Diez millones

Torres Cofiño Marcelo

Marcelo Torres Cofiño

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Pensemos en dos bandos claramente opuestos: al primero no le importa pasar por encima de las instituciones; de hecho, las “manda al diablo”; el segundo, en contraste, cree firmemente en que el único camino para sacar adelante al país es fortalecer su vida institucional.

Quienes pertenecen al primer bando, no tienen otro interés que su beneficio personal, el destino del país los tiene sin cuidado. Aquellos que tenemos la firme convicción de que un México próspero sólo puede ser posible con instituciones sólidas, observamos el peligro real que ellos representan.

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Cuando se observan los resultados arrojados por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública de 2015, no puede sino experimentarse sentimientos negativos hacia quienes se desempeñan en el gobierno federal, los poderes de la Unión y los órganos autónomos. ¿Cómo es posible que las anomalías detectadas ese año, sean 55 por ciento superiores a las de 2014? En teoría, el ejercicio de revisión de las cuentas debería desalentar el mal uso de los recursos públicos; pero en la práctica estamos observando lo contrario. ¿Qué está saliendo mal?

Se pueden identificar con relativa claridad tres factores estrechamente vinculados entre sí. El primero tiene que ver con la impunidad: en las condiciones actuales, los funcionarios corruptos jamás reciben castigo.

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Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Sabemos que es el obstáculo más importante para el progreso del país. También estamos cansados de las promesas incumplidas en torno al combate de ese cáncer. Nos indigna el creciente cinismo de las autoridades que incurren en actos corruptos y derrochan el dinero mal habido con total impunidad y desvergüenza.

El “qué” ya lo tenemos, pero también los “cómo”. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) impulsado por el PAN ofrece una ruta institucional en la búsqueda de combatir ese mal, pero debe garantizarse su autonomía y su composición ciudadana. 

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Hay ocasiones en que revisar las noticias resulta indignante y hasta deprimente, sobre todo, cuando nos hablan de lo que el PRI gobierno le sigue haciendo a México, a Coahuila y a Torreón. Las palabras deuda, corrupción e impunidad, lamentablemente aplican a la perfección en los tres casos.

Con Peña Nieto la deuda del país pasó de 36.4% del PIB en 2012 a 50.5% del PIB al cierre de 2016. El año pasado, México gastó más en el pago de intereses que en educación. En el Coahuila de los Moreira la situación no es muy diferente: nuestro estado ha pagado los últimos 5 años, 17 mil 500 millones de pesos por servicio de la deuda, pero se debe más. En Torreón, los pasivos ya superan, o mejor dicho reconoce Miguel Riquelme y su camarilla, los 610 millones de pesos, cifra muy superior a la que heredó la administración de Riquelme.

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México está cambiando. Los mexicanos ya no somos los mismos de antes. Poco a poco, vamos siendo conscientes de que un futuro próspero sólo puede cristalizarse con la participación de todos. Paulatinamente, vamos cerrándole el paso a los corruptos.

Mañana, domingo 05 de febrero de 2017, se conmemora el aniversario número 100 de nuestra Constitución. Y en Torreón, un importante grupo de organizaciones ciudadanas marchará para exigir que se termine con la corrupción, la impunidad y los abusos de los gobiernos.  Mientras, en otros escenarios, el presidente Peña y el gobernador Moreira, seguramente colmarán de halagos a nuestra Carta Magna, olvidando que no hay mayor tributo a la Ley que su cumplimiento.

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Los mexicanos debemos cerrar filas ante los nuevos desafíos que trae consigo la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.

Eso no significa que olvidemos nuestros asuntos internos. Por supuesto que hay que terminar con la corrupción; sin duda alguna que debemos acabar con los malos gobiernos; y perseguir a quienes, sin escrúpulos, han saqueado las riquezas del país y empobrecido a la mayor parte de su población. Pero, de cara a Trump y a su pretendido muro, el rechazo debe ser unánime.

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Sólo uno de cada cuatro pesos, cuyo desvío ha sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación en los estados y municipios entre el año 2000 y el 2014, ha sido devuelto a las arcas públicas. Estamos hablando de que, unos 174 mil millones de pesos, todavía están en manos de servidores y funcionarios públicos corruptos de los gobiernos estatales y municipales. Se trata de un ejemplo más de porqué urge la consolidación de los mecanismos de transparencia.

En el México de hoy las instituciones gozan de poca credibilidad. Esa es otra de las consecuencias negativas de la corrupción; pero también de la impunidad. La historia reciente nos ha enseñado que no basta con que nos enteremos de los desfalcos, sino que es necesario que se castigue a los responsables. La ausencia de una pena ejemplar estimula la corrupción.

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El gasolinazo del primer día de enero de 2017, ha sido la decisión más insensible que ha tomado el presidente Peña. Las consecuencias negativas para las familias y para el aparato productivo del país, apenas comienzan a verse: incrementos en las tarifas del transporte público y en muchos de los precios de los productos de la canasta básica, motivados por el aumento en los costos del traslado de insumos y mercancías.

Según estimaciones oficiales, la inflación el año pasado fue de 3.36 por ciento. Sin embargo, las proyecciones para 2017 superan el 5 por ciento, gracias al gasolinazo.  Pese a ello, el presidente Peña continúa mintiendo, tratando de minimizar el impacto negativo de la medida; de ahí la creciente molestia ciudadana.

