En ese juego interno de nacionalismos ventajosas, muchos fraudes electorales o represiones revolucionarias se han justificado con el argumento del injerencismo de Estados Unidos, ya sea indirecto o burdamente directo, y más cuando organizaciones como la CIA violan la soberanía política de las naciones para inclinar balanzas electorales en beneficio de la geopolítica de dominación estadounidense.

El problema de los nacionalismos electorales ha encontrado puntos culminantes en Venezuela: el presidente Hugo Chávez Frías y después su sucesor Nicolás Maduro realizaron reformas constitucionales para romper los equilibrios normales en las estructuras de equilibrios entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Chávez introdujo al sistema electoral y a los derechos humanos –que responden a intereses del Ejecutivo– como dos poderes complementarios a los tres tradicionales.

El martes, Monreal –cuya educación sistémica ha sido y sigue siendo típicamente priista– fue cuestionado en una conferencia de prensa para saber quién validaría de manera legal la argumentación de que hubo injerencia extranjera digital en procesos electorales mexicanos y cayó en su demagogia:

–El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –dijo para señalar quién determinaría el injerencismo que pudiera dictaminar anulación de elecciones, sobre todo las presidenciales de 2030.

–Pero el tribunal está controlado –le preguntó un reportero.

Y Monreal, que ha sido corresponsable de toda la tergiversación de la estructura electoral que antes beneficiaba al PRIAN y ahora a Morena, no supo responder con seriedad, aunque encontró salida demagógica:

–Bueno, pues si partimos de eso, entonces nadie puede. Es falta de seriedad todo eso. Entonces ya no se puede hacer nada –y se sacó de la manga el bulo de que el Tribunal Electoral es autónomo y democrático, cuando está demostrado que está al servicio del poder en turno.

La mayoría morenista tiene los votos suficientes para sacar la ley antiinjerencismo, pero desde ahora sus argumentaciones no logran convencer de que en México pudiera cambiarse el sentido del voto desde campañas en redes digitales sociales, aunque sigue vigente y de manera decreciente la argumentación de Andrés Manuel López Obrador de que “las benditas redes sociales” le habían ayudado en su camino a la toma del poder.

En las elecciones presidenciales de 2024, el candidato Maduro enarboló la bandera del intervencionismo estadounidense para regatearle las cifras electorales al candidato opositor Edmundo González y usó a su favor la evidente injerencia estadounidense que Trump retomó como argumento central para su teoría del fraude electoral y decidir el secuestro del presidente Maduro bajo cargos de narcotráfico pero en realidad con motivaciones electorales.

El presidente Trump en su diplomacia pública agresiva se ha metido en elecciones locales en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala y hasta Brasil con el apoyo al hijo de Bolsonaro como candidato frente al grupo político del presidente saliente Lula da Silva.

Para nadie es un secreto que la Casa Blanca de Trump y todo su aparato de geopolítica regional está metiéndose en el ambiente político mexicano para debilitar al gobierno de Morena. Y el temor de que la oposición maneje a su favor el factor Trump motivó que el legislador Monreal se haya sacado de la manga la ley antiinjerencismo, aunque en los hechos esa nueva ley también podría aplicarse a los aliados digitales y hasta a asesores en persona que provienen del populismo español de Unidas Podemos, de asesores venezolanos que se quedaron sin empleo con la caída de Maduro e inclusive con los indicios revelados por la periodista Dolia Estévez en torno a la injerencismo político y electoral de la alianza Rusia-Unidas podemos con Morena.

La ley blindaje del constitucionalista Monreal en realidad no servirá como instrumento legal, a pesar de contar con la complicidad subordinada del Tribunal Electoral y el INE ya colonizados por Morena, sino que quedará como una especie de argumento jurídico-electoral que tendrá más repercusiones políticas que legales.

El problema más grave no sería la argumentación del injerencismo estadounidense sino especular desde ahora si el Gobierno de Morena en el 2027 y en el 2030 tendría la fuerza suficiente para decretar la nulidad de elecciones y meter al pañis en un colapso político.

Política para dummies: la política se desprestigia con la política, pero se restaura con la política.

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Las gráficas que fueron publicadas en El Independiente (https://elindependiente.mx/edicion-impresa/2026/05/25/el-independiente-no-1068/) mostraron el enfoque analítico del exalumno del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston) y se refieren sólo a lo que llamó la década perdida de 2018-2026. Y dio una conclusión con todas sus letras: “las políticas actuales tienen como consecuencia el estancamiento absoluto” y “un PIB per cápita más bajo que hace siete años”.

Si el discurso analítico de Aspe fue certero al analizar el período de lo que va de la 4ªT, en algún momento dado tendrá que responder al análisis en un universo con un obturador más equitativo: la estrategia económica lopezobradorista no es sino una continuación del modelo de neoliberalismo de mercado que inauguró el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en diciembre de 1982 con su contrarreforma constitucional del Estado y que remachó el sexenio de Salinas con el Tratado de Comercio Libre que se quedó solo en una liberación arancelaria y se olvidó de la gran reforma industrial y agropecuaria, inclusive eludiendo conscientemente la urgencia de una reconversión industrial para no terminar en lo que terminamos: una economía mexicana ensambladora o maquiladora, sosteniendo la exportación con productos importados.

Salinas de Gortari logró una tasa de crecimiento del PIB sexenal de 3.9%, pero sobre la base del PIB promedio anual de 0% durante el sexenio de De la Madrid, es decir, que la tasa fue más rebote que dinámica. Y la tasa promedio anual de la economía en el largo periodo neoliberal de 1983-2018 fue de 2%, cuando el compromiso del Tratado había sido de 4%-6%. El populismo 1934-1982 alcanzó una tasa promedio anual de PIB de 6%.

