Y no se trata de un asunto de caracterización política manipulada, sino de que el peso de las palabras presidenciales tiende a fijar criterios institucionales en todo el aparato judicial. El 1 de septiembre de 1968, el presidente Díaz Ordaz fijó la interpretación del movimiento estudiantil como una conspiración comunista estimulada desde el extranjero, en tanto que la presidenta caracterizó desde Palacio Nacional la movilización como impulsada por la derecha y la ultraderecha nacionales e internacionales.

En un análisis profundo que merece una relectura en las actuales circunstancias de las movilizaciones callejeras, el ministro retirado José Ramón Cossío publicó apenas en 2020 una investigación desde el punto de vista jurídico sobre los conflictos estudiantiles desde hace 57 años: Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil (editorial Debate).

Cossío tuvo la paciencia de revisar como abogado cuatro averiguaciones previas que le abrieron a los estudiantes que fueron detenidos en el 68, analizó desde el punto de vista jurídico la aplicación de las leyes y se encontró con la conclusión jurídica de que a los arrestados en las aplicaron argumentaciones políticas e ideológicas y no se cumplieron con los requisitos de un debido proceso judicial.

Los interesados pueden revisar las 25 páginas del capítulo VI, titulado “Epitafios”. El proceso judicial siguió el ritmo de averiguaciones previas, Ministerio Público, jueces y hasta lo que llegó y no llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero todo el razonamiento jurídico de los encargados de la impartición de la justicia se sustentó en la argumentación político-ideológica de que las protestas estudiantiles que comenzaron con un choque entre estudiantes de universidades privadas y se potenciaron por la intervención represiva del cuerpo de granaderos y se basó en la tesis presidencial de que se había tratado de una movilización que no había comenzado el 22 de julio sino que venía desde la Revolución Cubana de 1962.

Esta revisión que hace del ministro Cossío proporciona un marco jurídico para examinar el proceso judicial que abrieron las autoridades judiciales actuales contra los detenidos por los disturbios del pasado 15 de noviembre, sobre todo porque en la confusión ocurrieron dos sucesos: de un lado la manifestación pacífica de la Generación Z y del otro lado los disturbios violentos generados por el llamado Bloque Negro, y en medio de las gresca la policía la emprendió contra los que tuvieron enfrente y arrestaron a manifestantes pacíficos junto a manifestantes violentos, aunque no se tiene claro en el proceso judicial y en las averiguaciones previas si se deslindaron las responsabilidades de unos y otros.

La indagación del ministro Cossío prueba que el proceso judicial del 68 estuvo manchado, tergiversado e inducido por el enfoque presidencial de una conspiración contra el Estado mexicano por una ideología comunista y todo el proceso que operó la Procuraduría General de la República y el aparato judicial derivó en juicios políticos que necesariamente fundamentaron la argumentación de los estudiantes de que los detenidos eran presos políticos.

El proceso judicial actual contra los participantes en las dos manifestaciones –la pacífica y la violenta– del 15 de noviembre quedó contaminado por la argumentación presidencial de que había sido una movilización agresiva de la derecha y la ultraderecha nacionales e internacionales. En ambos casos, en el 68 y en 2025, el marco jurídico quedó atrapado en la tesis endeble de conspiraciones políticas de los detenidos a los que presuntamente se les estarían fincando acusaciones por daños en propiedad ajena. Y los dos expedientes también quedaron en el contexto político-presidencial de enmarcar el procedimiento judicial en una acción contra el gobierno y contra el Estado.

La conclusión de Cossío sobre el proceso judicial del 68 tiene una lectura en el 2025 en modo del método borgiano de Pierre Menard autor del Quijote: los mismos conceptos ante circunstancias diferentes y las mismas interpretaciones. Dice Cossío: “el expediente (del 68) muestra lo que los funcionarios de entonces quisieron hacer: cómo construyeron el mundo y caracterizaron a sus enemigos. Muestra también el poco respeto que tuvieron por las formas jurídicas: al instrumentalizar el derecho como lo hicieron, dejaron huellas de sus malas acciones y procedimientos.

“Cualquier expediente está hecho para preservar. Cincuenta años después, el expediente del 68 acusa al Estado”.

Este es el riesgo que corre el proceso judicial contaminado políticamente sobre los disturbios del 15 de noviembre.

Política para dummies: la política es la misma, aunque cambien los protagonistas que al final son los mismos.

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El INE de Córdova se dedicó a perseguir columnistas que lo criticaban para fincarles responsabilidades que no respetaban los artículos 6 y 7 de la Constitución. Ahora, siguiendo la Doctrina Córdova, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de sancionar a la periodista Beatriz Pagés Rebollar, directora de la legendaria revista Siempre, por un artículo y una portada escrita el calor de la competencia electoral y con señalamientos que cualquier Constitución democrática tolera, aunque pudiera de alguna manera facilitar la contra crítica.

