Por cuarta vez el Ejecutivo emprende un plan para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay un problema, la Constitución señala con toda claridad que esa corporación tendrá un carácter civil, y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

De hecho, esos candados fueron exigidos por la oposición en el Senado hace seis años para aprobar la reforma constitucional que creó la Guardia. Al puro estilo de López Obrador empero, eso nunca se respetó y de facto puso el mando de la Guardia en manos de los militares, en especial del general secretario de la Defensa Nacional.

En aquella ocasión, cuando planteó la reforma constitucional, propuso que la nueva corporación quedara al mando del Ejército, pero no hubo manera de que la oposición aceptara eso por el simple motivo de que militarizar la seguridad pública deviene inconvencional, es decir, viola los tratados de derechos humanos que México ha signado. De hecho, ningún país democrático del mundo encarga la seguridad pública a su ejército. Esto, por buenas razones, la historia muestra que hacerlo no es eficaz contra la inseguridad, y solo aporta violaciones masivas a los derechos humanos de la población.

Por ello, los estándares internacionales solo permiten la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública cuando esta es extraordinaria, lo que significa -según la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, que sea excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; que sea regulada, lo que exige que su actuación esté normada en ley; que sea fiscalizada, esto es, que la supervisen órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces; y, que sea subordinada y complementaria, lo que implica que se supedite a las labores de las corporaciones civiles sin invadir las funciones policiales y judiciales.

Con base en ello, cuando el Congreso le aprobó la reforma para crear la Guardia, también lo otorgó un permiso de 5 años para hacer uso de las fuerzas armadas en estos precisos términos exigidos por los estándares internacionales. Este permiso, luego se extendió hasta el 2028.

Esto es lo que ha generado cierta confusión, porque mucha gente cree que se le autorizó que la Guardia Nacional fuese militar, lo cual no es verdad.

Pues bien, aprovechándose del permiso, puso en los hechos en manos militares este cuerpo policial, y emitió un Acuerdo para formalizar esa adscripción a la SEDENA. Este Acuerdo fue impugnado y echado abajo por el Poder Judicial justo por violar la Constitución.

Más tarde, en un tercer intento, promovió una reforma a la Ley de la Guardia Nacional, para lo cual no requería de la mayoría calificada del Senado sino solo de la mayoría simple, y otra vez, puso en manos del Ejército a la Guardia.

La reforma también fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad, lo que derivó en que la Suprema Corte la invalidara, y le ordenara que, a más tardar el pasado 1º de enero de 2024, regresara la Guardia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ¿qué cree usted?, pues que, de nuevo muy a su estilo, el presidente ignoró la instrucción judicial y mantuvo, hasta la fecha, a la Guardia en manos de militares.

No cabe duda, el presidente es un violador serial de la Constitución, y de la ley.

Y en un cuarto intento, el pasado 5 de febrero presentó una iniciativa de reforma constitucional con el mismo propósito, calculando que antes de terminar su gestión, contaría con mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

Es así que la nueva legislatura está aprobando en fast track, una reforma más, para satisfacer esa que se ha vuelto una obsesión presidencial de militarizar formalmente la Guardia Nacional.

Curiosa cuestión veremos, resulta que tendremos en nuestra Constitución algunos preceptos que violan tratados internacionales de derechos humanos, y dado que de acuerdo con el artículo 1º de la Carta Magna esos tratados son parte de la propia Constitución, tendremos preceptos constitucionales inconstitucionales.

Ya en otros casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México a cambiar la Constitución por lo mismo, como es el caso de la figura del arraigo, y el de la prisión preventiva oficiosa. Ya veremos qué dice ahora.

Lo anterior empero, no significa que el proceso electoral en su conjunto no haya sido el más inequitativo de la historia del México moderno.

El uso que por años dio el gobierno a los programas sociales, sin reglas de operación, sin transparencia, y con tintes claramente clientelares, sí que explica en buena medida el resultado. Ya anticipaba María Amparo Casar desde hace años, en lo que ella denominó “el gran benefactor”, que la cantidad de dinero transferida de manera directa a enormes segmentos de la población consolidaría un mercado electoral absolutamente leal a Morena; no en balde el presidente odia tanto y ahora persigue judicialmente a esta intelectual.

La burda utilización de decenas de miles de servidores públicos -los “siervos de la Nación”-, como operadores electorales de Morena, también constituyó un ilícito y generó una cancha dispareja, en especial la amenaza que esparcían en el sentido de que, si Morena perdía, la gente perdería los apoyos de los programas sociales.

La cantidad inagotable de dinero que el oficialismo dispuso para su campaña -proveniente tanto del erario como del crimen organizado-, también fue decisivo.

Las descaradas e ilegales intromisiones del presidente desde sus mañaneras, que le provocaron 36 amonestaciones por parte de la autoridad electoral (ya que al presidente no se le puede sancionar de otra manera), también influyó de manera muy importante.

