Los sucesos se acumulan, y la factura al partido en el poder es alta: el caso ‘La Barredora’ en Tabasco; el turismo de lujo de destacados morenistas; los intentos de censura en varios estados; las denuncias de enriquecimiento de legisladores; las propiedades inmobiliarias millonarias de un senador y un secretario de Estado; y las sospechas de tráfico de influencias que envuelven a familiares cercanos del expresidente López Obrador.

De acuerdo con el estudio, la preferencia electoral de Morena cayó del 51% al 45% entre mayo y septiembre. Además, las cifras apuntan a un posible empeoramiento: el 21% de los entrevistados considera que Morena ya se asemeja al resto de los partidos, y un 28% reprueba que la precandidata Claudia Sheinbaum carezca de poder para tomar decisiones internas o influir sobre sus principales dirigentes.

En el panorama de posibles candidatos para 2030, solo Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard mantienen una opinión positiva entre los encuestados. En contraste, personajes morenistas como Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández ya acumulan más opiniones negativas que favorables.

La única nota positiva que arroja el sondeo para el morenismo es que la oposición tampoco resulta atractiva. Figuras panistas como Lilly Téllez o Ricardo Anaya, y el priista Alejandro “Alito” Moreno, igualmente registran más opiniones negativas que positivas.

Al preguntar sobre el partido por el cual nunca votarían, el 58% de los entrevistados mencionó al PRI, el 17% al PAN, y el 13% a Morena.

Dado que es muy probable que los escándalos que involucran a militantes de Morena —ya sean por «fuego amigo», revelaciones periodísticas o investigaciones desde Estados Unidos— continúen, la preferencia electoral del partido puede verse aún más mermada a medida que se acerque la primera prueba electoral en 2027, cuando se renovarán la totalidad de los escaños de la Cámara de Diputados y 16 gubernaturas.

Para la oposición, este es un escenario inmejorable que deben capitalizar con la postulación de candidatos sólidos y una campaña que aproveche las actuales circunstancias para arrebatarle posiciones al oficialismo.

Los datos de Enkoll para El País confirman que la corrupción es el talón de Aquiles del actual partido en el poder, un factor determinante para debilitar su control.

Se trata de un escenario crítico y en plena evolución. Los próximos meses traerán consigo más revelaciones, más ciudadanos decepcionados y, la gran incógnita de esta historia, la capacidad de la oposición para articular una alternativa creíble.

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También en Sinaloa se suspende la Feria Ganadera, luego de amenazas y de disparos en contra de la taquilla de la sede del evento; en Sonora, Ejército y Guardia Nacional detienen a 11 personas con un arsenal y vehículos con blindaje artesanal; en Apatzingán atacan a unidades del Ejército Mexicano; en Guerrero detienen a un exmilitar retirado que era secretario de Seguridad Pública designado por el alcalde Alejandro Arcos, quien fue secuestrado y decapitado, el detenido está relacionado con el crimen; el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegura que la estrategia de “abrazos no balazos” no funcionó y urge a la presidente Sheinbaum a que acepte la ayuda de su país en el tema de seguridad.

En Chilpancingo son encontrados los cuerpos de 11 personas pertenecientes a una familia desaparecida en Chautipan, en momentos en que la gobernadora se encontraba en la inauguración de una casa de la cultura cantando a dúo con Coque Muñíz.

Y los ejemplos podrían seguir, pero lo mencionado en sólo parte de lo que ha sucedido en el sexenio que está iniciando, uno en el que la excusa de que todo es culpa del pasado ya no podrá seguir utilizándose más porque el anterior gobierno fue de su mismo partido y culpar una vez más a Felipe Calderón sólo hace que se vuelva un recurso cada vez más ineficaz.

En momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum promete que ahora sí habrá investigación e inteligencia para combatir al crimen organizado y las miradas se dirigen a Omar García Harfush como la esperanza para que se detengan este tipo de eventos sangrientos, nos debemos preguntar si lo que estamos viendo en el poco más de un mes que lleva en el cargo la exjefa de gobierno de la CDMX es parte de lo que los cárteles perciben como una debilidad inicial por el poco tiempo que llevan en la administración federal o si se rompió un pacto que no conocemos.

Y es que la curva de aprendizaje, los cambios en la estructura de gobierno, la llegada de nuevos funcionarios al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los relevos en Defensa y Marina pueden ayudar a entender las acciones de los grupos criminales en varios estados del país, como en Querétaro o lo sucedido en Guanajuato, pero también nos debemos preguntar si hay otra opción.

El sexenio pasado se reavivó la discusión acerca de si se debía pactar o no con el narco para que disminuyeran la violencia asociada a su guerra por el control del país, fomentada por miembros del partido oficial como Manuel Espino, quien en dos ocasiones en la anterior administración insistió en este tema, pero adicional al rechazo que en su momento expresó el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el expresidente López Obrador, llamó la atención la cantidad de ocasiones que este último visitó Badiraguato en Sinaloa, sin que hubiera una justificación entendible para tantas giras por dicha población.