En su debate en la Constitución de 1857, Francisco Zarco –considerado el padre de la libertad constitucional absoluta de prensa– señaló que los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión pueden ser considerados un error, pero nunca un delito. La argumentación de Córdova en el INE y ahora la del TEPJF aunque sea de manera administrativa criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y ponen reglamentos operativos diseñados para campañas por encima de la libertad absoluta de prensa.

El caso de la periodista Pagés Rebollar sigue la línea represiva de la Doctrina Córdova que persiguió durante tres años al autor de Indicador Político por la inclusión en una columna de ejercicio de la libertad de expresión dos párrafos referidos a una encuesta, violando, según el doctor constitucionalista Córdova, un reglamento del INE que se colocaba por encima de la Constitución. El mismo modelo se lo quiso aplicar a Ciro Gómez Leyva, a Joaquín López Dóriga y a otros periodistas, pero al final le tuvo miedo a la respuesta de quienes tenían tribunas mediáticas de alto contenido y la denuncia contra Indicador Político fue derrotada con argumentos del abogado defensor Eric Heras de que la libertad de expresión no podía ser tipificada como delito penal o administrativo.

El autoritarismo de Córdova en el INE y hoy del TEPJF está violando –bueno, una pluma más al gallo– la Constitución por quienes se erigieron su fama como defensores de la Constitución porque la aplicación de reglamentos internos electorales se está colocando por encima de la lucha histórica de la democracia mexicana a favor de la libertad de expresión como un instrumento de debate político.

Lo paradójico hoy es que Córdova y sus escuderos Edmundo Jacobo Molina y Ciro Murayama Rendón hoy son flamantes columnistas políticos que en sus comentarios hoy críticos están violando reglamentaciones que ellos mismos aplicaron en contra de la libertad de expresión y de prensa.

La Doctrina Córdova en el INE y en el hoy TEPJF no hace más que convertir a las autoridades electorales en pilmamas de políticos incapaces de ejercer su capacidad de debate para defenderse contra las peores argumentaciones –verdaderas o falsas– que sean lanzadas en su contra en aras de una autodenominada política correcta –estilo Dickens del Club Pickwick— que ha convertido a los tribunos del debate en meros merolicos de plaza priista.

El Tribunal Electoral sanciona con una multa a la periodista Pagés Rebollar por el uso de señalamientos nazis en el discurso de la entonces candidata de Morena a la presidencia, aunque en el ambiente político esa portada de la revista Siempre y el contenido del artículo no generaron más respuesta que la normal en el uso de argumentaciones extremas en campañas polarizantes, pero ahora esa portada y dicho artículo pasaron a formar parte de la historia del periodismo mexicano a favor de la libertad absoluta de prensa.

Los técnicos del derecho que tienen cargos en el INE y en el Tribunal Electoral de manera obvia revelan la ausencia de una cultura política y una profunda ignorancia de la historia del periodismo mexicano, pues la revista Siempre bajo el mando del legendario jefe Pagés Llergo llegó a constituirse en el único espacio de libertad crítica de expresión durante los años del autoritarismo priista que hoy aparece revitalizado por la Doctrina Córdova en el INE y los dictámenes del Tribunal Electoral.

Los expedientes de Córdova y ahora los del Tribunal Electoral forman parte de la historia ignominiosa de la represión a la libertad de expresión y de prensa y de desdén a la supremacía de la Constitución por encima de reglamentos de prácticas electorales. 

Política para dummies: Por vacaciones de fin de año, esta columna descansa dos semanas y volveremos lunes 6 de enero de 2025.

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Cuando decidió su modelo de corcholatas sucesorias, el presidente López Obrador puso la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo pero al mismo tiempo –en el modelo Echeverría– repartió cargos en el siguiente gabinete a tres fuertes precandidatos para que dependieran del presidente saliente y no de la presidenta entrante: Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández, nada menos que en las tres posiciones claves de poder: la renegociación del Tratado, la Cámara de Diputados y el Senado.

A Echeverría le duró muy poco el gusto: antes de cumplir un año, el secretario lopezportillista de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, le quitó el expresidente su red privada del teléfono rojo desde dónde daba instrucciones al gabinete, se autoexilió en la embajada más lejana al otro lado del mundo como representante en las islas Fiji que ni siquiera estaban reconocidas de manera diplomática y los tres echeverristas impuestos al sucesor –Porfirio Muñoz Ledo, Augusto Gómez Villanueva y Hugo Cervantes del Río– quedaron anulados.

El pleito actual que no inventó la prensa ni fabricaron los “adversarios” de la 4-T estalló entre el jefe senatorial López Hernández y el jefe de diputados Monreal Ávila forma parte del reacomodo de grupos políticos y de poder por ajustes de cuentas de dinero entre los dos jefes legislativos, pero fue un conflicto que estalló por la ausencia de algún espacio estabilizador interno: la secretaria de Gobernación depende de manera directa de Palacio Nacional y de manera indirecta del Palacio de Palenque, por lo que su intervención fue casi como la de una consejera matrimonial para evitar la ruptura en los dos brazos políticos operativos del Gobierno de Sheinbaum.

