En el último año (primer cuatrimestre de 2026 contra el mismo periodo de 2025), todos los indicadores de violencia letal mantienen tendencia a la baja.

Homicidio doloso: -30%.

Otros delitos contra la vida: -25%*

Desapariciones: -21%

Feminicidio: -8%

Homicidio culposo: -6%

Violencia letal (suma de todos los indicadores): -21%

*La reducción del 25% se obtiene al incorporar las tentativas de homicidio y feminicidio dentro de la categoría de otros delitos contra la vida para 2026, tal como sugiere el SESNSP para fines de comparación histórica. Al excluir estos fenómenos, la reducción, aumenta a 49%; sin embargo, aún se desconoce cuántas presuntas tentativas fueron registradas durante 2025.

No obstante lo anterior, México continúa siendo un país más violento que hace diez años. Al primer cuatrimestre de 2026, la violencia mantiene niveles superiores a los observados en 2015. Considerando la totalidad de registros, la violencia letal incrementó 38% en la última década.

Otros delitos contra la vida: 168%

Desapariciones: 159%

Feminicidio: 61%

Homicidio doloso: 10%.

Homicidio culposo: 2.6%

Violencia letal (suma de todos los indicadores): 38%

Como explicación de la reducción en las cifras de violencia, el Estado aún parece sobreestimar el efecto de las detenciones y la acumulación de políticas de prevención social. La realidad es que, para identificar qué funciona, por qué y bajo qué condiciones, deben también considerarse variables de índole contextual o institucional.

Los focos rojos locales

Más de la mitad de las entidades federativas aún están muy lejos de un proceso de pacificación. En concreto, en 18 entidades federativas los niveles de violencia homicida se mantienen por encima de los registrados en 2015. De estas, cuatro presentan también incrementos durante el último año y en diversos fenómenos asociados a la violencia letal:

Colima

Tasa 2026 de 30.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un alza de 18% respecto al año previo y de 403% frente a 2015. Los homicidios culposos han incrementado 295% desde 2015. La violencia se intensifica ante la disputa entre organizaciones criminales nacionales por el control del puerto de Manzanillo, que es fundamental para la recepción de precursores químicos para la elaboración de drogas.

Morelos

Tasa 2026 de 19.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un alza de 4% respecto al año previo y de 134% frente a 2015. Tanto en el corto como en el largo plazo se observan incrementos en feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas. Destaca particularmente un aumento de 362% en los registros de personas desaparecidas desde 2015. Hay presencia de al menos 11 grupos criminales: siete locales, los dos principales cárteles nacionales, y dos regionales (uno de Guerrero y otro de Michoacán). Estas organizaciones disputan mercados ilícitos como el narcomenudeo y la extorsión, lo que parece explicar los incrementos en la violencia letal.  

Oaxaca

Tasa 2026 de 7.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un incremento de 14% respecto al año previo y de 436% frente a 2015. Los feminicidios aumentaron 459% durante la última década y los otros delitos contra la vida registraron un incremento de 668%. El control territorial de la entidad está siendo disputado por una organización criminal nacional y diferentes brazos armados o células de grupos regionales que operan en Oaxaca. 

Veracruz

Tasa 2026 de 4.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un aumento de 12% respecto al año previo y de 145% contra 2015. Los homicidios culposos aumentaron 131% desde 2015, los otros delitos contra la vida 298%, y en un sólo año, entre 2025 y 2026, los registros de personas desaparecidas crecieron 186%. La disputa criminal por el control territorial se da entre las dos principales organizaciones criminales nacionales, grupos armados de otras organizaciones regionales y bandas locales. Cada colectivo busca el monopolio del narcomenudeo, la extorsión y el control de puertos para la recepción de precursores químicos.

Diagnóstico nacional

Aunque las reducciones observadas en los datos federales son relevantes, los niveles absolutos de violencia continúan siendo elevados. En homicidio doloso, otros delitos contra la vida y homicidio culposo, tan sólo en el primer cuatrimestre del año, hay entidades (Colima, Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Baja California) que registran tasas superiores a 10 víctimas por cada 100 mil habitantes —niveles que suelen asociarse con escenarios de violencia epidémica .

Recomendaciones de política pública

Frente a las reducciones inéditas observadas en distintos indicadores de violencia letal en México, se requiere un mecanismo técnico e independiente que contribuya a evaluarlas, comprenderlas y sostenerlas. En este contexto, proponemos crear una comisión independiente sobre la reducción de la violencia letal, con autonomía técnica y capacidad para trabajar de manera coordinada, recurrente, cercana y transparente con las instituciones responsables de la política de seguridad.

La comisión debería integrarse por especialistas en violencias delictivas, seguridad pública, justicia, políticas públicas, métodos de evaluación de impacto y análisis de datos. Su finalidad sería producir conocimiento técnico que permita distinguir qué está funcionando para reducir la violencia letal, bajo qué condiciones ocurre y cuáles son los límites de las estrategias implementadas.

Para ello, serían necesarias dos líneas permanentes de trabajo:

1. Examinar la calidad de los registros administrativos

2. Explicar las causas detrás de la reducción de la violencia

En un país con realidades territoriales tan diversas, entender las claves detrás de los resultados es una condición indispensable para construir una política de seguridad más efectiva, sostenible y duradera.

Nota metodológica

En México Evalúa proponemos un análisis multidimensional de la violencia letal, que incorpora cinco indicadores provenientes de fuentes oficiales: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.

Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.

Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 26 de mayo de 2026. 

Las proyecciones de población a mitad de año provienen del Consejo Nacional de Población (Conapo).

“Paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentado, trepadores o malvados”.

Con su carta de miércoles, el tabasqueño deja muy claro que ya no hay modo o forma de llegar a un entendimiento con el presidente de EU y por eso acude al insulto personal. Y entre las contradicciones del estilo ahora reconoce que Trump estuvo en su primera presidencia “un juicio práctico y un instinto certero”.

