Un contrato por 540 millones de dólares a favor de una empresa de Texas fue negociado con un alto funcionario de Pemex mediante chats de Whatsapp.

Latinus reveló el pasado martes el proceso penal iniciado a mediados de marzo en el Distrito Sur de Texas, que expone un nuevo episodio de corrupción vinculado a Petróleos Mexicanos. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestra detalles de la acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos, en la que se reconstruye cómo el contrato adjudicado en diciembre de 2021, fue acompañado por una trama de pagos ilícitos, intermediarios y acuerdos encubiertos que se extendieron durante años.

Según la acusación del Departamento de Justicia, desde al menos enero de 2020 ejecutivos de una compañía proveedora de equipo -con sede en Texas- y sus intermediarios en México y Estados Unidos iniciaron conversaciones para asegurar el contrato. En esas conversaciones se menciona la necesidad de pagar sobornos a un alto funcionario de Pemex Exploración y Producción, cuya identidad mantienen bajo reserva las autoridades estadounidenses.

El esquema tomó forma mediante una cadena de intermediarios. La empresa proveedora contrató a una compañía en México, que a su vez canalizó pagos a otra firma en Texas controlada por Alfonso Wilson, ciudadano mexicano-estadounidense.

El papel de Wilson, de acuerdo con la acusación, consistía en fungir como enlace directo con el funcionario de Pemex para influir en decisiones internas y asegurar la adjudicación del contrato.

Las conversaciones internas revelan el tono y la presión que rodeaban el acuerdo. El 22 de mayo de 2020, en un chat de WhatsApp entre los involucrados, uno de los ejecutivos de la empresa que buscaba obtener el contrato escribió reprochando el supuesto incumplimiento del funcionario de Pemex:

“Como siempre (el funcionario) promete, y luego nunca cumple. Este tipo nos dijo en febrero que iba a enviar la carta de intención”.

La respuesta llegó de inmediato dentro del mismo grupo. Uno de los participantes sugirió ajustar el esquema de pagos: “deberíamos eliminar las comisiones (o sobornos) del funcionario”.

Wilson intervino en la conversación con una frase breve que deja ver su rol operativo: “Hoy verifico con el funcionario de Pemex”.

“La respuesta a mi mensaje del lunes: ‘Wilson, todavía estamos interesados en comprar los equipos, pero no hemos autorizado ninguna compra hasta que el COVID esté controlado”. 

La conversación no se detuvo ahí. Otro de los participantes advirtió sobre la conveniencia de mantener al funcionario dentro del esquema, pero escalando en la estructura de Pemex:

“También creo que sacarlo con lo que sabe no es muy saludable, creo que deberíamos decirle que vamos a subir un nivel, pero sin dañar su interés. Sí creo que (el funcionario) debe mantenerse dentro… no es un enemigo hoy, de hecho creo que sigue siendo el mejor aliado en este negocio”.

Detrás de estos intercambios se estaba definiendo el mecanismo de los sobornos. Según la acusación, los implicados acordaron pagar millones de dólares al funcionario a cambio de utilizar su cargo para facilitar la obtención del contrato. 

Inicialmente, los pagos se canalizarían a través de una empresa intermediaria en México. Más adelante, hacia finales de 2021, el esquema se modificó y los recursos comenzaron a fluir mediante otra compañía, también controlada por uno de los participantes.

El contrato fue finalmente adjudicado por Pemex en diciembre de 2021. Sin embargo, los pagos asociados al esquema continuaron después. Entre 2023 y noviembre de ese mismo año, la empresa intermediaria transfirió a Wilson, a través de su compañía en Texas, tres depósitos que suman 415 mil 800 dólares

198,000 dólares el 31 de julio de 2023.

198,000 dólares el 12 de septiembre de 2023.

19,800 dólares el 3 de noviembre de 2023.

Para las autoridades estadounidenses, estos pagos forman parte de una conspiración más amplia destinada a “obtener y conservar” el contrato mediante prácticas corruptas.

El contrato fue firmado por allegado del Presidente

Wilson, quien a inicios de abril se declaró culpable en esta trama de corrupción, es director ejecutivo de Oil Technologies Consortium y según su perfil de Linkedin cuenta con experiencia previa en Pemex.

Aunque los documentos judiciales del caso no revelan el nombre de la empresa que recibió la asignación de 540 millones de dólares, el sitio www.fcpaprofessor.com, especializado en dar seguimiento a casos de corrupción en Estados Unidos, mencionó desde el pasado 18 de marzo de 2026 a la empresa texana Drillmec como la supuesta beneficiada con el contrato que fue negociado con la intermediación de Wilson.

El reportaje de Latinus mencionó en su reportaje del pasado martes que el contrato a favor de Drillmec fue firmado el 13 de diciembre de 2021 por Javier Núñez López, ex funcionario de Pemex y actual director de operaciones del Infonavit, y uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente López Obrador.

En febrero de 2024, MCCI publicó un reportaje en el que expuso el papel de Núñez López en los esquemas que sirvieron para financiar las campañas de AMLO. Por ejemplo, en 2012 fue acusado de triangular fondos públicos del Gobierno de la Ciudad al proyecto político de López Obrador.

Como directivo de Pemex, fue el responsable de firmar los contratos más cuantiosos. Tan sólo entre 2019 y 2023, Núñez López firmó o supervisó asignaciones por 100 mil millones de pesos a empresas que han sido ligadas a familiares del presidente López Obrador.