El trasfondo tiene que ver con indicios de reajuste en la correlación de los poderes reales en el Ejecutivo de Palacio Nacional, pero al mismo tiempo debe asumirse como las complicaciones que tiene el ejercicio de poder trasmano en una sucesión de figuras dependientes del poder absolutista de López Obrador. Es posible que el expresidente en efecto sea ajeno a cualquier involucramiento directo en el conflicto, pero las circunstancias en los hilos tensos de poder lo involucran porque él impuso a los dos jefes legislativos y les dio instrucciones directas para un juego transexenal que tendría que terminar nada menos que en 2036.

Los dos involucrados –López Hernández y Monreal Ávila– quedaron atrapados en un juego de poderes, y cuando menos así lo demuestra el lenguaje corporal de la fotografía tomada en el Palacio de Bucareli, los dos sentados y no de pie, y una atmósfera de tensión que la imagen no puede ocultar: Monreal tiene los dedos entrelazados en señal de tensión y enojo, pero al mismo tiempo de sumisión; y López Hernández enlaza su mano derecha sobre la muñeca izquierda en señal de contención de puños; y la secretaria Rosa Icela Rodríguez en medio coloca sus manos en cada uno de sus muslos como dando a entender que está ahí solo para evitar que su oficina se convirtiera en un verdadero ring de boxeo libre.

Lo más grave de todo es el lenguaje típicamente priista-lopezobradorista de la presidenta Sheinbaum y del jefe senatorial Gerardo Fernández Noroña tratando de ocultar lo inocultable y disfrazando con declaraciones demagógicas que todo está perfecto en el Camelot cuatroteísta, con una sociedad pasiva que digiere lo que le den ya digerido y con una comentocracia que solo ha descrito lo que se ve y que narra un choque de poderes y una crisis en la relación entre Palacio Nacional y Palacio de Palenque. La presidenta de Morena, Luisa Maria Alcalde, exsecretaria de Gobernación en el sexenio pasado, aceptó unas crisis de relaciones de poder.

Y como se perfilan las cosas, de manera obvia, el proceso de sucesión presidencial de 2030 sigue las viejas reglas del régimen priista: el inicio de realineamientos, nuevos bloques de poder, alianzas estratégicas, justo desde la noche del 1 de diciembre en que tomó posesión de su cargo la presidenta Sheinbaum Pardo. Y como en los tiempos priistas, la presidente en turno dedicará sus primeros cuatro años de gobierno a lidiar con los grupos políticos heredados, con la sucesión presidencial adelantada y con su propio proyecto que arranca con funcionarios de la administración anterior.

El pleito López Hernández-Monreal Ávila tiene un trasfondo que no se puede ocultar.

Política para dummies: Como la materia, la política no se crea ni se destruye, solo se transforma.

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El Banco Central se fundó en 1925 para regular la función financiera del Estado revolucionario y someter al orden a los bancos privados donde se había refugiado la burguesía porfirista que regresó a recuperar el poder. En 1993, el presidente Salinas declaró la autonomía del Banco de México en materia ideológica neoliberal, pero sigue siendo el canal de control de los economistas neoliberales sobre la política económica del Estado.

El Banco de México –de donde acaba de salir la severa crítica de desdén del pensamiento neoliberal sobre los economistas de universidades públicas mexicanas– entró en su fase ideológica en 1952 cuando tomó posesión del organismo el pragmático senador Rodrigo Gómez, pero rodeado ya de los primeros economistas formados en universidades privadas. El gran estratega de la vinculación de funcionarios económicos mexicanos con los centros de poder neoliberal de Estados Unidos fue Francisco Gil Díaz, encargado de Estudios Económicos del Banxico y el que desarrolló el modelo de becar a economistas mexicanos en universidades conservadoras de EU, sobre todo la de Chicago donde él había estudiado y donde llegó a ser profesor adjunto nada menos que del Santo Patrono del neoliberalismo, Milton Friedman.

La estrategia de capacitar a economistas mexicanos en centros educativos estadounidenses partió del secretario estadounidense de Estado de Estado Robert Lessig en 1924 cuando en una carta escribió que «México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente». Y su consejo solo fue uno:

«Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho”.

Los presidentes del neoliberalismo mexicano se capacitaron en universidades de Estados Unidos: Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Y los tres convirtieron al Banco de México en el centro de pensamiento neoliberal a través de economistas mexicanos becados por la institución a universidades públicas.

El papel del Banco de México en el neoliberalismo se vio con claridad en las gestiones al frente del organismo de Miguel Mancera Aguayo antes y después de la expropiación de la banca, Guillermo Ortiz Martínez como jefe neoliberal en los gobiernos de Salinas y Zedillo y nada menos que Agustín Carstens que fue traído del cargo nada menos que subgerente del Fondo Monetario Internacional –número dos en la jerarquía– para hacerse cargo primero de la Secretaría de Hacienda con Fox y luego del Banxico con Calderón, en dos gobiernos panistas que no tenían ni idea del neoliberalismo como proyecto transexenal del bloque De la Madrid-Salinas-Zedillo que subordinó la alternancia presidencial al neoliberalismo Hacienda-Banxico.