También fue el sexenio en el que se supone, por las visitas de AMLO al citado municipio y la ayuda que dio a Morena para ganar las elecciones estatales de 2021 en las que llegó a la gubernatura el actual mandatario estatal, el Cártel de Sinaloa estaba siendo favorecido hasta que llegó lo que la facción de los Mayitos llama traición de parte de Joaquín Guzmán López para llevar a Estados Unidos a El Mayo Zambada para que fuera detenido.

Al menos en Sinaloa analistas locales se preguntan que futuro le espera al gobernador Rubén Rocha Moya, por las acusaciones de proteger a los Chapitos, a lo que se puede agregar otra interrogante: ¿también estará preocupado por esto el expresidente?

Quizá la manera en que se han presentado los incidentes que mencionamos al inicio a manera de ejemplo son parte de algo que no alcanzamos a ver, un acuerdo secreto que se rompió y ayudaría a entender lo que está pasando en varias entidades del país.

Al menos la periodista Anabel Hernández afirma en su más reciente podcast que López Obrador no está tranquilo después de dejar la presidencia y no sólo por las declaraciones de los próximos integrantes del gabinete de Donald Trump en Estados Unidos, que buscarán acabar con los cárteles incluso con la clasificación de terroristas para justificar combatirlos de frente.

Y es que de que el río suena…

Que un funcionario público mexicano sea enjuiciado y encontrado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico nos muestra la complicidad entre el poder político y el criminal en nuestro país, pero hay que tener cuidado si lo queremos ver como algo exclusivo de administraciones anteriores –como muchos propagandistas quieren difundir– pues es algo que sigue ocurriendo en la actualidad, como muestran otros casos.

Uno de estos es lo que ocurre en Sinaloa, estado afectado por las acciones de los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de cuyos hijos se encuentra preso en Estados Unidos en tanto que otro estuvo involucrado en un curioso episodio que culminó con el traslado en contra de su voluntad y prisión de su principal socio, Ismael El Mayo Zambada García.

Zambada García, en una carta que dio a conocer su abogado poco después de su aprehensión, relató cómo fue invitado por engaños a una reunión en la que estaría presentes Melesio Cuén, asesinado ese mismo día, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado su asistencia al encuentro.

Posteriormente, Rocha Moya trató de justificar su ausencia argumentando que el día en que El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos se encontraba en Los Ángeles y que nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa, pero el periodista Luis Chaparro descubrió que no hay registros de la entrada del mandatario de Sinaloa a Estados Unidos, algo que tendría que estar en los archivos de las autoridades estadounidenses.

La reacción de Rocha Moya fue culpar a Luis Chaparro, a Azucena Uresti y Miguel Badillo de lo que le pudiera ocurrir, de tratar de eliminarlo y presentó como prueba la bitacora del avión que un empresario le prestó, documento que se sospecha fue manipulado. Miguel Badillo afirmó en su colaboración del pasado 15 de octubre en varios medios que «aunque Rocha Moya ha negado reiteradamente que nada tuvo que ver con los hechos y que a él nadie lo investiga porque no es delincuente, ha explicado también que el día del secuestro (25 de julio) se encontraba en territorio estadunidense; mientras que el reporte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala que el gobernador sinaloense habría convocado a El Mayo Zambada para que lo ‘apoyara’ en una reunión con su enemigo político Cuén Ojeda».

En las elecciones estatales de 2021 en Sinaloa, las denuncias de que el narco influyó en los comicios –con detenciones o secuestros de representantes de la oposición o con acciones para inhibir la participación en ciertas zonas– fueron abundantes, a grado tal que se denunció que los cárteles fueron un elemento que definió el resultado electoral en varios municipios de la entidad, además de haber financiado a varios candidatos.

En el proceso electoral que culminó en las elecciones de junio de 2024, también fuimos testigos de los asesinatos de varios candidatos a puestos de elección de distintos partidos, muchos de ellos por grupos del crimen organizado.

No es difícil llegar a una primera conclusión: que la complicidad entre narcotraficantes y políticos mexicanos tiene en la intervención del primero en los procesos electorales una de las primeras consecuencias.

Pero, como comentamos al inicio, la sentencia en contra de García Luna nos muestra que esto apenas está comenzando, pues hay que recordar que en manos de las autoridades judiciales de Estados Unidos se encuentran Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada, Jesús Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial, Serafín Zambada Ortiz, todos miembros del Cártel de Sinaloa, quienes con sus testimonios, igual que sucedió en el juicio en contra García Luna, pueden implicar a exfuncionarios y funcionarios del gobierno federal y estatal.

En tanto, los reacomodos por el control de dicho cártel y su guerra por los territorios contra sus rivales seguirán con el consiguiente derramamiento de sangre y el esfuerzo del gobierno federal por tratar de ocultar el saldo de muertes con distractores.