En términos estrictos, el modelo económico-social o social-económico del lopezobradorismo no es sino la extensión del modelo salinista: menos Estado económico y más mercado y subsidios a los más pobres en modo de Pronasol o de Bienestar.

Pero fue muy certero el señalamiento de Aspe de que ha habido más gasto improductivo en transferencias a sectores bajos que no han constituido política social y que el presupuesto público se destinó a obras de interés personal del presidente López Obrador y no al estímulo a la planta productiva. “El aumento desmedido del gasto corriente (en bienestar) ha desplazado la inversión productiva” y se ha utilizado el viejo modelo capitalista de usar la deuda pública en lugar de políticas fiscales.

No sin cierta ironía caracteriza Aspe al presupuesto en programas de bienestar como “la segunda nómina” porque efectivamente se ha tratado de la entrega directa a los beneficiarios sin que esa liquidez se convierta en demanda efectiva que reactive la economía, y allí le agrega Aspe también el señalamiento de que el actual gobierno cuatroteísta carece de una política de desarrollo industrial y agropecuario.

Otro dato que dio Aspe y que requería y sigue requiriendo de una respuesta gubernamental clara fue la cifra de déficit presupuestal o la diferencia entre el ingreso fiscal y el gasto publico: oficialmente se menciona el déficit de 3%, pero Aspe lo coloca en 5.7%, muy cerca a la cifra con la que comenzó la fiesta de gasto sin ingreso en el populismo echeverrista: 7%. Y como en el echeverrismo y en el lopezportillismo, la falta de ingresos propios se suplió con deuda externa, hoy la cifra está llegando –si no es que ya se alcanzó– a la línea de crisis presupuestal de 60% de valor de la deuda con respecto al PIB.

El análisis en gráficas que hizo Aspe de la política económica lopezobradorista alimento la preocupación del sector empresarial nacional y del sector financiero internacional sobre las expectativas de estancamiento crónico del PIB y la posibilidad de que el promedio de crecimiento económico seccional sea menor a 1.5%.

El silencio oficial hacia las nueve gráficas de Aspe solo puede interpretarse como una falta de argumentos de las actuales autoridades del gabinete económico y por lo tanto le dan mayor validez al cuadro de crisis estructural del crecimiento económico de México que se está ahogando en gasto social improductivo y la falta de un proyecto real de desarrollo del los sectores industrial y agropecuario y todo descansa en las exportaciones del Tratado que se han multiplicado por diez pero que no ha modificado de estructura de la desigualdad multidimensional.

Política para dummies: la política del no-decir es el reconocimiento de que no hay argumentos de respuesta.

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El problema de Cuba para México no está en Washington porque al final de cuentas los márgenes de la real politik le han limitado espacios de maniobra al lopezobradorismo. Cuba como fardo que se niega a entender la lógica de la crisis: un modelo estatista autoritario, represivo, dictatorial ya no es ejemplo para Latinoamérica, pero sí sigue siendo un espacio territorial en el continente americano para los intereses geopolíticos de China, Rusia, Corea del Norte Irán y hasta India.

Si la guerrilla revolucionaria tomó el poder el 1 de enero de 1959, la democracia castrista prometida desde el discurso “la historia me absolverá” derivó en un autoritarismo brutal sin ningún espacio mínimo para la disidencia que comenzó a aplicarse en junio de 1961 cuando se dio el primer choque interno entre la democracia socialista y la dictadura comunista: el desencuentro con los intelectuales. Y desde entonces, Cuba ha impedido el salto cualitativo de la Revolución Cubana al Estado Cubano.

Si se revisa bien la estrategia del presidente Trump, EU no quiere convertir a la isla en el estado 51 –después de jugar con Canadá y Venezuela– ni tampoco le exige la instauración inmediata de un régimen capitalista, sino que está proponiendo un proceso paulatino de apertura política y económica. Pero en estos meses de severas presiones estadounidenses, Cuba no sólo no ha aflojado los hilos de la dictadura sino que los ha reforzado contra sectores que no podrían convertirse en una oposición electoral competitiva sino que en todo caso significan el fracaso del modelo comunista de Fidel Castro en el que no debería existir ni una sola voz en contra.

El apoyo de López Obrador y la presidenta Sheinbaum a Cuba será inútil si el régimen de La Habana no comienza a aflojar el férreo puño de la dictadura. En ese sentido, la solidaridad de México ha tenido que disminuir por la imposibilidad geopolítica de entregarle petróleo y diésel. Y China acaba de enviar quince mil toneladas de arroz, pero La Habana necesita energéticos.

La solidaridad mexicana acaba de ser aprovechada por Christopher Landau, exembajador en México y hoy nada menos que vicesecretario de Estado de la Casa Blanca. El fin de semana aprovechó la circulación de desplegados de solidaridad de grupos de Morena hacia Cuba, pero la experiencia del diplomático llamó la atención a la falta de firmas que identificaran a los solidarios.

Y Landau se burló de la falta de identidad de los abajo firmantes, porque presuntamente estarían legisladores con fuero, pero sobre todas las personas que vayan en contra de decisiones estratégicas de Estados Unidos pesa la facultad discrecional del Gobierno estadounidense de cancelar visas con o sin argumentos claros. Y sí habría mucho apoyo mexicano de morenistas a Cuba, pero nadie quiere dar la cara por temor a perder su visa para Disneylandia.

Pero la jugada de Landau fue de tres bandas porque reveló el miedo que hay en apoyar a Cuba y cachó a botepronto la defensa que hizo la presidenta Sheinbaum de Raúl Castro Ruz por la acusación penal del Departamento de Justicia en contra del hombre fuerte de Cuba, pese a sus casi 95 años. En este contexto, la intervención de Landau al cubanizar a morenistas simpatizantes del castrismo y la referencia al “qué caso tiene” de la presidenta Sheinbaum solo metió a México en la agenda pantanosa de EU con Cuba, pero sin ninguna posibilidad de que Morena o Palacio Nacional pudieran convencer al general de Ejército Castro Ruz a aflojar los nudos de la dictadura brutal Cubana.