El incidente denunciado por el director del CIDE involucra un representante en segunda generación de los neoliberales que tienen el control de la educación económica y científica y vieron con malos ojos el proyecto lopezobradorista de utilizar al CIDE como un centro de pensamiento posneoliberal. El joven funcionario del Banxico actual viene con el apellido del Bazdrech que dejó huellas neoliberales en el Conacyt y el Banxico.

Los caminos del posneoliberalismo de López Obrador-Sheinbaum Pardo pasan por recuperar el control educativo que sigue estando en manos del pensamiento neoliberal.

Política para dummies: La política debe dominar la economía.

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Pero la estrategia debería ser ir más allá de la foto y la declaración meramente nacionalista que duró pocas horas en el ambiente político. Se requiere del diseño de un acuerdo político interno entre todas las fuerzas partidistas y sociales para perfilar cuando menos tres políticas nacionales que han urgido desde el Tratado de Comercio Libre 1991-1993 que entregó la soberanía mexicana a Estados Unidos: una política de seguridad nacional vis a vis Estados Unidos, una política de Defensa Nacional hacia el exterior que involucre a las Fuerzas Armadas, Cancillería, Hacienda y Economía y una política de acuerdos internos que definan un verdadero Plan Nacional de Desarrollo más allá de la retórica populista y superficial de la 4-T.

Después de la agresión del Gobierno de Nixon en 1969 con la Operación Intercepción en la zona de California, el presidente Reagan –un Nixon remasterizado– y el embajador estadounidense John Gavin en modo de jefe de la estación de la CIA en México, abrieron audiencias públicas en el Congreso estadounidense en 1985 con el propósito –tema de la CIA de William Casey– de demostrar que México estaba en una situación de caos similar al de Irán del Sha y del Ayatola. Estas audiencias tambalearon al gobierno debilitado de Miguel de la Madrid que ya había decidido subordinar la economía mexicana a la estadounidense con el primer paso de ingreso al GATT.

En aquel 1985, el bloque intelectual de Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís –piezas claves del delamadridismo– y Héctor Aguilar Camín/Nexos organizaron una gran marcha plural por las calles para defender la soberanía nacional, pero sin concederle a la oposición ningún avance de acuerdo político nacional. Una vez desactivada la ofensiva de la Casa Blanca, De la Madrid y Salinas regresaron a su modelo neoliberal de integración de la economía mexicana a la estadounidense.

El primer paso que dio la secretaria Rodríguez en Gobernación debería tener una continuidad para replantear los mecanismos de la unidad nacional que la mayoría calificada de Morena en el Congreso destruyó en aras de una agenda lopezobradorista que tampoco está peleada con la necesidad de reconstruir la economía y la política después de las turbulencias neoliberal y populista de largo período 1973-2024.

Por sí misma, la mayoría política y legislativa de Morena y la 4-T tendría algunas posibilidades de resistir las decisiones económicas, migratorias y de seguridad del Gobierno de Trump, pero al final de cuentas requerirá del apoyo de la oposición para procesar internamente los efectos negativos de Trump en el uso de aranceles, deportaciones e intervencionismos de seguridad en atropello de la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene el perfil político que no tuvo el voluntarismo unipersonal caudillista de López Obrador; de manera paulatina y sin estridencias, Sheinbaum ha abierto algunos canales cuando menos de intercambio de opiniones con la oposición, más allá de las conductas avasalladoras de sus bloques legislativos en las dos cámaras. Y existe mucho margen de maniobra para que el gobierno actual pueda negociar algunas pausas en decisiones atropelladas que están distorsionando áreas políticas de poder que más adelante se convertirán de manera inevitable en factores de ingobernabilidad.

La oposición, con todo y su deprimente baja calidad estratégica de sus jefaturas, tiene que dar el primer paso en la definición de un acuerdo plural por la soberanía nacional. Aunque el presidente Trump es ingobernable en su brusco esquema de toma de decisiones improvisadas y al margen de prácticas a instituciones, de todos modos tendrá margen de maniobra para que algunos de sus manotazos autoritarios tengan efectos negativos en las relaciones bilaterales. La designación de un boina verde-senador como embajador tendrá que procesar las dificultades que todos los diplomáticos han encontrado ya en su función cotidiana en las oficinas de la representación estadounidense.

Si no hay un acuerdo por la soberanía nacional con base en un acuerdo de reorganización política, el margen de maniobra de la presidenta Sheinbaum será menor y operará a favor de los exabruptos de Trump. 

Política para dummies: La política es un sentimiento nacional.

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Andrés Manuel López Obrador, como candidato y presidente en funciones y hoy presidente emérito, nunca pudo cuajar relaciones de alianza en modos de complicidad con Monreal porque éste lo veía como compañero de lucha y no como jefe político, a pesar de que el zacatecano comenzó su carrera ascendente en 1997 cuando el PRI de Zedillo le negó la candidatura a gobernador De Zacatecas y Monreal fue cooptado por López Obrador entonces presidente del PRD.