Y es que el caso García Luna sólo refleja que hemos tenido, y tenemos, gobiernos que han permitido que sus integrantes se conviertan en complices de cárteles del narcotráfico a los que no quieren detener por esa misma complicidad.

No obstante, en el sexenio anterior el ahora expresidente López Obrador se desentendía de este tema y repetía que no había masacres, que eran los medios los que exageraban las noticias y que el país estaba en paz, a pesar de que su sexenio terminó con 199 mil 619 homicidios, más que en el de su odiado rival Felipe Calderón (120 mil 463) o de su antecesor Enrique Peña Nieto (156 mil 66).

La obsesión por controlar la narrativa y ofrecer una imagen de país que aunque no corresponda a la realidad si ayuda a la obtención de sus objetivos, principalmente electorales, nos ha llevado a vivir en una nación que, discursivamente, se dice que está en paz, pero a la hora de enfrentar la realidad vemos que la verdad es otra.

La nueva presidenta mencionó el día de su toma de posesión, en sus redes sociales, que «nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia», y el pasado 5 de octubre posteo en X (Twitter) que «me comprometí a ser un gobierno de territorio, no solo de escritorio», a pesar de lo cual no ha recorrido zonas afectadas por la violencia generada por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, como sucede en Sinaloa.

Pero no es la única región que es afectada por esta violencia, como pueden dar testimonio las comunidades desplazadas en Chiapas, los afectados por bloqueos en Aguascalientes, los que reportan presencia de miembros de cárteles en Tamaulipas, Morelos, Guanajuato, entre otras entidades.

También hay que considerar que en Chiapas, el pasado 1 de octubre, dos militares dispararon en contra de un vehículo, supuestamente al heber escuchado disparos, matando a 6 migrantes, tres provenientes de Egipto, uno de Honduras, otro de Perú y uno más de El Salvador.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el 7 de octubre apareció el cuerpo decapitado de Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, quien tenía 6 días de haber asumido el cargo. Previamente, el viernes 4 de octubre, había sido asesinado el secretario del ayuntamiento del mismo municipio, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, además de que el 28 de septiembre asesinaron a quien sería su secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Ulises Hernández.

El primer fin de sexenio fueron asesinadas 226 personas, como muestra de la situación que vive el país en este ámbito.

En el evento posterior a su toma de posesión en el Zócalo, la presidenta señaló que «tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo”.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en México, Javier Hernández Valencia, “hay un México que vive formas de violencia inauditas y una institucionalidad que amplía su marco de normas, busca que esas normas se apliquen, pero que no ha reformado sus instituciones para que la respuesta sea oportuna y eficaz”.

El problema es que la única respuesta institucional es negar lo que está sucediendo, insistir en el discurso de que México está en paz, ordenar a militares en funciones de seguridad pública no enfrentar a la delincuencia –ni a la organizada o a la desorganizada– y no contar con una estrategia que disuada la violencia que padecen muchas personas en varios estados del país.

Y no se trata de exagerar lo que sucede, sino que los hechos ahí están y no se pueden ocultar detrás de discursos.

La pregunta que nos debemos hacer es que hay detrás de esta actitud, si es parte de una complicidad no confesada, simple incapacidad o pura estupidez de quienes dirigen a los partidos de oposición en el país.

Y es que distintos líderes de esta oposición han repetido en diversas ocasiones que conocen muy bien a López Obrador, desde Guadalupe Acosta Naranjo, Santiago Creel, Carlos Navarrete, entre otros, pero a pesar de ese conocimiento no lograron anticipar ninguno de sus movimientos o contrarrestar sus estrategias para emparejar la cancha política.

Si realmente lo conocen, como tanto presumen, hubieran impulsado desde 2018 la creación de una plataforma para difundir, amplificar y posicionar sus mensajes, propuestas y posibles candidatos, de manera similar a como lo hizo López Obrador desde su primera campaña presidencial.

Si en el año 2000, gracias a sus conferencias mañaneras que no pudieron ser nulificadas por la presidencia de Fox y el PAN, el exmandatario logró construir una plataforma que ayudó a alcanzar sus objetivos, algo que se combinó con su paciencia y perseverancia –o necedad si ustedes quieren– y ya conocemos los resultados.

En el sexenio que inició en 2006, luego de las protestas por el supuesto fraude electoral, la plataforma del lopezobradorismo se mantuvo crítica en contra de Felipe Calderón, poniéndole varios apodos además de llamarlo espurio, criticando su estrategia en contra del narcotráfico –con la etiqueta que se logró viralizar de #NoMasSangre–, además de amplificar los errores de la administración del panista.

En el sexenio que comenzó en 2012, a pesar de la derrota, el lopezobradorismo continuó con su estrategia y aprovechó temas como la Casa Blanca, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto para avanzar en su conquista de sus objetivos, aprovechando no sólo las redes sociales, sino que colocando en medios plumas afines que empezaron a impulsar la figura de López Obrador.

Esto generó la percepción de que AMLO era la opción ante los gobiernos del PRI y el PAN con sus errores y corrupción demostrada.