En un lapso de apenas 10 meses (diciembre de 2022 a octubre de 2023), Núñez López firmó cinco contratos por más de 23 mil millones de pesos con Baker Hughes, la empresa ligada a la llamada Casa Gris de Houston que ocupó José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/asi-se-negociaban-sobornos-en-pemex-mediante-chats-de-whatsapp/

Grupo Tecno, compañía a la que el gobierno de López Obrador le asignó contratos por más de 4 mil millones de pesos, ha transferido más de 65 millones de pesos a empresas “fantasma” de César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

El edificio ubicado en la calle de Liverpool número 3, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, actualmente es la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA. De acuerdo con el contrato firmado por las autoridades de dicho partido político, el inmueble fue adquirido en enero de 2020 a un precio de 75 millones de pesos. Sin embargo, en 2015 ese mismo edificio había sido vendido a un fideicomiso constituido en CIBancopor un precio significativamente menor: 16 millones de pesos.

Cuatro personas, cuya identidad ha sido reservada por MORENA, fueron quienes constituyeron el fideicomiso para comprar el edificio y también quienes se beneficiaron del aumento de 59 millones de pesos en el valor de venta del inmueble en tan solo cinco años, un incremento de 368%. Esto se suma a una serie de irregularidades e inconsistencias sobre el costo real del edificio, que de acuerdo con los últimos reportes de transparencia de MORENA, hoy tiene un valor de 48 millones 720 mil pesos, 26 millones menos de lo que pagaron por él.

Un fideicomiso es un vehículo legal mediante el cual una persona física, moral o incluso una institución de gobierno le entregan bienes o recursos a una institución fiduciaria (generalmente un banco) para que los administre conforme a un contrato y fin específico. En la práctica, esta figura puede separar formalmente a quienes aportan los recursos, a quienes lo administran y a quienes reciben sus beneficios. Por eso, dependiendo de cómo esté estructurado, un fideicomiso puede dificultar el rastreo del dinero y la propiedad de ciertos bienes.

El 30 de noviembre de 2015, se formalizó ante la Notaría 105 de Naucalpan la constitución del “Fideicomiso Irrevocable de Administración CIB/2420”, donde CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiplefungió como fiduciario con el objeto de “recibir, mantener, conservar, administrar, invertir y disponer de la propiedad de bienes y derechos”. Cuatro personas, cuya identidad ha sido reservada por Morena, fueron fideicomitentes y fideicomisarios a la vez, es decir, aportaron recursos al fideicomiso y también se definieron como sus beneficiarios.

Mediante un procedimiento de licitación, Grupo de Tecnología Cibernética, también conocida como Grupo Tecno, recibió el contrato de los pasaportes en julio de 2020, a pesar de que la empresa contaba apenas con 19 empleados formales y con una nómina anual declarada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de apenas 600 mil pesos (un promedio de 31 mil pesos anuales por empleado).

Al mes de este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. El mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno transfirió más de 65 millones de pesos a 10 empresas de una red “fantasma” que tiene su base en Quintana Roo.

Pocos días después, el 10 de diciembre de 2015, CIBanco realizó una operación con “Compañía Industrial Pretensa S.A. de C.V.” para comprarle el edificio ubicado en Liverpool 3, en la colonia Juárez de la CDMX. El costo total de la venta fue por 16 millones de pesos, que se dividió de la siguiente manera:

El inmueble de Liverpool 3 había sido previamente disputado, pues entre 2002 y 2005 la Secretaría de Gobernación del entonces presidente Vicente Fox rentó ese edificio a la empresa “Arfra Bienes Raíces, S.A. de C.V”. Pero, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, hubo un juicio mercantil entre esa empresa y “Compañía Industrial Pretensa S.A. de C.V.” que terminó con el embargo del lugar y una disputa sobre a quién se le debían pagar las rentas. Al cierre de 2015, la propiedad fue transmitida al fideicomiso CIB/2420.

El 21 de enero de 2020, MORENA celebró un contrato de compraventa con CIBanco en la Notaría Pública número 64 de la Ciudad de México con el que adquirió el edificio de Liverpool 3. El contrato fue firmado por Yeidckol Polevnsky, entonces Secretaria General de Morena y hoy senadora por el Partido del Trabajo, así como por Joel Frías Zea, apoderado legal del partido y actualmente Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. 

De acuerdo con el contrato, se realizó un avalúo que determinó que el valor del inmueble era de 73 millones 534 mil 796 pesos. A pesar de ello, el precio de compra acordado fue de 75 millones de pesos más IVA, desglosado en los siguientes componentes:

No solo resulta llamativo que MORENA pagó por la propiedad 1.4 millones de pesos más de los que señalaba el avalúo, sino que tampoco es claro el diferencial en el valor del inmueble entre 2015 y 2020, que pasó de 16 a 75 millones de pesos.

De acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda —el principal indicador oficial del mercado inmobiliario en México elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal— los precios de las viviendas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México crecieron 42.6% entre 2015 y 2020. Si bien no se trata de una comparación exactamente igual al tratarse  de un inmueble para oficinas, llama la atención que el incremento del precio del inmueble de Liverpool 3 durante el mismo periodo fue de 368%, 9 veces más que la referencia de mercado.

Grupo Tecno, compañía a la que el gobierno de López Obrador le asignó contratos por más de 4 mil millones de pesos, ha transferido más de 65 millones de pesos a empresas “fantasma” de César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

La triangulación de fondos públicos a esta red inició en 2020, año en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada en ese entonces por Marcelo Ebrard, asignó a Grupo Tecno su mayor contrato del sexenio, por 3 mil 800 millones de pesos, para emitir pasaportes en el periodo 2021-2026.