No puede discutirse el hecho de que Morena y el bloque López Obrador-Sheinbaum apoyen a la Cuba represiva de los Castro, pero sí se tienen que fijar criterios de que no son actitudes solamente personales sino de políticas de Estado que requieren consenso o acuerdos internos porque no están hablando en nombre de todos los mexicanos sino solo de la élite gobernante.

La Cuba de Castro está cavando su propia tumba política si no decodifica la realidad y entiende que puede ganar espacios de sobrevivencia con el aflojamiento de la dictadura. Pero el régimen cubano se ha creído a pie juntillas su apotegma que será epitafio: patria o muerte.

Política para dummies: la política es una piedra atada al cuello de la intolerancia.

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Palacio Nacional está regresando al modelo priista de desviación de la atención pública a denuncias que se publican en prensa escrita y algunos espacios digitales que exigían respuestas para completar el círculo de la comunicación del Estado para la retroalimentación, y ha comenzado a usar también al manido ejemplo del régimen priista autoritario: desprestigiar a los denunciantes, que es una variante peligrosa del modelo de “maten al mensajero” porque sin intermediario no hay denuncia.

La ineficacia de este esquema de anticomunicación en modo de contrainformación en el caso concreto del columnista Raymundo Riva Palacio ha demostrado su ineficacia: ante la argumentación oficial que quiere demeritar la calidad de los datos del periodista, la respuesta pública de la titular del Estado y del Gobierno federal ha sido a veces la burla y el desdén, pero no la presentación de pruebas, pruebas, pruebas contundentes que desmientan lo aseverado. Y con ello otorgan la razón al columnista.

Pero el problema ha escalado al punto de estar ya en el territorio de la guerra sucia previa a la represión o la manipulación de informaciones que tampoco buscan contestar el contenido de las críticas, sino de nueva cuenta desvirtuar el continente. La argumentación puede ser considerada hasta vulgar: si el denunciante carece de credibilidad, entonces su denuncia no tiene seriedad. Lo malo es que la dinámica de la comunicación –también estudiada por Buendía como analista periodístico de hechos políticos, como editor en publicaciones y como profesor de periodismo en la UNAM– tiene sus propios contrapesos: si la respuesta es desacreditar al autor de la denuncia, entonces querrá decir que la denuncia no solo es sólida y válida sino apenas la punta del iceberg del problema revelado.

La dinámica de la comunicación no ha sido entendida en Palacio Nacional –ni con López Obrador ni ahora con la presidenta Sheinbaum–: al dar a conocer una noticia positiva con sólida fuente de información y registrar que el Índice de Paz había considerado ya un aumento en la seguridad en México, la presidenta desmoronó el sentido plausible de la nota y con ironía casi en modo de burla acotó: “a ver qué dice Loret”.

Y Carlos Loret de Mola, ni tardo ni perezoso, produjo un sólido comentario en redes de unos minutos refiriendo que le contestaba la provocación de la presidenta de la República y contrastaba la cifra del Índice de Paz con una larga cadena de evidencias sobre la alta criminalidad, las desapariciones y la negativa percepción social sobre las autoridades. Y en la balanza de resultados, pesó más la respuesta contundente con datos de Loret de Mola que la ironía hasta desdeñosa de la jefa del Estado. Y el dato del Índice de Paz fue a la basura.

López Obrador –político de masas, al fin, y con una comunicación directa con el pueblo a través de mítines o de conferencias mañaneras— desmanteló la estructura de comunicación social del Estado y del Gobierno con argumentos quizá válidos de que no habían servido para buena la cosa. Pero con esa decisión rompió el flujo de comunicación política no solo con sus fieles, sino con importantes sectores de la sociedad que requerían mes que algún golpe declarativo del presidente.

Los presidencialismos absolutistas se incomodan con las instancias sociales de intermediación de la información política. con un poco con ironía, se puede decir que Donald Trump se lopezobradorizó al convertir su canal directo de comunicación el carril de las redes digitales en X y su Red Social, aunque tiene a su favor el papel de las secretarias de prensa de la Casa Blanca para remachar los mensajes presidenciales confrontando y conteniendo a los periodistas inquisidores.

La lista de periodistas que forman parte de la lista negra de Palacio Nacional está formada por profesionales de comunicación con. solida credibilidad y carrera y a cada uno le corresponderá darle mayor o menor credibilidad. Pero el sólo hecho de que Palacio Nacional los vapulee ante la menor provocación, el efecto social es contrario: un ataque presidencial es casi un premio de periodismo social.

La caracterización de comentócroatas se usa con sentido crítico, pero las raíces griegas señalan que ese oficio es el del “gobierno de los comentaristas (kratos es gobierno) y el rango que se les otorga es mucho mayor inclusive al de la oposición.

Y al final de cuentas, el modelo lopezobradorista de comunicación en las mañaneras ha sido responsable en la solidificación de las comentocracia.

Política para dummies: la política quita, pero también la política da… y mucho más de lo que se esperaba.

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A 42 años de distancia del asesinato de un periodista crítico, nacionalista e independiente, el país se encuentra en una situación peor a las que vivió en 1984-1985. A Buendía lo asesinaron apenas dos semanas después de haber denunciado una crisis de seguridad nacional porque los cárteles marihuaneros –de acuerdo con una denuncia de los obispos católicos del sur, todos ellos de la Teología de la Liberación– estaban ya controlando el campo para sembrar droga. Ahí comenzó el ciclo del narcoestado.