¿Se trató entonces no de un fraude propiamente dicho, sino de una elección de Estado? Creo que los elementos antes mencionados y otros que podríamos agregar, sí constituyen una elección de Estado, pero acepto y entiendo que haya divergencias al respecto, y sobre todo, acepto y entiendo que a fin de cuentas el resultado electoral obedece a factores mucho más profundos; no todo se explica por las trampas de un gobierno de talante autoritario; el resultado obedece a las precarias condiciones de vida de la mayoría de las y los electores que han visto en el actual gobierno al primero que les habla directamente, en sus términos, y que les atiende al menos con seis mil pesos bimestrales, cantidad que a muchas personas les cambia la vida, y que trasciende al simple intercambio de pesos por votos, es un dinero que les dignifica. El abuelo que vive en casa de su hijo como dependiente económico, por ejemplo, ahora ve que puede aportar algo, o que puede, al menos, invitar una paleta en el parque a su nieto. Esto lo dignifica. Por eso son tan importantes los programas sociales. En tanto no se generen mejores condiciones de vida para estas personas, los programas deben seguir ahí.

Por otro lado, también hemos de reconocer las enormes deficiencias de la oposición que no solo ha sido incapaz de plantear con claridad un proyecto alternativo y atractivo de país, sino que, en parte por culpa propia y en parte por difamación, ha acumulado un gran desprestigio que inhibe a muchas personas a votar por ella.

Como sea, lo que está claro es que urge una gran reflexión que defina la ruta para enfrentar los enormes desafíos que todo esto nos impone.

Urge definir la ruta para revertir la polarización social.

Urge definir la ruta para evitar futuras elecciones de Estado.

Urge definir la ruta para frenar el deterioro de las instituciones.

Urge definir la ruta para evitar la consolidación de un narco-Estado.

En suma, urge definir la ruta para evitar el afianzamiento del populismo autoritario.

Pero antes de eso, urge frenar el fraude electoral que hoy se cierne sobre la Nación: el fraude de la sobrerrepresentación.

En estos días, el gobierno ha evidenciado su intención de utilizar esa trampa para que el parlamento termine teniendo muchos más diputados y senadores oficialistas, que los que de por sí ya le dieron las urnas. Intenta alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras mediante esa ominosa maquinación. Urge atajar el fraude electoral que apenas viene.

Hacer esta reflexión implica no solamente sopesar los perfiles de las y los candidatos, y de sus propuestas, sino evaluar el desempeño del gobierno en turno.

Esto último es clave en una democracia; la posibilidad de premiar al gobierno refrendando nuestro voto por la misma fuerza política, o castigarlo eligiendo a otra, es un aspecto toral de cualquier elección.

No en balde el propio presidente, entrometiéndose ilegalmente por enésima ocasión en este proceso, ha dicho que él lo ve como un plebiscito o referéndum a su gobierno. Como siempre, el presidente piensa que todo gira en torno a él, si se trata de una boda quiere ser el novio, si es bautizo quiere ser el niño y si es funeral quiere ser el muerto, siempre es él el centro de todo, pero esta vez algo de verdad hay en sus palabras. Claro, exagera un poco porque evaluar su gobierno no es lo único que importa para decidir el voto, ya decíamos de la importancia de conocer los perfiles y propuestas de quienes contienden, pero es cierto que evaluar a su gobierno también es muy importante.

Pues bien, aceptándole el reto, haré mi propia reflexión. Empiezo por lo bueno de su gobierno. Seré breve, no queda más remedio. Destacan dos cosas: el incremento de los salarios mínimos, y la reducción de la pobreza moderada.

Lo primero implicó una recuperación de la capacidad adquisitiva de uno de cada tres trabajadores, pero el resto, los que ganan más de un salario mínimo, no se benefició, y sí se vio perjudicado por la inflación. Y en cuanto a lo segundo, habría que decir que, si bien se redujo la pobreza moderada, aumentó la pobreza extrema, y que la reducción de la primera obedeció a los programas sociales que, si bien son necesarios y hasta indispensables, en este gobierno se manejaron en opacidad y un sesgo claramente electorero.

Hay quien agrega a lo positivo la fortaleza del peso, pero ese no es mérito del gobierno, obedece al diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México, a las remesas y al nearshoring.

Ahora bien, por el otro lado, están los aspectos negativos, y ahí sí, esta columna no cuenta con el espacio suficiente para tocarlos todos. Señalaré los más importantes:

1. ¿Se redujo la inseguridad? No, este ha sido el sexenio más violento de la historia con 188,000 asesinatos. En palabras del propio presidente, sin paz no habría transformación, y pues no, no la hubo.

2. ¿Mejoró el sistema de salud? ¿estamos como en Dinamarca? No, empeoró enormemente al quitar a 30 millones de mexicanos el acceso a la salud, recortando en 4 años la esperanza de vida, permitiendo la muerte de 800 mil personas en la pandemia de las cuales 300 mil se pudieron haber salvado con una buena gestión de la misma, dejando sin medicinas a niños con cáncer y a otros enfermos, etc.

