Al consolidarse las encuestas como el método principal para definir postulaciones, la militancia pierde relevancia. El trabajo de base —incluso el de los sectores juveniles— ya no es un factor determinante. En Morena, diversas voces han protestado por la postulación de personajes que, amparados únicamente en un sondeo, obtienen candidaturas pese a su nula trayectoria interna. Estos perfiles, a menudo provenientes de otras fuerzas políticas, son elegidos solo por la popularidad necesaria para ser los abanderados del Movimiento.

El fenómeno también alcanza al PAN. Militantes de Acción Nacional advierten sobre el riesgo de entregar candidaturas a perfiles externos. Al ser la encuesta el factor decisivo, el esfuerzo institucional deja de ser garantía de una postulación.

Esta situación genera dos efectos inmediatos. Primero, ser militante ya no asegura una posición, a menos que se abandonen las bases para enfocar los esfuerzos hacia el exterior y construir un reconocimiento masivo entre la ciudadanía. Segundo, el incentivo para afiliarse a un partido con fines electorales se desploma; para muchos, es más eficaz competir como «externo» con una base de popularidad previa que forjar una carrera interna.

Resulta contradictorio que, mientras Morena presume un padrón de 12 millones de afiliados, esta condición no proteja el derecho de sus cuadros a ser postulados, como denuncian las protestas internas. La militancia se ha devaluado.

Otra implicación es el fomento del transfuguismo. Si el objetivo es una candidatura, resulta más sencillo posicionarse en una comunidad de forma independiente para ganar una encuesta y luego «cambiar de bando». Morena ha visto cómo exmilitantes de otros partidos desplazan a sus fundadores, conformando una clase gobernante y legislativa de orígenes diversos, lo que compromete la congruencia del proyecto político original.

Finalmente, si se consideran las fallas técnicas, la opacidad y el riesgo de manipulación de las encuestas, las candidaturas se transforman en trampolines para los más conocidos, mas no para los mejores perfiles que un partido debería formar conforme a su ideología y plataforma electoral.

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La presidenta nacional de Morena se ha referido reiteradamente a quienes no coinciden con las acciones de su partido —no necesariamente la oposición— en términos peyorativos. Esta actitud refleja una postura más personal que la de una dirigente de la fuerza política que encabeza el Estado mexicano.

Algo similar ocurre en el enfrentamiento entre Arturo Ávila, diputado federal de Morena, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc. Por el tono de sus acusaciones semanales, el conflicto ha rebasado lo estrictamente político: los calificativos, insultos y apodos han sustituido cualquier posibilidad de diálogo.

Otro caso es la relación entre el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La propuesta de construir un frente común entre estos partidos y el PAN fue rechazada por el líder del «partido naranja»; sin embargo, lo que siguió no fue un debate sobre las ventajas de una alianza opositora, sino una serie de descalificaciones que revelan algo más que una simple antipatía.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha entrado en esta dinámica al responder a preguntas críticas con evasivas que sugieren una postura personal, como ocurre al mencionar a Felipe Calderón o a Genaro García Luna.

Esto remite a quien hizo de lo personal un estilo de gobierno. Durante su sexenio, Andrés Manuel López Obrador aludió constantemente a sus enemigos políticos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón, pero omitió calificativos hacia su antecesor, Enrique Peña Nieto. Tal distinción muestra que evitó señalar la corrupción que escandalizó a la sociedad entre 2012 y 2018 para enfocarse en irregularidades posteriores a 2006.

Estas actitudes han permeado en los simpatizantes de diversos partidos, especialmente en la conversación digital. Señalar a «panistas» o «morenistas» como culpables de cualquier problema nacional es parte de esta tendencia de personalizar el terreno político.

Como se ha criticado antes respecto a la concepción patrimonialista de los cargos públicos, mezclar lo personal con la política partidista impide alcanzar acuerdos. Provoca que un partido se reserve el privilegio de aprobar iniciativas sin considerar al resto, aliados incluidos, como se observó en la reforma electoral.