El trato de Monreal a López Obrador era horizontal y quería hacer lo mismo con la presidenta Sheinbaum Pardo, quien había sido en términos formales su contrincante en la competencia por la candidatura a la Jefatura de gobierno en 2018 y por la nominación presidencial en 2024.

En el modelo chipilín de sucesión presidencial de 2024, López Obrador se encontró con dos figuras que desarrollaban autonomía relativa del liderazgo presidencial: Monreal y Marcelo Ebrard Casaubón, en tanto que Sheinbaum Pardo y López Hernández nunca dudaron de su lugar en el juego sucesorio lopezobradorista.

Las dos o tres ocasiones en que Monreal participó en el equipo del primer círculo de López Obrador –en la campaña y como abogado ineficaz en la lucha judicial por las elecciones del 2012– no pudieron definirse las reglas de las relaciones políticas: el jefe de grupo era, sin ninguna discusión, López Obrador y todas las figuras que pululaban a su alrededor deberían de respetar los niveles de relación.

Monreal quería quedarse en el Senado otros seis años, pero fue enviado a la Cámara de Diputados para pastorear a la mayoría de Morena durante 3 años y lo iba a dejar suelto dos años posteriores hasta el inicio de la sucesión presidencial del 2030 después de las legislativas federales de 2027 y a la definición formal de precandidatos presidenciales morenistas.

En el liderazgo de la Cámara de Diputados, Monreal tomó el control directo del sector y estableció alianzas que nunca fueron consultadas, entre ellas con el polémico dirigente de un sector laboral informal y no proletario Pedro Haces, un político formado al viejo estilo de Fidel Velázquez, aunque sin el control de la clase obrera que sigue quedando al garete porque la 4-T no es un movimiento social apuntalado por la clase obrera en disolución.

El incidente en torno al helicóptero que usó Monreal fue procesado a su estilo en el ambiente mediático, dejando ver que lejos de él estarían las necesidades aunque fuera de imagen pública de austeridad en la dirigencia de la 4-T, sobre todo porque López Obrador mantuvo hasta que pudo el traslado aéreo en aviones comerciales y la presidenta Sheinbaum había enseñado unas cuantas muestras de seguir ese camino.

La respuesta de Monreal diciendo que no le importaban las críticas y que lo iban a ver más seguido en esa movilidad en aeronaves privadas provocó una reprimenda muy a su estilo de la presidenta Sheinbaum, pero con indicios de que había molestia en Palacio Nacional y en el Palacio emérito de Palenque, no tanto porque fuera necesario e indispensable el uso de esos transportes alquilados, sino porque llegaron a formar parte de un estilo prepotente de gobernar. Monreal se disculpó, pero a regañadientes.

Según datos entregados a Indicador Político, el helicóptero de Monreal sería propiedad del empresario Carlos Peralta, de IUSA, y el video lo filmaron y filtraron algunas personas vinculadas al Poder Judicial. Ahí también demostró Monreal el establecimiento de alianzas con poderes fácticos que no fueron consultadas, ni aprobadas, ni avaladas en Palacio Nacional, ni en el Palacio de Palenque.

En este contexto se debe leer la ofensiva del senador López Hernández, el tabasqueño que apareció como el hermano mayor de Andrés Manuel López Obrador, que gobernó Tabasco por decisión lopezobradorista, que consolidó Gobernación para la lucha sucesoria y que fue una corcholata leal en el juego sucesorio de 2023-2024. La dureza del ataque frontal de López Hernández a Monreal fue el aviso de que vienen tiempos recios en el ajuste de poderes dentro del aparato presidencial Sheinbaum-López Obrador.

Y por cierto que podría haber cambio de aires capitalinos y zacatecanos a los climas fríos y flemáticos de la embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña. 

Política para dummies: la política es una guerra de posiciones.

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Además de la devastadora reconstrucción real de la ineficacia de la CIA que hizo en 2007 el periodista Tim Weiner —Legado de cenizas. La historia de la CIA, premio Pulitzer —, aquí en México la CIA nunca pudo consolidarse como una oficina para recolectar información de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Y no fue solo el periodista Manuel Buendía quien reveló en dos ocasiones la identidad del jefe de la estación de esa agencia en México sino que la locuacidad del embajador reaganiano John Gavin desactivó cualquier posibilidad de utilizar a la estación de la CIA en México –por lo demás, la más importante después de Berlín–. Gavin se encontró en 1984 que la Dirección Federal de Seguridad (la CIA mexicana) de José Antonio Zorrilla Pérez se había pasado al enemigo y públicamente había firmado convenios de capacitación nada menos que con el STASI de Alemania Democrática, la policía política más importante del bloque soviético por su vecindad con el Oeste europeo.

Y lo peor de todo fue que el propio Gavin reveló en el The New York Times lo que fue considerado como una traición del servicio de inteligencia mexicano, porque la Federal de Seguridad fue la primera réplica en el exterior de la CIA en 1947. Durante 35 años, la DFS mexicana fue una subsidiaria de la CIA y el hombre de la inteligencia estadounidense aquí fue nada menos que Fernando Gutiérrez Barrios. Y se pueden agregar los datos de las revelaciones de cómo la CIA había cooptado y puesto en nómina a importantes figuras políticas, incluyendo la denuncia del exagente Philip Agee de que los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría estaban en el grupo de la CIA conocido como LITEMPO.

