Un procedimiento interpuesto contra una empresa farmacéutica del Senador Carlos Lomelí Bolaños fue reservado hasta el año 2028. 

La investigación iniciada desde el año 2019 contra la empresa Lomedic ya había recibido una reserva de información por un año en 2021 y ahora el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo extiende por tres años más.

El procedimiento SAN/015/2019 iniciado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (en ese momento llamada Secretaría de la Función Pública) contra la empresa LOMEDIC, propiedad del Senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños, fue abierto tras la publicación del reportaje El emporio farmacéutico a la sombra del Súperdelegado Lomelí, realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en mayo de 2019.

En él se reveló que familiares y colaboradores de Carlos Lomelí Bolaños formaban parte de una red de empresas que vendían medicamentos a gobiernos. Esas compañías recibieron, entre los años 2012 y 2019, más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos.

Las compañías ligadas al Senador compitieron entre sí y, según documentos oficiales, varias están ubicadas en predios que pertenecen al morenista.

MCCI reveló que el actual Senador de Morena y líder de la Comisión de Marina en el Senado de la República, es el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
 

El emporio farmacéutico se encuentra conformado por las empresas Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

De las nueve compañías, las cuatro que fueron reconocidas por Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés presentada en febrero de 2018, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra.

Tras la publicación del reportaje, la entonces Secretaría de la Función Pública informó en julio de 2019 que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí Bolaños, y en esa fecha adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.

Dos meses después se publicaron las primeras sanciones. Por medio de dos circulares emitidas por el Diario Oficial de la Federación (DOF), se informó de la inhabilitación a Laboratorios Solfran y Lomedic; compañías que debían abstenerse de concursar por nuevos contratos hasta 2022.  

Las sanciones se emitieron por falsear información en licitaciones gubernamentales. Tanto Lomedic como Laboratorios Solfran fueron penalizados además con multas de más de un millón de pesos. 
El 12 de julio de 2019, Carlos Lomelí hizo pública su renuncia al cargo de delegado del Bienestar en Jalisco. Desde el 1 de noviembre de 2024 se desempeña como Senador de Morena por Jalisco y líder de la Comisión de Marina en el Senado de la República.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde noviembre de 2025 el expediente completo de ambas sanciones, pero uno de ellos fue reservado nuevamente.

El expediente número SAN/015/2019 ya había sido reservado por el periodo de un año en marzo de 2021, argumentando que la investigación del caso se mantenía abierta.

Tras la nueva petición de acceso al expediente, el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó la reserva de información por tres años más, argumentando que el caso sigue en curso, por lo que publicar el expediente dañaría el debido proceso.

La sanción, que posiblemente está ligada al expediente SAN/015/2019 que actualmente se encuentra clasificado como reservado por tres años, se interpuso a la empresa por supuestamente haber proporcionado información falsa para participar en procesos de licitación con el gobierno federal, en el año 2015.

El actual Senador morenista se amparó ante el proceso y argumentó que ya no formaba parte de la empresa en el año en el que se otorgaron los contratos públicos. Para defenderse, Lomelí Bolaños presentó una acta de asamblea de accionistas de la empresa, mediante la que se autorizó que Carlos Lomelí donara sus acciones a su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez.

Según el Senador, la asamblea se celebró el 30 de octubre de 2012 pero se protocolizó ante fedatario público hasta el 10 de diciembre de 2015, días después de haber ganado los contratos de obra pública que el gobierno federal licitó

MCCI consultó las asambleas públicas transparentadas por el Registro Público de Comercio y no encontró ninguna acta correspondiente a dicha fecha; sin embargo, el 15 de enero de 2016, cuando ya se habían firmado los contratos en disputa, se registró un acta donde Carlos Lomelí Bolaños seguía apareciendo como representante de Lomedic, lo que contradice su declaración ante el TFJA.

Además, en su propia declaración de situación patrimonial, presentada en mayo de 2025 ante la Cámara de Senadores, Carlos Lomelí Bolaños declaró que mantuvo el puesto de Director General de Lomedic desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2021, lo que contradice nuevamente el argumento por el que el Tribunal de Justicia Administrativa habría librado a Lomedic de una de sus inhabilitaciones.

Magistrados como Zulema Mosri y Carlos Mena, que votaron en contra de retirar la inhabilitación, argumentaron en su momento que el contrato de donación de acciones, que no aparece registrado ante el Registro Público de Comercio, es un contrato privado que se celebró entre esposos y no fue firmado ante testigos, y que si se protocolizó ante corredor público, éste tiene funciones mercantiles, no de fedatario público para certificar un acto como es un acto civil de donación. Por lo que para ellos todo este movimiento se trató de una simulación.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/blindan-hasta-2028-expediente-contra-farmaceutica-ligada-a-senador-de-morena/

Lo que queda por aclarar es si el relevo ocurrió tal y como lo contó la presidenta Sheinbaum Pardo en una mañanera en el sentido de que su secretaria de mujeres llegó a avisarle en frío que renunciaba al cargo para irse a Morena o si hubo de por medio alguna comunicación informal, rápida, directa o indirecta de Palenque, aunque para el caso es lo mismo: el gabinete sacrificó a una funcionaria que tenía más significados que resultados pero con una tarea que iba caminando bien que mal.