Ante esto, cabe preguntar si enfrentamos una falta de cultura política y profesionalismo, o si es una costumbre de la clase política para obtener beneficios mediante el uso patrimonialista del poder. Si la política mexicana es intrínsecamente compleja, recurrir a rencillas personales solo añade una capa de dificultad que no beneficia en nada al país.

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La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo electoral ha enfrentado resistencias internas que persisten. No solo se postergó su entrada en vigor de 2027 a 2030, sino que dos figuras de Morena intentan evadir el lineamiento de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, quien advirtió que no se permitirá la postulación de familiares directos para suceder a gobernantes en funciones.

Tanto Saúl Monreal —quien aspira al cargo que hoy ostenta su hermano David en Zacatecas— como Félix Salgado Macedonio —que busca lo mismo para el puesto de su hija Evelyn Salgado Pineda— mantienen la expectativa de obtener una candidatura en 2027. Ambos aluden a la «voluntad del pueblo» y a encuestas favorables como argumentos para aparecer en la boleta.

Esta disputa no solo provoca roces internos, sino que amenaza la alianza en San Luis Potosí con el PVEM. Dicho partido ha definido su apoyo para la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Asimismo, el Verde muestra inconformidad en Quintana Roo ante la posibilidad de perder la candidatura a la gubernatura, lo que dejaría fuera a aspirantes cercanos a la mandataria Mara Lezama en favor de Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Por su parte, el PVEM y el PT, aliados electorales de Morena, negaron sus votos en la Cámara de Diputados para la Reforma Electoral de Sheinbaum. Aunque el posterior «Plan B» fue aprobado en lo general, el PT rechazó empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones de 2027, dejando fuera la propuesta.

El PT paga ahora su disidencia con una campaña que lo tilda de «Partido de Traidores». La ofensiva incluye mantas en espacios públicos y mensajes en redes sociales de propagandistas de Morena, quienes incluso acudieron a la sede nacional del PT para colocar letreros con la nueva denominación.

El trasfondo electoral domina estos conflictos y es previsible que surjan nuevas fracturas conforme se acerquen los comicios de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y los 500 escaños de la Cámara de Diputados. Si Morena es una amalgama de exmilitantes de ideologías opuestas reunidos en torno al poder, la intensidad de estas grietas solo puede ir en aumento.

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Sin embargo, el paradigma ha cambiado. Hoy, la popularidad medida por encuestas define el destino de las candidaturas. Las dirigencias contratan empresas externas bajo lineamientos de consejos internos, en un ejercicio que suele realizarse con discreción para identificar a quien encabeza las preferencias del electorado.

Morena popularizó este método mediante la figura de los “coordinadores de defensa de la 4T”, un título utilizado en precampañas para eludir las restricciones legales sobre actos anticipados. Sus aliados no tardaron en adoptar el modelo para definir candidaturas comunes, una tendencia a la que ahora se suma el Partido Acción Nacional (PAN).

El pasado 21 de marzo, Jorge Romero, dirigente nacional del blanquiazul, calificó como «decisión histórica» el anuncio de que el 100 % de sus abanderados serán elegidos por la ciudadanía mediante encuestas, alegando un retorno a las raíces de la fuerza política. En la práctica, esto significa que la popularidad ha sustituido a la vida interna partidista.

Más allá de la estrategia panista, es necesario analizar el fondo del problema: la crisis de los partidos para postular perfiles ante la sociedad. Históricamente, los procesos internos fueron blanco de críticas por la manipulación de padrones, el control de estructuras locales y el uso discrecional de presupuestos para favorecer a ciertos grupos —fenómeno conocido en el PAN como la “onda grupera”—. Estos acuerdos entre facciones proyectaron una imagen de descuido y desgaste institucional ante el electorado.