Aunque provenía del área cinematográfica, como actor, Gavin se localizó siempre en la derecha ideológica que capitaneaba el senador Joseph McCarthy y a la que pertenecía –ahí sí con definición ideológica– el actor Ronald Reagan, lo que explica que a la llegada de Reagan a la Casa Blanca envió a su colega Gavin a la embajada en México. Gavin tomó su papel muy en serio y se convirtió él mismo en el jefe de la estación de la CIA, con lo cual terminó de liquidar cualquier posibilidad de la agencia de espionaje para servir a los intereses de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Los embajadores suelen marcar una distancia de las oficinas de la CIA en sus residencias, pero al final de cuentas tienen que patrocinar y proteger las actividades clandestinas: el embajador Joseph John Jova (de Nixon) fue señalado de realizar labores de inteligencia y no políticas, John Dimitri Negroponte (de Bush Jr.) llegó procedente de la Comunidad de inteligencia y seguridad nacional y con la agenda de estabilizar políticamente México para subordinarlo a la Casa Blanca y le tocó lidiar con el timorato de Vicente Fox y Jeffrey Davidow (de Bill Clinton y Bush Jr.) siempre cargó con la acusación de haber sido uno de los hilos de intervención clandestina de Estados Unidos en el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende.

Los libros de exagentes y exdirectores de la CIA nunca pudieron explicar el funcionamiento de la estación en México, quizá con mayores intenciones de espionaje geopolítico que de interés por México. En 1982 el exjefe de la estación de la CIA en México John Horton renunció a la agencia que dirigía William Casey para Reagan y denunció que la agencia lo estaba obligando a redactar un informe tergiversado que dibujara México como un país en caos similar al Irán del Sha y con ello justificar un mayor intervencionismo. Horton publicó un artículo en el Washington Post para revelar cómo se fabricaban los reportes de la CIA.

El embajador designado del próximo Gobierno de Trump, Ron Douglas Johnson, careció de alguna estrategia de preparación de su nombramiento y ya todos los medios de comunicación de México destacaron su perfil de boina verde, exagente de la CIA y operador de fuerzas especiales intervencionistas estadounidenses, con lo cual habrá perdido la parte biográfica de senador estadounidense que lo hubiera beneficiado más que el de operador militar con uniforme de combate y el simbolismo de la boina verde que hizo famoso John Wayne en una película.

Ni a Trump, ni a la Casa Blanca, ni al Departamento de Estado le servirá un embajador que ya fue caracterizado como cabeza de playa del intervencionismo estadounidense.

Política para dummies: La política se mueve en las cañerías del poder.

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Por enésima ocasión y siguiendo el razonamiento de sus aliados, la ministra Piña Hernández volvió con la cantaleta de que la reforma judicial fue una venganza personal del presidente López Obrador cuando la mayoría de los ministros se opuso a iniciativas muy concretas de interés específico del Ejecutivo federal.

Sin embargo, la palabra venganza no es una categoría política, sino se resume a un sentimiento. Es la hora en que los opositores a López Obrador siguen sin entender –o no quieren entender– que la propuesta del tabasqueño nunca fue de sentimientos, sensaciones o desafectos, sino que se trató de un proyecto de reorganización de la estructura del poder central que el ciclo neoliberal 1979-1982 había rediseñado para superar el modelo económico neoliberal, de mercado, empresarial y sobre todo de subordinación del proyecto nacional revolucionario-populista a los intereses productivos, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos.

El objetivo lopezobradorista, por ejemplo, de desaparecer la Policía Federal, crear la Guardia Nacional y adscribirla a la Secretaría de la Defensa centralizaba en el Ejecutivo el instrumento del poder armado que se había desperdigado en los convenios de seguridad con la Casa Blanca. Es probable que la Corte tuviera razones jurídicas para impedir ese proceso, pero el fondo del problema no era legaloide ni de venganza sino de replanteamiento de la doctrina de seguridad nacional y de defensa nacional que se había perdido con el Tratado de Comercio Libre, como lo previó el embajador estadounidense en México en 1991, el estratega del espionaje John Dimitri Negroponte, que de México pasaría a ser el encargado de la primera dirección de inteligencia nacional de la Casa Blanca.

El modelo neoliberal de la Madrid-Salinas-Zedillo-Peña Nieto desensambló la estructura del Estado y el gran arquitecto del neoliberalismo, Zedillo, reformó a la Suprema Corte para separarla de la estructura presidencialista del poder. La idea pudo haber sido democratizadora, pero la Corte comenzó a creer en serio su papel como poder autónomo, cuando todos sus ministros y funcionarios eran designados por el presidente de la República y su mayoría calificada en el Senado.