Pero se trata del doble juego de la picaresca tropical y el presidente emérito mexicano juega al modo del Speedy González de las caricaturas de Los Ángeles hispano picándole las costillas a los gringos y luego echarse a correr. En febrero de 2017, como parte de su campaña presidencial, López Obrador realizó ocho mítines políticos en ciudades fronterizas del lado estadounidense, además de Nueva York y Washington y metió un video para incitar a los migrantes mexicanos a resistir lo que se vendría, pero, eso sí, invocando el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

El 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, López Obrador se apersonó en la línea fronteriza en Ciudad Acuña, Coahuila, y lanzó diez propuestas que convocaban a los migrantes mexicanos a rebelarse contra las amenazas del nuevo mandatario estadunidense, aunque se cubrió las espaldas diciendo que no se trataba de responder a la prepotencia con balandronadas, pero anunciando un idílico programa propio de gobierno que resolvería milagrosamente la crisis en México para evitar más migrantes, y dio que los consulados mexicanos en EU se convertirían en procuradurías de la defensa de los migrantes contra decisiones del Gobierno estadounidense.

El sueño de López Obrador era convertir a México en un paraíso durante su administración que se votaría a mediados de 2018 y lanzaba su mensaje optimista: “con Trump o sin Trump, regresen cuando quieran (a México, de donde salieron huyendo de crisis). Son bienvenidos y aquí hay trabajo y pan y techo y escuela y hospital y paz para ustedes”, aunque habían emigrado justamente por la falta de esos beneficios.

El 30 de mayo de 2019, ya de presidente a presidente, López Obrador le envió una carta a Trump para oponerse a todas las agresiones del mandatario estadounidense contra los migrantes mexicanos, aunque en su mensaje el miércoles pasado diga que el primer Trump en la Casa Blanca era lo más parecido aún angelito. En la misiva de hace siete años se mostró otra vez el López Obrador displicente de que México sería paraíso para que los mexicanos no salieran a buscar empleo a otro país: “no está de más recordarle que, en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Esto, porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, ¡como nunca!”, aunque los mexicanos siguieron emigrando por la crisis.

Muy en su estilo literario de cartas de exagerar ciertos hechos para ocultar suplicas, López Obrador terminó en su carta de 2019 pidiéndole al presidente Trump que “instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones”

La carta abierta del miércoles en tono de botella echada al mar fue motivada por la insatisfacción del Palacio Downtown Abbey de Palenque a la falta de efecto del discurso de la presidenta Sheinbaum en el Monumento de la Revolución y la ineficacia del regaño el lunes en la mañanera al embajador Ronald Johnson, pero justo en la coyuntura de la información del periódico Los Angeles Times revelando las restricciones en visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, pero con el dato subrayado de que tenían condición ya de testigos colaboradores para proporcionar información sobre la narcopolítica mexicana.

Y quedan registrados otros adjetivos de López Obrador referidos a colaboradores de Trump: “inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros que no son precisamente hombres de Estado” y se muestra sorprendido de que Trump se haya rodeado de “falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras», cuando es de sobra conocido Trump es por sí mismo el radical. 

Política para dummies: la política entre políticos no es política.

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El expediente se abre en Baja California. El 10 de mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la de su esposo, Carlos Torres Torres, en lo que la propia mandataria calificó como una decisión administrativa sin explicación oficial. «No hay acusación, no hay delito, no hay falta que perseguir», declaró flanqueada por su gabinete, sin permitir preguntas de la prensa. Sin embargo, investigaciones periodísticas vincularon la medida con el presunto intento de Ávila de detener excavaciones en una fosa clandestina en Tijuana, así como con investigaciones abiertas en México y Estados Unidos contra su esposo por lavado de dinero, robo de combustible y corrupción. Para mayor complejidad, el exgobernador Jaime Bonilla la acusó directamente de ser cómplice del crimen organizado, señalamiento que la gobernadora rechazó pero que alimentó la narrativa que la rodeaba. A más de un año del incidente, el proceso para recuperar su visa continúa sin resolverse.

El caso más grave es el de Sinaloa. El 29 de abril de 2026, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, acusándoles de colaborar con los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense a cambio de millones de dólares en sobornos. La acusación señala que desde la campaña electoral de 2021, miembros del cártel sustrajeron urnas e intimidaron a rivales para asegurar la victoria de Rocha Moya. Este parece ser el primer caso en que fiscales estadounidenses acusan formalmente a un gobernador mexicano en funciones, lo que lo convierte, según analistas de InSight Crime, en un movimiento de alto valor simbólico que evidencia lo que llaman «gobernanza criminal híbrida»: la difuminación de fronteras entre crimen organizado y política local. El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo. La Fiscalía General de la República (FGR) revisa la solicitud de extradición, pero hasta ahora alega falta de pruebas suficientes para proceder.

La onda expansiva alcanzó este mismo miércoles 3 de junio a dos gobernadores más. El diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, reveló que el gobierno de Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por contrabando de hidrocarburo —el llamado huachicol— así como por posibles nexos con el Cártel del Noreste. Ambos habrían visto canceladas sus visas, pero ingresan a territorio estadounidense bajo el programa conocido como Significant Public Benefit Parole, un mecanismo reservado típicamente para personas que colaboran con autoridades como testigos o informantes ante un gran jurado. La implicación es de enorme peso político: si estos gobernadores están cooperando con fiscales estadounidenses, es que tienen información que ofrecer —información que, de salir a la luz, podría escalar el escándalo de manera impredecible. El gobierno de Sonora negó categóricamente la información, mientras que Villarreal rechazó los señalamientos calificándolos de falsos. Adicionalmente, se especula que Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, también se encontraría en la mira del Departamento de Justicia.