3. ¿Mejoró la educación? No, la prueba PISA reveló un retroceso enorme, se cambiaron los libros de texto para adoctrinar políticamente a la infancia, se devolvió el control del sistema educativo a las mafias sindicales, se dejó de evaluar a los maestros, y ahora hasta nos retiramos de la prueba PISA. Y qué decir del millón 700 mil alumnos que ya no volvieron al sistema educativo después de la pandemia.

4. ¿Nos endeudamos? Sí, contrario a lo prometido, la deuda aumentó de 14 a 17 billones de pesos, es decir, de 45 a 50 puntos del PIB.

5. ¿Hubo inversión pública? Sí, pero no en lo que se necesitaba. El dinero se dilapidó en los proyectos faraónicos e inútiles del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya, pero nada en infraestructura realmente productiva como la energética, por ejemplo.

6. ¿Se cuidó el medio ambiente? No, todo lo contrario. Se carbonizó más la economía con las plantas de CFEy con Dos Bocas, y el Tren Maya fue un ecocidio.

7. ¿Bajó la gasolina a 10 pesos como se prometió? No, está a 24 pesos el litro.

8. ¿Acabó la corrupción? No, Segalmex fue peor que la estafa maestra, los escándalos de familiares y círculo cercano del presidente fueron de antología, y la connivencia del gobierno con el crimen organizadocreció exponencialmente.

9. ¿Regresaron los militares a los cuarteles? No, se militarizaron hasta las aduanas, pero la delincuencia organizada fue intocable.

10. ¿Mejoró la democracia? No, el autoritarismo capea y la amenaza gravemente.

En fin, esta lista podría seguir, pero desde mi opinión, cada uno de estos puntos justifica con creces un voto de castigo. Yo voy por un cambio, voy con Xóchitl.

La declaración fue cándida porque pareciera no estar consiente de que confiesa un ilícito de proporciones mayores; es el propio presidente quien expresa que incidía en la manera en la que algunos jueces resolvían asuntos en los que el Ejecutivo tenía interés, y que ese mecanismo consistía en hablar con el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien a su vez operaba la ejecución de esas instrucciones ante los jueces.

Ahora bien, la información no es del todo nueva, hace cosa de 10 meses, Hernán Gómez publicó un libro intitulado “Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T”, en la que revelaba que el entonces Consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, controlaba buena parte del sistema de justicia de México, y participaba de la fabricación de culpables y de la venta de impunidad, en connivencia con el entonces presidente de la Corte, el ahora ministro en “renuncia” Arturo Zaldívar.

Sin embargo, el libro de Hernán Gómez, narra estos delicados asuntos bajo la hipótesis de que todo fue una traición de Scherer a la narrativa central del movimiento político que lo llevó a ese encargo que fue la de erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Téngase en cuenta que el autor ha sido un ferviente defensor del obradorismo.

Sin embargo, con la cándida declaración presidencial, ahora sabemos que en realidad no se trató de una traición, sino de una instrucción presidencial. Al menos no fue una traición a López Obrador, aunque sí para los muchos votantes que creyeron en aquella narrativa. Pero en este caso, la traición no solo provendría de Scherer, sino también del propio presidente.

Como fuere, el caso es que esta semana todo este asunto tomó mayor envergadura todavía, ya que el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra Norma Piña, también presidenta de la Suprema Corte, recibió una denuncia anónima en la que se revelan con minuciosa precisión, casos concretos en los que el entonces ministro Zaldívar, a través de su brazo derecho el señor Carlos Alpizar, presionó a más de 70 jueces y magistrados para obtener sentencias favorables a sus intereses en no menos de 18 casos emblemáticos.

La denuncia aborda muchos otros aspectos, como el hostigamiento sexual y laboral en que incurría Alpizar, o el hecho de que otro de los varios operadores que ayudaban a ejercer estas presiones era Netzaí Sandoval, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública, y ahora secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la ministra Lenia Batres, quien obtuvo el favor de Zaldívar para escalar meteóricamente en el Poder Judicial por ser hermano de quien fuere secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del diputado Pablo Amílcar Sandoval; pero ciertamente hace hincapié en el enriquecimiento ilícito, la corrupción y la extorsión del operador de Zaldívar, Carlos Alpizar, quien ahora es alto funcionario de Gobernación. Se acusa que este personaje se puso a las órdenes del ex consejero jurídico Julio Scherer, lo que le permitió hacerse de millonarias sumas de dinero, ranchos, terrenos, casas y autos, además de beneficios políticos.

De esta manera, la acusación viene a revelar el otro lado de la historia que ya el libro de Hernán Gómez y las cándidas declaraciones presidenciales nos permitieron conocer, es decir, mientras que Hernán Gómez y López Obrador desvelaron el modus operandi de Palacio Nacional para incidir en el Poder Judicial, la acusación contra Zaldívar nos deja ver cómo esa presión se llevaba a cabo dentro del Poder Judicial y cómo la vivían jueces y magistrados.