Los significativo de la denuncia de Buendía el 14 de mayo fue el dato de que los cárteles de la marihuana que fueron la célula madre del narcotráfico de hoy se habían convertido en un asunto de seguridad nacional del Estado, de las fuerzas judiciales y sobre todo de las Fuerzas Armadas. La acusación oficial del crimen del columnista encarceló nada menos que al director de la Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Zorrilla Pérez, como el autor, pero la indagatoria se agotó en el nivel de un director general y por decisión de Estado el presidente de la Madrid evitó que las pesquisas indagarán al titular de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, como jefe directo de Zorrilla Pérez.

Buendía convirtió su columna Red Privada en un espacio autónomo de investigación y denuncia de temas nacionalistas y de seguridad nacional, con dos revelaciones que cimbraron a la Casa Blanca: los nombres de dos jefes de la Estación de la CIA en México que estaban detrás de una agenda agresiva por el nacionalismo defensivo del Estado mexicano.

En 1985, por denuncias del embajador John Gavin, Zorrilla Pérez fue cesado de la Federal de Seguridad, investido con una candidatura a diputado local por Hidalgo y luego retirada su nominación, y en ese período se reveló que la Federal de Seguridad de Zorrilla Pérez y Gobernación de Bartlett Díaz estaban protegiendo al Cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo El Padrino y los capos Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, los tres denunciados por la DEA como responsables del secuestro tortura y asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar.

El aparato institucional de Estados Unidos lanzó a todo el Congreso y a todo el aparato de seguridad nacional contra México e hizo tambalear al gobierno de De la Madrid. Como hoy, el centro de la operación desestabilización de la Casa Blanca fue el señalamiento estadounidense de que México estaba protegiendo al narcotráfico y se estaba convirtiendo en un narcoestado.

Lo paradójico del asesinato de Buendía fue que la investigación se le asignó nada menos que a Zorrilla Pérez como director de la Federal de Seguridad, la policía política del Estado adscrita a la gobernación de Bartlett Díaz, y en 1989 Zorrilla Pérez fue arrestado por orden del presidente Salinas de Gortari bajo la acusación de haber sido el autor intelectual del asesinato del columnista.

Se trató de la versión oficial, porque otras investigaciones periodísticas revelaban que efectivamente la Federal de Seguridad había participado en el suceso pero después del asesinato para tomar por asalto las oficinas de Buendía y secuestrar todo su archivo con tarjetas donde presuntamente el columnista había anotado datos de su investigación de políticos funcionarios y fuerzas de seguridad que estaban detrás de la protección al narcotráfico. Y no debe olvidarse que Caro Quintero portaba una credencial oficial como agente de la Federal de Seguridad, con otro nombre, aunque las pruebas recogidas por la Procuraduría General de la República de Sergio García Ramírez se enviaron a Gobernación de Bartlett Díaz y ahí desaparecieron.

En esta semana el periódico El Independiente hará un recordatorio de Buendía: un suplemento político sobre el columnismo nacionalista del periodista, el lanzamiento de dos libros: La Red Privada. Ensayo sobre el periodismo de Manuel Buendía, escrito por Miguel Ángel Sánchez de Armas, periodista que trabajó muy cerca de Buendía, creó la Fundación y se responsabilizó de varios libros. Y Periodismo político. Antología de columnas de Manuel Buendía, escrito por el autor de Indicador Político que también estuvo cerca del entorno el columnista, ya disponible en Amazon.

Asimismo, a partir de la próxima semana se abrirá el sitio internet manuelbuendia.com.mx dentro del portal carlosramirez.mx, para concentrar paulatinamente copias de los libros de Buendía, columnas, conferencias y un museo digital con algunas de las pertenencias que pudieron rescatarse después del asalto a su oficina por parte de la Federal de Seguridad, además de ir incluyendo todas las referencias que se hagan en medios sobre la tarea de Buendía.

Hoy más que nunca y en el contexto de la campaña contra la prensa que denuncia complicidades del narcoestado, la figura de Buendía se hace cada vez más actual.

Política para dummies: la buena política siempre ha estado ahí, pero hace falta que se conozca.

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Como referencia histórica, esta semana pudiera haberse abierto el camino del menor de los Monreal Ávila para abandonar Morena y buscar la gubernatura de Zacatecas por otro partido.

Y el ciclo pudiera estarse sellando con López Obrador envuelto en señalamientos, evaluaciones, datos, percepciones e indicios de que Morena estaría incluido en alianzas perversas hasta ahora con el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y los chapitos, pero con gobernadores morenistas acusados de las más altas niveles de poder de Estados Unidos de haberse metido en la misma cama con cárteles del narcotráfico.

La punta de la hebra se encuentra en Rocha Moya, una figura universitaria en Sinaloa que fue captado por López Obrador para encaminarlo en tres ocasiones hacia la gubernatura y hoy es el principal acusado de haber pactado con la facción de los chapitos del Cártel del Chapo para ganar las elecciones estatales de 2021 a cambio de entregarle posiciones políticas, económicas, presupuestales y de poder local.

Los escenarios que dificultan percibir la posibilidad de que Morena logre eludir la trampa de Trump tienen que ver con estructura interna de ese grupo que ha soñado con ser partido político formal, pero que se ha beneficiado de dos circunstancias favorables: el liderazgo social de López Obrador y el presupuesto público para ejercerlo como un asistencialismo de primer piso que ni siquiera resuelve la pobreza salarial pero sí establece dependencias entre los beneficiarios de las becas, asignaciones y transferencias con el voto para mantener la sigla morena en el poder.

Morena nació y no se movió de los espacios de una configuración que políticamente se puede caracterizar como “movimiento de movimientos”, pero sin llegar a ser un partido estructuralmente formado; para garantizar la lealtad y romper con los cacicazgos intermedios dentro del partido, Morena desapareció los sectores corporativos de las clases productivas que habían heredado del PRI y tuvo que pagar el costo de mantener el control a través de grupos tribales dentro del partido.