El patrón que emerge es estructural, no anecdótico. No se trata de un gobernador que tomó una mala decisión aislada, sino de un fenómeno que atraviesa al menos cinco entidades federativas gobernadas por Morena en distintas regiones del país. La pregunta que el poder político mexicano evita responder es si existe una dinámica sistémica de permisividad o de cooptación entre ciertos cuadros del partido gobernante y el crimen organizado.

La respuesta de Sheinbaum ha sido políticamente calculada, pero analíticamente insuficiente. Desde el Monumento a la Revolución, la presidenta declaró que «vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México», y preguntó retóricamente si los intereses estadounidenses son legítimos o si la ultraderecha de ese país utiliza a México para posicionarse rumbo a sus elecciones. Cooperación, dijo, «no significa subordinación». El embajador estadounidense Ronald Johnson respondió en redes sociales con un llamado a la unidad: «La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos». El choque diplomático es real, pero Sheinbaum incurre en una omisión grave: denunciar la posible instrumentalización política de las investigaciones no puede sustituir a una respuesta institucional clara sobre las acusaciones concretas contra sus correligionarios.

La tensión entre soberanía y responsabilidad es el nudo político del momento. México tiene razones históricas para desconfiar de las intenciones de Washington y para rechazar cualquier forma de intervención unilateral en su territorio. Pero invocar la soberanía cuando los propios gobernadores de un partido son señalados de facilitar el tráfico de drogas que mata a decenas de miles de estadounidenses al año —y que también destruye comunidades mexicanas— convierte un principio legítimo en una pantalla de protección para la impunidad. La soberanía no es inmunidad; es responsabilidad de gobernar con apego a la ley.

El costo político para Morena de cara a las elecciones de 2027 será difícil de calcular, pero la narrativa ya está instalada en la opinión pública: el partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción enfrenta la acusación de haber permitido —o no impedido— que algunos de sus gobernadores operaran en la zona gris entre el Estado y el narco. Que esa acusación provenga de Washington y no de las instituciones mexicanas dice tanto sobre el poder corruptor del crimen organizado como sobre la fragilidad del Estado de derecho en México.

No se necesitó un exabrupto digital del presidente Trump a un discurso de plaza pública, ni tampoco de una contrarréplica del embajador Ron Johnson al regaño presidencial en la mañanera del lunes. E independientemente de la presentación y validez de las pruebas que se encontrarían detrás de la información del diario, la bala de plata pegó en la diana del corazón de Morena: el gobernador Alfonso Durazo Montaño es nada menos que presidente del Consejo Nacional del partido en el poder, un cargo de peso diríase que hasta superior al de la nueva presidenta Ariadna Montiel Reyes.

El discurso de Trump de acusación a México como narcoestado lleva ya en su cuenta la denuncia-revelación-acusación de –hasta ahora– cuarto gobernadores de Morena: la bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila a la que le quitaron visa, el sinaloense Rubén Rocha Moya con solicitud de arresto con fines de extradición, y ahora el sonorense Durazo Montaño y el tamaulipeco Américo Villarreal. Y a ellos se suman dos altos cargos de seguridad de Sinaloa, uno de ellos con grado de general divisionario y un secretario de finanzas.

Los niveles políticos de cuatro gobernadores, un militar retirado y un operador financiero son apenas la punta del iceberg de la estrategia del presidente Trump para, desde el enfoque de su estrategia de seguridad nacional, revelar e intentar destruir la estructura gubernamental de apenas una fracción del narcotráfico en México: la facción de los chapitos del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, la organización delictiva y criminal más importante y letal de las organizaciones que producen droga en México para contrabandearla a Estados Unidos.

La revelación de Los Ángeles Times –uno de los periódicos de mayor credibilidad en Estados Unidos– se encuentra en la lógica de la estrategia política estadounidense anunciada a principios de este año por el presidente Trump. Los cuatro gobernadores incluidos en investigaciones oficiales y uno de ellos con solicitud formal de arresto con fines de extradición es apenas una parte de la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca y de una lista de más funcionarios.

A pesar de ser un político atropellado y a veces hasta imprudente, Trump ha dejado clara una línea de acción astuta que tiene detrás la acumulación de evidencias recogidas en México y sobre todo entregadas por la larga lista de narcos mexicanos que han negociado reducciones en sus castigos a cambio de información no inventada y con datos de verificación.

La respuesta mexicana ha sido de negación, es decir, políticamente reactiva, pero la ofensiva estadounidense has seguido todo el camino legal para convertirse en denuncia formal, aun cuando quizá algunos de los datos no puedan ser del todo verificables. Pero cada expediente ha tenido que atesorar evidencias, testimonios y datos que han atravesado instancias judiciales, incluyendo varias reuniones de un Gran Jurado para probar –como lo reconoció la jueza Polk del caso Rocha Moya– la solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador Rocha Moya y nueve coacusados, de los cuales dos ya se entregaron en Estados Unidos es un acto de confirmación de las acusaciones y de entrega de información adicional a la obtenida por fuentes delictivas.

El caso de Rocha Moya ya no es una versión periodística, ni un rumor callejero, tampoco un dato de venganza política local y menos un expediente vacío. Las fuentes directas de la acusación contra Rocha Moya –que no aparece del todo en el expediente de extradición– fueron Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo jefe de la producción de fentanilo del cártel, y nada menos que Ismael El Mayo Zambada, quien se quedó al frente del cártel cuando El Chapo fue arrestado y extraditado a EU. El Mayo considera que su secuestro y entrega a fiscales de un fue una trampa y venganza del gobernador Rocha Moya, y no ha escatimado revelación de evidencias en la Fiscalía de Nueva York para probar que el mandatario está hundido en el narcotráfico hasta el copete.