Zaldívar se defiende diciendo que la denuncia es anónima y que obedece a una intencionalidad político-electoral ahora que él es parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, sin embargo, olvida decir que las denuncias anónimas son válidas, de hecho, desde 2018, el Consejo de la Judicatura ha dado curso a 362 denuncias anónimas, y deja de lado también, el hecho sumamente notable de que la acusación esté construida con las experiencias personales de múltiples jueces y magistrados, es decir, si bien es anónima, queda claro que fue redactada por los juzgadores afectados, jueces que históricamente han estado al margen de lo electoral. Queda claro que en realidad, los jueces están muy preocupados por el deterioro del sistema de justicia, provocado por la 4T.

Ambos casos revisten graves vicios de inconstitucionalidad, pero, sobre todo, apuntalan la ruta en la que han puesto al país hacia un nuevo régimen autoritario.

Al paso que van, es muy probable que lo próxima semana se aprueben en el Pleno y se turnen a San Lázaro, para que ahí también sean procesadas muy rápidamente.

Por lo que hace a la Ley de Amparo, que regula este instrumento que nos permite proteger nuestros derechos humanos que es el juicio de amparo, pretenden prohibir a los jueces otorgar suspensiones con efectos generales en amparos donde se reclame la inconstitucionalidad de normas generales. Esto, porque según alegan, el principio de relatividad de las resoluciones de amparo está ahí para evitar que un juez tenga tanto poder como para invalidar totalmente (erga omnes) una norma expedida por el Poder Legislativo, que está constituido por representantes populares emanados de las urnas, en esto que se llama “el legislador democrático”.

Pero, si bien es cierto que el principio de relatividad o fórmula Otero, establece que las resoluciones de amparo sólo tienen efectos para las personas que promovieron el juicio, también lo es el hecho de que, a partir de la reforma de derechos humanos de 2011, y de la nueva Ley de Amparo de 2013, se buscó privilegiar la protección efectiva de los derechos humanos sobre los formalismos legales.

De esta manera, los más recientes precedentes de la Suprema Corte han ido modulando o flexibilizando el principio de la relatividad de las sentencias, porque solo así es posible resolver ciertos casos y proteger con eficacia ciertos derechos, en especial los derechos colectivos o difusos.

Por ejemplo, si una organización protectora del medio ambiente -pensemos en Greenpeace o la que usted quiera-, acude al amparo reclamando que una ley vulnera el ecosistema, lo primero que hará el juez será suspender el acto reclamado, es decir, suspender la vigencia de esta ley, hasta en tanto concluye el juicio y se decide en definitiva si en efecto esa ley deviene inconstitucional o no. Anteriormente, esto habría sido imposible porque al suspender la ley, automáticamente se está beneficiando a toda la comunidad que puede seguir gozando de su derecho a un medio ambiente sano, y se pensaba que ello violaba el principio de relatividad de las sentencias que indica que estas solo deben tener efectos para las personas demandantes. Con los nuevos criterios, se tiene un nuevo entendimiento de este principio y se acepta que se puedan generar efectos generales con estas resoluciones, porque de lo contrario sería imposible proteger este tipo de derechos.

El caso que molestó mucho al presidente López Obrador, y que es lo que motivó esta iniciativa, fue la suspensión de la reforma eléctrica que el juez Gómez Fierro dictó con efectos generales. La razón que dio el juez fue que, si suspendía la reforma solo para la empresa demandante, se provocaría un desequilibrio en el mercado, ya que tendríamos a una empresa en condiciones más benéficas que las otras, y además, no frenaría las condiciones indebidamente ventajosas que la reforma daba a la CFE, ya que solo las frenaría para esa empresa demandante en particular. Por ello, entendió que la suspensión debía dictarla con efectos generales, y así garantizar tanto el derecho a la libre concurrencia en los mercados por parte de las empresas de energía, como el derecho de los consumidores.

Pues bien, de aprobarse este cambio a la Ley de Amparo, ya no se podrá garantizar la protección eficaz y oportuna de estos derechos colectivos, como lo son todos los derechos DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales).

Por lo que hace a la Ley de Amnistía la cosa también es terrible, ya que se pretende facultar al presidente para que pueda perdonar cualquier delito cometido por cualquier persona, si a su juicio esa persona brinda información relevante para el Estado Mexicano. Esto se parece a la figura del “criterio de oportunidad” por el cual Emilio Lozoya declaró lo que el gobierno le pidió que declarara a cambio de beneficios en su sentencia, pero ahora potencializado al máximo.

Es evidente que todo acusado querrá gozar del perdón presidencial y estará dispuesto a declarar lo que le pidan -así sea el mayor de los embustes-, si así logra salir de la cárcel. Con esto, toda persona quedará a merced del gobierno en turno, bastará que se le acuse de lo que sea -sea cierto o no-, y luego se le ofrezca la amnistía para que declare en contra de otros. Todo esto hiede a dictadura.