El dato central que se analizó en Palenque tiene que ver con una batería de encuestas que ha revelado que Morena para las legislativas de 2017 apenas alcanza un techo de 37% y que en ese escenario era más que indispensable el amarre sin rodeos con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y aunque ahora los dos asociados apenas sumen aproximadamente 20 puntos porcentuales, la mayoría calificada de 67% de curules estaría un poco más cerca, aunque en ciertos análisis morenistas se señala que una coalición sólida Morena-Verde-PT podría mandar el mensaje de posibilidades del piso legislativo.

Las encuestas político-electorales están mostrando una especie de hoyo negro electoral: tendencias de 37% para Morena, 17% para el PAN, un importante 13% para Movimiento Ciudadano y un 9% para el PRI, lo cual mostraría un 24% –casi un cuarto del total– que todavía no estaría mostrando tendencias electorales.

La disputa electoral de 2027 se convierte en la más importante del sexenio actual y de ahí la decisión del presidente emérito López Obrador para tomar el control político de Morena y operar al margen de las posibles explicaciones o justificaciones que pudiera obtener Palacio Nacional de las elecciones en las políticas públicas federal.

Asimismo, la prioridad del 2027 con miras al 2030 estaría mostrando lo que ya ha aparecido en los espacios político-electorales del corto plazo: la captura del INE actual sin una reforma lopezobradorista esperada en modo de la captura judicial y por tanto la clave fundamental de que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados logren imponer tres consejeros electorales dependientes de los intereses morenistas.

Y también se estaría jugando con fuego –por el alto costo político como debate público– con la posibilidad de negarle el registro electoral como partido al grupo que aparece como la más fuerte coalición opositora: Somos México, organizado por experredistas, exlopezobradoristas, abandonadas por el PRI, el funcionariato del INE de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón y sobre todo nombres que tienen alta repercusión en medios al vincularse con una fuerza electoral, porque allí estarían colando buena parte de los electores sin partido.

Como ocurrió con el proceso de sucesión presidencial –el juego del calamar de las corcholatas–, López Obrador va a manejar de manera directísima la sucesión presidencial de 2030, y basta con recuperar lo ocurrido con la candidatura perfilada –a pesar del juegos de apariencias– de Claudia Sheinbaum Pardo frente al juego perverso de manipular sentimientos y posibilidades de Marcelo Ebrard Casaubon, Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández.

López Obrador ya no tiene demasiada pista de despegue, y a ello hay que agregar que la lista de aspirantes realmente está flaca: Clara Brugada, Martí Batres, todavía Andy López Beltrán y si no la hace cardiaca en Morena hasta Luisa María Alcalde Luján. Esta lista lopezobradorista tendría que resolver al candidato preferido por la presidenta Sheinbaum Pardo –el muy popular Omar García Harfuch– y sin perder de vista la candidatura solitaria de Marcelo Ebrard Casaubon, y en este escenario hay que incluir en el análisis sospechosita las campañas contra estos dos secretarios del gabinete presidencial.

En el escenario sucesorio, López Obrador tiene muy claras sus experiencias –al final de cuentas, un político intuitivo y de talacha cotidiana– y las evidencias de que el PRI y el PAN perdieron la presidencia cuando se fracturaron internamente, y Morena se fortaleció justamente con las fracciones del PRI y del PAN que pasaron a posiciones de autonomía electoral.

Jefe político indiscutible del movimiento morenista, el presidente emérito López Obrador está gestionando en los estrechos espacios del poder real porque apenas tiene un año para reconstruir la fortaleza de Morena, rehacer de manera muy sólida la alianza con el Verde y el PT, frenar a consejeros electorales no morenistas en proceso de elección y sobre todo impedir el registro de Somos México como partido político.

El primer paso fue la concentración de Morena en el Palacio Downton Abbey de Palenque.

Política para dummies: En la política, como en El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos”.

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Informe Crítico: La encrucijada de los derechos humanos en el México de Sheinbaum

La presencia de Volker Türk en territorio mexicano no es un gesto protocolario, sino un recordatorio sistémico de la brecha existente entre el discurso de la «continuidad con cambio» y la realidad material de un país que acumula más de 115,000 personas desaparecidas. El análisis político, como subdisciplina de las ciencias sociales, nos exige despojar la coyuntura de su barniz ideológico para examinar la gestión de lo existente.

El espejismo de la congruencia

En la reciente Cumbre de países progresistas en España, el gobierno mexicano proyectó una imagen de vanguardia en derechos humanos. No obstante, el análisis de coyuntura revela una fricción profunda: la persistencia de una crisis humanitaria que no cede ante decretos ni narrativas de «humanismo mexicano». La desaparición forzada en México no es un residuo del pasado neoliberal, sino una patología activa del sistema político que pone a prueba la rendición de cuentas del nuevo ejecutivo.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de trascender la «postpolítica» —aquella que intenta reducir conflictos ideológicos a meras gestiones técnicas— para abordar la desaparición forzada como una herida política abierta que requiere no solo pericia forense, sino voluntad de ruptura con la opacidad institucional.