No obstante, las encuestas tampoco son infalibles ni están libres de sospecha. En 2012, la filtración de un sondeo que favorecía a Marcelo Ebrard para la candidatura presidencial del PRD generó tensiones; finalmente, el entonces jefe de Gobierno aceptó el resultado en favor de Andrés Manuel López Obrador para evitar la ruptura de la izquierda, pese a un margen estrecho del 1.6 %. En 2023, el propio Ebrard denunció «inconsistencias» en el proceso de Morena —estimadas por su equipo en un 14.4 %—, exigiendo la reposición del procedimiento por considerar que las irregularidades distorsionaban el resultado.

Mientras los partidos no garanticen una democracia interna real y dejen de permitir que cúpulas o grupos de interés manipulen la selección de cuadros, cualquier mecanismo —ya sean primarias, convenciones o encuestas— carecerá de legitimidad plena ante participantes y votantes. Este es el desafío central no solo para el PAN, sino para todo el sistema de partidos en México.

El PAN, en su urgencia por diferenciarse, ha optado por seguir la senda trazada por Morena. El tiempo determinará si esta apuesta fue un acierto estratégico o simplemente un clavo más en el ataúd azul.

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Durante la discusión previa, legisladores del PT señalaron que la reforma era algo que «nadie había pedido», lo que contradice el discurso de la presidenta Sheinbaum, quien sostiene que estas medidas cumplen una promesa de campaña exigida por la ciudadanía. Actualmente, el escenario público vuelve a llenarse de recursos discursivos sobre el combate a los privilegios y la austeridad. Estos argumentos se reproducen sin que el PT o el PVEM hayan reaccionado de forma coherente en ambas etapas del proceso.

¿Qué cambió? Es posible que los incentivos se transformaran en presiones. Las dirigencias de los partidos aliados parecen haber comprendido que, aunque la reforma les reste financiamiento y escaños, el costo de enfrentar directamente al Poder Ejecutivo es mayor. Ante este panorama, prefirieron ceder.

El problema de fondo es que no estamos ante un ajuste legal derivado del consenso, sino ante la imposición de una postura ideológica que utiliza prebendas y advertencias para consolidarse. Detrás de esta maniobra subyace la intención de transferir mayores recursos a programas sociales, instrumentos que han servido para asegurar votos para Morena, una organización diseñada para retener el poder y que ha hecho del control electoral su prioridad.

Para el PT y el PVEM, la situación es una encrucijada: defender las reglas actuales de competencia que garantizan su supervivencia o claudicar para evitar ser aplastados por la maquinaria del partido oficial. Cualquiera que sea su elección, resultarán afectados; su margen de maniobra se reduce a gestionar el daño colateral.

Su alianza con Morena persistirá porque les brinda protección y caudal de votos, pero el costo es alto: las candidaturas y distritos donde compitan sus militantes quedarán supeditados a la voluntad del partido en el poder. Romper la coalición no parece viable. Competir en solitario o aliarse con el bloque opositor (PAN, PRI y MC) los situaría bajo el fuego de una plataforma de propaganda estatal dedicada a golpearlos sistemáticamente, sin garantía alguna de éxito.

Las versiones que sugieren que Morena busca debilitar a sus socios parecen, tras los hechos recientes, ajustadas a la realidad. La impresión final es que el destino de estas fuerzas políticas ya no está en sus manos, sino que se decide en Palacio Nacional.

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Por su parte, el estudio de Enkoll del 4 de marzo refuerza esta tendencia. Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones para diputados, ¿por cuál partido votaría?”, Morena registró una caída de 6 puntos desde octubre de 2025. En preferencia bruta, pasó del 48% al 42%, mientras que en preferencia efectiva descendió del 61% al 54% en el mismo periodo.

Si bien los sondeos no detallan las causas del desgaste, el contexto sugiere respuestas. El impacto de los escándalos por el uso de artículos de lujo, viajes al extranjero, señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado parece haber modificado la percepción ciudadana sobre el partido guinda.