Mediante un procedimiento de licitación, Grupo de Tecnología Cibernética, también conocida como Grupo Tecno, recibió el contrato de los pasaportes en julio de 2020, a pesar de que la empresa contaba apenas con 19 empleados formales y con una nómina anual declarada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de apenas 600 mil pesos (un promedio de 31 mil pesos anuales por empleado).

Al mes de este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. El mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno transfirió más de 65 millones de pesos a 10 empresas de una red “fantasma” que tiene su base en Quintana Roo.

Al menos 8 de las “factureras” que recibieron dinero de Grupo Tecno han tenido como administrador, representante o apoderado a César Adrián Gamboa Montejo, el responsable de finanzas del PT en Quintana Roo, cuya función desde hace cuatro años ha sido la de recaudar y administrar el dinero de ese partido para las campañas políticas en la península, incluida la de Sheinbaum, postulada en 2024 a la presidencia por el PT en coalición con Morena y el Partido Verde.

Gamboa Montejo ha fungido como operador financiero del PT desde 2022, cuando apoyó la campaña de la actual gobernadora quintanarroense Mara Lezama, y apenas el pasado 3 de noviembre de 2025 fue ratificado en el mismo cargo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), según consta en documentos obtenidos por MCCI. 

Una red de 40 factureras

En una revisión de actas realizada en el Registro Público de Comercio, MCCI encontró que el recaudador del PT ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado oficial de “factureras” del SAT, lo cual significa que se trata de compañías que han simulado operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos. 

Las empresas en las que participa Gamboa Montejo forman parte de una red más extensa, de al menos 40 empresas “fachada” que comparten domicilios, apoderados y socios.

Los supuestos accionistas de esta red fantasma son secretarias, empleados y choferes de despachos legales y contables de Quintana Roo, aunque también hay personas de zonas marginadas de Nuevo León a las que les robaron su identidad, de acuerdo con testimonios recabados por MCCI.

Tan sólo en 2020, año en el que obtuvo el contrato para los pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones 800 mil pesos a 10 factureras de esta red. Para justificar los pagos, se emitieron más de 250 comprobantes fiscales.

En 2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía además vigentes contratos con la Secretaría de Salud, con Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y con el Instituto Nacional Electoral, de quienes recibió en aquel año pagos por 112 millones de pesos. En ese año y el siguiente, la empresa recibió diez contratos más que suman 374 millones de pesos con el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF, Finabien y el INE.

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta del dinero de dos de esos contratos, y mediante el análisis de estados de cuenta entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descubrió que Grupo Tecno había triangulado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud a seis factureras enlistadas por el SAT.

MCCI corroboró que además de Grupo Tecno, estas factureras han recibido dinero de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.

Tan sólo 6 de las mayores factureras de esta red emitieron en 2020 comprobantes fiscales por 252 millones de pesos, y ese dinero fue dispersado a su vez a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), y a SF Consulting & Services, sociedad establecida con la identidad robada a vecinos de colonias populares de Nuevo León

El rastreo bancario y fiscal de la ASF identificó que 9 empresas enlistadas por el SAT como EFOS habían facturado en 2020 con Grupo Tecno un monto superior a los 55 millones de pesos.

Entre las factureras identificadas por la ASF estaban Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, en las que César Adrián Gamboa, operador financiero del PT, había fungido como apoderado y representante.

MCCI identificó además que Grupo Tecno transfirió 10.6 millones de pesos más a Shuttle Boost y a Lex Turism, otras dos empresas en las que figuraba el responsable financiero del PT.

César Adrián Gamboa Montejo reconoció que fue responsable de finanzas del PT en Quintana Roo, pero aseguró que ya dejó ese cargo.

En una breve entrevista telefónica en 2024 -cuando MCCI inició esta investigación- dijo que es militante del PT y aseguró que su papel en el partido como responsable financiero concluyó en 2022, año en el que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde.

Sin embargo, en documentos del INE fechados en junio, septiembre y noviembre de 2025 consta que sigue manteniendo el cargo de responsable de Finanzas del PT.  En marzo de 2024 fue fotografiado en acciones de preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.

Gamboa Montejo también se deslindó de las 20 empresas en las que aparece como apoderado, administrador o representante.

Aunque en la entrevista reconoció que colaboró entre 2014 y 2022 con el notario Jorge Alberto Galván García, quien constituyó la mayoría de las empresas de la red fantasma.
 

Al igual que en su caso, los nombres de secretarias, choferes y empleados de despachos de Quintana Roo han sido colocados como accionistas de la red de al menos 40 empresas “fantasmas”.

En tres de las empresas “fantasma” en las que ha participado el operador financiero del PT se le otorgó poder legal a una persona de nombre José Luis Barriga Cortés, que en redes sociales ha difundido que trabaja como chofer particular en una empresa establecida en Naucalpan.

A la mayoría de estos prestanombres los une un personaje: Jorge Alberto Galván García, notario público número 74, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien ha sido acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada.

Galván García dio aval para constituir decenas de estas empresas, que ya han sido boletinadas como factureras por el SAT. Algunas de ellas fueron subcontratadas por Grupo Tecno o recibieron recursos de la compañía directamente. En entrevista, dos choferes y un abogado que colaboraron en una de las compañías del notario aseguraron que fueron inscritos como apoderados y socios en los papeles de las empresas sin su autorización. 

Yordi Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo trabajaron como choferes en una compañía de outsourcing con el notario Galván García y aunque ellos no lo sabían, ambos aparecen en empresas de la red de este notario como apoderados y/o socios.