La fricción del discurso progresista

La visita del Alto Comisionado funciona como un catalizador de contradicciones. Mientras el Estado reivindica su soberanía y compromiso social, las organizaciones de la sociedad civil y las madres buscadoras exponen un aparato estatal que, a menudo, parece más preocupado por la gestión de la percepción que por la localización de los ausentes. El análisis político estratégico nos indica que las instituciones de gobierno son resultantes de procesos históricos de negociación; sin embargo, en el tema de desapariciones, el Estado corre el riesgo de convertirse en un actor inerte frente a la magnitud de la tragedia.

Para una audiencia universitaria y crítica, la pregunta es ineludible: ¿Es posible sostener un liderazgo progresista internacional mientras el sistema interno de justicia muestra signos de agotamiento estructural? La congruencia no es una virtud estética, sino una exigencia metodológica del análisis político serio.

Conclusión

México se encuentra en un punto de ruptura donde la legitimidad democrática se juega en la capacidad de responder a las familias de los desaparecidos. El compromiso con los derechos humanos no puede ser una pieza de comunicación estratégica; debe ser el eje rector de una política pública que reconozca, sin ambages, la profundidad del abismo forense nacional.

El contrasentido del grupo ocurrió en su primer gran pronunciamiento: exigir el respeto a Estados Unidos a Cuba, un país que no ha tenido elecciones libres desde 1953, que carece de partidos políticos democráticos reconocidos, que tiene una oposición encarcelada por no someterse a los dictados unidireccionales de la familia Castro Ruz que controla al país y a sus recursos, que mantiene encarcelados con acusaciones antidemocráticas a líderes de la oposición que no se han sometido la antidemocracia comunista y que existe que le defiendan su soberanía con recursos económicos y geopolíticos para seguir existiendo con una colonia de Rusia.

El otro punto de incongruencia radica en la caracterización del grupo de Barcelona como una comunidad de izquierda, una caracterización ideológica inexistente en términos de ciencias políticas y sociales, más como coartada que como un catálogo de funciones más populistas y también antidemocráticas.

Las ciencias sociales no reconocen más que un espacio binario en las ideas, a partir del señalamiento muy preciso de Marx y Engels en 1848 con el Manifiesto Comunista: el sistema productivo y la historia se entienden por el choque dialéctico entre los propietarios de los medios de producción conocidos como burguesías y los obreros que aportan su mano de obra para convertir la producción en riqueza apropiada por los patrones. El término de izquierda se creó en la Revolución francesa sólo por la colocación de los grupos ideológicos: a la izquierda estaban los progresistas, antimonárquicos, presuntamente republicanos y jacobinos y sin ningún tinte socialista, y a la derecha los defensores de la monarquía de los Luises.

La división ideológica tiene que ver con el modo de producción capitalista o comunista. El concepto de izquierda se popularizó como una especie de placebo ideológico que pudiera satisfacer temores de los revolucionarios que defendían intereses sociales, pero sin cambiar el modo de producción capitalista que beneficiaba a la burguesía y que se apropiaba de la parte más importante de la riqueza producida por la inversión privada pero sobre todo por la actividad de los obreros.

El Gobierno de España caracteriza una forma de organización político-productiva que lleva en su seno el germen de su propia destrucción: una monarquía que coloca a una familia con un apellido como los dueños de todo el país y obliga a los españoles inclusive a gestos como el de inclinar la cabeza y la rodilla frente al poder de la consanguinidad real, pero con un sistema de gobierno que se elige siguiendo las reglas clásicas electorales de la democracia. La limitación del régimen español se encuentra en que el rey como autoridad no se elige pero se le mantiene con recursos públicos y hace las funciones de jefe de Estado con tareas derivadas de la configuración electoral del grupo gobernante. Benjamin Constant creó el principio de que “el rey reina, pero no gobierna”, aunque en España el rey por la gracia de Dios toma decisiones que tienen que ver con tareas que corresponden solo a fuerzas políticas y sociales electas.

La configuración de izquierda que se da para sí el PSOE en el poder no rompe con el modelo productivo que descubrieron –por así decirlo– Marx y Engels, sino que su definición o inclinación ideológica tiene que ver con políticas muy limitadas de corte asistencialista y de protección salarial de los obreros registrados. Pero el poder económico y productivo de España es el de la burguesía acaparadora de la riqueza social producida.

El modelo económico y social mexicano obviamente se parece más al español, por razones de herencia consanguínea que la Independencia no modificó. Pero la caracterización y fuerza del Estado mexicano es mucho más agresivamente revolucionaria que el español, pues en México por mandato constitucional el Estado y no un rey es el propietario de la nación y por decisión institucional crea, aprueba y regula al sector empresarial privado; es decir, que el Estado mexicano es social y no monárquico.

Y en términos geopolíticos, España es europea y desde el siglo XIX se olvidó de su territorio americano, incluyendo el hecho de que México no fue una colonia de España sino que se conquistó y se controló para que se convirtiera en el Reino de la Nueva España como monarquía asociada a la península. Y en términos concretos, España se rige más por acuerdos con Rusia y China y México por la vecindad con Estados Unidos.

