Diez millones

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Artículo publicado el 20 de enero de 2016

Con la detención en España del profesor Humberto Moreira, nuevamente se hacen declaraciones y compromisos sobre el combate a la corrupción, a pesar de que las instituciones de un país no debieran responder a la presión mediática, sino a las necesidades y prioridades nacionales.

Después de los escándalos de corrupción en los que, incluso, se involucró al Presidente, a su esposa y a los secretarios de Gobernación y de Hacienda, se aprobó una reforma constitucional en la materia, tratando de cambiar la realidad por decreto, y sin que, en el fondo, se logre un verdadero cambio o se genere una convicción genuina del combate a este fenómeno que tanto afecta a nuestro país.

Dicha reforma era una prioridad nacional cuando se promulgó, hace ocho meses. Y, sin embargo, aún no se ha abordado públicamente la legislación secundaria. Seguramente los legisladores de este país consideran que la ley y las instituciones que deben combatir las prácticas que ocurren en la clandestinidad, también deben diseñarse y discutirse de la misma forma: de manera oculta y alejada de la sociedad.

Más allá de los aspectos formales que deben cumplirse en el juicio legal a Moreira, lo que está a juicio de la opinión internacional y nacional es la ilegitimidad de un sistema político como el nuestro y sus actores que, por alguna razón, no terminan de comprender lo que agravia y ofende al pueblo de México.

A pesar de las carencias de la sociedad y del gobierno en materia de servicios de salud, educativos, seguridad y justicia, se encuentra plenamente documentado que en Coahuila se falseó información pública para incrementar la deuda de aproximadamente 7 mil millones de pesos a más de 36 mil millones y que no se vieron reflejados en un incremento similar en la calidad de los servicios estatales referidos sino que, por el contrario, en la actualidad dicho estado sigue padeciendo los estragos de esa deuda.

En nuestro país, millones de personas acuden diariamente a los servicios de salud pública y no reciben la atención médica oportuna y de calidad que requieren, ya sea porque no hay los suficientes especialistas, puesto que se agendan o difieren las citas, o porque no hay los medicamentos necesarios para la atención del paciente, a pesar de que a los trabajadores se les hace un descuento de su sueldo para el pago de esos servicios.

Por otro lado, precisamente debido a la baja calidad en la enseñanza pública (puesto que muchos de los profesores están comprometidos más con el apoyo electoral que con la calidad educativa) los millones de egresados del sistema escolar público no encuentran oportunidades laborales o de ingresos suficientes para superar las condiciones de rezago social en que viven, a pesar de tener un título profesional.

Finalmente, todos aquellos que se encuentran involucrados en un proceso legal son víctimas de un sistema jurídico tortuoso y lento, que privilegia la impunidad y desfavorece a quienes carecen de los recursos económicos para una adecuada defensa legal.

La breve situación descrita genera un gran descontento social hacia las instituciones, el cual se incrementa cuando se dan a conocer a la luz pública casos como el del profesor Moreira. No es que este tipo de casos deslegitime a un gobierno, sino que dicha deslegitimación ya le precede y lo único que hacen estos casos es que se reafirme o profundice.

Más allá de las reformas legales que se aprueben, se trata de cambiar la cultura de una nación en la que muchos consideran al servicio público como un mecanismo para servirse de la población. Hay que desterrar la visión patrimonialista del cargo público y, para ello, se necesitan implementar políticas públicas que cumplan  realmente su objetivo, tal como sería nombrar a un verdadero contralor independiente y apoyar sus acciones, incluso si ello afecta a las personas más cercanas del grupo político, lo contrario sólo ha evidenciado complicidad y colusión con el sistema corrupto e ineficaz.

Estamos comenzando el año y pareciera que el mensaje era que la misión estaba cumplida, cuando ni siquiera hemos comenzado a abordar las verdaderas prioridades nacionales: lograr que los pilares del Estado cumplan su verdadera función, no sólo en el papel de los decretos, sino en la realidad, que los servidores públicos que caigan en las redes de la corrupción, en cualquiera de sus expresiones, sean eficazmente sancionados, o removidos aquellos que no atiendan las necesidades de la sociedad.