Esta plataforma también utilizó a periodistas que renunciaron a su oficio para abrazar la militancia, productores de contenidos en redes sociales, activistas que insistían en difundir una serie de mensajes que beneficiaban la causa, medios digitales que reproducían sus comunicados, así como algunos analistas cuyo prestigio fue aprovechado para criticar a los gobiernos pasados y posicionar la figura de quien llegó a 2018 con dos campañas presidenciales a cuestas.

Así, en dicho año no debería haber sido sorpresa el triunfo del ahora exmandatario, que también fue defendido por dicha plataforma de las críticas de opositores y ciudadanos por sus contradicciones, errores, actos de corrupción, nepotismo, cerrazón, falta de diálogo y confrontación constante a lo largo de su sexenio y de manera exitosa terminó su mandato como las cifras de aprobación lo muestran al final del sexenio pasado.

Pero los que tanto presumen de conocer “muy bien” a López Obrador, parecen omitir las acciones y estrategias que lo llevaron al poder al no poder replicarlas o intentar crear alguna plataforma similar que les hubiera ayudado a evitar una derrota que hasta se llevó entre las patas al PRD que perdió su registro, partido –por cierto– en el que militó muchos años el propio expresidente.

La batalla que ganó López Obrador en 2018 –y a lo largo de su sexenio– fue gracias a esa plataforma que permitió difundir y priorizar sus palabras y figura ante una oposición ineficaz, fragmentada y sin las herramientas necesarias para evitar que la votación del pasado 2 de junio fuera peor que la tuvieron seis años antes.

Lo llamativo es la oposición tiene periodistas afines, medios que pudieran ayudar a difundir sus mensajes, activistas que pueden contribuir a la causa, analistas que les pueden proporcionar información para criticar exitosamente a la nueva administración federal, mirando el horizonte de 2030 para evitar una nueva derrota que elimine, por medio de la pérdida de registro a partidos como el PRI, y hacer que no se prolongue el poder en manos de una 4T que ha demostrado su voracidad para mantenerse en el presupuesto incluso con militantes de partidos que ha calificado como parte de la mafia del poder y corruptos.

Y sí, con esa mafia y esos corruptos el actual partido oficial gobierna y tiene a sus defensores en medios y redes sociales, mientras la oposición se contenta con presumir que lo conocen muy bien, pero sin hacer algo que demuestre que ese conocimiento puede aplicarse en una estrategia eficaz que permita emparejar la cancha político-electoral en el sexenio que inicia.

Nunca es tarde, a menos que seas de esos que dicen conocerlo muy bien, pero no pueden ayudar a construir una plataforma que les ayude a ganar terreno en el campo de batalla de la comunicación política.

A las balas, misiles, aviones, drones y vehículos blindados, se les unen sofisticadas formas de manipulación de la información, a la vez que se ejercen sutiles –y no tan sutiles— formas de censura.

Pero se trata de algo que es común para todos los bandos en disputa.

Una nota de Europa Press da cuenta de que “la autoridad de supervisión de los medios de comunicación de Rusia, Roskomnadzor, ha difundido una nota en la que alerta de que ningún medio podrá difundir la entrevista realizada por varios periodistas rusos independientes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski”.

Dicha conversación fue publicada, no obstante la restricción, por el propio Zelenski en su canal de Telegram, destacando el hecho de que “Rusia debe conocer la verdad. Los periodistas rusos del canal de YouTube de Zigar, TV Rain, el portal Meduza y de ‘Kommersant’ y ‘Novaya Gazeta’ han obtenido respuesta a todas sus preguntas”.

Asimismo, la citada agencia informativa informa que “la autoridad de supervisión de los medios de comunicación de Rusia, Roskomnadzor, ha suspendido el acceso al portal del periódico alemán ‘Bild’ y a la web del periodista Alexander Nevzorov.

“A partir de ahora no se permite el acceso a www.bild.de ni a nevzorov.tv desde el territorio de la Federación Rusa como consecuencia de una petición de la Fiscalía fechada el 26 de marzo, informa la agencia de noticias rusa Interfax”.

En contraste, la plataforma de contenidos Redfish acusa que han sufrido de censura de parte del mundo occidental, “desde la invasión rusa, las medidas de censura a las que hemos sido sometidos han llegado a niveles extremos. En YouTube estamos prohibidos a nivel mundial y en Facebook e Instagram nuestras cuentas están bloqueadas en la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido. No hemos recibido ninguna explicación de por qué hemos sido prohibidos/restringidos, ni nos han permitido apelar la decisión”, explica en entrevista con La Jornada el cofundador y director de la empresa Hüseyin Dogru.

“La afirmación de que estamos controlados por el Kremlin es, por un lado, una difamación sin fundamento alguno. Y, por otro, un pretexto útil para reprimir nuestra labor crítica”, completa en el intercambio con dicho diario.