La «buena noticia» para el oficialismo es que mantiene la hegemonía en las encuestas; la mejor, que la oposición parece incapaz de capitalizar la coyuntura, pese a que la brecha se reduce. Mientras en redes sociales crece el respaldo a una alianza opositora total para 2027 —con el fin de arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados y las gubernaturas en juego—, las dirigencias partidistas caminan en sentidos opuestos. Alejandro Moreno (PRI) lanzó la propuesta, pero Jorge Romero (PAN) respondió que apostarán por una estrategia individual. En tanto, Movimiento Ciudadano mantiene un silencio que anticipa la misma ruta de aislamiento que tomó en 2024.

Incluso «Somos México», organización que busca su registro ante el INE, ha planteado una coalición, pero con la mirada puesta en una candidatura presidencial única para 2030, ignorando la urgencia del 2027.

Sin un diálogo que lime asperezas, sin un discurso atractivo y sin acciones que los saquen de su zona de confort, los partidos opositores no solo desaprovechan la vulnerabilidad de Morena, sino que se arriesgan al rechazo del electorado. Para el PRI, esta parálisis representa la frontera entre conservar o perder el registro. El PAN y MC deberían verse en el espejo del PRD, que terminó desdibujado del mapa competitivo del país.

Morena, en tanto, parece concentrado en modificar las reglas para perpetuarse en el poder; sin embargo, la erosión de su aprobación podría llevarlo por el mismo camino de declive que sus antecesores. Este vacío de representación real abre la puerta a perfiles ajenos a las plataformas tradicionales: candidaturas que, cabalgando sobre el descontento, busquen victorias mediante populismos similares a los que hoy vemos en el escenario internacional.

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Existen indicios claros de que los cárteles del narcotráfico buscan influir en los procesos electorales. Así se observó en las denuncias presentadas durante la elección para gobernador en Sinaloa, donde representantes partidistas fueron secuestrados para impedir su presencia en las casillas. Asimismo, en Valle de Bravo, diversos candidatos denunciaron amenazas para obligarlos a retirarse de las campañas y favorecer a los perfiles seleccionados por grupos delictivos.

El reporte de violencia política de la consultora Integralia revela que, entre septiembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, se registraron 300 incidentes de violencia política asociados a 399 víctimas; un promedio de 1.8 víctimas diarias. A poco más de 60 días de la jornada, el proceso 2023-2024 ya se perfila como el más violento en la historia moderna de México.

Los datos de Integralia subrayan el riesgo imperante: los aspirantes a puestos municipales concentran el 73.4 % de las agresiones, seguidos por los federales (14.5 %) y estatales (7.3 %). La violencia contra candidatos es más frecuente en territorios con disputas territoriales entre grupos criminales.

Pese a este panorama, la iniciativa de reforma electoral omitió el tema. Tampoco ha sido abordado en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, en cambio, ha dado prioridad a la propuesta ciudadana de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Esta medida ha generado el rechazo incluso de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien se considera cercana al oficialismo.

Si el Gobierno ha procedido a la detención de una autoridad municipal por vínculos con el narcotráfico y ha recibido denuncias sobre el proceder de grupos criminales en las campañas, resulta sorprendente que la iniciativa ignore esta problemática.

Morena es el partido con más señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado. Esto debería incentivar la creación de mecanismos preventivos, especialmente tras el caso de Diego Rivera y la difusión de fotografías donde aparece con dirigentes morenistas, incluida la propia Presidenta. El antecedente de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala vinculado al caso Ayotzinapa, refuerza la urgencia de tratar el tema.

Recientemente, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, retó a la oposición a respaldar la reforma en lo relativo a la designación de candidaturas plurinominales por parte de las cúpulas. Sin embargo, guardó silencio cuando Jorge Romero (PAN) le solicitó incluir la pérdida de registro para partidos que prueben vínculos con la delincuencia organizada. Resulta revelador que, ante la gravedad del asunto, la dirigencia oficialista prefiera el mutismo en lugar de fortalecer la integridad del sistema electoral.

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La posibilidad de que estas fuerzas compitan en solitario es real. El antecedente en la elección local de Veracruz en 2025, donde el PT avanzó electoralmente sin ir coaligado, marca un precedente que podría replicarse en San Luis Potosí o Quintana Roo debido a las pugnas por las candidaturas. En Oaxaca, el choque frontal entre el PT y el gobierno estatal morenista refuerza este escenario de ruptura.