La estrategia de López Obrador como líder de Morena fue la de mantener la fragmentación de las tribus, pero a condición de fortalecer su capacidad unidireccional de decisión. Y a su favor estuvo la tradición política de la mayoría de los militantes y jefes de tribus de Morena porque provenían de la costumbre presidencialista del PRI, con la circunstancia agravante de que probablemente el 80% de los liderazgos de Morena se cincelaron en los rituales del PRI obregonista-eliascallista-priista-salinista.

El modelo de partido que asumió Morena bajo López Obrador fue el de una especie de confederación de organizaciones y grupos beneficiarios de transferencias directas del presupuesto. Y sin reglas partidistas formales, Morena se armó en el esquema conocido por la teoría de los partidos políticos como una organización “cacha todo”, sin más filtro que refrendar la disciplina hacia el caudillo y sin exigirles compromisos éticos que se desprendían inclusive del propio discurso ahora se ve demagógico de López Obrador.

Al no estar estructurado como partido político, Morena entró en la lógica de asignación del poder por el voluntarismo del líder, inclusive sin preocuparse por encontrar compromisos de entendimiento y hasta pareciera que de manera intencionada dejar las fracturas tribales que se habrían de acumular y agrandar con el tiempo.

Pero también Morena derivo en un partido cártel, es decir, su configuración a partir de liderazgos tribales o de grupo con entendimientos entre ellos para cobrar controlar el mercado y fijar derecho de admisión y condicionar candidaturas. Y este perfil solo pudo haberse solidificado por la condición de Morena como cuarta fase del partido del Estado: primero fue el partido caudillista de Obregón-Elías calles y Miguel Alemán, luego el partido populista de la Revolución Mexicana domesticada de Lázaro Cárdenas y finalmente el partido de profesionales políticos que rompieron sus canales de nutrición con las bases que representaban clases productivas. Y ahora se perfila el modelo de partido asistencialista.

En el fondo, el ADN de Morena es el del PRI, una mezcla que carece de ideología porque las ideas se sustituyen por la lealtad al dirigente, sigue siendo partido del Estado y su fuerza depende del reparto de cargos públicos.

Rocha Moya y el tercer Monreal Ávila estarían mostrando ya el fin histórico de Morena.

Política para dummies: La política sería la síntesis de las ideas y los intereses de clases no propietarias. Lo demás es reparto del poder.

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Cada día se consolidan más los indicios de inteligencia y seguridad nacional que revelan que el presidente Donald Trump no abandonará la Casa Blanca sin antes subordinar a México a sus intereses geopolíticos. Aunque la posibilidad de una invasión militar sin permiso gubernamental mexicano para ingresar a territorio nacional con el propósito de destruir los nidos del narcotráfico está muy lejana, de todos modos forma parte de las opciones que determinan estrategias de desestabilización.

Trump no pudo destruir a Irán, pero con el uso de instrumentos bélicos descabezó la estructura teocrática de los ayatolás y diezmó a la Guardia Republicana; puso un cerco que está ahogando a la Cuba de nueve millones de personas y no quedará tranquilo hasta que destituya, encarcele o asesine al último líder histórico de la Revolución Cubana, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, bajo cargos de haber ordenado hace muchos años el derribo de avionetas civiles.

Y Nicolás Maduro y sus aliados dudaron de que Trump pudiera ordenar su secuestro, y un comando dirigido por la CIA penetró el 3 de enero hasta el Palacio de Miraflores y apañó a Maduro y a su esposa para encerrarlos hasta ahora en una cárcel americana. Y ahora sí la Unión Europea está temiendo que Trump vaya a deshacer la OTAN para obligar a a las democracias europeas a subordinarse al nuevo polo imperial de la Casa Blanca.

Trump se percató que el verdadero poder de Estados Unidos estaba en el ejercicio de la fuerza con conductas retadoras a otros polos geopolíticos –Rusia, China, India, Irán y hasta la pequeña Corea del Norte–, pero ninguna de esas fuerzas de presunto equilibrio ha podido impedir que pronto imponga la Doctrina Monroe a nivel planetario ni que cumpla con el mandato divino de la Doctrina del Destino Manifiesto.

En círculos políticos mexicanos se hicieron escenarios de conflicto con Trump por sus amenazas de invasión, pero todas ellas se basaron en el viejo racionalismo priista del nacionalismo defensivo y llegaron a la conclusión de que Trump estaba jugueteando con las famosas listas el narcopolíticos.

Trump mandó mensajes que la inteligencia política mexicana no supo racionalizar y que decodificó con la vieja mentalidad priista de que México es más útil para Estados Unidos que Estados Unidos para México, y la presidenta Sheinbaum se conformó con la retórica lopezobradorista de la soberanía que le dio al país un soldado en cada hijo, aunque muy en el fondo sí hubo relativa preocupación en Palacio Nacional porque podría ser capaz de repetir 1847 en 2026.

El grado de inconsciencia nacionalista no procesó ni decodificó el significado de la solicitud de arresto con fines de extradición nada menos que del gobernador de Sinaloa y nueve coacusados y la respuesta gubernamental mexicana se convirtió en una provocación más al duro aparato de inteligencia y seguridad nacional que está gobernando ahora mismo la Casa Blanca: los halcones –política e ideológicamente hablando– J. D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Stephen Miller, John Ratcliffe, Terry Cole, Christopher Landau y la dureza política de Ronald Johnson.

La Casa Blanca había armado un equipo de impresionante poder operativo, superior al establishment tradicional republicano-demócrata de seguridad nacional de Washington que operaba más como factor de presión para obtener beneficios que con voluntad operativa para aplicar la fuerza sin objeciones de conciencia. La seguridad nacional de EU cayó en la modorra del fracaso y desaparición de la Unión Soviética, de los pruritos chinos para iniciar una guerra y de las locuras del príncipe coreano.