En tanto en Rusia “varios portales de noticias han sido censurados a petición de la Fiscalía General amparada en una nueva ley de prensa que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por expresarse en contra de la guerra”, de acuerdo a Europa Press, en Europa se ha prohibido la difusión de los despachos de la agencia rusa Sputnik y del canal de televisión Russia Today (RT), bajo el argumento de que son instrumentos de propaganda del gobierno de Vladimir Putin.

Es claro que no se trata de tomar partido por alguno de los bandos, ni de intentar justificar las acciones que se han tomado en los ejemplos que hemos citado en el presente texto, sino de resaltar los hechos que están provocando que los actores en el actual conflicto bélico –como otros en ocasiones anteriores— actúan de la misma manera motivados por intereses similares.

A esto debemos sumar la manera en que se difunde información con el claro objetivo de confundir, desmoralizar a los adversarios o de difundir mentiras que afectan a una de las partes.

Así, las acusaciones de bombardeos o masacres en contra de civiles de parte del ejército ucraniano o del ruso, han estado presentes en los meses que llevamos del conflicto.

Las redes sociales han sido instrumentos privilegiados para este tipo de tareas, en parte por su alcance y, también, por la manera en que han sustituido a los medios de comunicación tradicionales como fuentes primarias de información para el ciudadano común y corriente.

Por lo anterior, no es raro leer historias de héroes de alguno de los bandos para reforzar la moral de los combatientes, a la vez que se da cuenta de las atrocidades que cometen los enemigos. Esto ha llegado a tal grado que se utilizan imágenes de videojuegos para tratar de presentar derribos de cazas de uno u otro bando, algo en lo que incluso periodistas han caído reproduciendo dichos contenidos.

Las agencias de noticias que se han dado a la labor de verificar la información que se da a conocer en el contexto del conflicto ucraniano, han trabajado horas extra para aclarar buena parte de las noticias que se difunden en medios y redes sociales, aunque la velocidad de creación y transmisión dicha información sea cada vez más rápido, no así la que se emplea en comprobar si es cierto o no el dato que se está tratando de verificar.

Y es que también es una labor ingrata, porque por mucho que se den a conocer los detalles que exhiben la manipulación o falsedad de alguna información, la labor de seguidores de uno de los bandos –actuando como verdaderos fanáticos— entorpece la labor de verificación y de difusión de noticias que están apegadas a la verdad.

Ahora se puede actualizar la frase de Hiram Johnson, pues entre las primeras víctimas de la guerra no sólo está la verdad, sino en muchas ocasiones también la inteligencia.

Errores de un sexenio

Un primer tema que alertó de la tendencia de mantener las decisiones tomadas a pesar de lo costoso o equivocadas se presentó con la cancelación del Aeropuerto en Texcoco. El pretexto fue la corrupción que, según el discurso del en aquel entonces presidente electo, prevalecía en la obra, pero una vez en el gobierno no se armaron carpetas de investigación con las denuncias correspondientes y no hay nadie en la cárcel por la supuesta corrupción existente.

Así, la oportunidad de demostrar que la lucha en contra de la corrupción iba en serio con una demostración de cómo se iba a hacer, quedó en puros discursos, incluso se invitó a varias de las empresas que participaban en la construcción de la terminal aérea de Texcoco para que lo hicieran en Santa Lucía y se indemnizó a tenedores de bonos.

Al final, no se reconoció que era un error la cancelación y la nueva obra no deja satisfecho a nadie.

Otro ejemplo lo tenemos en el caso del fiscal Gertz Manero. Desde que asumió la titularidad de la FGR, el exrector de la UDLA Ciudad de México ha ido acumulando escándalos y enemigos, inclusive un audio lo desnuda como alguien capaz de torcer la ley para su beneficio, sin dejar de mencionar las revelaciones de prensa sobre sus múltiples propiedades en México y el extranjero.

Un caso así en otros países sería motivo de cese fulminante o renuncia inmediata, pero aquí el presidente lo apoya pensando que detrás de todo esto hay un ataque a su gobierno, por lo cual la impunidad cubre a un funcionario que, ahora sabemos por las revelaciones de Julio Scherer Ibarra, es demasiado visceral para estar al frente de la institución encargada de la procuración de justicia.

En este tema, tampoco se reconocerá que fue un error su nombramiento y tampoco se corregirá bajo el pretexto de que provocar su salida de la FGR sería darles la razón a los adversarios políticos del presidente, algo inaceptable por lo visto.

Otro ejemplo lo tenemos en la carta de renuncia al INDEP de Jaime Cárdenas Gracia, quien luego de revelar actos de corrupción y otras irregularidades, quedó como traidor al movimiento y siendo agredido desde la misma trinchera en la que militó, pero de lo que denunció ni una palabra o acción.

Aquí también quedó de manifiesto que, en el imaginario presidencial, es mejor fugarse hacia adelante, argumentar que todo es parte de un complot de los conservadores para obstaculizar la supuesta transformación que encabeza y no hacer nada, incluyendo el reconocer que se han cometido errores en ciertos nombramientos en el gabinete.