Así que el grupo político de Barcelona no llevará a ningún lado porque la monarquía española sigue viendo a México con los ojos del conquistador.

Política para dummies: la política define territorio pero también sociedades.

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Sin embargo, el mismo episodio expone los límites de esa flexibilidad. Sheinbaum no ha abandonado la línea ideológica que define su gobierno. Prueba de ello fue su respaldo explícito a Cristina Fernández de Kirchner, condenada en Argentina por corrupción. Mientras sectores de la oposición mexicana interpretan ese apoyo como una defensa de líderes progresistas frente a lo que consideran persecución judicial, críticos argumentan que tolerar sentencias por actos de corrupción erosiona la rendición de cuentas y proyecta una doble vara en materia de transparencia. Esta contradicción alimenta el debate: ¿se trata de solidaridad ideológica o de una incapacidad para romper con el marco conceptual heredado?

El interrogante central radica en hasta qué punto Sheinbaum está dispuesta a sacudirse la herencia de su mentor político. La llamada Megafarmacia, uno de los proyectos insignia de López Obrador para resolver la escasez de medicamentos, ha sido relegada en los discursos oficiales sobre salud pública. Hoy funciona como una bodega de almacenamiento y ya no aparece como prioridad estratégica. Para algunos analistas, este silencio representa un reconocimiento implícito de ineficiencia y un primer paso hacia la revisión de obras faraónicas. Para otros, se trata simplemente de una reasignación discreta de recursos sin admitir errores pasados.

El mayor desafío, no obstante, reside en las finanzas públicas. Los programas sociales expansivos impulsados desde 2018 siguen demandando recursos crecientes en un contexto de bajo crecimiento económico y presiones inflacionarias. La falta de fondos suficientes para mantener el ritmo de transferencias directas genera inquietud entre economistas independientes, quienes advierten que el modelo podría volverse insostenible sin ajustes estructurales. Morena y sus aliados enfrentan el riesgo de que este desequilibrio afecte los resultados electorales de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y varios congresos estatales. Mientras la narrativa oficial insiste en que los apoyos sociales son irreversibles y constitutivos de un nuevo pacto social, voces críticas sostienen que sin crecimiento sostenido y mayor inversión privada, la presión fiscal terminará por limitar la capacidad de maniobra del gobierno.

Distintas posturas se enfrentan en este escenario. Quienes apoyan la continuidad destacan la habilidad de Sheinbaum para adaptar el proyecto transformador a realidades internacionales y presupuestales sin traicionar sus principios. Quienes cuestionan el rumbo señalan que la jaula ideológica impide una revisión profunda de megaproyectos y políticas que, según datos oficiales, han incrementado el gasto corriente sin generar los retornos esperados en productividad. El equilibrio entre pragmatismo y lealtad se presenta, por tanto, como un acto de malabarismo político cuya sostenibilidad será puesta a prueba en los próximos meses.

El futuro dirá si la presidenta opta por cerrar capítulos costosos del pasado o si, por el contrario, mantiene el rumbo trazado en 2018 con ajustes menores. Lo que resulta evidente es que las decisiones que tome en materia de política exterior, rendición de cuentas y disciplina fiscal definirán no solo su legado, sino también la viabilidad electoral de su movimiento en el horizonte inmediato.

El ejercicio del poder contemporáneo en México parece haber transitado de la gestión de la realidad a la manufactura de una «postpolítica» basada en la anestesia de lo fáctico. Bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, se observa un patrón de fricción semántica donde la comunicación gubernamental no busca informar, sino desarticular la capacidad ciudadana de procesar la coyuntura política. Este fenómeno, que podemos denominar como la «institucionalización del perjurio oficial», se manifiesta en una secuencia de tres tiempos: la negación vehemente, la difamación del emisor y, finalmente, el reconocimiento tardío e insuficiente de la crisis.

Un ejemplo paradigmático de esta disociación se encuentra en la respuesta oficial ante eventos de naturaleza incontestable. La presencia de una funcionaria asoleándose en las ventanas de Palacio Nacional fue inicialmente catalogada como un producto de la inteligencia artificial por los aparatos de propaganda. Aquí, el análisis político nos revela que no se trata de una simple mentira, sino de un intento de «despolitizar» una falta administrativa convirtiéndola en un debate técnico sobre tecnología digital. La posterior aceptación del hecho por parte de la presidencia no repara el daño institucional; por el contrario, confirma que la primera línea de defensa del Estado es la alteración de la verdad.

Esta patología comunicacional alcanza niveles críticos en la gestión de desastres ambientales y económicos. El derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tamaulipas siguió el mismo guion: la culpa fue desplazada hacia actores externos —un buque fantasma— antes de admitir el colapso de la infraestructura de Pemex. Desde una mirada metodológica, esta resistencia a la rendición de cuentas evidencia que las instituciones de gobierno han dejado de ser sujetos constructores de realidad para convertirse en mecanismos de conservación de una estructura que se esfuerza por ocultar contradicciones incurables.

