de credibilidad en este frente podría traducirse en pérdidas electorales significativas, modificando el mapa político nacional.

El llamado de Monreal a la defensa, aunque comprensible en clave partidista, invita a reflexionar sobre los límites entre lealtad política y responsabilidad pública. En una democracia, la verdadera fortaleza institucional se mide por la disposición a esclarecer hechos, no solo a repeler críticas. El desenlace de esta controversia dependerá de la evidencia que surja y de la madurez con que las partes involucradas enfrenten el escrutinio.

La soberanía, en términos concretos, no es un discurso. Es territorio bajo control efectivo del Estado, instituciones que funcionan y ciudadanos protegidos. Bajo esa definición —la que usan la teoría política y el derecho internacional, no la retórica de campaña—, amplias zonas de México no son soberanas. Son feudos.

El 22 de febrero de 2026 quedará registrado como la demostración de que el crimen organizado ha completado su metamorfosis: pasó de operar en las sombras a exhibir la capacidad de sitiar al Estado con narcobloqueos, quema de bancos y comercios, y parálisis casi total de la vida pública en amplias zonas del país en cuestión de minutos. En ese mismo contexto, los cárteles han consolidado retenes y cobro de piso como modelo de dominación territorial: puntos de control que permiten vigilar entradas y salidas, identificar rutinas locales y medir las reacciones de la autoridad, funcionando como nodos de inteligencia que sostienen la capacidad criminal para conservar zonas aun cuando hay presencia federal.

Desde el enfoque del Estado y el monopolio legítimo de la fuerza, la presencia de actores armados no estatales que disputan territorios cuestiona la capacidad estatal para ejercer plena soberanía. No lo dice la oposición ni Washington; lo señalan analistas y centros académicos mexicanos.

El debate tiene entonces dos frentes simultáneos, y la trampa política consiste en presentarlos como excluyentes. El primero es real: Estados Unidos tiene una larga historia de instrumentalizar sus mecanismos judiciales con fines geopolíticos, y las acusaciones contra gobernadores en funciones —sin extradición ejecutada ni juicio concluido— merecen ser examinadas con rigor, no aceptadas como verdad absoluta. La soberanía jurídica de México ante la presión de Washington es un valor que vale la pena defender.

Pero el segundo frente es igualmente real y más urgente: México no opera ya como país de tránsito —esa narrativa ya caducó—, sino como plataforma industrial de producción de fentanilo y metanfetaminas, como territorio con control estatal parcial y como espacio donde organizaciones criminales operan con capacidad cuasimilitar. Invocar la soberanía frente a Washington mientras se toleran o se omiten esas condiciones internas no es una política de Estado; es una contradicción que la ciudadanía percibe con claridad.

«No podemos pensar en un país soberano cuando hay territorios en donde el crimen organizado manda. No podemos argumentar que hay soberanía cuando los jóvenes no pueden salir y regresar a su casa, cuando la cifra de desaparecidos está creciendo de manera brutal», advirtió recientemente la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. La frase, pronunciada desde la oposición, recoge sin embargo una inquietud que trasciende las fronteras partidistas.

La soberanía se pierde también cuando los cárteles cobran derecho de piso, expulsan familias de sus comunidades, controlan territorios completos y deciden quién puede hacer campaña, abrir un negocio o simplemente seguir viviendo en su propia tierra. Pedirle a la ciudadanía que confunda la defensa de México con la defensa de un presunto narcopolítico es un ejercicio de malabarismo semántico que erosiona la credibilidad del discurso soberanista.

La pregunta incómoda que el gobierno evita responder es estructural: si varios gobernadores del partido en el poder son señalados de facilitar el tráfico de drogas y la manipulación electoral en beneficio de organizaciones criminales, ¿quién gobierna realmente esos estados? La soberanía popular —el fundamento de toda democracia— presupone que el voto decide quién manda. Cuando el voto mismo es intervenido por el narco, la soberanía es una ficción.

La soberanía no es un discurso para el informe de gobierno. Es territorio bajo control del Estado. Es institución que funciona. Es ciudadano protegido. Mientras eso no ocurra en porciones significativas del país, el debate seguirá siendo uno: quién pierde la soberanía de México, ¿Estados Unidos o el crimen organizado que opera desde adentro?

La propuesta de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas ilustra este desafío. El objetivo de evitar la infiltración criminal en la política es legítimo. Sin embargo, el fenómeno va más allá de las candidaturas individuales y puede manifestarse mediante financiamiento ilícito, violencia o corrupción. Atender estas preocupaciones permitiría construir mecanismos más eficaces y transparentes.

Algo similar ocurre con la reforma a las elecciones judiciales. Su aplazamiento a 2028 abre oportunidades que no se deben desdeñar para evitar que fallas de diseño afecten la independencia judicial, la certeza jurídica y la calidad de la justicia en México.

También el caso del Infonavit es ejemplo de esto. Ampliar el acceso a la vivienda es una meta necesaria, pero debe hacerse preservando el ahorro de los trabajadores.

La clave de gobernar está en colocar el bienestar colectivo por encima de cualquier interés particular. Cuando las políticas públicas se diseñan desde la apertura, la evidencia y la colaboración, la continuidad deja de ser una obligación y se convierte en una elección respaldada por resultados que benefician a todos.