El discurso la presidenta Sheinbaum el domingo en el Monumento a la Revolución pareció haber quemado todas sus municiones de respuesta porque se centró sólo en el caso de Rocha Moya, pero están apareciendo más evidencias de Baja California y por ahí ha sido la ruta de escape de funcionarios mexicanos que se han entregado a la justicia de EU y desde luego el expediente del gobernador sonorense que dirige el Consejo Nacional del partido en el poder, y la sola revelación en el LA Times debe ser considerada una metafórica bala al corazón del lopezobradorismo.

Política para dummies: la política, como la venganza, es un plato que se come frío.

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La caída de las percepciones gubernamentales tiene un trasfondo: el ingreso generado en la economía fue menor, y el consumo se estancó. Al cuarto mes del año los ingresos del sector público fueron por 2.95 billones de pesos, nivel que es 65.5 mil millones de pesos (mmdp) o 2.2%, menor a lo que obtuvo en el mismo periodo del año anterior. La reducción se debe a un descenso interanual de las principales fuentes de recursos: los ingresos petroleros cayeron 19.5 mmdp (5.9%) en términos reales, y la recaudación tributaria tuvo una disminución de 34.5 mmdp (1.6%). El impuesto sobre la renta (ISR), que grava los ingresos de trabajadores y empresas, cayó 6.2% en términos reales en el primer cuatrimestre. Esto ocurre incluso después de cerrar el periodo de declaraciones anuales —el momento del año en que más se recauda por este concepto— y a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus esfuerzos de fiscalización. El impuesto al valor agregado (IVA) no ofreció compensación: creció apenas 0.4%, su ritmo más lento en tres años.

Aún con la reducción interanual de los ingresos, el gasto público ascendió a 3.2 billones de pesos. Esto es 1.4% (43.2 mmdp) más que en el mismo periodo de 2025. El aumento responde a presiones estructurales de las finanzas públicas: nómina, adeudos pasados, pago de pensiones y programas sociales. Los servicios personales aumentaron 58.8 mmdp (11%), los adeudos de años anteriores 37.4 mmdp (133.6%); el pago de pensiones contributivas 35.6 mmdp (6.8%) y los subsidios y transferencias 31.9 mmdp (6.8%). En contraste, la inversión física se contrajo 54.5 mmdp (18.4%). 

La combinación de menores ingresos y mayor gasto derivó en el segundo mayor déficit público de este siglo. Se trata de una brecha de 217 mmdp, que implica un incremento real de 151% frente al año anterior, y cinco veces mayor al avance promedio observado en los últimos 10 años. Este diagnóstico se encuadra con las preocupaciones recientes de agencias calificadoras que han revisado a la baja la capacidad de pago del Gobierno. 

Al revisar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), el déficit amplio pareciera estar controlado. Sin embargo, esto se debe a una transferencia a inicio de año al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Esa operación diluye los 217 mmdp de déficit que resulta de la diferencia entre los ingresos y gastos presupuestarios. No obstante, no cambia la tendencia: economía en desaceleración y un modelo de recaudación que llega a su límite, mientras los compromisos de gasto se llevan gran parte del presupuesto y presionan el déficit. 

Para dimensionar los principales gastos comprometidos: durante el primer cuatrimestre del año el gasto en protección social (pensiones contributivas y no contributivas) recibió 25 pesos de cada 100 pesos del gasto público, y el pago de intereses de la deuda 12.3 pesos. En cambio, Salud se llevó sólo 9.6 pesos, Estado de Derecho tan sólo 3.2 pesos y la inversión física 7.6 pesos. 

¿Se cumplió con el programa de gasto aprobado?

Respuesta rápida: No; se quedó por debajo del programa.

– El gasto neto se quedó en abril 10% (-351.3 mmdp) por debajo del calendario, el segundo mayor retraso en 26 años.

– La mayor parte de las secretarías de Estado presentan recortes: Sener ejerció 56% menos (-100 mmdp); Turismo, -52% (-0.44 mmdp); Salud, -28% (5.4 mmdp); Bienestar, -17% (43.9 mmdp); Marina, -16% (-3.0 mmdp).

¿Cómo se perfila el gasto en inversión para este año?

Respuesta rápida: Se está reduciendo frente al año pasado.

– El gasto en inversión física presenta una caída de 18.4% frente al año anterior y se ubicó en 241 mmdp, el nivel más bajo desde 2008.

– No obstante, la inversión física sin Pemex ascendió a 171.9 mmdp para abril de este año. Esto implica un aumento real de 4.8% (7.7 mmdp) contra el mismo periodo de 2025.

¿Se está reduciendo el endeudamiento en 2026?

Respuesta rápida: No está claro; un registro contable inusual está afectando los indicadores fiscales.

– El balance público (ingresos menos gastos) fue deficitario por 217.1 mmdp, un aumentó de 150.7% (130.5 mmdp) frente a 2025. Se trata del segundo mayor déficit para un periodo enero-abril en los últimos 26 años.

– No obstante, los RFSP registraron un déficit de 178.5 mmdp, una reducción de 5.8% (11 mmdp) vs 2025. De forma atípica, este déficit fue menor al del Balance Público tradicional, un fenómeno que sólo se ha observado dos veces desde 2008 (la más reciente, en 2019). La diferencia obedece a una capitalización extraordinaria del Fonadin.

¿Se mejoró la posición fiscal?

Respuesta rápida: No, la deuda pública sigue aumentando y el margen fiscal es menor al de 2019.

– El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegó a 18.7 billones de pesos en abril de 2026: un crecimiento real de 2.0% (371 mmdp) respecto al mismo mes del año anterior.

– El margen fiscal de los ingresos públicos —descontando los gastos ineludibles— fue por 840.5 mmdp en abril; esto es 15.8% (157.6 mmdp) menor al espacio fiscal observado en abril de 2019.