En esa actitud incurrió estos días el presidente de México cuando utilizó el lamentable asesinato de la candidata morenista a alcaldesa de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, para lanzarse contra el gobernador de esta entidad, Diego Sinhue Rodríguez, y contra el fiscal local Carlos Zamarripa.

Por supuesto que cuando ocurre un hecho delictivo cualquiera, y sobre todo cuando ocurre uno que impacta a la sociedad, es válido y hasta necesario cuestionar a las autoridades, y hacerlas rendir cuentas; pero el punto acá es la hipocresía con la que el presidente aborda el asunto, o para decirlo en palabras de Raymundo Riva Palacio, el problema es ese “doble rasero, cínico e indecente”. Esto, por al menos cuatro motivos:

1. El presidente utiliza un doble rasero porque ataca al gobernador y al fiscal del Estado de Guanajuato por la muerte de la candidata de Celaya, pero no hace lo mismo con los otros muchos casos de homicidios de candidatos que ha habido en diversos lugares del país durante este proceso electoral.

Su postura ciertamente es cínica, y además burda, porque no deja lugar a dudas de que su crítica no obedece al hecho mismo del homicidio, sino que lo usa como pretexto para atacar a un gobierno emanado del PAN, ya que en otros casos sucedidos en Estados gobernados por Morena no solo no hace la misma crítica, sino que incluso respalda y hasta justifica a esas autoridades.

Y vaya que ha habido otros casos. De hecho, el actual es el proceso electoral más mortífero que hayamos tenido. La organización Laboratorio Electoral ha computado 27 homicidios de candidatos en lo que va del proceso electoral, y eso que todavía faltan dos meses de campaña. Y no solo eso, sino que también ha habido otros 24 asesinatos de personas relacionadas con los comicios, como dirigentes partidistas, operadores, regidores, etc., para sumar la escalofriante cantidad de 51 muertes por violencia política.

La mayoría de estos homicidios han ocurrido en Estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán, y Chiapas, en los que se han asesinado a 12, 8, 7 y 4 actores políticos, respectivamente. Es decir, en estos cuatro Estados, todos gobernados por Morena, ha ocurrido el 60% de los homicidios políticos de este sangriento proceso electoral. Ninguno de estos casos ha movido al presidente a criticar a sus gobernadores morenistas, o a alguno de los fiscales de esas entidades.

2. El presidente es indecente también por su falta de empatía, porque sale a declarar en contra del gobernador y del fiscal de Guanajuato, en un momento en el que la sociedad estaba consternada por el homicidio de la niña Camila, en Taxco, Guerrero, lo que derivó en el posterior linchamiento público de sus supuestos homicidas. Nada de este trágico evento mereció alguna crítica del presidente a las autoridades morenistas de ese Estado.

3. El presidente es cínico también porque bien sabe que la violencia desatada en Guanajuato obedece a una disputa por el territorio que viene desde 2018 entre el Cartel Santa Rosa de Lima, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El cinismo estriba en dos cosas, primero, en que el motivo de esta guerra entre cárteles es el negocio del huachicol, que ya se ha vuelto tan lucrativo como el del trasiego de drogas, pero que, para el presidente, es un fenómeno que ya erradicó; es decir, esos huachicoleros que el presidente dice haber acabado, son los responsables del asesinato de la candidata de Celaya; y segundo, porque al tratarse de crimen organizado, no es al gobierno del Estado al que legalmente le corresponde enfrentarlo, sino justo al gobierno federal que encabeza López Obrador.

4. Por último, y para acabarla de amolar, la postura presidencial también tiene visos de ignorancia, porque dirige su crítica al fiscal del Estado, cuando no es a este funcionario al que le corresponde evitar los delitos, sino investigar y llevar ante la justicia a los culpables de los delitos ya cometidos; es a la policía preventiva -en este caso a la Guardia Nacional- a la que le corresponde cuidar que no haya delitos, no a las fiscalías.

Así, las quejas del presidente exhiben un conveniente desconocimiento de cómo funciona el entramado institucional de la seguridad pública, y cual es el tramo de responsabilidad de cada una de sus instituciones, pero exhiben sobre todo -insisto- cinismo, doble rasero y ruindad.

Su agenda ambientalista fresca, respaldada por un movimiento verde internacional muy importante que se puso de moda en los años 90´s, capturó la atención de buena parte de la sociedad, y en 1994 y 1997 obtuvo buenos resultados electorales que lo llevaron a aliarse al PAN en el 2000 y ganar las elecciones presidenciales. Rápidamente, empero, el PVEM enseñó el cobre y sobrevino un rompimiento casi inmediato con el presidente Fox.