En el ámbito económico, la negación de la inflación alimentaria constituye el punto de ruptura más severo con el contrato social. Mientras los ciudadanos enfrentan el encarecimiento cotidiano en los mercados, el discurso oficial se ampara en indicadores que pretenden neutralizar la vivencia empírica. Se intenta sustituir la «coyuntura vivida» por una «coyuntura estadística» inentendible para el grueso de la población. Este distanciamiento entre el «Nosotros» (la ciudadanía) y el «Ellos» (la tecnocracia política) traza las bases de una interacción política profundamente fracturada.

La estrategia de atacar a quienes informan —periodistas, académicos y observadores— busca erradicar el análisis político crítico, reduciéndolo a una mera opinión ciudadana carente de valor metodológico. Al estigmatizar la información veraz, el Estado no solo niega los hechos, sino que intenta invalidar el «camino hacia el conocimiento» de la sociedad. Estamos ante una gobernanza que prefiere el costo del descrédito tardío al riesgo de la transparencia inmediata, una apuesta peligrosa que erosiona los cimientos de la democracia deliberativa.

Ese ha sido siempre el peligro, el doble discurso, la falta de honestidad y con la bandera de la lealtad patriótica y la honestidad en México se han dedicado a destruir las Instituciones, las libertades, la democracia y las verdaderas políticas públicas que lleven al Bien Común. La ambición de poder y de generarse riqueza personal es desmedida en estos políticos populistas, capaces de inventar lo que sea con tal de tener todo el poder. Las mentiras en sus discursos es el sello principal y su aceptación popular radica en la división ciudadana y en el regalar dinero a través de programas sociales.

Lo que vivimos actualmente en el proceso de elección de Consejeros del INE no es más que el último clavo al ataúd de la democracia. No podemos olvidar como AMLO desde el inicio de su mal gobierno se dedicó frecuentemente a denostar al INE y sus Consejeros y personal experto. Lo hizo hasta que convenció a los ilusos y empezó a desmantelar la libertad electoral. Los últimos nombramientos del Presidente Consejero y los otros nombrados en ese momento salieron insaculados, en “tómbola” como a él le gustaba, claro, la caja de donde salieron los nombres estaba “cargada mañosamente” y se logró secuestrar al INE con personal a modo y ni qué decir del desmantelamiento de las personas expertas y capacitadas, fuera, en su lugar títeres.

Pero faltaba la cereza del pastel, tener todo propiamente a su favor y la oportunidad vendría en el futuro inmediato por la salida de tres Consejeros que terminaban su período y entonces llegaba el momento de arrebatar la ciudadanización del INE para Morenizar las elecciones y seguir robando todas las elecciones. Por eso en diciembre del 2024 se hace la reforma Constitucional al artículo 41 y cambian la forma de elegir al comité técnico de evaluación, quienes quedan, los que no piensan en la libertad y la democracia, los que no piensan en México, quedan los que piensan en sus beneficios personales y dejar contento al Mandatario en turno. Y dicho Comité que son personas nombradas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la CNDH, ambas afines a MORENA deciden nombrar a cinco personas claramente vinculadas a MORENA.

Y para entender el peligro veamos los tres nuevos Consejeros llegarán sin experiencia, la curva de aprendizaje será mayúscula, sin personal técnico capacitado, con eso logran terminar de robar todo lo necesario en las elecciones. En el 2024 ya vimos como la mayoría de Consejeros le dieron ilegalmente a MORENA y sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que les iba a permitir hacer lo que les viniera en gana con las reformas legales. Sin olvidar la pseudo elección de los miembros del Poder Judicial que fue una farsa y la avaló el INE y el TRIFE.

La Constitución es muy clara en su artículo fracción V Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Pues ahora eso no se cumple. Dirán siempre ha sido así, los Partidos Políticos ponen a los Consejeros, sí pero siempre con debate, buscando el consenso, con diálogo y con una selección clara y transparente, con un equipo de evaluación capaz, con certeza en todo el proceso. Hoy solo es el agandallamiento y la imposición desde Palacio Nacional. Y antes llegaban para actuar con ética y autonomía, por eso se logró la transición e incluso el triunfo de AMLO. Hoy solo les importa ganar a costa de lo que sea.

Los vicios en el proceso de elección de Consejeros se notan desde la convocatoria lanzada el 29 de marzo de este año. No hay publicación de las aproximadamente 410 personas que se anotaron, no se sabe de su currículo, de su experiencia, la idoneidad que ponen es falso, una mujer con la más amplia experiencia y honestidad que aprobó el examen escrito la descalifican por falta de idoneidad y a una persona que su único mérito era imprimir las boletas electorales en su negocio, sí lo pasan.

Y cuidado acá viene la otra trampa, ellos saben que no tendrán posiblemente las dos terceras partes de los votos, muy remota la posibilidad y por eso aplican que de no tenerla el 28 de abril de este año vendrá una insaculación. Eso me trae a la memoria como llegó la iletrada e incapaz de la Ministra Batrés a la SCJN, mandada por AMLO después de tres intentos fallidos ante el Senado. Y repetir la historia de la elección de Consejeros que sea “la suerte” y no la idoneidad, la ética, la autonomía los que decidan.