Para fortalecer el posicionamiento de EU frente al narcopolítica mexicana, la jueza encargada del caso Rubén Rocha Moya en una corte de EU comenzó el lunes el juicio con una sentencia concluyente: “hay abundantes pruebas” de la culpabilidad de los acusados en la solicitud de arresto con fines de extradición de Rocha Moya y nueve coacusados, y lo dijo justamente al inicio de las labores de enjuiciamiento del general Gerardo Mérida, que fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno estatal de Rocha Moya y que se entregó a la justicia americana.

De eso hablamos cuando hablamos de la narcopolítica mexicana con el primer expediente abierto por el gobierno del presidente Donald Trump en la solicitud de extradición de Rocha Moya y coacusados, el primero de varios casos que paulatinamente y con tiempos muy precisos irá abriendo Estados Unidos para demostrar que el presidente Trump tenía razón al comenzar su segundo periodo con el señalamiento de que México es un narcoestado.

Y a favor, paradójicamente, de la estrategia de la Casa Blanca aparece nada menos que Palacio Nacional como parte del escenario acusatorio: un mitin a nivel nacional, una celebración de la victoria electoral de hace dos años, toda la élite morenista en pleno y la presidenta de la República condenando el injerencismo estadounidense, pero cayendo en el juego estadounidense: el mitin para defender a Rocha Moya, negar su extradición y adelantar su inocencia a pesar del cúmulo de evidencias sobre la narcopolítica en Sinaloa tuvo la mala fortuna de politizar el expediente del narcotráfico en estructuras políticas y de gobierno. O no se quiso hacer o no se tuvo cuidado de separar los expedientes para que la acusación de injerencia mismo estuviera contextualizada en el interés estadounidense por las elecciones mexicanas del 2027 y 2030, y al final de cuentas el discurso presidencial del domingo fortaleció la crisis bilateral por temas de narcopolítica.

Lo ocurrido desde la solicitud de arresto con fines de extradición el pasado 29 de abril reproduce buena parte del escenario vivido por México en 1984-1986 también por el tema de la narcopolítica, sólo que entonces con el incipiente pero muy poderoso cártel marihuanero de Guadalajara del padrino Miguel Ángel Félix Gallardo y sus operadores Ernesto Fonseca don Neto y Rafael Caro Quintero, y en aquella circunstancia agravante en el que los narcos secuestraron, torturaron y asesinaron a la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

En 1986, la facción republicana del Senado abrió audiencias públicas bajo el mando del senador ultraderechista Jesse Helms y todos los funcionarios de inteligencia y seguridad nacional participaron para denunciar que México era un narcoestado protegido por los funcionarios del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y sobre todo de su secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, cuya Dirección Federal de Seguridad estaba protegiendo a los capos,

En mayo de 1986, el sistema político como estructura de Estado se movió para organizar una gran manifestación callejera con más de 60 personas para protestar contra el injerencismo estadounidense, sólo que con un detalle estratégico que hoy no aparece: toda la élite gobernante en su pluralidad marchó al frente de la manifestación. Y se demostró la fuerza del nacionalismo defensivo.

A diferencia de entonces, hoy no puede hablarse de nacionalismo defensivo como respuesta de los funcionarios del Gobierno federal, sino que las circunstancias acomodan un marco de análisis mucho más complejo y negativo: en tanto toda la reacción nacionalista mexicana gira en torno a la defensa de Rocha Moya y coacusados y de otros presuntos señalados en una lista estadounidense de políticos mexicanos colaboradores con el crimen organizado. Por eso hoy no será nacionalismo defensivo sino narcodiplomacia.

El discurso del domingo marcó en términos geopolíticos la ruptura en el entendimiento de México con EU, y el mensaje en X del embajador Johnson y toda su formación en inteligencia y seguridad nacional fue quizá la última oportunidad para que México cumpla el Tratado de Extradición como ley suprema local y entregue a Rocha Moya y los acusados que no se han entregado ante la justicia estadounidense.

Si México mantiene la politización del tema del narcotráfico defendiendo al gobernador sinaloense, entonces Estados Unidos va a responder también con narcopolítica y narcodiplomacia.

Política para dummies: la política es entendimiento o siempre ganan los más fuertes.

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El discurso fue contundente, pero al día siguiente llegaron las matizaciones. En su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que no cree que sea Trump quien encabece esta ofensiva, y destacó que existe buena relación y mucho diálogo con el gobierno estadounidense. La aparente contradicción no es menor: primero se agita la bandera del nacionalismo frente a la militancia, y luego se cuida el canal diplomático. Esta dualidad revela la tensión central del momento político: México necesita a Estados Unidos tanto como le resulta incómodo.

El fondo del asunto: Rocha Moya y la factura política

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional. Rocha Moya es el miembro de más alto rango del partido Morena en ser acusado formalmente por Estados Unidos.

La respuesta del gobierno federal fue la de siempre: negar, cuestionar la legitimidad de las pruebas y encuadrar el proceso como una maniobra política. La propia presidenta señaló que, si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones «es político». Sin embargo, el argumento resulta difícil de sostener cuando los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York —una de las jurisdicciones más prestigiosas de Estados Unidos— firmaron un expediente de 34 páginas con cargos específicos que incluyen conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.

El dilema para Sheinbaum es político, no jurídico: entregar o extraditar a Rocha Moya significaría reconocer que en las filas de Morena hay funcionarios que gobernaron en complicidad con el crimen organizado. Eso derrumbaría parte del relato fundacional de la Cuarta Transformación.