El fundador, tras una década de encabezar al partido, le pasó la estafeta a su hijo quien lo presidió por una década más hasta 2011, y de hecho, sigue siendo el poder tras el trono. Durante toda esta etapa -de 2001 para acá-, los verdes se han dedicado ha hacer del partido un negocio, de manera burda y a manos llenas; sin rubor alguno pactan con quien convenga a sus intereses personales, dejando atrás no solo la agenda ecologista sino el interés general de la nación.

Hoy día, el PVEM forma parte de la alianza encabezada por Morena, y no sé qué resulta más incongruente: el hecho de que un partido que se supone que defiende el medioambiente se alíe con el que, desde el ejercicio del gobierno, demuestra poca o nula preocupación por la naturaleza; o el hecho de que un partido que se dice transformador y promete acabar con la corrupción se alíe con el verde que es epítome de la corrupción política mexicana.

Y esto no lo opino solamente yo, el propio López Obrador, declaró en 2015 que el PVEM sólo servía a “la mafia del poder” para imponer a “puros empleados, achichincles, sin principios, en cargos públicos, que lo único que buscan es sacar provecho personal”, y en 2016, Víctor Manuel Toledo, y Elena Álvarez-Bullya, a la postre Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y titular del CONACYT, respectivamente, en el gobierno de López Obrador, firmaron un desplegado con otros 285 académicos y 35 organizaciones, manifestando que el PVEM “no representa una visión ambiental y que por el contrario es cómplice de profundos daños ecológicos, sociales, éticos, electorales y económicos que la nación mexicana no se merece”.

La muy larga lista de tropelías en que ha incurrido el PVEM no cabría aquí, pero baste recordar que desde 2009 el Partido Verde Europeo rompió relaciones con él, y que en 2015 hasta Greenpeace encabezó protestas contra él. Para un recuento puntual, léase “La mafia verde”, libro publicado en 2023 por Paula Sofía Vázquez y Tito Garza Onofre.

Pero vuelvo a su alianza actual con Morena que lo ha llevado a respaldar cosas tan incongruentes como la reforma eléctrica, que claramente atentaba contra el medioambiente al darle preponderancia en la producción eléctrica a la CFE con sus plantas de combustibles fósiles, y al frenar el avance de las energías limpias como la eólica o solar. La única diputada del verde que votó en contra de esto fue expulsada del partido.

También apoyaron la construcción de la refinería de Dos Bocas. Si bien de manera timorata inicialmente ofrecieron algunas objeciones, finalmente terminaron respaldando no solo el proyecto de refinería, sino el proyecto político de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, como aspirante a la gubernatura de Veracruz.

Para colmo, respaldaron también la construcción del Tren Maya, que ha implicado todo un ecocidio en la región.

Hoy mismo estamos viendo cómo la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se ve rebasada ante los múltiples incendios forestales que azotan al país, más de 130 activos en este momento; y se ve rebasada por la reducción presupuestaria de la que fue objeto durante todos estos años de López Obrador que cercenaron sus capacidades institucionales para prevenir y controlar incendios. Todo esto en connivencia con los verdes.

La evidencia revela pues, que ambos, PVEM y Morena, se parecen mucho; ambos son sumamente corruptos, y a ambos les importa un bledo el medioambiente.

De la mezcla de los colores verde y guinda se obtiene un color marrón verdoso, muy feo, como verminoso. Podríamos decir también que de la alianza entre Morena y el PVEM ha surgido algo así como una mafia marrón-verdosa, verminosa, putrefacta.

Así, la ley afecta a los inmigrantes indocumentados al criminalizar hasta con 20 años de prisión esa condición, la cual no tendría por qué ser considerada algo más que una mera falta administrativa, más nunca un delito, ya que migrar es, en esencia, un derecho humano; y les afecta también porque propicia la separación de las familias, y permite a la policía estatal detenerlas discrecionalmente, violando ostensiblemente sus derechos y libertades.

Pero no solo perjudica a inmigrantes indocumentados, sino a las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, ya que la ley hace escalar el nivel de las hostilidades racistas contra esa comunidad, al promover que la policía arreste a estas personas solo por su apariencia -por su fenotipo-, si las considera “sospechosas” de haber cruzado la frontera sin documentos.

Afortunadamente, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, suspendió -por el momento-, la vigencia de esta polémica ley, pero la última palabra aún está lejos de pronunciarse, y además, la Ley SB4 no es la única medida xenófoba contra los migrantes que se ha desplegado en el contexto electoral que tiende a polarizar a la sociedad norteamericana azuzada por el discurso populista de Trump.

Como sea, este no es sino un nuevo capítulo de una política añeja que se remonta a la época de la abolición de la esclavitud en que proliferaron, entre 1876 y 1965, las leyes segregacionistas conocidas primero como Códigos Negros (Black Codes), y después como Leyes Jim Crow, leyes estatales y locales que se utilizaban como mecanismos de control social “racializado”, facilitando el encarcelamiento de la población negra que luego era “arrendada” por el sistema penitenciario a las empresas, para ponerla a trabajar literalmente hasta la muerte.