Leí la convocatoria y les puedo garantizar que más del 80% de los que se anotaron no cumplían con la experiencia, la autonomía, la capacidad técnica y los conocimientos electorales, pero esos son los que pasaron. Los invito a leer la convocatoria y dar seguimiento a los resultados para que vean que no hay legalidad ni se cumplen muchas normas legales. Los que se dicen diferentes salieron mil veces peores que los del viejo PRI tramposo y acaparador. Desde 1990 que empezó la formación de la ciudadanización de las elecciones siempre hubo consenso no avallasamiento, había diálogo y no acamaparamiento.

Que nos queda, exigir a los Consejeros de INE que sean éticos, exigir que sus acciones sean basadas en la legalidad, exigir que realmente sean los defensores de la democracia y las elecciones libres. Nos queda ir a votar en junio del 2027, no abstención, cuidar las casillas, vigilar las elecciones, pedir a los Partidos de oposición que realmente nos representes y manden candidatos éticos, sin cola que les pisen y cumplan para lograr el Bien Común.

@truebadeorizaba

El Servicio de Administración Tributaria colocó en la antesala del embargo a dos empresas vinculadas a figuras visibles del entorno político de la llamada Cuarta Transformación. Se trata de Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, y de IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, actual vocero de los diputados de Morena. 

En ambos casos, la autoridad fiscal determinó adeudos millonarios e inició el proceso para cobrarlos mediante el aseguramiento de bienes si las empresas no pagan.

En el caso de Argos Producciones, el origen del adeudo se remonta a febrero de 2020. Se trata de impuestos sobre la renta, pagos provisionales y retenciones que la empresa debía enterar, según se detalla en documentos oficiales del SAT consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El SAT determinó el crédito fiscal de Argos el 7 de diciembre de 2022 y lo notificó el 13 de ese mismo mes. A partir de ahí, la empresa tenía 30 días para pagar o, al menos, asegurar el pago mientras lo impugnaba. El plazo venció el 9 de febrero de 2023.

Argos decidió impugnar la resolución, pero no dejó ninguna garantía de pago, según se refiere en una notificación del SAT. Desde entonces, la deuda comenzó a crecer. Cada mes se agregaron recargos y cada año se aplicó la actualización por inflación. 

Para febrero de 2026, el SAT ya había emitido un mandamiento de ejecución, es decir, el punto en el que la autoridad puede embargar bienes para recuperar el adeudo.

El crédito fiscal asciende a 8 millones 690 mil pesos, según se detalla en un oficio enviado al domicilio fiscal del contribuyente, en la calle Emilio Cárdenas 203, en el centro industrial Tlalnepantla, donde Argos Producciones tiene sus estudios de grabación y su escuela de artes escénicas y audiovisuales.

El adeudo se ha incrementado de 2020 a la fecha en varios millones por efecto de la actualización, los recargos y las sanciones. Esto implica que la empresa mantuvo un incumplimiento prolongado mientras el adeudo crecía de manera sostenida, sin que se cubriera ni se asegurara el pago.

El caso adquiere relevancia por la figura detrás de la empresa. Epigmenio Ibarra ha sido uno de los promotores y defensores más visibles del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia constante en el debate público contrasta con un expediente fiscal que muestra un adeudo acumulado durante años.

Crédito y condonaciones millonarias a Argos

El contraste se vuelve más evidente al considerar que Argos fue beneficiada con financiamiento público. En 2020, en plena pandemia, la empresa recibió un crédito de hasta 150 millones de pesos de Bancomext, en un contexto en el que el propio gobierno sostenía que no habría rescates empresariales. Seis años después, ese préstamo no ha sido pagado.

Antes de ese crédito y de que el SAT iniciara acciones para cobrar adeudos, la propia autoridad fiscal ya había otorgado beneficios a empresas de grupo Argos mediante condonaciones de impuestos en distintos ejercicios.

De acuerdo con registros oficiales, al menos cinco razones sociales relacionadas con ese grupo recibieron condonaciones entre 2020 y 2022 por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos. Entre ellas aparece Argos Producciones S.A. de C.V., que obtuvo dos condonaciones: una publicada el 1 de julio de 2020 por 2 millones 895 mil pesos, y otra el 1 de enero de 2022 por 4 millones 463 mil pesos.

También figura Argos Noticias, Argos Comunicación, Argos Soluciones Creativas y Head Room Creatividad.

Las condonaciones se otorgaron en un periodo en el que el gobierno federal sostenía públicamente una política de eliminación de privilegios fiscales.

IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, empresa vinculada al diputado morenista Arturo Ávila Anaya, enfrenta también un adeudo fiscal que ha crecido con el tiempo y que ya se encuentra en fase de cobro mediante embargo.

Las omisiones en el pago de impuestos corresponden a 2021, cuando Ávila encabezaba la empresa, que tiene su sede en Aguascalientes. El SAT determinó el crédito el 10 de junio de 2024 y lo notificó el 14 de ese mes. La compañía tenía hasta el 12 de agosto de 2024 para pagar o asegurar el pago mientras lo impugnaba. Tampoco lo hizo.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/empresas-de-epigmenio-ibarra-y-del-vocero-de-morena-adeudan-impuestos-desde-2020-y-2021/

No se trata aquí de la mala intención de amarrar navajas, sino de clarificar el espacio en el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará dando un paso muy preciso y reflexionado el regreso de México a la diplomacia internacional activa que abandonó López Obrador desde diciembre de 2018.