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Los torreonenses hemos sido conducidos por un camino equivocado. La realización de obras innecesarias como el Teleférico; la concesión de servicios públicos bajo contratos leoninos; la simulación de la transparencia y de la participación ciudadana y; el incremento de la deuda del Municipio en tiempos que reclaman austeridad, nos han llevado a una situación poco favorable para el progreso de la ciudad. 

Además, persiste un entorno en Coahuila y en México que solo empeora las cosas, con administraciones corruptas e ineficientes. Los titulares del Ejecutivo estatal y del federal, han estado directamente involucrados en escándalos como el de las empresas fantasmas o el de la Casa Blanca, generando gran desconfianza entre los ciudadanos.

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Para los coahuilenses 2017 será un año crucial. Se trata de decidir si se da continuidad al moreirato o si se abre paso a la alternancia. Como he afirmado antes, el cambio del partido en el poder no es garantía de nada. Sin embargo, para los coahuilenses, es la única posibilidad real de que termine la corrupción atroz e impune que ha prevalecido en la entidad en los últimos 11 años.

En días recientes, hemos sido testigos de cómo el ex gobernador Humberto Moreira se burla de los coahuilenses, nos insulta e intenta amedrentarnos. Con palabras plagadas de verdades a medias y mentiras completas, lucha como gato boca arriba para conseguir ese anhelado fuero que le asegure no ir a prisión.

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Hoy, la mayoría de las familias mexicanas estarán reunidas celebrando Noche Buena. Para algunos, los menos, su mesa estará llena de lujos. Otros han de realizar grandes sacrificios para tener algo qué llevar a la boca. Pero, más allá de las circunstancias, todos estaremos ante la posibilidad de compartir y reflexionar sobre nosotros y nuestro futuro.

México es, sin duda, un país en el que la injusticia ha prevalecido. La corrupción y los malos gobiernos, han provocado que muchos mexicanos vivan en la pobreza y la marginación. Negar esa realidad es tan necio, como suponer que existen fórmulas mágicas que pueden solucionar todos nuestros problemas de un día para otro.

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Miguel Ángel Riquelme es un mitómano: esa es la única conclusión a la que se puede llegar tras escuchar su Tercer Informe.

Sus mentiras inician desde el slogan “La diferencia es hacerlo juntos”, porque lo cierto es que Riquelme, a los únicos que escucha y obedece es a sus jefes, los hermanos Moreira.

¿Alguna vez fuimos consultados los ciudadanos para ver si aprobábamos el derroche del teleférico? ¿Se nos preguntó si queríamos atarnos al contrato leonino del alumbrado público? ¿Riquelme consultó a la ciudadanía si deseábamos que se destinara el dinero del erario a promover su imagen personal, tal como se ha venido haciendo en los últimos meses?

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El dominio de los Moreira está llegando a su fin. La alternancia en Coahuila es inevitable. Las fracturas al interior del PRI y la evidente molestia de la mayoría de los priistas coahuilenses ante el intento de imponer a Miguel Riquelme como candidato, son muestras palpables de un régimen que agoniza.

Lo anterior no significa que la victoria electoral vaya a ser fácil. Pese a que las encuestas colocan al PAN a la cabeza de las preferencias, es claro que los Moreira no entregarán fácilmente el poder, sobre todo, porque de éste depende impunidad de los hermanos.

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Rubén Moreira hizo de su informe un espectáculo. Una vez más, convirtió la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía en un espacio para el culto personal. Y se calló todo lo que no le conviene decir.

Para Rubén Moreira no existe la megadeuda; hoy, los pasivos del estado son superiores a los que heredó de su hermano Humberto –y del títere de los Moreira, Jorge Torres López− en al menos mil millones de pesos.

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Miguel Ángel Riquelme Solís es el otro Moreira. Las evidencias así lo demuestran. Su manera de gobernar Torreón es producto de lo que, a lado de Humberto y Rubén, ha aprendido: obras por aquí y por allá; algunas pocas realmente necesarias, otras totalmente absurdas; pero todas de dudosa calidad, manejadas con un alto nivel de opacidad y a un muy elevado costo financiero.

Hoy Torreón −de acuerdo con lo informado por la regidora Ángela Campos− tiene una deuda que ronda los mil millones de pesos; son constantes las quejas de los proveedores por la demora en los pagos y; hasta el tesorero Enrique Mota, ha reconocido que hay problemas de “flujo de efectivo” como una manera amable de decir que no hay dinero para pagar.

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El gobernador Rubén Moreira se encuentra atrapado en su propia trampa. El escándalo de las empresas fantasma lo sacó de su zona de confort. Ya no es solamente el encubridor de su hermano Humberto, ahora tiene su propio historial de corrupción y saqueo. Quedó expuesto tal cual es.

Rubén Moreira le apostaba al “borrón y cuenta nueva”. No investigaría nada con respecto a la megadeuda, pero, a cambio, le otorgaría al estado una Ley de Transparencia de vanguardia y una gestión ordenada: pura simulación. Como consecuencia, hoy Coahuila es la entidad federativa con mayor deuda por habitante.

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