El T-MEC en modo zombi: el costo del callejón sin salida

La crisis diplomática ocurre en el peor momento posible para la economía mexicana. Según el análisis de Eurasia Group, el T-MEC no será ni extendido ni actualizado, y quedará operando como un «zombi», vigente sólo de forma técnica, sosteniendo a empresas y gobiernos en un entorno de negociaciones y presiones constantes. La firma señala que Estados Unidos sabe que ni México ni Canadá pueden darse el lujo de abandonar este trato, lo que le permite absorber cerca del 80% de las exportaciones mexicanas, y prefiere mantener el acuerdo «pasmado» para obtener concesiones económicas y políticas.

Fitch Ratings advirtió que el T-MEC podría operar bajo renovaciones anuales que no garantizan estabilidad a largo plazo, mientras México enfrenta bajo crecimiento, presión fiscal y un entorno regulatorio que complica la inversión. Este entorno resta atractivo a México como plataforma de relocalización productiva, incluso si el T-MEC no desaparece formalmente.

En caso de que una de las naciones no acepte la extensión del tratado en la revisión de julio, el T-MEC entrará en un esquema de revisión anual hasta 2036. Un horizonte de incertidumbre crónica, que se traduce en inversión aplazada y empleos que no llegan.

Los escenarios que nadie quiere ver

El más probable es que la relación bilateral continúe en un estado de tensión administrada: discursos soberanos hacia adentro, pragmatismo hacia afuera. Pero los escenarios de riesgo son reales. Si Trump decide reactivar aranceles generalizados contra México, el impacto en el peso, el empleo y las finanzas públicas sería inmediato. Y si el Departamento de Justicia presenta públicamente las pruebas que alega tener contra otros funcionarios de Morena, el gobierno enfrentará una crisis de legitimidad sin precedentes.

La pregunta que recorre los pasillos de Palacio Nacional no se hace en voz alta: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a sacrificar el bienestar económico del país para proteger a sus cuadros políticos? La respuesta que se observa en los hechos, no en los discursos, sugiere que la lealtad partidista va por delante del interés nacional. Eso no es soberanía: es impunidad con bandera.

“Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas.”

Ante la presión estadounidense para obligar a México a combatir de manera real a las estructuras del narcotráfico que a la vista de todos se han convertido en parte de las instituciones municipales, estatales y federales, hay que reconocer –aunque muchos no quieran– que el presidente Trump ni siquiera ha bromeado con convertir a México en el estado 51 de EU o de crear una Confederación Americana de Groenlandia a Panamá.

El punto que ha generado la movilización del aparato de masas de Morena se localiza en la solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve coacusados de aliarse políticamente con la facción de los chapitos del Cártel de Sinaloa, invocando un Tratado de Extradición que tiene en México la condición de ley suprema de cumplimiento obligatorio.

Este dato centraliza el conflicto de México con Estados Unidos por el narcotráfico: el Cártel de Sinaloa sigue produciendo droga y fentanilo para exportarla de manera ilegal a Estados Unidos, y la solicitud de extradición presentó evidencias de que la política de seguridad de México se basó en el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos», además de documentar los datos muy concretos que líderes del narco se involucraron en elecciones estatales en Sinaloa.

Es decir, que no fue EU el que metió el narco en elecciones aquí, sino México el que permitió que ocurriera en Sinaloa y otras partes de la república.

La tesis de la presidenta Sheinbaum –válida en términos argumentativos– no radica en el injerencismo de Estados Unidos, sino que todo se resume en la decisión estadounidense de aumentar –eso sí– presiones legales y operativas para obligar a México a destruir cuando menos siete cárteles del narcotráfico que el Departamento de Estado ya caracterizó en términos legales como narcoterroristas.

Lo que deja claro el tono de la respuesta mexicana en un mitin de masas no es la invasión física de Estados Unidos en modo de 1847 para quedarse con algunos de los estados mexicanos más ricos que hacen frontera con Estados Unidos, sino el objetivo concreto de desmantelar y “desaparecer de la faz de la tierra” a los cárteles del narcotráfico mexicano que siguen operando con impunidad.

En lo que sí acierta la preocupación de la presidenta Sheinbaum es en el efecto político que las exigencias de seguridad estadounidenses han provocado en otras naciones: el relevo en procesos electorales –y ya no, como antes, con golpes de Estado– en Guatemala, Ecuador, Chile, Honduras, El Salvador, Venezuela y ahora mismo en Colombia. Pero se trata de incidencias políticas que cumplen con las reglas electorales de cada uno de esos países. Y en México se juega Morena su permanencia mayoritaria en el Congreso en 2027 y la presidencia en 2030.

La presidenta Sheinbaum supo qué botones oprimir para tratar de despertar el sentimiento antiestadounidense en una nación que lamentablemente –como dijo Fidel Castro– conoce más a Mickey Mouse que al cura Miguel Hidalgo. Y ahí está como ejemplo que debiera avergonzar a Morena y a la nación: 45 mil sinaloenses hicieron el domingo su mitin local y con ello reforzaron el apoyo institucional a su gobernador Rocha Moya y cómplices que hundieron a Sinaloa en el narcogobierno y la narcoviolencia que está enfrentado a México con EU.

La lectura del párrafo 189 del discurso debe hacerse con malicia política: no afirma que no haya narcopolítica en Sinaloa y en México sino pregunta si es “interés legítimo” la solicitud de extradición basada en un tratado que –hay que subrayarlo– en México es ley suprema con valor constitucional.

Lo que se debate no es el injerencismo de EU, sino la narcopolítica en la estructura gubernamental que controla Morena.

Política para dummies: la política se basa en principios que deben ser certezas, no en insinuaciones que tratan de esconder la realidad.

carlosramirezh@elindependiente.mx

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@carlosramirezh

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El análisis contemporáneo de los sistemas políticos en América Latina, y de manera aguda en México, exige abandonar la complacencia de las métricas procedimentales. El Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Democracias bajo presión, devela una paradoja regional: la consolidación de la democracia electoral coexiste con una severa erosión de su sustancia funcional, fracturando la confianza ciudadana y subordinando el interés público a agendas particulares. En el caso mexicano, esta fricción se agudiza bajo la convergencia de una polarización política inducida, la asimilación de la violencia como mecanismo de gobernanza informal y una profunda desconexión entre la legitimidad de las urnas y la rendición de cuentas.