La solicitud de extradición de Rocha Moya y nueve coacusados y sobre todo la rendición de un general retirado y de un operador político-financiero fue el principio del fin de Morena, con la circunstancia agravante de que todo giraba en torno a López Obrador y éste es hoy el objetivo por destruir. Las primeras negativas de candidaturas que ya estaban pactadas y palomeadas en el Palacio Downtown Abbey de Palenque comenzaron a caer como fichas de dominó.

Ahí está el dilema –ni modo, así se razona el análisis político y estratégico– de la presidenta Sheinbaum: hundirse con López Obrador o rescatar lo poco rescatable de Morena con una nueva élite más serena, negociadora e institucional.

Los mensajes de Washington –sin invocar filtraciones de seguridad nacional o de inteligencia– son muy claros: Rocha fue el primero y vienen más.

Política para dummies: la política se mide por la agresividad de los adversarios y no por la estridencia de los afectados.

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– Si caigo yo, caen todos.

La decisión de designar a militares en activo o retirados encargos de seguridad pública estatales y municipales fue parte de la estrategia del presidente López Obrador para mantener el control de los acuerdos pactados con los cárteles en el contexto del modelo de “abrazos, no balazos” que había determinado una propuesta realmente muy de fondo: la pax narca o gobernanza criminal, que era el acuerdo formal del Estado con el crimen organizado para que “se portarán bien”, lo que el lenguaje político querría decir que podrían desarrollar sus operaciones delictivas siempre y cuando contribuyeran a acuerdos entre los grupos en pugna para disminuir la criminalidad y elevar la gobernanza bajo la responsabilidad del crimen organizado.

En términos estrictos, la decisión presidencial era la nueva estrategia de seguridad. Si los grupos en pugna acordaban llevar la fiesta en paz y mantenían el control y la estabilidad de su territorio, de modo natural habría un efecto desdramatizador en las cifras de homicidios que habían producido las guerras entre cárteles y bandas como consecuencia de la declaración de hostilidades decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa a unos cuántos días de haber asumido la presidencia de la República, en diciembre de 2006.

Los primeros efectos de la aplicación de la pax narca parecieron haberle dado la razón a la estrategia lopezobradorista, porque la contribución adicional del Estado fue la de disminuir las confrontaciones y las búsquedas con fines de arresto y extradición de los miembros de los cárteles y las bandas delictivas.

Pero era orgánicamente imposible mantener el pacto de gobernanza criminal, sobre todo porque no fue producto de alguna junta en alguna parte del país entre todos los jefes de las bandas delictivas, sino que el mensaje se desparramó a través de la mañanera. Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y trasladó sus funciones a la Secretaría de Gobernación y López Obrador dio tres pasos estratégicos en función de la pax narca o gobernanza criminal: crear la Guardia Nacional, ampliar la presencia de cuadros militares en cargos de seguridad pública locales bajo la responsabilidad de gobernadores y alcaldes y disminuir el discurso de caracterización delictiva de los jefes del crimen organizado, y de ahí se perfiló la acusación de que el presidente López Obrador protegía a los delincuentes porque también eran mexicanos y que había que referirse al “señor Guzmán” y no al líder criminal conocido como El Chapo.

La Sedena carecía de instrumentos administrativos y legales para tratar de controlar a sus activos o retirados en áreas de seguridad civil, y en ese contexto se dio la insistencia de las Fuerzas Armadas de que México necesitaba una Ley de Seguridad Interior para tener mecanismos de supervisión que como instituto armado carecía. Peña Nieto aprobó el cuarto para las 12, en 2018, una Ley de Seguridad Interior, pero fue bloqueada sin ningún sentido estratégico de seguridad nacional por la oposición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrogó lo ha probado.

En su Estrategia de Seguridad Pública, López Obrador se comprometió formalmente a presentar y aprobar con su mayoría una Ley de Seguridad Interior y en el camino también asumió la responsabilidad de desarrollar en el discurso público la doctrina o cultura de la seguridad interior.

La pax narca se aplicó sin Ley de Seguridad Interior que fuera reglamentaria de la fracción VI del 69 constitucional que le otorga al jefe del Ejecutivo federal la responsabilidad de la seguridad interior como exclusiva y sin pasar por el Congreso.

La declaración formal de la gobernadora Yeraldine Bonilla ocurrió en un doble contexto: los primeros indicios de que el general Mérida había cruzado la frontera con documentos para entregarse a la justicia norteamericana y presuntamente pactar un acuerdo como testigo protegido y mientras se revelaba en ese contexto que el gobernador Rocha Moya vivía en el Palacio de gobierno y por lo tanto seguía ejerciendo las funciones del Ejecutivo y su sustituta solo era la muñeca ventrílocua que repetía los mensajes del gobernador destituido.

En este contexto es que se deben leer el traslado de la papa caliente del Gobierno estatal de Rocha Moya-Bonilla a Sedena como el último mensaje del exgobernador defenestrado antes de que esta semana se decida su encarcelamiento en México o su entrega a EU. Y su última decisión fue embarrar a la Sedena en un problema que le correspondía exclusivamente a él, a López Obrador y a la presidenta Sheinbaum Pardo.

Política para dummies: en política no importa quién me la hizo sino quién o quiénes me las van a pagar.

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

El tiempo apremia. Y los pendientes siguen siendo muy altos: el ahora exgobernador Rubén Rocha Moya y los siete u ocho coacusados tendrían que ser entregados a los sheriffes bajo el Tratado de Extradición, pero habría todavía una quincena de importantes figuras en cargos altos en la República política que no quedarían exonerados, entre ellos, personalidades del círculo familiar íntimo y del círculo político del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador.

La insistente negativa en los últimos días de la presidenta Sheinbaum Pardo de llevar el caso judicial que se reventó “en una oficina de Nueva York” y la argumentación de investir a los acusados como representantes de la soberanía nacional ocurrió pese a que ya habían sido señalados en medios como vinculados al crimen organizado del narcotráfico y ello desgastó la autoridad presidencial y en la mañanera de hoy lunes deberá de haber un deslindamiento muy estricto o seguir hundiendo la credibilidad institucional de la República defendiendo a indefendibles.