Y hablando del gabinete y de eso de que se pedía lealtad, aunque no se tuviera capacidad, el texto de Scherer Ibarra en Proceso desnudó las serias diferencias al interior del equipo cercano al presidente, al extremo de que las filtraciones de audios que incriminan al fiscal en supuestos ilícitos se atribuyen a “fuego amigo”, algo que dibuja claramente que reclutar a ciertos personajes fue, claramente, un error que no se ha corregido, por más que los cambios que se han dado, como en Gobernación o en Función Pública, sean vistos como intentos de enmendar dichas equivocaciones, aunque el discurso presidencial no lo acepte como tal.

Otro error lo tenemos con el tema del avión presidencial, que no ha logrado ser vendido como el inquilino de Palacio Nacional quisiera y tampoco se ha aprovechado para traer vacunas e insumos médicos del extranjero o para repatriar a connacionales de otros países, como ha sido el reciente caso con motivo de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Tenerlo parado ocioso, sólo por el capricho y el orgullo de no reconocer que fue un error el planteamiento inicial de que era un avión “que no tiene ni Obama”, nos ha costado caro, además de ser un equipo desaprovechado que pudiera haber ayudado mucho en la actual emergencia sanitaria.

Pero como el presidente piensa que la necedad es una virtud, pues no se reconocerá que se cometió una equivocación en este particular y, desde luego, no se corregirá.

En resumen, el reconocimiento de haber cometido un error, es algo prohibido en el Olimpo presidencial y el discurso pretenderá presentar un país lejano del que realmente es.

Y eso que no tocamos asuntos como el desabasto de medicinas, el manejo de la pandemia, la estrategia de seguridad o la manera en que ha crecido el desempleo y la informalidad, temas en los que se ocupa una gran cantidad de recursos para intentar tapar el sol con un dedo.

Los indicios de penetración del crimen organizado en las barras de varios de los equipos del futbol mexicano de primera división han sido rastreadas desde fines de la década de los años 80 del siglo pasado por un investigador universitario, Hugo Sánchez Gudiño, quien platicó con este espacio y nos compartió varios de los resultados de sus pesquisas.

Comienza la plática relatando que en un inicio “estuve trabajando en una investigación sobre los grupos de choque y el porrismo en la UNAM”, lo cual lo llevó a revisar lo que en ese entonces era una novedad en el deporte más popular del país, “surgen las barras, un modelo importado de Argentina a México porque el futbol mexicano atravesaba una crisis y se consideró que traer ese modelo generaría nuevas expectativas de mercadotecnia, publicidad, asistencia a los estadios, mayor festividad”.

El Pachuca fue pionero en eso y “los demás equipos copiaron ese modelo”, pero sin darse cuenta de un fenómeno que abriría la puerta a eventos como el que presenciamos en el estadio Corregidora, “muchos de los grupos de choque de la UNAM migran de las escuelas superiores a las barras bravas”.

De ahí, el siguiente paso se dio de manera natural, ya que “en un principio mantenían un perfil bajo, pero después se fueron volviendo violentas, tipo pandillas, y como tales el tipo de violencia que ejercían era pandilleril; estos grupos tomaron fuerza con los equipos porque, en efecto, lograban convocar y movilizar a miles de seguidores y eso se traducía en miles de asistentes y clientes potenciales al gran negocio que es el futbol, pero eran protagonistas en ciertas ocasiones de peleas por las rivalidades que había”.

Es en el 2004 cuando, de acuerdo a Hugo Sánchez, que “empiezan a aparecer grupos más violentos y vinculados al crimen organizado que se empiezan a incrustar en esas barras”. Un juego entre el América y un equipo brasileño ese año, empieza a provocar que el interés periodístico en las barras comenzará, pues “muchos diarios detectan en las imágenes que publican a jóvenes con tatuajes, un estereotipo que se presentaba como de las Maras Salvatrucha, por lo que se empieza a hablar de la infiltración de estos grupos en las barras y en efecto era así porque México es la ruta para ir a Estados Unidos, muchos de esos jóvenes se quedaban aquí y se incorporaban a estos grupos, les gustaba el futbol en su país y acabaron en las barras”.

Pese a que no era una penetración total, reconoce Sánchez Gudiño, “sí había miembros de esos grupos delictivos en las barras”, pero el tema pasó a segundo plano, aunque en paralelo se dio una “una penetración lenta y silenciosa de grupos del crimen organizado en las barras, hasta llegar al 2010 y el 2011 cuando vemos hechos similares en Torreón, en un juego Santos-Morelia en donde en el estadio lleno entran hombres armados de dos bandos rivales y comienzan a detonar sus armas con el público en medio”.

A partir de eso, el investigador comienza a recabar indicios de lo que estaba pasando: “Esos indicadores son el grito homofóbico y los gritos derivados de eso, es decir, este grito ha generado una gran polémica, la FIFA ha sancionado económica y deportivamente a México, y los directivos no saben como resolver esto. Además, hay otros gritos colaterales que no tienen tanta fama, pero parecen narcocorridos.