El Triángulo de la Fricción Estructural: Democracia, Desarrollo y Estado

El andamiaje conceptual del informe propone un triángulo analítico donde el régimen político, el desarrollo humano y la capacidad funcional del Estado interactúan de forma recíproca. La tesis central es inequívoca: la democracia no puede reducirse al rito del sufragio; requiere el ejercicio pleno de una ciudadanía dotada de derechos civiles, económicos y sociales. Sin embargo, la trayectoria de México ejemplifica la ruptura de este círculo virtuoso.

A pesar de contar con un sistema de partidos históricamente competitivo, el Estado mexicano adolece de una presencia territorial heterogénea y de capacidades funcionales debilitadas por prácticas patrimoniales. Las instituciones formales conviven y, con frecuencia, capitulan ante poderes fácticos. Esta asimetría fragmenta el espacio público y restringe la libertad política real. Para la academia y la intelectualidad universitaria, este diagnóstico desmitifica la narrativa de la consolidación democrática: México posee un cascarón electoral institucionalizado que resguarda un interior plagado de exclusión social y captura corporativa.

La intermediación política, que idealmente corresponde a los partidos, ha mutado hacia esquemas clientelares. Los partidos políticos en México han perdido su arraigo programático y su función representativa, convirtiéndose en franquicias burocráticas orientadas a la captura de rentas públicas. Al vaciarse de contenido ideológico, la representación se vuelve volátil y altamente personalizada. El votante ya no actúa como un agente de transformación, sino como un espectador pasivo de un espectáculo oligárquico, lo que explica que el apoyo a la democracia se debilite mientras la indiferencia ante el régimen político continúa en aumento.

México bajo la Presión Criminal y la Gobernanza Informal

La fricción más disruptiva en el panorama mexicano se localiza en lo que el informe denomina «democracias bajo presión criminal». El crimen organizado en México ha transitado de un modelo clásico de tráfico ilícito a un ecosistema contemporáneo que disputa formalmente el monopolio de la coerción legítima al Estado. Estos grupos delictivos no operan al margen del sistema, sino que se insertan en los nodos críticos de la gobernanza local, financiando campañas, controlando recursos estratégicos y ejerciendo una violencia letal que vulnera cada etapa del proceso democrático.

La consecuencia sociológica es devastadora: la instauración de una gobernanza criminal informal que dicta las reglas de la competencia política subnacional. El homicidio de periodistas y candidatos no es un mero problema de seguridad pública; es una estrategia de control de la deliberación pública y de la representación política. Cuando el miedo determina quién puede competir y quién puede informar, la soberanía popular se extingue. La baja confianza en los cuerpos policiales y el uso generalizado de respuestas punitivas ineficaces —como la prisión preventiva oficiosa— perpetúan un equilibrio de bajo desempeño donde la violencia y el estancamiento institucional se retroalimentan.

Esta captura institucional altera profundamente la distribución de la influencia política. El informe subraya cómo el poder coercitivo de los actores no estatales restringe la participación ciudadana y despoja de autonomía a las autoridades electas. Ante este escenario, la promesa de desarrollo humano se desvanece: las comunidades atrapadas en geografías de violencia sufren una contracción drástica de sus libertades fundamentales y de sus capacidades económicas, ensanchando la brecha de la desigualdad territorial.

Polarización Inducida y la Degradación de la Esfera Pública Digital

A la presión criminal se suma la degradación del debate público a través de una polarización política que ha dejado de ser una legítima discrepancia ideológica para transformarse en un antagonismo existencial de carácter binario. En México, la retórica oficial y de oposición ha construido una trinchera discursiva basada en la división identitaria entre un «nosotros» y un «ellos». Esta dinámica anula la posibilidad de construir coaliciones plurales y paraliza la capacidad del Estado para procesar pacíficamente los conflictos sociales dentro de los marcos institucionales compartidos.

El ecosistema digital y el uso de la inteligencia artificial actúan como catalizadores de esta fragmentación. Las redes sociales son la principal fuente de información para la ciudadanía, pero también el espacio donde circula de manera generalizada la desinformación electoral y el sesgo informativo algorítmico. El informe advierte que más del 60% de las personas en los principales mercados de la región desconfía de las redes sociales, pero continúa consumiéndolas masivamente. En México, esta paradoja alimenta una esfera pública tóxica, donde los linchamientos digitales y la violencia política dirigida —particularmente contra mujeres en el espacio público— sustituyen la deliberación informada.

La desinformación no es una distorsión accidental, sino una estrategia sistémica de manipulación que debilita la confianza en las autoridades electorales. La erosión de la legitimidad de los árbitros institucionales prepara el terreno para el cuestionamiento de los resultados y debilita los contrapesos democráticos esenciales. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas del juego están amañadas o que la verdad es inaccesible, el desencanto democrático se profundiza, abriendo la puerta a liderazgos de corte autoritario que ofrecen certezas autocráticas a cambio de la renuncia a las libertades civiles.

La Paradoja del Desarrollo Segmentado y las Limitaciones Estatales

El informe del PNUD es categórico al señalar que el desarrollo humano y la legitimidad democrática son interdependientes. Aunque México ha logrado avances macroeconómicos e incrementos en el gasto público social, la vulnerabilidad persiste y el desarrollo se encuentra profundamente segmentado. La reducción formal de la pobreza coexiste con una desigualdad estructural donde el diez por ciento más rico de la población concentra una parte desproporcionada de los ingresos nacionales.