La argumentación central y única para responder a la solicitud del Gobierno de Estados Unidos basados en autorizaciones de seis o siete sesiones de un Gran Jurado en la Corte de Brooklyn fue la de exigir pruebas contundentes y luego señalar que los inculpados estarían protegidos por el aura de la soberanía de México frente a presiones extranjeras.

La entrega decidida por motu proprio de dos de la banda de los diez y la posibilidad de un tercero que no se ha confirmado de manera oficial terminó el debate jurídico entre la solicitud de arresto con fines de extradición, el examen de la documentación presentada con cargo al tratado de extradición y la determinación del Poder Judicial mexicano de aceptar o rechazar la fuerza de los argumentos presentados.

El fin de semana se precisó una argumentación en redes sociales: las pruebas son hoy los testigos protegidos y entregarán más información que va a probar los dichos avalados por el Gran Jurado y México se quedaría sin la argumentación-madre de que las informaciones presentadas en la solicitud de arresto con fines de extradición eran sólo de dichos; con seguridad dos de los inculpados y probablemente un tercero en las próximas horas cancelaron la primera fase de la solicitud de arresto-extradición y el juicio formal comenzará con dos o tres de los inculpados y los siete u ocho restantes no serán indispensables en el juicio, aunque la sentencia los convertirá en prófugos de la justicia de Estados Unidos y ofrecerán recompensa por su captura.

Palacio Nacional perdió mucho tiempo en atrincherarse en el argumento de “pruebas, pruebas, pruebas” y la invocación de la soberanía territorial de la República y la tardanza pericial de la Fiscalía General dejó escapar algunas opciones de corto plazo para cuando menos ganar más tiempo y puede darse el caso que Estados Unidos diga “gracias por participar” y comience el juicio con dos o tres inculpados y los demás enjuiciados en ausencia.

La presidencia de la República, también, dejó pasar 72 horas desde que se conoció la información oficial de que el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Finanzas de la administración del gobernador Rocha Moya cruzaron con tranquilidad la frontera sin que ninguna autoridad mexicana reaccionara y se entregaron a las autoridades de EU en un acto que implicó el reconocimiento de las acusaciones en su contra y por lo tanto abrió ya la siguiente fase que es la negociación de más información y más pruebas contra Rocha Moya y narcopolítica en Sinaloa, inclusive con la expectativa de que los dos o tres testigos protegidos posean más información de la protección político-institucional de la estructura gubernamental estatal y federal y presidencial formalmente desde 2021 pero con indicios de que inclusive la candidatura de Rocha Moya ya había sido parte de la negociación.

No hay forma de que en el corto plazo Morena se sacuda de las figuras vinculadas y referidas de manera pública al crimen organizado ni tampoco hay tiempo ni circunstancias para que a posteriori de la entrega de dos o tres acusados pueda el presidente emérito López Obrador sacudirse, en el peor de los casos, de la corresponsabilidad política pública del Gobierno de Rocha Moya funcional a las facciones de los chapitos en el cartel de Sinaloa.

Por eso el ciclo político –y moral– de Morena ya terminó y la presidenta Sheinbaum Pardo es la única que puede ejercer ahora sí el bastón de mando para dar por finalizada la fase del lopezobradorismo y comenzar otra con nuevas figuras y sin nadie los señalados como cómplices del crimen organizado.

Política para dummies: la política no muere, sino sólo se transforma.

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2.- Como consecuencia de hechos que a veces ruedan como bola de nieve sin control, el caso del atentado terrorista en el AIFA que fue documentado aun tibiamente por el The New York Times como de aportación de inteligencia y cuya indagatoria debería obligar a una investigación del Congreso norteamericano, la CIA podría encontrarse pronto contra la pared en EU. Y ahí están indicios muy tibios de que la CIA pudiera pedirle a México que sacara el caso del AIFA de las denuncias mañaneras a cambio de disminuir las presiones de extradición de una lista de alrededor de 30 políticos mexicanos de primer nivel vinculados al narcotráfico.

3.- La reactivación del papel de la CIA en actividades clandestinas de desestabilización tuvo su punto culminante en su participación decisiva en la acumulación de inteligencia encubierta, corrupción de políticos y militares venezolanos y el operativo directo para secuestrar al presidente Nicolás Maduro –impresentable, pero legal–. En ese afán machista de mostrar al mundo que él es el que manda sea lo que sea que mande, el presidente Trump dijo que había autorizado actividades de desestabilización clandestina en Venezuela a través de la CIA.

4.- El papel de la CIA siempre ha sido el mismo: una agencia de funcionamiento autónomo bajo las directrices directas del presidente de Estados Unidos. Inclusive, la Comunidad de Inteligencia que se formó para concentrar coordinaciones entre alrededor de 18 oficinas dedicadas a esos menesteres considera a la CIA como la única agencia autónoma y dependiente exclusivamente del presidente Trump. Todas las demás agencias de inteligencia están adscritas a Departamentos del gabinete y son coordinadas por el director de Inteligencia Nacional que se creó a raíz de los ataques del 9/11 y el caos en la información de espionaje, y cuyo primer encargado de esa oficina fue el operador de seguridad nacional y agente de la CIA en Vietnam John Dimitri Negroponte, embajador de EU en México en los años del cambio de 1989 a 1993 y fue el artífice operativo del Tratado de Comercio que respondía al enfoque de seguridad nacional estadunidense.