A la ministra Piña Hernández la convencieron de que los conceptos teóricos de independencia judicial y de poder autónomo del Estado eran de a deveras y funcionarios, asesores y consejeros la llevaron a confrontarla con uno de los presidentes de la República con más poder desde Luis Echeverría Álvarez. Sin embargo, la novatez política de la ministra Piña Hernández y la falta de una estructura opositora sólida que la fortaleciera se redujo solo a decirle no al presidente de la República en cuanto menos tres iniciativas clave de su proyecto, pero no la prepararon para la reacción presidencial.

López Obrador fue muy hábil en su capacidad de entender y manejar los instrumentos del poder sistémico: orientó toda su actividad a ganar la presidencia de la República y la mayoría calificada con los últimos estertores de instituciones del viejo régimen y cumplió los requisitos democráticos de hacer cualquier reforma para su proyecto restaurador. Ahí se dio cuenta la ministra Piña Hernández que el poder político del Poder Judicial era inexistente porque no tenía autonomía de origen.

En este sentido, la reforma judicial de López Obrador no fue una venganza, sino un objetivo de reconstrucción de los órganos de poder del sistema político priista vigente para reconsolidar la centralidad del Poder Ejecutivo, es decir, la restauración del presidencialismo que diseñó la Constitución de 1917 a 1982 y que de la Madrid-Salinas-Zedillo-Peña Nieto reformaron para intentar crear un régimen democrático de instituciones, pero sin que existieran las instituciones democráticas. Bastó la decisión mayoritaria de López Obrador para reformar el Poder Judicial no como venganza sino como instrumento de poder dentro de la reconstrucción del sistema/régimen/estado/Constitución neopresidencialista.

La opción de la ministra Piña Hernández de buscar la independencia y la autonomía del Poder Judicial no era mala, pero careció de una oposición con espacios de poder. La ingenuidad de suponerse el poder autónomo fue el error histórico de la presidenta de la Corte. 

Política para dummies: la política es una disputa por el poder desde el poder.

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De la Fuente y Gerard Heinze coordinaron el libro Salud mental y medicina psicológica (2018) y en la exploración de nuevas enfermedades que tienen que ver con la mente encontró el hoy secretario de Relaciones Exteriores el camino que ya se había comenzado a explorar del llamado “síndrome de Ulises”, un padecimiento que afecta a los migrantes cuando salen de su realidad natural y exploran nuevos espacios sociales, ya sea por búsqueda de mejores condiciones de vida o empujados por las crisis en sus países de origen.

El doctor De la Fuente tendrá que echar mano a esa experiencia de investigador médico porque el problema con los migrantes de mexicanos en Estados Unidos no radica en proporcionarles asesoría consular ni observación sobre autoridades nacionales para la protección de los derechos humanos a los migrantes que no cumplieron con los requisitos legales para ingresar a Estados Unidos y son perseguidos por las diferentes policías americanas, a pesar de que ellos mismos claman que cumplen un trabajo y que pagan impuestos locales.

El problema de Ulises en los migrantes tiene que ver con que la decisión de salir de su entorno a nuevas realidades, ingresar a Estados Unidos por la vía ilegal operada por los cárteles de coyotes, y padecer la vida sacrificada en una realidad que convierte en pesadilla su sueño de bienestar americano y el objetivo de enviar remesas a sus familias en territorio mexicano genera muchos problemas de personalidad que inclusive formarían parte de las motivaciones de muchos de ellos para reaccionar con violencia ante el entorno que los acepta para explotarlos pero los repudia en el fondo.

A todos estos problemas de la migración se tiene que agregar ahora el despertar racista de autoridades americanas y de parte de la sociedad estadounidense contra los migrantes que irrumpen en la estabilidad anglosajona y que siempre verán con desdén el papel de estos migrantes en el cumplimiento –como dice el razonamiento vigente– de tareas que hoy en día ni siquiera la comunidad afroamericana quiere cubrir.

  Aunque las motivaciones son de búsqueda de un mejor nivel de vida que su propio entorno nacional no le proporciona y que inclusive llega a violentarlo con explotaciones y crímenes por parte de los cárteles delictivos, la vida clandestina de los migrantes ilegales en Estados Unidos intensifica las afectaciones de delirio de persecución y genera nuevos traumas a los ya acumulados en sus comunidades de origen.

La política exterior mexicana ha sido la misma desde que comenzó la migración masiva ilegal allá por mediados de los años setenta: exigir de manera demagógica el respeto a los derechos de los migrantes no legales, abrir oficinas burocráticas que carecen de funciones y capacidad para defender los derechos mínimos de quienes carecen de permiso para estar dentro de Estados Unidos y –como lo hizo en días pasados el canciller de la fuente Ramírez– solo ir a “conocer” los campos de concentración nuevos en los que serán encerrados todos los migrantes ilegales capturados antes de ser deportados a México.

Y si a ello se agrega la última declaración de la presidenta Sheinbaum de que no se tiene considerados presupuestos adicionales a las partidas que tienen que ver con la recepción de migrantes deportados, entonces el síndrome de Ulises de Troya en modo de regreso se multiplica en problemas de percepción negativa en las autoridades de su país al considerar sus condiciones de expulsión no extraordinarias en cuanto a prestaciones adicionales antes de ser a su vez reenviados a sus lugares de origen. Puede ser que el problema no sea de falta de voluntad sino de finanzas públicas quebradas que no pueden descobijar programas sociales ya asignados por la obligación incumplida de atender las necesidades de la oleada masiva de inmigrantes que irrumpirán en territorio mexicano.

