Diez millones

Torres Cofiño Marcelo

Marcelo Torres Cofiño

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La corrupción es el problema raíz desde el que crecen la mayoría de los males que nos afectan a los mexicanos. Por eso, debemos combatirla con todo. Nuestras capacidades humanas, legislativas e institucionales deben estar volcadas a acabar con cáncer que arrebata la prosperidad de la mayoría de los ciudadanos que, de manera honrada, buscan salir adelante.

México debe dejar de ser la víctima de unos cuantos cuya ambición no conoce límites. El país necesita liberarse de las garras de aquellos que han hecho de la política un negocio redondo. Los mexicanos exigen terminar con los pocos que se han enriquecido de forma desmedida a costa de las malas obras y los pésimos servicios públicos.

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En Durango, la alternancia se veía venir. Era una necesidad luego de décadas de malos gobiernos que fueron a peor.

Como he sostenido en otras ocasiones, la alternancia no es una panacea. No soluciona de tajo la totalidad de los problemas. Pero, abre paso a que las soluciones comiencen a fluir, sobre todo, porque rompe con la red de corrupción e impunidad sostenida por los gobiernos hegemónicos. En ese sentido, la responsabilidad de José Rosas Aispuro, candidato ganador impulsado por el PAN-PRD, es enorme.

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Durante el presente sexenio, en Acción Nacional, hemos sido una oposición responsable. Contrario a lo que hizo el PRI los 12 años anteriores a su regreso a la Presidencia, nosotros decidimos no ser un obstáculo para que México creciera y alcanzara los niveles de progreso que merece su historia y su gente. La totalidad de las reformas que el país requería fueron aprobadas, lamentablemente cayeron en malas manos.

No obstante las reformas aprobadas, el crecimiento sigue estancado y de acuerdo con el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, el país pierde competitividad al caer seis lugares en el ranking elaborado por dicha organización. No sólo eso. México tuvo el peor desempeño de toda América Latina.

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La alternancia en Durango está más cerca que nunca. El PRI lo sabe, por eso, la campaña sucia que ha desatado las últimas semanas en contra de José Rosas Aispuro, candidato del PAN-PRD a la gubernatura.

Lo que no conocen los priistas, es que la ciudadanía duranguense ya no se traga sus engaños; por el contrario, siente que el miedo se apodera del PRI y se dispone a actuar, ante la oportunidad de cambiar la historia el próximo domingo 5 de junio de 2016.

Esa historia, no es otra que la de la corrupción y la ineficiencia; la del poder que es empleado para beneficio personal y no para generar prosperidad entre los habitantes de uno de los estados más emblemáticos del país.

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Durango es uno de los nueve estados que no conocen la alternancia. Como consecuencia, la entidad ha sido víctima de los malos manejos y corruptelas de quienes la han gobernado. Hoy tras la gestión de Jorge Herrera Caldera, los duranguenses se encuentran endeudados y sin empleos; además, viven en uno de los cinco estados menos competitivos, de acuerdo al Índice generado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

La tasa de desocupación de Durango es una de las más elevadas del país 4.5 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de este año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el observatorio, “México, ¿cómo vamos?”, entre 2011 y 2015, Durango generó sólo el 49.4 por ciento de los empleos formales necesarios. Las promesas que Jorge Herrara Caldera realizó durante su campaña en torno a la generación de empleo, quedaron sepultadas en el olvido y la indolencia del gobernador duranguense.

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Con muy pocas excepciones, que las hay, los gobiernos priistas se caracterizan por su corrupción. Lo tienen en su naturaleza: buscan llegar al poder para disponer a su antojo del erario. Ejecutan obras y toman acciones, por supuesto, pero casi todas pensadas en que parte de los recursos públicos que se destinan a esas acciones gubernamentales, vaya a parar a sus propios bolsillos.

En Brasil, el Congreso es capaz de separar de su cargo temporalmente a la presidenta Rousseff para investigarla tras presuntamente haber violado las leyes fiscales de aquella nación, al utilizar recursos públicos para fines distintos a los asignados en su anterior periodo gubernamental. En México, el Congreso de mayoría priista ni se inmutó ante los graves casos de conflicto de intereses de las mansiones de la pareja presidencial y del secretario de Hacienda.

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El pasado jueves 05 de mayo venció el plazo para que las entidades federativas en el país armonizaran sus leyes con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. También, ese mismo día, las autoridades en los Estados debieron -en caso de no haberlo hecho con antelación- haber puesto en práctica la totalidad de las disposiciones establecidas en esa Ley de aplicación nacional. 

Para nuestro estado, es de particular importancia el Artículo 70, que incluye en su Fracción XXII como “obligación de transparencia común” lo relacionado con “la deuda pública en términos de la normativa aplicable”.

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El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobierna a punta de ocurrencias. Por supuesto, algunas le salen más o menos bien, pero otras son un desastre, como la famosa concesión del Alumbrado Público, que no hay día en que no presente fallas en algún sector de la ciudad, y quien diga lo contrario, miente.

El problema de gobernar por ocurrencias es que, aunque éstas tuvieran un final feliz, no obedecen a decisiones racionales, que se toman a partir de un diagnóstico serio de las necesidades del Municipio. Por eso, aparecen puntadas como la del teleférico.

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Cuántas veces el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha salido a decir que sí escucha a la ciudadanía y cuántas veces más ha demostrado todo lo contrario, sobre todo, cuando la postura de los habitantes del municipio es contraria a los caprichos del edil. La verdad es que ya perdimos la cuenta. Pero, concentrémonos en la más reciente, relacionada con el poco prioritario proyecto del Teleférico de Torreón y la opinión que al respecto vertió el Colegio de Arquitectos de La Laguna.