“El segundo que observé, es que los grupos barristas empiezan a utilizar tácticas intimidatorias en contra de los equipos rivales, utilizando mantas así como los cárteles, utilizan las narcomantas, me pareció que era algo nuevo y un indicador de que algo estaba pasando.

“En esas mantas, los fanáticos amenazan al entrenador, jugadores o directivos.

“El tercer indicador que detecté es que algunos futbolistas famosos que tienen fundaciones, públicamente agradecen la donación a algunos capos de algún cártel, el más famoso el Jalisco Nueva Generación, sin temor alguno.

“Finalmente, un cuarto indicador fue que alguno de estos grupos de barristas llevaron a la sede de su equipo una hielera con cabezas de plástico o de cartón simulando a los jugadores o directivos, así como lo hacen los narcos con sus víctimas”.

Esos indicadores, comenta Hugo Sánchez Gudiño, “anticiparon que podía ocurrir algo, que una chispa podía empezar algo y, en efecto, 15 días después (de una entrevista que concedió a Proceso y ESPN) ocurre lo de Querétaro y refuerza la hipótesis que veníamos trabajando y más aún la forma en que se dio el enfrentamiento, en donde el modus operandi con el que golpeaban a los tapatíos, tenía un símbolo particular: les quitaron la camiseta, eso es una seña identitaria de los cárteles, así se pelean los sicarios, así como unos cortan manos y otras cabezas, estos les quitan la playera y eso es como un sello del cártel que está agrediendo y, sobre todo, algunos líderes de la barra 51 del Atlas y de la Resistencia de Querétaro tienen antecedentes penales que los vinculan o con el CJNG o el Cartel de Santa Rosa de Lima”.

El investigador es pesimista respecto al futuro, “el modelo de las barras forma parte del organigrama de los equipos, no las pueden quitar porque si lo hicieran sería como cortarse un brazo, las barras forman parte del mismo modelo de negocio”.

El recurso favorito

Como sociedad, nos sobra violencia y nos hace falta más reflexión acerca de porque la usamos para resolver nuestras diferencias. Lo sucedido en el estadio Corregidora de Querétaro es un simple botón de muestra de hasta que punto la violencia se ha convertido en el recurso favorito de muchos de nosotros para expresar inconformidad o para rechazar algo.

Esto es apreciable en las recientes acciones de este tipo que hemos podido ver en reuniones partidistas, en las cuales los inconformes con las designaciones de candidatos arremeten contra los dirigentes de los institutos políticos.

Lo vemos en las campañas, en las cuales el discurso presenta a los adversarios de otros partidos como a un enemigo que hay que destruir, por lo que se han dado peleas entre militantes de bandos contrarios, que muchas veces llegan a hechos lamentables, pero que no importa a candidatos o dirigentes porque son los primeros en fomentar con sus palabras este tipo de comportamientos.

El tema político se ha convertido en un buen ejemplo de como la violencia ha invadido la vida de las personas, pues son muchas las anécdotas de quienes han perdido amistades o  han tenido fuertes discusiones en encuentros familiares por algún asunto relacionado con esto, como si defender a un político o causa fuera más importante que nuestros familiares o amigos.

También lo vemos en las calles, pues ante muchas de las decisiones que se toman por parte de gobernantes, los ciudadanos recurren a acciones violentas para mostrar que no están de acuerdo con eso, al igual que muchos grupos que, ante la falta de acciones de la autoridad, no tienen otro camino que destruir mobiliario urbano o dañar instalaciones oficiales, y de paso a los policías, para hacer pública su posición.

Y qué de grupos del crimen organizado que no tienen una mejor forma de realizar sus actividades que, a través de la violencia, algo que de tan cotidiano empieza a ser imitado por muchas personas que, sin pertenecer a algún cártel, buscan conseguir dinero también por medio de este recurso.

Ni que decir de los espacios legislativos, en muchos de los cuales hemos visto como los debates acaban con insultos, golpes, tomas de tribuna en donde se quita por la fuerza al orador en turno y todo acaba en gritos y empujones.

Tan somos una sociedad violenta, que muchos incidentes de tránsito concluyen en golpes, amenazas e, incluso, en el uso de armas de fuego.

También hay que recordar que, en esta época de pandemia, con el encierro forzado, la violencia doméstica –en la casa, que en teoría debería ser el lugar más seguro— se ha incrementado de forma dramática y continúa.

Las redes sociales no se salvan de esta tendencia, así una opinión o información que un usuario publica puede generar una reacción violenta de otros usuarios que, en muchas ocasiones, no leyeron el texto completo, pero no se resisten a amenazar o insultar al autor, muchas veces porque no tienen otra forma de expresarse.