Lo único malo ratifica el hecho de que el escenario de México vis a vis Estados Unidos tiene un agenda en proceso de negociación marcada por prioridades estadounidenses: la revisión del Tratado de Comercio Libre en función del regreso de EU a la concentración económica y productiva en territorio americano, las quejas permanentes del presidente Trump y sus principales funcionarios contra la estrategia mexicana de “abrazos, no balazos” con los cárteles del narcotráfico, la insistencia de la Casa Blanca para enviar tropas militares a destruir en territorio mexicano las zonas delictivas, la ayuda de México a Cuba con petróleo y diésel que fue bloqueada arbitrariamente por Estados Unidos para ahogar al régimen de Castro en la exigencia estadounidense para que sus principales aliados –y México es next door o vecino territorial al sur– decidan sumarse al paraguas militar y de seguridad nacional y geopolítico de Washington.

La convocatoria –como ya se comentó aquí hace días– del Gobierno de España estuvo definida en la decisión del Palacio de La Moncloa de confrontar las decisiones bélicas de EU contra el régimen de los Ayatolás en Irán, al grado de que la posición española fracturó la alianza atlántica en la OTAN y orilló al presidente Trump a amenazar con abandonar este grupo y crear uno nuevo sólo con sus aliados.

El escenario diplomático de México en realidad no está en Europa, sobre todo porque en los últimos años nada ha aportado la Comunidad Europea a América Latina y a México y sólo ven al territorio hispano del continente americano con los ojos antiguos del conquistador del siglo XIV.

El descuido diplomático de México, no solo en el periodo de la 4ªT sino más bien en el contexto de la globalización dependiente que firmó en 1993 el presidente Carlos Salinas de Gortari, subordinó a México a las líneas estratégicas de la geopolítica de Estados Unidos, como quedó muy claro en el Memorándum Negroponte que en esta columna se ha insistido hasta el cansancio porque estableció el criterio de que la dependencia de México al mercado norteamericano implicaba también la subordinación diplomática y política.

El abandono diplomático mexicano de los últimos 45 años permitió la desarticulación de América Latina y el Caribe en un archipiélago de nacionalismos absurdos y sentó las bases para que Estados Unidos con Trump pudiera ir impulsando relevos de gobierno hacia la derecha.

Y ahí se observa el fenómeno político de que los últimos resquicios activos de la diplomacia latinoamericanista –México, Brasil, Uruguay y Colombia– tengan que cruzar el Atlántico para fortalecer la posición del presidente español Pedro Sánchez, con prioridades negativas más locales que geopolíticas: su esposa está siendo procesada por cuatro casos de corrupción, varios ministros están siendo revelados también por tráfico de dinero, la fortaleza de Sánchez depende no de la coalición monárquica sino de los independentistas y autonomistas, es decir, que el presidente español está usando sin rubor a países latinoamericanos que nunca lo preocuparon en sus años de gobierno sólo para crear un bloque anti EU a su conveniencia.

El nuevo canciller mexicano Velasco Álvarez, con una carrera burocrática administrativa y sin ningún pronunciamiento de definición de la política exterior de México y la seguridad nacional en tiempos de guerra, forjó su ascenso en la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores atendiendo las necesidades de Estados Unidos, y mañana tendrá que explicar que como nuevo encargado de la diplomacia mexicana estará colocado al lado de la confrontación de España con Washington por Irán y Ucrania.

Lo menos que México necesitaba era un replanteamiento de sus principios históricos de política exterior frente al vecino del norte y sobre todo ante la pérdida de liderazgo mexicano al sur del Río Suchiate, y lo que más urgía era un planteamiento diplomático que fuera más allá de los intereses también desdeñosos de Brasil a México y resolviera primero las tres prioridades de México con EU: el Tratado Comercial, el acoso americano que quiere invadir México por el narco y la falta de decisión del Gobierno mexicano para defender con energía y principios a los migrantes reprimidos en territorio americano.

Lo único que queda es la posibilidad nada segura de que la presidenta mexicana estructure un discurso de replanteamiento diplomático en la colocación de los intereses geopolíticos de México por encima de Estados Unidos y de Europa.

Política para dummies: la política es la gestión del poder a favor de los intereses nacionales.

carlosramirezh@elindependiente.mx

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@carlosramirezh

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Un contrato por 540 millones de dólares a favor de una empresa de Texas fue negociado con un alto funcionario de Pemex mediante chats de Whatsapp.

Latinus reveló el pasado martes el proceso penal iniciado a mediados de marzo en el Distrito Sur de Texas, que expone un nuevo episodio de corrupción vinculado a Petróleos Mexicanos. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestra detalles de la acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos, en la que se reconstruye cómo el contrato adjudicado en diciembre de 2021, fue acompañado por una trama de pagos ilícitos, intermediarios y acuerdos encubiertos que se extendieron durante años.