Hay que resaltar en este caso que no se trata de un “simple comentario”, emitido a la ligera por un ciudadano –que, por supuesto, estaría en todo su derecho de expresar su punto de vista– sino que se refiere a la opinión experta de un grupo colegiado de profesionales de un campo directamente vinculado al proyecto en cuestión. Nada más por ese motivo, el alcalde Riquelme debió haber puesto total atención. Pero prefirió, fiel a su estilo, el insulto.

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México, Coahuila y Torreón, son reflejo fiel de la poca capacidad priista para gobernar. En el plano nacional la corrupción desbordada no es menos grave que la incapacidad demostrada de las autoridades, para hacer avanzar la economía nacional. Ambos gestos de absoluta incompetencia, además, son caldo de cultivo propicio para el incremento de la criminalidad y la acentuación de la violencia, sobre todo, en algunos puntos del territorio nacional como Guerrero y Michoacán.

En Coahuila, el hueco enorme que dejó la megadeuda, y la decisión de hacer que fuéramos los ciudadanos los que pagáramos el daño y no quienes lo causaron, derivó en una andanada de incremento a los impuestos y derechos, que golpean desde hace cuatro años, de manera directa, los bolsillos de los coahuilenses quienes, además, sufrimos la realización de obras de infraestructura a cuenta gotas, por lo mermado de un presupuesto que se va, en su mayoría, al pago de servicios de un inexplicable pasivo que tardaremos generaciones enteras en cubrir.

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El escándalo suscitado tras la filtración de documentos más grande de la historia titulada “los papeles de Panamá”, ha sacudido al mundo. Ya cayó la cabeza de un Primer Ministro, el de Islandia, y se han iniciado investigaciones en, por lo menos, 15 naciones incluido México. Por supuesto, somos muchos quienes creemos que, en nuestro país, pasará algo similar a lo ocurrido con la famosa Casa Blanca presidencial, es decir, que se exonerará a los implicados; pero, por lo menos, el Sistema de Administración Tributaria tendrá que demostrar que algún esfuerzo realizó por conocer si hubo, o no, evasión fiscal.

En otras latitudes, en donde se toman muy enserio el combate a la corrupción, veremos castigos ejemplares contra sus autoridades, si se demuestran los delitos que se presumen en la investigación periodística. Veremos también cómo pagan por sus culpas, si las hay, los empresarios, artistas, deportistas y demás famosos cuyos nombres hemos ido conociendo desde el domingo pasado que se dio a conocer la información. La justicia, la verdadera, así debe ser: El que la hace, tiene que pagarla.

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El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha tenido, por supuesto, aciertos en su gestión. Obras como el complejo deportivo y cultural La Jabonera, el Metro Parque Lineal Río Nazas o la Línea Verde Oriente, son acciones que ameritan el reconocimiento de la ciudadanía. De manera lastimosa para el Municipio, se trata de excepciones que, para colmo, no dejan de estar empañadas por la otra cara de Riquelme: La del priista codicioso, que se deja conducir por sus ambiciones personales.

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En la medida en que se va dando a conocer nueva información en torno Humberto Moreira, se confirma también aquello que, durante tantos años, hemos denunciado desde el PAN: El carácter delincuencial del ex gobernador de Coahuila. Humberto, nunca tuvo mayor intención que la de adueñarse de los recursos del Estado. El poder, propio de su investidura, lo utilizó para tejer toda una red de complicidades que incluía a funcionarios, empresarios y criminales; con el único fin de enriquecerse de manera ilegal.

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El gobernador, Rubén Moreira Valdez, y el alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís, actúan como si Torreón fuera de su propiedad. No entienden que son servidores públicos y no los dueños del municipio. Hacen con la ciudad lo que dicta su voluntad y su ambición, sin importarles las consecuencias. Al tiempo, que derrochan los recursos de la ciudadanía en obras de relumbrón, la calidad de los servicios públicos decae de manera sistemática; hasta el tan presumido Alumbrado Público, que tan caro nos está costando a los torreonenses, no hay día que no presente fallas en algún punto de la ciudad. Y ya ni hablemos del pavimento, que se encuentra en estado desastroso.

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La situación que atraviesa el país es muy delicada; sobre todo, cuando quienes están al frente, tomando las decisiones más relevantes, dan muestras de que sólo les importan sus negocios personales, aunque afecten el bienestar del país. Y esto, ocurre de manera similar, tanto a nivel federal, como en muchos de los estados y municipios. 

El nuestro, todavía puede ser un país próspero, aunque muchos mexicanos hayan perdido las esperanzas de que así sea. Por supuesto, una condición fundamental para que puedan ser creadas mejores condiciones de vida, es terminar con la corrupción.

Parece una tarea imposible, pero la realidad es que podemos tener avances significativos en la materia, una vez que las leyes necesarias para operar el Sistema Nacional Anticorrupción estén listas. 

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No hay elemento alguno que permita afirmar de manera objetiva, eso que los priistas suelen vociferar: Que saben gobernar. El país entero se les está cayendo en pedazos; las previsiones de los especialistas rayan ya en el pesimismo; y sin embargo, siguen tomando decisiones cargadas de banalidad, porque lo único que tienen en mente son las siguientes elecciones.

Sí, el PRI sabe ganar elecciones, pero simplemente no pueden –o peor todavía, no quieren- generar buenas administraciones públicas. Y eso se replica en todo el país. 

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