Somos una sociedad violenta y cada día lo demostramos, en cualquier lugar y en cualquier momento, la pregunta que nos debemos hacer es si queremos que esto siga o queremos cambiar para dejar de ser un país peligroso para nosotros mismos o si de plano nos damos por vencidos y en lugar de Constitución empezamos a hablar de la Ley de la Selva.

Y hay que preguntarnos que hacemos como sociedad para evitar que esto siga creciendo.

Si seguimos, desde las palabras que usamos, fomentando el uso de la violencia como un recurso para obtener algo, no nos deberá sorprender que sigamos teniendo episodios tan lamentables como el que se vio en Querétaro.

Qué esto beneficia a alguien o es una cortina de humo para ocultar algo más, es parte de un juego en el que algunos tratan de justificar la violencia porque no les dejaron más camino que éste, a lo que también deberíamos preguntar si esto es realidad y si no estamos ante una confesión de que no podemos cambiar, en parte porque nos gusta y en parte porque no sabemos otra manera de encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos.

En un artículo de 2012, Enrique Krauze señalaba que la “indignación política se desfoga en una violencia verbal incompatible con los instrumentos propios de la racionalidad: la argumentación, la fundamentación, la persuasión, la coherencia, la claridad”. A diez años de distancia se mantiene la vigencia de esas palabras, es más, lo comprobamos a diario al revisar los intercambios que se dan en redes sociales o en algunos textos que se publican en los medios tradicionales.

El caso de Carlos Loret de Mola es un buen ejemplo de cómo hemos caído en la tentación de la violencia.

Sin entrar al tema de si detrás hay o no un objetivo político en lo que ha publicado el conductor de Latinus, de si sus antecedentes son o no los mejores o de si es o no realmente un periodista, llama la atención que los datos que dio a conocer en su programa no sean el centro del debate.

Sabemos que descalificar al mensajero es una táctica muy utilizada para desacreditar toda la información que va en contra de la imagen de algún personaje público, en especial si provoca un descenso en su aprobación, como es el caso, pues de acuerdo con varias encuestas la del presidente López Obrador ha disminuido a raíz de la exhibición del estilo de vida de su hijo mayor, algo que va en contra de su discurso de austeridad y honestidad.

Los 4 puntos perdidos, según Consulta Mitofsky, entre el 6 y el 27 de febrero –al inicio del mes, el presidente tenía una aprobación del 62.7% y cerró el segundo mes del año con 58.5%– son prueba del impacto de la información dada a conocer, en algo que es inocultable: el hijo mayor del presidente vivió en una mansión de lujo en Houston.

Pero lo que se debería debatir es la información dada a conocer, no elaboradas teorías de complot, no las acusaciones de que a los conservadores les sobran medios y dinero, como afirmó Epigmenio Ibarra, o tratar de dar un golpe de autoridad y calificar todo como una mentira.

Que se recuerde, no veíamos de manera tan constante acusaciones de periodistas en contra de otros periodistas como en el caso que comentamos. Por ejemplo, en el portal Hispanic L.A., Agustín Durán –quien es editor en el diario La Opinión—, a propósito del debate por la información que dio a conocer Loret de Mola, sentenció que todo se trataba de una falsedad, “aquí digo imprecisión por no decir mentira; el problema es que en su pseudorreportaje —que ha sido criticado incluso por verdaderos periodistas de renombre como Julio Astillero, Fabrizio Mejía Madrid, Alejandro Páez y Jorge Zepeda Patterson, por mencionar algunos— no prueba nada. Son inferencias que saca de su imaginación y su odio hacia el actual mandatario legítimamente electo por la mayoría del electorado mexicano”.

La lista de “verdaderos periodistas de renombre” incluye a alguien que ha sido acusado de plagio, lo cual no impide mostrarse como parte de un bando para descalificar a colegas que dan a conocer datos incómodos para el poder.

Regresando a Krauze, luego de que en el artículo citado pasara revista a la tipología de violencia verbal, mencionó que “una variedad más compleja y generalizada está expresada en una frase de Lenin: ‘no pregunte si una cosa es verdadera o no; pregunte sólo: ¿verdadera o no para quién?’”.

Y en esas estamos, siendo testigos de la violencia que se ejerce cotidianamente, sin que sepamos las consecuencias que tendrá y hasta cuándo dejará de ser el recurso favorito de quienes han abandonado el diálogo para refugiarse en la militancia.

Del tintero

Si me permiten el comercial, esta semana empieza a circular un nuevo diario, El Independiente bajo la batuta de Carlos Ramírez. La oferta del nuevo medio es ofrecer al lector un auténtico ring de debate que refleje la multitud de ideas y puntos de vista que existen en nuestro país, por lo que la opinión y el análisis serán el punto central que alimente las páginas de este esfuerzo informativo.

El Independiente circulará de lunes a viernes en versión impresa y en versión PDF para las redes sociales, así como en el portal https://elindependiente.com.mx/, esperamos que se puedan permitir conocer el nuevo diario y compartir con nosotros qué les pareció el esfuerzo que hacemos.

@AReyesVigueras