El doctor De la Fuente Ramírez, además de sus funciones limitadas de canciller sin experiencia real en la diplomacia, podría ayudar atender el síndrome de Ulises de los cientos de miles de migrantes que serán deportados por el Gobierno de Trump. 

Política para dummies: la política comienza en la psique del ser humano.

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El periodista Bob Woodward, del Washington Post, cuenta en su libro Miedo (2018), el primero de una trilogía sobre Trump en la Casa Blanca, que alrededor del presidente-empresario en Washington siempre hubo un aparato encargado justamente de frenar decisiones absurdas.

A los siete meses de haber tomado el poder, al presidente Trump se le ocurrió que Corea del Sur era una carga económica para Estados Unidos y decidió romper el tratado de comercio, a pesar de que su entorno de inteligencia y seguridad nacional le hizo ver que se trataba de una locura porque ese país era una línea roja en la división del mundo con la Unión Soviética y Corea del Norte.

Aun así, Trump ordenó la redacción de una carta en cuyo primer párrafo anulaba el Tratado de Comercio Libre entre EU y Corea del Sur: “el acuerdo en su forma actual no vela por el mejor interés de la economía de Estados Unidos. Por tanto, de conformidad con el artículo 24.5 del acuerdo, Estados Unidos procede por la presente a notificar que desea rescindir el acuerdo«. La carta tenía fecha del 5 de septiembre de 2017 y estaba dirigida al presidente de Corea del Sur y a su ministro de Comercio.

Las razones económicas pudieran haber sido válidas porque EU tenía déficit comercial con Corea, pero el entorno del presidente, sobre todo el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, economista y expresidente de Goldman Sachs –es decir: un no-político–, había entrado a la Oficina Oval mientras el presidente atendía otras cosas y vio sobre el escritorio la carta, se puso en modo de pánico y tomó una decisión histórica: se robó el documento porque estaba seguro de que si Trump no veía la carta entonces no la firmaría.

Se trató, señala Woodward, de un coup d´état administrativo por un funcionario de segundo nivel, pero en cuya decisión estaba la última instancia de evitar uno de los peores errores estratégicos de la seguridad nacional y geopolítica de Estados Unidos en la zona de Corea del Sur-Corea del Norte-URSS.

Pero ocurrió que Trump tuvo otra reunión y salió el tema del tratado comercial con Corea del Sur y en estado de ira, ignorando que ya lo había hecho antes, empezó a dictar una nueva carta para romper el acuerdo comercial. De manera agresiva, Trump dejó la carta a medias, ordenó que se terminara y dijo que la firmaría de inmediato, pero salió de la oficina.

Cohn acudió a la ayuda del general Jim Mattis, secretario de Defensa, y éste le hizo ver al presidente las razones de geopolítica que caían en su ámbito de trabajo y le dijo con claridad a Trump:

–Señor presidente, Kim Jong-un (líder comunista de Corea del Norte) representa la mayor amenaza a nuestra seguridad nacional. Necesitamos que Corea del Sur sea un aliado. Puede parecer que el comercio no esté relacionado con todo esto, pero es crucial. Los recursos militares y de inteligencia estadounidenses en Corea del Sur son la piedra angular para poder defendernos de Corea del Norte. Por favor, no salgamos del acuerdo.

Trump todavía alegó que quería quitar el sistema de defensa de lanzamiento de misiles THAAD se Corea del Sur que estaba diseñado específicamente para contener de manera directa a Corea del Norte, pero por razones económica Trump quería reinstalarlo en Oregón, EU, como si fuera un McDonald’s.

El general Mattis hizo último un esfuerzo: “estamos ayudando a Corea del Sur porque nos beneficia a nosotros”.

Al final, el entorno De Trump impidió la firma de la carta que terminaba con el tratado EU-Corea del Sur y Washington pudo mantener su escudo de seguridad nacional en la zona caliente ce Corea.

Si Trump revisará el Memorándum Negroponte de 1991 sobre el Tratado con México se percataría que Estados Unidos no firmó el TCL por razones de balanza comercial, sino porque el presidente Bush Sr. categorizó el Tratado a partir de su preparación como director de la CIA en 1976 y lo percibió como un instrumento de seguridad nacional en la larguísima frontera sur de más de 3,000 km que Washington por sí mismo no podía defender.

Si a Trump le pasan hoy una tarjetita diciéndole que la Unión Europea acaba de firmar un tratado comercial con el Mercosur y que China y Rusia ya cruzaron la línea roja de la doctrina Monroe, entonces pudiera entender las razones del Tratado con México como instrumento de seguridad nacional.

Pero Trump es un cabeza dura en eso del ejercicio del poder político real.

Política para dummies: el comercio es, para bien o para mal, el caballo de Troya de la política.

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