Según la acusación del Departamento de Justicia, desde al menos enero de 2020 ejecutivos de una compañía proveedora de equipo -con sede en Texas- y sus intermediarios en México y Estados Unidos iniciaron conversaciones para asegurar el contrato. En esas conversaciones se menciona la necesidad de pagar sobornos a un alto funcionario de Pemex Exploración y Producción, cuya identidad mantienen bajo reserva las autoridades estadounidenses.

El esquema tomó forma mediante una cadena de intermediarios. La empresa proveedora contrató a una compañía en México, que a su vez canalizó pagos a otra firma en Texas controlada por Alfonso Wilson, ciudadano mexicano-estadounidense.

El papel de Wilson, de acuerdo con la acusación, consistía en fungir como enlace directo con el funcionario de Pemex para influir en decisiones internas y asegurar la adjudicación del contrato.

Las conversaciones internas revelan el tono y la presión que rodeaban el acuerdo. El 22 de mayo de 2020, en un chat de WhatsApp entre los involucrados, uno de los ejecutivos de la empresa que buscaba obtener el contrato escribió reprochando el supuesto incumplimiento del funcionario de Pemex:

“Como siempre (el funcionario) promete, y luego nunca cumple. Este tipo nos dijo en febrero que iba a enviar la carta de intención”.

La respuesta llegó de inmediato dentro del mismo grupo. Uno de los participantes sugirió ajustar el esquema de pagos: “deberíamos eliminar las comisiones (o sobornos) del funcionario”.

Wilson intervino en la conversación con una frase breve que deja ver su rol operativo: “Hoy verifico con el funcionario de Pemex”.

“La respuesta a mi mensaje del lunes: ‘Wilson, todavía estamos interesados en comprar los equipos, pero no hemos autorizado ninguna compra hasta que el COVID esté controlado”. 

La conversación no se detuvo ahí. Otro de los participantes advirtió sobre la conveniencia de mantener al funcionario dentro del esquema, pero escalando en la estructura de Pemex:

“También creo que sacarlo con lo que sabe no es muy saludable, creo que deberíamos decirle que vamos a subir un nivel, pero sin dañar su interés. Sí creo que (el funcionario) debe mantenerse dentro… no es un enemigo hoy, de hecho creo que sigue siendo el mejor aliado en este negocio”.

Detrás de estos intercambios se estaba definiendo el mecanismo de los sobornos. Según la acusación, los implicados acordaron pagar millones de dólares al funcionario a cambio de utilizar su cargo para facilitar la obtención del contrato. 

Inicialmente, los pagos se canalizarían a través de una empresa intermediaria en México. Más adelante, hacia finales de 2021, el esquema se modificó y los recursos comenzaron a fluir mediante otra compañía, también controlada por uno de los participantes.

El contrato fue finalmente adjudicado por Pemex en diciembre de 2021. Sin embargo, los pagos asociados al esquema continuaron después. Entre 2023 y noviembre de ese mismo año, la empresa intermediaria transfirió a Wilson, a través de su compañía en Texas, tres depósitos que suman 415 mil 800 dólares

198,000 dólares el 31 de julio de 2023.

198,000 dólares el 12 de septiembre de 2023.

19,800 dólares el 3 de noviembre de 2023.

Para las autoridades estadounidenses, estos pagos forman parte de una conspiración más amplia destinada a “obtener y conservar” el contrato mediante prácticas corruptas.

El contrato fue firmado por allegado del Presidente

Wilson, quien a inicios de abril se declaró culpable en esta trama de corrupción, es director ejecutivo de Oil Technologies Consortium y según su perfil de Linkedin cuenta con experiencia previa en Pemex.

Aunque los documentos judiciales del caso no revelan el nombre de la empresa que recibió la asignación de 540 millones de dólares, el sitio www.fcpaprofessor.com, especializado en dar seguimiento a casos de corrupción en Estados Unidos, mencionó desde el pasado 18 de marzo de 2026 a la empresa texana Drillmec como la supuesta beneficiada con el contrato que fue negociado con la intermediación de Wilson.

El reportaje de Latinus mencionó en su reportaje del pasado martes que el contrato a favor de Drillmec fue firmado el 13 de diciembre de 2021 por Javier Núñez López, ex funcionario de Pemex y actual director de operaciones del Infonavit, y uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente López Obrador.

En febrero de 2024, MCCI publicó un reportaje en el que expuso el papel de Núñez López en los esquemas que sirvieron para financiar las campañas de AMLO. Por ejemplo, en 2012 fue acusado de triangular fondos públicos del Gobierno de la Ciudad al proyecto político de López Obrador.

Como directivo de Pemex, fue el responsable de firmar los contratos más cuantiosos. Tan sólo entre 2019 y 2023, Núñez López firmó o supervisó asignaciones por 100 mil millones de pesos a empresas que han sido ligadas a familiares del presidente López Obrador.

En un lapso de apenas 10 meses (diciembre de 2022 a octubre de 2023), Núñez López firmó cinco contratos por más de 23 mil millones de pesos con Baker Hughes, la empresa ligada a la llamada Casa Gris de Houston que ocupó José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/asi-se-negociaban-sobornos-en-pemex-mediante-chats-de-whatsapp/