La persistencia de esta injusticia distributiva erosiona el contrato social. La ciudadanía constata que la alternancia electoral no altera las estructuras de exclusión económica. El sistema tributario mexicano, condicionado históricamente por la influencia de grandes grupos económicos, es incapaz de operar como un mecanismo efectivo de redistribución de la riqueza. Por el contrario, en amplios sectores de la población rural y periférica, la ausencia de servicios básicos de calidad universal perpetúa la trampa de la desigualdad.

Esta desconexión genera una preocupante justificación ciudadana hacia la evasión fiscal y un distanciamiento de las instituciones republicanas. Si el Estado es percibido como un instrumento al servicio de intereses particulares, la legalidad pierde su carácter normativo. La juventud mexicana, enfrentada a tasas de desempleo e informalidad superiores al promedio general, experimenta una precoz apatía política. El riesgo inminente no es el colapso abrupto del régimen, sino el vaciamiento de la democracia: un escenario donde se mantengan los rituales electorales periódicos pero se pierda por completo la capacidad estatal para garantizar el bienestar y la seguridad colectiva.

Hacia una Renovación Democrática: El Desafío de la Gobernanza Anticipatoria

Superar las trampas del desarrollo y contener la erosión institucional exige abandonar las recetas del pasado. El informe concluye con un llamado urgente a reimaginar el futuro mediante la reconstrucción de los vínculos entre la democracia, el Estado y el desarrollo humano. Para México, esto implica una intervención profunda en cinco nodos críticos: asegurar la integridad electoral, recomponer la representación de los partidos, restringir la influencia del dinero en la política, contener el control territorial del crimen organizado y resguardar la integridad de la deliberación pública.

La reforma del Estado debe transitar de una lógica reactiva hacia una arquitectura institucional preventiva y adaptativa, fundamentada en una gobernanza anticipatoria. Esto requiere burocracias profesionalizadas, independientes de los ciclos políticos y capaces de implementar bienes públicos de cobertura universal en todo el territorio nacional. La autonomía de los contrapesos judiciales y de los organismos de control es innegociable si se desea evitar la concentración absoluta del poder y la captura institucional.

La comunidad universitaria y las fuerzas vivas de la sociedad civil están llamadas a liderar este proceso de renovación. No basta con defender la democracia formal frente a las tentaciones autoritarias; es imperativo exigir una democracia sustantiva que rinda cuentas y traduzca la legitimidad de las urnas en desarrollo humano resiliente. El futuro de la estabilidad política de México dependerá de la capacidad colectiva para transformar las presiones contemporáneas en oportunidades de reforma estructural, asegurando que la soberanía popular vuelva a ser el eje rector de la vida pública.

El juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la orden que dio desde el “púlpito mañanero” para que nadie vea Televisión Azteca, anular elecciones por supuesta intervención extranjera, la candidatura del narco junior Andy López Beltrán y la movilización para defender a los narcopolíticos de Morena de Trump, son medidas desesperadas.

Por lo pronto Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, ya le contestaron a Sheinbaum: Usted —“mujer maravillosa”— podrá convocar a una movilización en mi contra, pero yo activaré el “Escudo de las América” para aplazar a los cárteles estén donde estén”. 

Los imperios caen desde adentro y no solo por fuerzas externas. El colapso de la Cuarta Transformación no solo lo va a decidir Washington con la secuencia imparable de acusaciones en contra de Rocha Moya, de otros gobernadores de Morena, de secretarios de Estado y de los hijos del ex presidente López Obrador, sino la pudrición de sus cimientos políticos, económicos y morales.

Sheinbaum anunció que defenderá la soberanía nacional y explicará a los mexicanos de dónde viene su movimiento. A estas alturas ya sabemos de dónde viene la 4T.

No salió de las “manos del pueblo” o de las comunidades más pobres del país, sino de los sórdidos escondites del crimen organizado. Morena nació de mentes criminales. En pláticas y acuerdos con los que secuestran y destazan cuerpos. En su cuna y ADN va implícita su decadencia.

En el escritorio de Trump están formados los expedientes de políticos morenistas acusados de narcotráfico. Saberlo ha llevado a Sheinbaum y a López Obrador a tomar decisiones disparatadas.

Anuncian la candidatura a diputado de Andy López Beltrán cuando su nombre es uno de los que más se mencionan en las carpetas de investigación como operador del “huachicol fiscal” y enlace con los hijos del Chapo Guzmán.

La candidatura del “junior de izquierda” es una broma macabra, una ofensa a la inteligencia y una abierta provocación a Washington: “Hazle como quieras —le dice López Obrador a Trump— mi hijo es intocable y está listo para mantener vivo el movimiento”.

La ley de Ricardo Monreal para anular las elecciones en caso de intervención extranjeras es otra medida de emergencia para evitar la caída del “imperio morenista”. De manera burda y descarada advierten que si pierden las elecciones en el 2027 y luego en el 2030 van a desconocer los resultados con el argumento de que fueron víctimas de una conspiración internacional.

Trump tiene cinco meses —antes de las elecciones intermedias de Noviembre— para decidir si quiere que el “Escudo para las América”, una iniciativa de seguridad hemisférica para combatir a todos aquellos gobiernos vinculados al narcotráfico, prospere en México.

Si la respuesta es sí —como ya lo anunció el Secretario de Guerra—, entonces en los próximos meses y semanas veremos acontecimientos nunca vistos. No solo acusaciones contra otros gobernadores como el de Sonora, Tamaulipas, Baja California, Michoacán o contra legisladores e integrantes del gabinete sino contra una Presidenta que insiste en proteger a los capos del régimen.

Los imperios caen cuando el Emperador o la Emperatriz pierden el control sobre los acontecimientos. Sheinbaum ya no tiene las riendas. Se envuelve en la soberanía para no caerse, pero los imperios corruptos caen por su propio peso. La 4T está en picada.