Luis Vladimir Ortiz Canul relata que su primer trabajo lo realizó como becario en el edificio en el que se encuentra la Notaría 74 a cargo de Galván García, en la misma empresa de outsourcing en donde laboraban los hermanos Tuz Poot. En ese lugar siguió escalando de puesto: ascendió a practicante y luego a abogado.

“Únicamente era el que llevaba los trámites ante las notarías, elaboración de actas, los poderes y todo eso. No me incluían tanto porque eso lo llevaban los asesores”, expone. 

Sin saberlo, Ortiz Canul fue incluido como apoderado de Tekteka el 11 de junio de 2015. La información en las actas muestra que en esa misma fecha, a solicitud de él, se le entregaron poderes a otras 37 personas, entre ellas Yordi Tuz Poot.

“Desconozco si a mí me hayan subido como apoderado. Si me preguntan si he firmado algo ante Hacienda o el banco, la respuesta es no. Jamás. Si tengo poderes o si continúo en más empresas, desconozco”, indicó Luis Vladimir con asombro, al asegurar que él no estaba enterado de los movimientos hechos en la empresa con su nombre. 

Otro de los socios de Tekteka, Innovación Integral del Caribe III es José Manuel Méndez de la Cruz, quien también fue apoderado en Servicios en Innovación Empresarial del Caribe. En actas esta persona registra una casa habitación ubicada también en la periferia de Cancún, con zaguán de color marrón. MCCI acudió al domicilio en diferentes ocasiones, pero nadie contestó la puerta. Los vecinos de la zona dicen no conocer a nadie con ese nombre.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/contratista-de-la-4t-triangulo-millones-a-red-fantasma-de-operador-financiero-del-pt/

Para Alejandro Moreno Cárdenas, la gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue muy benévola en los últimos años, ya que al priista le fueron perdonadas algunas cuentas que dejó pendientes en su periodo como gobernador de Campeche.

Alito gobernó la entidad del sureste del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019. No terminó su gestión para competir por la dirigencia nacional del PRI, cargo que obtuvo y ostenta hasta hoy, además de ser senador. 

La ASF detectó la falta de aclaración o posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos solo en el ejercicio de recursos federales de 2018, año en que se registró la mayor cantidad de irregularidades en la administración de Campeche del actual dirigente tricolor, de acuerdo con la plataforma pública de la ASF. 

Una base de datos de esa misma plataforma que Mexicanos contra la Corrupción obtuvo en enero de 2022 (tres años después de que Alito dejó la gubernatura), mostraba que todavía estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos; es decir, el 98 por ciento del total.

En 2024 aparecieron justificados gran parte de esos recursos. Algunas de las observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C de la Auditoría Superior que coincidentemente encabezó Ricardo Gabriel López Ruiz, un personaje que colaboró con Pablo Angulo Briseño cuando este era diputado del PRI y presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, organismo que revisa la actividad de esa institución.  

Pablo Angulo, también originario de Campeche, es uno de los personajes más cercanos a Alejandro Moreno.

El segundo fue un posible desvío que la Auditoría documentó por 457.9 millones de pesos que realizaron 16 instituciones públicas en el estado de Campeche que tampoco presentaron documentación que justificara ese ejercicio. A 2022 la observación seguía vigente, pero en la actualidad solo aparecen por aclarar 130.7 millones.

Además de otros 1.3 millones observados a la Secretaría de Salud local por haber pagado servicios a personal que no acreditó tener el perfil necesario para ocupar esos puestos. Hace tres años se encontraban pendientes de solventar y hoy están por justificarse solo 200 mil pesos.
 

Acciones con montos eliminados a gobierno de Alito (millones de pesos)

Ricardo Gabriel López Ruiz dejó de aparecer en directorios y en la lista de remuneraciones de la ASF en el cuarto trimestre de 2024. Se constató que todavía al 14 de octubre era director general de Seguimiento C porque aparece su firma en una de las respuestas de transparencia tramitadas por esta organización. 

El 10 de diciembre de ese mismo año, otra solicitud fue atendida por Jaime René Jiménez Flores, director de Seguimiento C.2 quien suplió a López Ruiz y otorgó los datos de los resarcimientos a la gestión de Alito Moreno. 

En la actualidad, Carlos Humberto Toledo Zaragoza es quien ocupa la dirección general de Seguimiento C y aparece en lista de remuneraciones desde el primer trimestre de 2025.

Mediante personal del PRI se hizo llegar, desde el miércoles pasado, un cuestionario a Alejandro Moreno Cárdenas para conocer más detalle de la justificación de la ASF a las observaciones que dejó pendientes al terminar su cargo como gobernador, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/asf-perdona-a-alito-moreno-mas-de-2-mil-700-mdp-faltantes-de-su-gobierno-en-campeche/

Por: Valeria Durán

Marlaya SA de CV, una empresa “fantasma” vinculada con la red de contrabando de combustible descubierta hace un año en Tampico, defraudó al fisco con más de 29 mil millones de pesos, monto que equivale al valor de construcción de 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.

Esta única empresa es responsable de un daño a la hacienda pública dos veces más grande que el caso de Segalmex durante el sexenio de López Obrador y 4 veces más que La Estafa Maestra, con Peña Nieto.

La resolución que determinó el monto del desfalco fue expedida el pasado 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco.