En los pasillos legislativos crece el hartazgo de Morena hacia sus acompañantes. Versiones periodísticas apuntan a un diagnóstico pragmático: los aliados son «caros» y, según algunos cuadros morenistas, ya no resultan indispensables para ganar. Dependiendo del desenlace de la reforma en la Cámara de Diputados, el divorcio político podría ser inminente.

Paralelamente, este contexto motiva la reedición de una alianza con claroscuros: la del PAN y Movimiento Ciudadano (MC). Las motivaciones sobran. Existe una percepción de crisis en Morena que podría derivar en un voto de castigo, potenciado por el desgaste de sus gobernantes y la evidente contradicción entre su discurso de austeridad y la realidad de sus militantes: escándalos de corrupción, turismo de lujo y ostentación de bienes inmobiliarios, joyería y ropa de marca.

Tras la ruptura del PAN con el PRI, y la negativa sistemática de MC a pactar con el tricolor, la única vía para construir un contrapeso real es la unión entre azules y naranjas. Las versiones sobre pláticas iniciales sugieren que esta posibilidad se cristalizará en los próximos meses.

Así, el 2027 se perfila como un escenario de contrastes: un oficialismo debilitado por sus propias pugnas internas frente a una nueva coalición que busque capitalizar el desencanto. El reacomodo político apenas comienza.

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Ajustes de cuentas y la «sacudida» interna

Uno de los fenómenos más visibles en la antesala de 2027 es el paulatino desplazamiento de figuras que fueron pilares en el sexenio anterior, pero que hoy representan un costo político o una resistencia al nuevo estilo de gobernanza. La salida o el debilitamiento de personajes como Adán Augusto López Hernández, Alejandro Gertz Manero o Marx Arriaga sugiere una estrategia de «limpieza» de imagen. El caso de Adán Augusto es emblemático: de ser el «hermano» y operador político estrella, ha pasado a ser blanco de señalamientos por presuntas irregularidades financieras y vínculos cuestionables durante su gestión en Tabasco. Estas purgas, lejos de leerse como una renovación democrática, son percibidas por diversos analistas como una señal de fragilidad interna donde las facciones sobrevivientes buscan consolidar su poder eliminando a posibles obstáculos.

Guerras civiles: El fuego amigo como norma

La institucionalización de Morena sigue siendo su mayor asignatura pendiente. La falta de reglas claras para la resolución de conflictos ha normalizado las «guerras civiles» entre militantes de alto perfil. Ejemplos como los ataques frontales de Layda Sansores contra Ricardo Monreal, o la disputa abierta entre Jaime Bonilla y la gobernadora Marina del Pilar Ávila en Baja California, demuestran que el enemigo más encarnizado de un morenista suele ser otro morenista.

Estas peleas no son meramente ideológicas, sino disputas territoriales y de sucesión. La acusación mutua de actos de corrupción —como se ha visto en Morelos con las denuncias contra Cuauhtémoc Blanco impulsadas desde círculos cercanos al propio movimiento— erosiona la bandera de la «honestidad valiente». En un escenario donde el gobierno estatal de Tabasco cuestiona la herencia de su predecesor del mismo partido, la narrativa de unidad se rompe, dejando al electorado con la percepción de un partido devorado por sus propias ambiciones.

La dualidad en el mando: Alcalde vs. López Beltrán

Un factor determinante para 2027 será la dinámica de poder en el Comité Ejecutivo Nacional. La coexistencia de Luisa María Alcalde en la presidencia y Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización crea una dualidad que podría derivar en un cortocircuito operativo. Mientras Alcalde representa la cara institucional y la continuidad del proyecto ejecutivo, la figura de López Beltrán encarna la legitimidad del «linaje» y el control real sobre la estructura de las bases y la selección de candidaturas. Si no logran una simbiosis perfecta, la designación de los miles de cargos en disputa para 2027 se convertirá en un campo de batalla donde se privilegiará la lealtad a la facción sobre la competitividad electoral o la integridad del perfil. La declaración de Adán Augusto López Hernández de que trabajará “a ras de tierra” y las versiones de que buscará influir en la selección de candidatos, agrega otra capa de complejidad a este tema.