De esta manera, las leyes de segregación racial funcionaron por mucho tiempo como un sistema sustituto del sistema esclavista.
En la medida que avanzó la lucha por los derechos civiles, estas leyes se fueron moderando paulatinamente decantándose más por la segregación racial que por la explotación, creando una suerte de apartheid justificado por la política conocida como: “separados pero iguales”.

La aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, puso fin a las leyes Jim Crow, sin embargo, los esfuerzos por mantener un sistema racista de segregación siguieron, y trajeron como consecuencia dos cosas:

Primero, el fenómeno del encarcelamiento masivo de negros y latinos provocado por leyes diseñadas para facilitar la criminalización de estas poblaciones; y

Segundo, el fenómeno de la “crimmigration”, término que alude a la idea de fusionar la lógica de la ley criminal, con la de la ley de migración, es decir, alude a la idea de criminalizar la migración.

Estos dos fenómenos se apuntalaron mediante la privatización del sistema penitenciario que dio lugar a lo que se conoce como “complejo industrial carcelario”, un conjunto de empresas que incluye operadoras de cárceles privadas, como GEO Group y Civic Corp, y a toda una red de proveedoras, que generan ingentes ganancias económicas en la medida en que la población penitenciaria es mayor, lo cual provoca un sesgo en el sistema penal que facilita las aprensiones.

Cinco leyes consolidaron todo este entramado: 1) la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, de 1986; 2) la Ley Contra el Abuso de Drogas, de 1988; 3) la Ley de Migración, de 1990; 4) la Ley Antiterrorista y Pena de Muerte, de 1996; y 5) la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, de 1996.

La primera de estas leyes criminalizó la contratación de trabajadores indocumentados, la segunda facilitó la deportación por posesión de mariguana, mientras que la últimas tres, ampliaron paulatinamente la lista de delitos que ameritan prisión y deportación, consolidando así la criminalización de la población migrante (es decir, la crimmigration).

La SB4 no es sino una muestra más de ese tufo racista, antiinmigrante y xenófobo, que sigue impregnando a cierto sector de la población estadounidense.

Ya se ha dicho mucho, eso es absolutamente inconstitucional porque la Carta Magna claramente señala que la Guardia Nacional será una corporación policial de carácter civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, así que en los próximos días el Poder Judicial seguramente estará conociendo de las acciones de inconstitucionalidad y amparos que se interpongan, y que sin duda resultarán exitosos. ¿A qué le apuesta entonces el gobierno? Pues parece ser que le apuesta a que el Poder Judicial tramite con lentitud los asuntos, de suerte tal que, para cuando les recaiga sentencia, López Obrador ya haya terminado su gestión. Pero eso está por verse.

El otro tema fue la votación en Cámara de Diputados (aún falta el Senado), por la que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Se trata de un precepto que autoriza al Ejecutivo a echar mano de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública durante un plazo de 5 años, en tanto la Guardia Nacional y las corporaciones policiales locales se fortalecen y profesionalizan. La reforma votada, amplía ese plazo a 9 años. Como se trata de una reforma a un artículo transitorio de la Constitución, se requería una votación calificada de dos terceras partes de las y los diputados presentes, es decir, al oficialismo no le alcanzaban los votos, de suerte tal que pactó con el PRI para que fuera este quien presentara la propuesta y les aportara los votos necesarios.

De fondo, la propuesta es una pésima idea. Lo que esta reforma provocará es que el gobierno se desentienda totalmente y desde ahora de su responsabilidad de consolidar corporaciones policiales civiles sólidas y confiables, cómo era el plan constitucional. Es decir, en vez de presionarlo para que cumpla con su tarea de consolidar un aparato de seguridad, o al menos para que avance en ese objetivo, se le releva de esa responsabilidad y se le echa la papa caliente al ejército.

Pero más allá del fondo del asunto, a una buena parte de la sociedad le ha preocupado la forma en la que se ha llevado a cabo todo esto.

El PAN, el PRI y el PRD habían pactado lo que denominaron una “moratoria constitucional”, es decir, un bloque de contención para evitar que el gobierno tuviera los votos necesarios para reformar la Constitución en específicamente a tres temas: la reforma eléctrica, que en efecto fue frenada; la reforma electoral, que hasta ahora ciertamente no ha avanzado; y la militarización de la Guardia Nacional.

En este sentido, la decisión del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, de respaldar al gobierno ampliándole el permiso para usar a los militares en seguridad pública, ha sido visto por sus aliados como una traición, y por lo tanto como ocasión para el rompimiento de la alianza Va por México de cara a las elecciones de Coahuila y el Estado de México este año, y del paquete completo en 2024. De hecho, el PAN y el PRD declararon suspendida la alianza, y Alito, bravucón, les ha retado a disolverla. Parecieran ser los estertores de la coalición.

A mucha gente le preocupa porque ven en este rompimiento una renuncia anticipada a la posibilidad de ganarle a Morena en el 2024. Yo no lo creo así.