La empresa fue constituida en noviembre de 2016 en Guadalajara con un objeto social tan amplio que podía utilizarse para facturar la venta de cualquier tipo de servicios y productos.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/huachicolera-ligada-al-cjng-defraudo-29-mil-millones-equivale-a-4-veces-la-estafa-maestra/

Con un cargamento de cerca de 3 millones de libros de texto para los estudiantes cubanos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum completó en enero el envío de los materiales educativos para la Isla acordados en su gestión. 

En febrero pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que, al igual que su antecesor el ex presidente López Obrador, Sheinbaum también financió la impresión de libros de texto para el sistema educativo cubano. 

A través de un contrato de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) -organismo descentralizado de la SEP- en agosto pasado se encomendó a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA) la impresión de 7.1 millones de libros con un costo al erario de más de 189 millones de pesos. 

Sin embargo, a diferencia de los contratos anteriores para producir los textos escolares cubanos, signados en el sexenio de AMLO, esta vez se ocultó que los libros serían para Cuba, lo que se corroboró con el nombre del programa de actualización de su sistema educativo al que hace referencia así como por las claves subsecuentes de los textos a imprimir.

De los 7.1 millones de libros de texto que se acordaron imprimir de acuerdo a ese último contrato, MCCI constató en herramientas de comercio exterior que a finales de noviembre pasado se enviaron a Cuba dos cargamentos con poco más de 4.1 millones de ejemplares, es decir, el 58 por ciento de lo acordado. 

Nueva información consultada en la plataforma de Veritrade, que muestra los datos reportados por las propias autoridades ante aduanas, arroja que en los primeros días del 2026 salió un nuevo cargamento con cerca de 3 millones de libros de texto “impresos y publicados en México”.

De acuerdo con el registro aduanal, éste envío vía marítima salió de la aduana de Veracruz y, al igual que los anteriores, iba dirigido a Editorial Pueblo y Educación, que antes imprimía los libros cubanos. 

El cargamento, con fecha del 7 de enero, contenía 2 millones 992 mil 84 piezas, con un valor total reportado de más de 3.8 millones de dólares y unitario de 1.294 dólares por libro.

En la pasada administración de AMLO se financió la impresión de cerca de 15 millones de libros de texto que fueron enviados a Cuba, con un gasto al erario de más de 387.4 millones de pesos, como dio a conocer MCCI en junio de 2025.El contenido de los materiales fue cuestionado por la organización Observatorio de Libertad Académica (OLA) por tener una mayor carga ideológica y de adoctrinamiento contra Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

En total, los gobiernos de la 4T han gastado más de 576.8 millones de pesos en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para los estudiantes cubanos.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/ahora-envia-sheinbaum-3-millones-de-libros-cubanos/

Durante el 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum envió a Cuba 17 millones 250 mil barriles de petróleo y 245.9 millones de litros de combustible, de acuerdo con el detalle de las exportaciones.

Desde febrero del año pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha dado seguimiento a los cargamentos de hidrocarburos de Pemex hacia la Isla realizados en la pasada administración del ex presidente López Obrador y que se dispararon en el actual sexenio. 

A partir de la información reportada por las propias autoridades federales y que aparece en los registros de aduanas, consultada en plataformas de comercio exterior, MCCI documentó 65 envíos realizados a través de la filial Gasolinas Bienestar en 32 fechas. 

De estos embarques, registrados entre mayo y diciembre de 2025, quince contenían petróleo crudo -que se emplea para producir combustibles y derivados- sumando 17 millones 250 mil barriles, en su mayoría identificado como istmo y solamente poco más de 1.1 millones de barriles fueron de crudo ligero. 

En octubre pasado, MCCI reveló que en el segundo cuatrimestre del 2025 el Gobierno de Sheinbaum había triplicado los envíos de petróleo crudo y combustible subsidiado a Cuba, al superar el valor de los hidrocarburos exportados los 3 mil millones de dólares.

Aunque los envíos disminuyeron a partir de septiembre, tras arreciar las críticas de congresistas estadounidenses y del propio gobierno de Donald Trump, los cargamentos siguieron incluso en plena época navideña. 

El Gobierno mexicano también envió a Cuba en 2025 más de 30.4 millones de litros de turbosina, que es un tipo de combustible que es empleado por aeronaves con motores de turbina.

Mientras que de diésel automotriz se enviaron once cargamentos por más de 168.9 millones de litros, los envíos de gasolina regular en tres fechas fueron por poco más de 46.5 millones de litros. 

En total, los envíos a Cuba de combustibles -turbosina, diésel y gasolina- sumaron el año pasado 245.9 millones de litros. 

El pasado 15 de enero, MCCI publicó que Pemex reportó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos solamente un 13 por ciento de las exportaciones de hidrocarburos a Cuba que la paraestatal registró ante autoridades aduanales en 2025. 

Ese mismo mes, México frenó sus envíos a la isla y Trump emitió una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En 2026 Pemex ha realizado un solo envío a Cuba de poco más de 13 millones de litros de diésel automotriz, registrado el pasado 19 de enero, de acuerdo con información en plataformas de comercio exterior.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/cuanto-petroleo-y-combustible-envio-mexico-a-cuba-en-2025-aqui-te-detallamos/

El dinero ilegal en las campañas políticas es el problema principal del sistema electoral mexicano. El caso de Diego Rivera Navarro —exalcalde de MORENA en Tequila, Jalisco, detenido recientemente bajo acusaciones de delincuencia organizada y sus probables vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, es un ejemplo perfecto de los vicios, vacíos y simulaciones en el modelo actual de fiscalización, mismos que la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum no atiende. 

De acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), la campaña de Diego Rivera en 2024 para la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, tuvo un costo total de 158 mil 484 pesos. Este gasto fue incluso austero: de los 242 mil pesos que era posible gastar en ese municipio, Diego Rivera reportó haberse limitado a usar solo 65% del tope de gastos de campaña. ¿Son creíbles estas cifras? De ninguna manera.

En la investigación que hicimos para el libro Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, mostramos que el gasto real de los candidatos era, en promedio, 15 veces más que los montos reportados oficialmente en las elecciones de 2018. Siguiendo ese hallazgo, la campaña de Diego Rivera pudo haber costado, cuando menos, 2.3 millones de pesos. Y ese cálculo puede que se haya quedado corto.   

Sabemos que hubo más dinero que los 158 mil pesos reportados porque hay un señalamiento oficial de que hubo financiamiento ilegal en esa elección. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el CJNG financió parte de la campaña de 2024 y también participó en el secuestro de dos candidatos de Morena que fueron obligados a renunciar para dejarle cancha libre a Diego Rivera en las elecciones de 2021. 

¿Cuánto dinero dio el crimen organizado? Es incierto, pero podemos imaginar que al menos varias veces más de lo reportado al contrastar con los “beneficios” en esa plaza electoral: múltiples denuncias públicas muestran que la extorsión y cobro de piso que encabezaba Diego Rivera generaba ingresos por hasta 7 millones de pesos cada mes. Igualmente, diversos actores locales han denunciado un acuerdo para entregar 40 millones de pesos del presupuesto municipal al CJNG. Si esta última cifra fuera una aproximación de lo que “invirtieron” los criminales en esa elección, estamos hablando de un gasto 252 veces superior a lo reportado por el candidato, mucho más que nuestra estimación inicial. 

Ingresos y gastos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024.

Si bien no tenemos certeza de cuánto dinero dio el crimen organizado, sí sabemos que quedaron completamente fuera de los registros públicos. Por ley, cada peso de ingreso o gasto de campaña que no se reporta a las autoridades es dinero ilegal. Sería ingenuo pensar que los candidatos van a reportar todo el dinero que les dan empresarios o criminales por debajo de la mesa, pero justamente los problemas del modelo de fiscalización se encuentran en lo irreal e intrascendente de que los candidatos reporten información que solo está diseñada para cuadrar las cuentas y simular el cumplimiento de sus obligaciones. 

En el reporte de contabilidad de la campaña de Diego Rivera, sus ingresos declarados provienen únicamente de tres fuentes: 22 mil pesos que el candidato puso de su propia bolsa, 92 mil que vinieron de las cuentas concentradoras de los partidos de la coalición y 43 mil pesos más de aportaciones de personas físicas. 

La mañana del 3 de septiembre de 2025, Marhéc Delgado, ex jueza de distrito en materia mercantil, manejó por carretera de Tabasco a la Ciudad de México tras ser despedida de su encargo. En un tramo del largo trayecto su hija adolescente le preguntó por qué ahora esta desempleada; por respuesta, la mujer de 43 años le dio una explicación sencilla, “acorde a su edad” relata la abogada. En 2021, cuando inició su encargo, no imaginó concluir antes de lo previsto.

«Nuestro nombramiento decía 6 años”, enfatiza. “Esta mudanza es durísima por su contexto y el gasto que estamos pagando de nuestra bolsa; mientras manejaba en carretera venía pensando: no estoy dispuesta aún a procesar mi duelo porque tengo que ver qué hacer con mi familia y conmigo. Si no lo hago así, literalmente, no podré levantarme de la cama. Estoy viviendo en piloto automático».

En octubre de 2024 ella fue parte del grupo de 711 juzgadores (entre jueces de distrito y magistrados de circuito) despedidos como parte de la Reforma Judicial; al declinar participar en la elección popular, fueron emplazados a dejar sus cargo en 2025 con la promesa constitucional de recibir la liquidación correspondiente (tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones) en septiembre 2025. Adicional a este grupo, hubo 139 cargos vacantes por jubilación anticipada. En total, 850 cargos.

Aunque se prometió pagar su liquidación a más tardar en septiembre de 2025, la realidad es que un promedio de 500 ex juzgadores recibió este pago hasta el 27 de noviembre; cien más, el 30 de diciembre, y a la fecha otros 122 están en espera de su liquidación.

El avance de estos pagos fue resultado de las medidas que emprendieron para visibilizar sus casos después de confirmar que no fueron incluidos en el Presupuesto de Egresos 2026 que la presidenta Claudia Sheinbaum envío al Congreso en septiembre y de las declaraciones del diputado federal morenista Ricardo Monreal que adelantó en esas fechas que el presupuesto del nuevo Poder Judicial sería recortado.

Para exigir su pago los ex juzgadores bloquearon avenida Revolución el 29 de octubre de 2025; sólo así fueron recibidos por los integrantes del Órgano de Administración, el nuevo nombre de lo que fue el Consejo de la Judicatura. Allí les informaron que, apenas un día antes, se solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 6 mil 500 millones de pesos para gastos varios, entre ellos, sus liquidaciones.

El 6 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos, y tal como dijo el diputado Monreal, se concretó el recorte al Poder Judicial incluido el Órgano de Administración; no obstante, el 10 de noviembre éste informó que el 10 de diciembre se realizarían los pagos. Para exigir precisiones y respuestas más claras, los ex juzgadores marcharon el 12 de noviembre y bloquearon por cinco horas avenida Insurgentes, hasta que llegó la policía capitalina que los replegó para liberar la vialidad. Solo así, el Órgano de Administración les entregó en los días subsecuentes información individual de cada liquidación.