5.- La CIA y no el FBI fue la agencia que impulsó y apadrinó la fundación en México en 1947 de la Dirección Federal de Seguridad en el contexto de la guerra fría ideológica. Todos los directores de la DFS hasta Miguel Nazar eran avalados por la CIA, inclusive en un libro se prueba que una sobrina directa de Nazar llegó a ser secretaria particular nada menos que del jefe de la Estación de la CIA en México. En 1983, el director de la DFS José Antonio Zorrilla Pérez canceló las relaciones de dependencia con la CIA y firmó contratos de capacitación nada menos que con la Stasi de Alemania comunista, uno de los principales brazos operativos del KGB soviético. Ese cambio de relaciones e inteligencia provocó que el entonces embajador John Gavin alentara en el The New York Times un reportaje donde denunciaba justamente esos hechos. Y ahí y por esa razón se decidió la renuncia, aislamiento y más tarde arresto de Zorrilla Pérez con el pretexto del asesinato de Manuel Buendía. El miedo de Gavin era que toda la información de la CIA y México estuviera ya en manos del campo soviético.

6.- Las actividades de la CIA en la primera mitad de los años ochenta fue difundida principalmente por el columnista político Manuel Buendía y en dos columnas históricas dio a conocer el nombre de dos jefes de la Estación de la CIA en México, también se difundieron revelaciones del corresponsal entonces Raymundo Riva Palacio sobre la agencia y Buendía comentó su información de nombres de 234 agentes de inteligencia en América Latina, entre ellos 26 en México. En enero de 1981 Buendía publicó un directorio de miembros de la CIA en México y la lista se acercaba a 75 personas en varios estados de la República. Por cierto las autoridades mexicanas que investigaron el asesinato de Buendía excluyeron desde el principio a la CIA como una de las pistas importante.

7.- La CIA ha operado –como el espionaje inglés en la Segunda Guerra y posterior–a través de credenciales de periodistas y en 1977 el periodista de investigación Carl Bernstein –quien investigó Watergate junto con Bob Woodward– escribió en la revista Rolling Stone un ensayo sobre la CIA y la prensa y el texto se encuentra disponible y libre en https://www.economicsvoodoo.com/wp-content/uploads/Carl-Bernstein-1977-CIA-and-Media.pdf

8.- México ha padecido la agresividad de la CIA desde el inicio del Gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez en diciembre de 1970, y quizá un poco en venganza La CIA autorizó la revelación del equipo Litempo para exhibir que cuando menos los presidentes en funciones Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez estaban considerados como “agentes activos” de la CIA, según el Diario de la CIA del exagente Philipe Agge. En las memorias Nuestro hombre en México del exjefe de la estación Winston Scott, pruebas documentales confirmaron la vinculación de políticos con la CIA: López Mateos como presidente, Díaz Ordaz como secretario de Gobernación y Echeverría como subsecretario aparecen brindando como testigos en la boda del entonces jefe de la Estación de la CIA en México.

9.- En el Gobierno de Reagan, William Casey utilizó su cargo como director general de la agencia para operar presiones de desestabilización contra México a través del encargado de los temas en el mexican desk –oficinas sobre México–, el académico y en ese momento ya agente de la CIA Constantine Menges, colocado en esa posición por recomendación directa del senador ultraderechista Jesse Helms. La tesis central era que México se estaba convirtiendo en un problema como el Irán en la crisis Sha-Ayatolá. Casey ordenó a un analista que había trabajado en la estación de la CIA de México que fabricara una información negativa sobre el país y que concluyera que era necesaria la intervención de seguridad de EU, pero el analista John Horton se negó a redactar el documento y por si fuera poco escribió un artículo público en el The Washington Post para denunciar que la CIA fabricaba recomendaciones a gusto de la Casa Blanca.

10.- México ha tenido cuando menos tres embajadores con relaciones directísimas con la CIA: Joseph John Jova (1974-1979) también denunciado por Buendía, Negroponte que operó clandestina y abiertamente en Vietnam y Honduras y el actual Ronald Johnson que tiene en su biografía pública su espacio como agente activo de la CIA. Gavin nunca trabajó para la agencia pero gustaba decir con voz en cuello que la CIA trabajaba para él y que él decidía las actividades clandestinas del organismo. Y también se tenían sospechas de que Jeffrey Davidow (1998-2002), que jugó un papel clave en las actividades de desestabilización en Chile que desembocaron en el golpe de Estado contra Allende, reportaba a esa oficina de espionaje.

11.- La Estación de la CIA es la oficina que concentra las actividades de los agentes de esa oficina, algunos registrados por razones obvias pero muchos clandestinos, además de que algunos cargos de la agencia en México operan encubiertos en otras oficinas no políticas de la embajada.

12.- Este contexto se debe analizar el papel de la CIA en México a partir de las instrucciones directas del presidente Trump a través del embajador Johnson como activo de la CIA y por tanto también forman parte del marco referencial de actividades autónomas de la CIA –es decir por su cuenta y riesgo– en casos como Chihuahua y también como el acto terrorista en el AIFA cuando hicieron estallar una bomba terrorista en vehículo que transportaba a dos importantes activos del narcotráfico de Sinaloa.

13.- La CIA en México perdió sus espacios en la estructura mexicana del poder cuando desapareció la DFS y los directores de la inteligencia mexicana se olvidaron de la seguridad nacional y se concentraron en la seguridad pública.

14.- Ahí se encuentra lo que sí se debe considerar con una crisis de la CIA en México, más allá de los casos concretos de Chihuahua y del AIFA, porque implican el incumplimiento de las reglas establecidas de manera muy estricta por la Ley de Seguridad Nacional para cuando menos tener el control nominal de los agentes de la CIA, aun trabajando de manera clandestina, aunque con la circunstancia agravante que nadie en los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo ha querido aplicar con rigor las restricciones. Y ahí también se puede percibir que México estará aprovechando la oportunidad para exagerar funciones de la CIA en Chihuahua y convertirlas en elementos de negociación política en la agenda de presuntos narcopolíticos que forman parte de la lista de la Casa Blanca.

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