Primero, porque veo altamente probable que, a la muerte de la alianza, le sobrevenga su renacimiento, ya sea con el propio PRI -que puede alegar que no traicionó, ya que acompañó a la oposición con su voto contra la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, y después solo aprobó ampliar el plazo de participación de la milicia en seguridad pública, que es algo muy distinto a militarizar la Guardia-, o bien, con Movimiento Ciudadano, que ya es casi del tamaño del PRI.

Y segundo, porque el PRI con el que el PAN y el PRD se han estado aliando ya es un mero cascarón que solo detenta la dirigencia formal y alguna influencia entre sus diputados; el PRI que todavía cuenta con alguna fuerza electoral radica en sus gobernadores, que generalmente han estado jugando con Morena, no con la alianza, así que, en realidad, la salida del PRI de la alianza no significa mucho. En una de esas, la alianza PAN-PRD, sin el PRI, podría ser incluso más atractiva para un gran segmento de la población.

Sin embargo, la experiencia histórica e internacional demuestran que la solución de fondo a los problemas de inseguridad no está en la intervención de las fuerzas armadas; esta es, en todo caso, un mero paliativo con el que el gobierno pretende cohonestar su ineptitud. En cualquier democracia moderna la solución de fondo pasa por construir un aparato de justicia sólido, suficiente y confiable, tanto en el ámbito de la prevención, como en el de la procuración y administración de justicia.

Contar pues, con corporaciones policiales civiles fuertes y disciplinadas es indispensable para empezar a vislumbrar un principio de solución definitiva. Así también, se requiere un aparato de procuración de justicia con fiscales y policías ministeriales que hagan investigaciones serias, y no se diga un poder judicial con jueces honestos y profesionales. Todo ello en cantidad y calidad suficientes. Recordemos que a nivel internacional hay un promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes, mientras que en México hay menos de 1 por cada mil, es decir, tendríamos que empezar por triplicar la cantidad de policías para llegar siquiera al promedio mundial. Algo análogo pasa con la cantidad de fiscales y jueces penales.

Por ello, en marzo de 2019, el Congreso le aprobó al presidente de la República una reforma para crear una policía civil denominada Guardia Nacional, y le otorgó un permiso de 5 años para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta en tanto se consolidaba dicha Guardia, y se fortalecían las corporaciones policiales civiles estatales y municipales. Es decir, se redactó en la Constitución un plan concreto para arribar a una solución de fondo consistente en transitar de la militarización a la “civilización” de la seguridad pública.

Sucedió empero, que el presidente no hizo la chamba. Y no solo eso, sino que hizo justo lo contrario; por un lado, lejos de consolidarla como una corporación civil, dotó a la Guardia de un carácter totalmente militar, y por otro lado, abandonó a las corporaciones policiales de Estados y Municipios.

El plan constitucional suponía brindar apoyo a los gobiernos subnacionales en la labor de limpiar y fortalecer a sus policías locales, pero ni remotamente el Ejecutivo hizo lo conducente, sino al contrario, redujo recursos económicos, coordinación y cualquier tipo de colaboración, al grado que eliminó el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad (Fortaseg); primero lo redujo de los 5 mil millones de pesos que tenía en 2018, a 4 mil millones en 2020, y luego a cero pesos a partir de 2021. Pero además, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por su parte, se estancó presupuestalmente en los aproximadamente 8 mil millones de pesos anuales, y de hecho, en términos reales, ha ido a la baja. En 2018 estos dos fondos sumaban 12 mil millones de pesos, y en 2022 menos de 8 mil millones, es decir, los apoyos para la seguridad en los Estados y Municipios se redujeron en más del 50%. Esto, sin entrar ya al tema de las prioridades, porque, si comparamos esta partida de 8 mil millones contra la de los 400 mil millones que costará el Tren Maya, por poner un ejemplo, resulta que a esta obra absurda se le destinan 50 veces más recursos que a la seguridad pública en nuestras comunidades locales. Absolutamente increíble, y totalmente irresponsable. Parece que el presidente cree que en materia de seguridad, México está como Dinamarca.

Pues bien, como no ha hecho la tarea, ahora el Ejecutivo le pide al Congreso que le extienda el permiso para utilizar al Ejército hasta 2028, cuando él ya no esté en el cargo, es decir, lo que está pidiendo es que se le exima desde ahora de siquiera hacer un esfuerzo por fortalecer el aparato de seguridad pública, y pasarle la papa caliente por lo pronto a los militares, y más adelante a su sucesor.

Ante su negligencia, probablemente en algún momento no haya más remedio que extender ese permiso, pero otorgarlo desde ahora implica claudicar de hacer algún esfuerzo de avance por alcanzar el propósito final; sería como renunciar a avanzar, aunque sea un poco, en este tramo final del obradorismo.

Lo que el Congreso debe hacer es lo contrario, presionarlo para que avance todo lo que se pueda, y después ver si se extiende o no dicho permiso, y en su caso, por cuánto tiempo.