Este proceso de liquidaciones será un precedente para los otros 849 juzgadores que, aunque continúan en funciones con menor sueldo, serán despedidos en 2027 cuando sus sucesores sean electos mediante una segunda elección judicial.

Marlen Ángeles, de 47 años, ex jueza de distrito mixto en amparo pertenece (igual que Delgado) a la última generación de juzgadores que llegaron a su encargo por carrera judicial. Son en promedio 300 nombrados entre 2021 y 2022; y aunque cuentan con carreras judiciales de más de 20 años, no alcanzaron el requisito mínimo (ratificación de su cargo) para tramitar una pensión por jubilación; así que su liquidación será su único capital frente a un futuro incierto.

«Mi nombramiento era por 6 años, fui a la sesión del Senado cuando hicieron la tómbola, fue un shock enterarme que me iba en 2025 ¡Ni siquiera encuentro palabras! ¡Pero si tengo 22 años de carrera! Pasé por nombramiento de intendencia a oficial, secretaria, me especialicé en diversas áreas y no tener horarios afectó mi vida de pareja.

El caso de la magistrada de circuito en retiro Julia García es diferente. Con 52 años de edad -de los cuales 32 fueron de carrera judicial-, tramitó su pensión en los últimos meses del ahora extinto Consejo de la Judicatura. «Yo sí obtuve ratificación en el cargo que era una garantía de inamovilidad judicial; empecé desde abajo, cosí expedientes, puse folios. Los últimos 25 años de mi carrera viví la mejor época de la judicatura federal, los grandes cambios como la reforma en Derechos Humanos de 2011 y la ley de Amparo de 2013».

Julia comprendió que su estabilidad laboral pasó a ser letra muerta el 11 de septiembre de 2024, la madrugada en que el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial en la casona de Xicoténcatl con el voto del entonces panista Miguel Ángel Yunes Márquez. “Me quitaron a la mala mi inamovilidad judicial sin haber dado motivo a ello, sin seguir los procesos específicos, de manera unilateral y arbitraria. Estaba en la protesta allí afuera, no creía que esto pudiera pasar. Meses antes, cuando se empezó a hablar de la reforma judicial tuve una etapa de incredulidad, me dije no hay forma de que esto pase; alguien tiene que reaccionar”.
 

En mayo, Azul Aguilar presentó en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) su libro “Cultura legal, orígenes sociopolíticos y trayectorias profesionales de los jueces en México”. Allí enlistó las cuatro principales conclusiones del estudio, una encuesta de 167 preguntas que aplicó a una muestra de 71 jueces de distrito, magistrados de circuito y magistrados electorales de ocho circuitos judiciales, durante el segundo semestre de 2018:

1.- La gran mayoría ingresó al Poder Judicial tras la reforma de 1994.

2.- El 81.7% estudió licenciatura en escuela pública y el resto en privada.

3.- Ocho de cada 10 tiene maestría y tres de cada 10 doctorado.

4.-  Sólo el 14% llegó a su encargo por recomendación; el resto (86%) fue por solicitud propia, ascenso meritorio y exámenes.

«Me sorprendió el origen social de los juzgadores”, afirmó la académica en aquel evento, “en la encuesta las opciones que tenía eran hijos de abogados, ministros, magistrados, médicos, notarios, digamos profesiones altamente reconocidas. Sin embargo, el resultado arrojó que la mitad de ellos tenía padres que desempeñaron un oficio y la otra mitad padres profesionistas como maestro rural o normalista, algunos abogados, otros profesores universitarios”.

En este contexto Julia García asegura «mucho se dijo con esta reforma que la justicia era elitista y ajena a la gente. Quien hizo ese diagnóstico no entendió la profundidad de nuestro trabajo que era sentarnos a leer horas y resolver expedientes de la mejor manera posible”.

Frente a deudas y gastos del día a día Marhéc Delgado anunció en X la venta de sus casi mil libros de 20 años de carrera judicial, la mayoría especializados, algunos en inglés. 

«Al final tengo que comer y ver por mi familia. Veo en redes sociales despachos de jueces, juezas, magistrados y magistradas: un escritorio y libreros con monitos y dibujitos. No tienen un libro ni por error, me da risa, un poco ya para no llorar. No dudo que puedan ser brillantes, pero no tienen el bagaje ni el respaldo que nosotras teníamos porque muchos son recién egresados y otros sin experiencia». Remató ya cerca de 350, pero necesita mayores ingresos.

-¿Qué sabe hacer además de litigar? La ex jueza escucha la pregunta y por segundos ríe.

-¡Me gusta bailar! No creo que eso venda mucho ¡Pero puedo aprender otra cosa! dice con optimismo.
 

Si en algo coinciden estas tres ex funcionarias judiciales es que desde las redes sociales la polarización política y desinformación los estigmatizó. Aguerrida, la ex jueza Marlen Ángeles refuta «no les interesó conocer una mínima parte de nuestro trabajo”.

«Si hubiéramos participado en la elección, en estos ámbitos donde el oficialismo se mueve, no tenemos los recursos ni las prácticas para sacar a la gente a votar” reconoce Julia García. 

“Si yo hubiera querido popularidad me hubiera dedicado a cantar. Perfiles muy valiosos que se atrevieron a participar, la gran mayoría perdió la elección, entonces quedó la improvisación y la gente que tiene nexos. Lo preocupante es que la gente no ha entendido ¿Qué le ofrecieron al oficialismo para estar en esos acordeones? Algo tuvieron que haber pactado».