Escenarios prospectivos

Bajo este contexto, se pueden identificar tres escenarios posibles:

1. Fragmentación Controlada: El partido logra mantener la mayoría de sus posiciones gracias a la debilidad de la oposición, pero con una pérdida significativa de votos en zonas urbanas y clases medias, producto del desgaste por los escándalos internos.
2. Fractura Territorial: Las disputas en los estados (como Tabasco, Morelos o Baja California) escalan al grado de que grupos locales deciden operar en contra del partido o migrar hacia aliados como el PVEM o el PT, atomizando el voto de la coalición oficialista.
3. Crisis de Sucesión Anticipada: La lucha por el control del partido en 2027 se convierte en el prólogo violento de la sucesión presidencial de 2030, provocando parálisis legislativa y una gestión gubernamental centrada más en la supervivencia política que en la ejecución de políticas públicas.

Hay que tomar en cuenta que también influirá en estos escenarios la rebelión de algunos morenistas que no aceptan la prohibición del nepotismo electoral, por lo que podrían competir con alguno de los aliados electorales de Morena, y la incertidumbre que introduce la negociación de la Reforma Electoral, por los efectos en las candidaturas, será algo que se tendrá que evaluar cuando se definan las postulaciones.

En conclusión, el éxito de Morena en 2027 no dependerá de qué tan fuerte sea la oposición, sino de su capacidad para transitar de un movimiento de masas liderado por un caudillo a una institución política capaz de procesar sus propias contradicciones sin autodestruirse, ¿Morena podrá sobrevivir a Morena?

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Incluso el presidente López Obrador, al intentar justificar el desfalco en Segalmex y exculpar a Ignacio Ovalle —director del organismo cuando ocurrió el ilícito—, afirmó que este fue «engañado por priistas».

Aquí surge una contradicción evidente. Mientras se condena al PRI como símbolo de corrupción y privilegios para movilizar el voto a favor de Morena, el juicio cambia radicalmente cuando se trata de sus antiguos militantes. Una revisión de las filas de Morena revela una notable incorporación de exmilitantes del «tricolor». Nombres como Alejandro Murat, Adán Augusto López Hernández, Alejandro Armenta, Layda Sansores e incluso el propio López Obrador son ejemplos de políticos que, tras militar en el PRI, hoy ocupan puestos destacados en gobiernos morenistas.

Resulta llamativo que el PRI siga señalándose como el cáncer que provocó la metástasis de la corrupción en el sistema político nacional. Pareciera que se percibe al partido como un ente vivo que corrompe por sí solo, y no como un grupo de personas cuyas prácticas y ética inexistente son las que realmente dañan las instituciones. La impresión es que lo que molesta es la sigla, convertida en un símbolo de todo lo malo en México, pero esa lógica se diluye al evaluar a los políticos que, en su ambición, practican la simulación para avanzar en sus carreras, independientemente del bando en el que militen.

Diversas encuestas confirman que un alto porcentaje de ciudadanos nunca votaría por el PRI. Sin embargo, los resultados electorales recientes muestran que ese rechazo no se traslada a los exmilitantes postulados por Morena. Es como si, al abandonar su antiguo partido, atravesaran una purificación inmediata que borra sus faltas políticas previas.

El PRI es visto como el responsable de la pobreza, las crisis patrimoniales y la simulación que ocultó la realidad del país. No obstante, sus integrantes parecen quedar exentos de estos cuestionamientos al arribar a tierras morenistas. Es una situación curiosa de nuestra política: los responsables de las decisiones hoy condenadas en el debate público pueden eliminar su historial con un simple cambio de siglas. Si Lucifer se afiliara a Morena, le perdonarían su rebelión, pero seguirían condenando a Satanás y al Infierno.

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