La reforma judicial les prohibió litigar durante dos años en las entidades en que trabajaron. Sus opciones laborales son ahora limitadas (docencia, asesorías, consultorías o esperar el pago de quienes alcanzaron pensión). «Se les ocurrió poner ese candado porque estaba ahí en la Constitución para quienes se retiraron después de los 75 años, pero no debía ser para quienes nuestra carrera judicial quedó trunca”, expone Mar de Padilla.

-¿Fue una medida ignorante?

-Fue una medida no planeada y política con el afán de ocupar nuestros espacios. A mí nadie me preguntó, el gobierno en turno no me dijo ‘a ver ¿Qué tienes que decir frente a esta propuesta de reforma? ¿Es verdad que eres corrupta y que no haces tu trabajo?

-¿Tenían que preguntárselo, ex jueza?

-¡Claro! Los artículos 14 y 16 de la Constitución establecen que antes de que alguien afecte tus derechos, tienes derecho a ser escuchado o escuchada
 

Los ausentes

Este grupo considera que faltó solidaridad de un centenar de ex compañeras y ex compañeros que participaron en la elección judicial con dos opciones: perder para luego ser reintegrados en el Poder Judicial con cargos secundarios, o bien, ganar el visto bueno del oficialismo para ser incluidos en los acordeones que se difundieron en mayo, previo a la jornada electoral del 1 de junio.

También comprendieron que la “mañanera judicial” no logró ser un contrapeso mediático contra siete años de conferencias mañaneras presidenciales. «Y es tristísimo” afirma Julia García, “porque mucha gente cree que nunca se verán envueltos en un tema legal: un divorcio, una casa, una pensión, un pleito con un vecino, despido injustificado, un negocio clausurado, temas fiscales con Hacienda o porque nadie les quiere recibir una denuncia por bullying», enlista.

Tras un chequeo médico la ex jueza Marlen Ángeles enmudeció al escuchar el diagnóstico: burnout y estrés postraumático. No es la única, otros ex juzgadores hablan también de padecer episodios de ansiedad, depresión y eligen posponer su duelo frente a la necesidad económica tras entender (sin asimilar aún) que no tendrán una nueva carrera judicial en México. «Ninguna persona merece este trato tan indigno porque a final de cuentas hemos sido trabajadores del Estado, no es de humanistas”.

Lilia Mónica López pasó de ser ex consejera de la Judicatura y magistrada de circuito en retiro a alumna en la Universidad de Georgetown en Washington. Aunque la tómbola legislativa programó su salida en 2027, renunció a su encargo hace una semana con 36 años de carrera judicial. «Aún no hago el trámite de pensión. Empecé mi duelo el 15 de septiembre de 2024 cuando se publicó la reforma. No hay condiciones para una justicia independiente y considere que era momento de poner fin a esto, empezar a ver hacia adelante y poner distancia de por medio»

Hace mes y medio aplicó su examen de admisión y cuando fue aceptada tramitó la visa de estudiante. «Es un curso de inglés orientado a lenguaje jurídico, sé que este conocimiento me abrirá camino porque lo utilizan las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. No tengo certeza de que vendrá más adelante; ya no podré juzgar, pero me veo haciendo trabajo nacional o internacional en materia de Derechos Humanos y género».

La vía de la negociación

De mayo a agosto (los últimos meses del Consejo de la Judicatura) y en septiembre (con la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial), recibieron dos señales: retraso en el depósito de pensiones además de que se les informó -inexplicablemente- carecer de un censo con nombre, apellido y antigüedad de cada juzgador para calcular su liquidación. En dos semanas el grupo se organizó, realizó este trabajo en cada entidad del país y lo entregó junto con una calculadora en formato Excel para elaborar el cálculo de cada liquidación. 

«No podemos pecar de ingenuidad”, considera la magistrada en retiro Julia García quien es parte del grupo de los 122 sin liquidación. “Las señales que han dado son claras, el componente político está ahí desde el día uno. El tema era apretarnos desde lo político porque desde lo jurídico no pudieron. Nosotros teníamos suspensiones concedidas que violaron abiertamente y, digan lo que digan, eso sigue siendo un delito en este país; que nadie lo está investigando es otra cosa».

Desempleadas, las tres ex juzgadoras se describen resilientes y perfilan un futuro en derecho y activismo judicial en materia de género. El 16 de enero García asumirá la presidencia de la Asociación de Juzgadores. La ex jueza Marlen Ángeles, quien ya recibió su liquidación, advierte “la liquidación de ninguna manera cubre la reparación integral del daño pues éste implica restitución, pero no hay manera de que ninguno regrese a su encargo. Me destruyeron mi proyecto profesional y de vida como juzgadora joven. Tampoco tengo apoyo para rehabilitación psicológica y atención del burnout ¿Cómo restaurar la dignidad de la víctima cuando este grupo ha sido víctima del Estado ante una reforma arbitraria? Y de garantías de no repetición, mejor no hablamos. Lo mínimo que podemos recibir es lo que ellos pusieron en la Constitución: la indemnización».

En este escenario, al menos de 500 de los juzgadores despedidos presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU -ambos, contra el Estado mexicano- para plantear una reparación de daño. Esto, con base en la denuncia que jueces constitucionales salvadoreños interpusieron contra el gobierno de su país por haber sido destituidos en 2021 y que la CIDH admitió el 2 de septiembre.

A finales de enero de 2026, la CIDH admitió la petición a trámite por presuntas violaciones a derechos humanos contra jueces y magistrados por la reforma judicial, y la remitió oficialmente al Gobierno de México para que responda a los planteamientos formulados. 

La Comisión estableció un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores presente observaciones.