Diez millones

Armando Salinas Torre

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La inteligencia debe caracterizar la respuesta de nuestro país a las ofensas, hostilidades e intentos de humillación del mandatario extranjero. 

Para cambiar a los demás, debemos comenzar cambiando nosotros mismos. Más allá de que se pretendan modificar la forma y las acciones del mandatario del vecino país del norte, los esfuerzos de nuestra nación debieran centrarse en que comencemos a cambiar nosotros mismos.

Es una muy buena señal que se manifestara un amplio consenso en torno al Presidente de la República para no asistir a la cita que se tenía prevista con su homólogo en Washington y dar un mensaje de protesta en contra de las declaraciones y acciones recientes contra la nación mexicana.

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Las imágenes de los actos vandálicos y protestas que hemos visto últimamente en algunas regiones, sólo es la punta del iceberg de un problema mayor. 

Una parte de esos actos son, evidentemente, realizados por personas que únicamente tenían la intención de robar y a los cuales corresponde el calificativo de rateros. Sin embargo, no debemos perder de vista que una parte de esos acontecimientos tienen su origen en algo más que el llamado gasolinazo y que es la gota que derrama el vaso; el problema mayor tiene que ver con otros actos vandálicos, que es la corrupción en amplios segmentos de las instituciones públicas y privadas, aunado a la crisis económica que padecemos, pero también a la falta de legitimidad del gobierno para responder ante estos actos.

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Existe una percepción generalizada acerca del panorama sombrío para 2017, pero también de que el gobierno tolera de manera selectiva la corrupción, la impunidad y es omiso ante muchos otros problemas.

Sin duda alguna que hay circunstancias que escapan al control del gobierno, tales como el resultado de las elecciones en el vecino país del norte, el precio internacional del petróleo, la cotización del dólar, incluso la inseguridad del país; sin embargo, el gobierno no sólo puede desplegar una serie de acciones que pudieran atenuar los impactos negativos de las circunstancias mencionadas, sino, además, actuar responsable y firmemente con respecto de otras, de las cuales sí tiene capacidad de control y actuación.

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La riqueza cultural de nuestro país ofrece un motivo más de satisfacción, responsabilidad y alegría. 

El 1° de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) declaró a la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, gracias a la iniciativa de la Asociación Nacional de Charros, AC, después de un proceso de evaluación en el que participaron la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El expediente aprobado en la 11ª Sesión del Comité Intergubernamental para la salvaguarda del patrimonio cultural contó con la totalidad de los votos de los 24 países miembros. Se ha informado que las declaraciones resultado de una amplia investigación documental y de campo que describe a la charrería como una tradición ecuestre, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, cuando, a raíz del establecimiento y auge de las haciendas ganaderas en el centro y norte de México, la convivencia entre los charros de las diferentes fincas que se reunían, convirtieron las faenas de campo en motivo de alegría, sana competencia y articulación social, lo cual fue el origen de la charrería mexicana, que permitió manejar el ganado mientras se montaba a caballo y que se distinguía, entre otras cosas, por el uso de la silla de montar tan peculiar y el manejo de la reata o soga con destreza y elegancia.

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La sociedad está inconforme y vota contra todo, porque todo está mal y, sin embargo, el resultado puede ser peor a lo que padecía.

Estamos asistiendo a una de las enfermedades largamente diagnosticadas en las sociedades que aspiran a la democracia, toda vez que se confunde la vía con el destino mismo, a partir de la ausencia de demócratas.

La democracia no se limita a que el pueblo elija libremente a sus gobernantes, aunque con avances y retrocesos, ese camino se ha transitado desde hace cientos de años y, en muchas ocasiones, la humanidad ha pagado con creces esa democracia sólo procedimental, puesto que la democracia integral en realidad requiere que, además, se defienda la libertad y los derechos humanos que la civilización ha alcanzado con el derramamiento de sangre y vidas humanas.

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La solución a nuestros problemas no se encuentra al otro lado del río Bravo, sino en la forma en que cada uno de nosotros empeñamos nuestro esfuerzo.

¿Cuántas veces hemos escuchado o expuesto justificaciones en lugar de soluciones? De manera reiterada, en muchas ocasiones pretendemos atribuir la causa de nuestros problemas o la solución a los mismos en los demás o en aspectos que escapan a nuestra voluntad. Sin embargo, dicha actitud nos lleva a las condiciones que actualmente padecemos.

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Se recurre a las fuerzas militares para tratar de garantizar la seguridad de la sociedad ante la ineficacia de la policía civil, sin que se les brinde el apoyo que requieren.

En forma reiterada se cuestiona el desempeño de algunos elementos del Ejército mexicano a pesar de que no se contextualiza la precariedad del respaldo que tiene para hacerse cargo de funciones que, por ejemplo, debiera realizar la policía de los tres órdenes de gobierno.

El mismo Congreso de la Unión incumple la función de proveer a las Fuerzas Armadas el marco jurídico adecuado para brindarle un respaldo jurídico sólido y que otorgue certidumbre al desempeño de las instituciones castrenses; ya que desde la Legislatura antepasada se propuso al Poder Legislativo federal una nueva Ley de Seguridad Nacional que estableciera hipótesis legales para la intervención de las Fuerzas Armadas, así como mayores facultades legales a cargo de ellas, además de mecanismos de control y supervisión sobre su desempeño.

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Busquemos la solución a nuestros problemas en lugar de culpables o la forma de evadirlos. El hecho de que el precio del dólar haya rebasado los veinte pesos es uno de los síntomas de la inseguridad económica y reflejo de otras inseguridades que padecemos en nuestro país desde hace varias décadas.

A pesar de que la globalización ha hecho más interdependientes a las economías de los países, no debemos considerar que los problemas nacionales y, mucho menos, la solución de los mismos dependen únicamente del extranjero.

Si bien es cierto que la posibilidad de que el arribo al poder del demagogo de Trump es motivo de preocupación, puesto que los efectos de ello están a la vista, quien lo dude puede observar la crisis venezolana después de la supuesta euforia del populismo de Chávez y la tragicomedia de su sucesor, también es cierto que ahora es tiempo de buscar qué es lo que podemos y debemos hacer nosotros mismos para enfrentar los problemas que padecemos y los que podrían presentarse después.

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La designación de José Antonio Meade fue recibida favorablemente por la mayoría de los principales actores políticos porque cosecha una trayectoria de sensibilidad, capacidad, profesionalismo y calidad humana.

Más allá de las diferencias ideológicas que pudiera tener cualquiera con José Antonio, su disposición a escuchar y dialogar para construir a partir de la búsqueda de las coincidencias siempre permite generar una sensación de confianza y familiaridad entre los interlocutores, lo cual es una excepcionalidad en el ámbito de la política nacional.

La sólida y valiosa formación familiar, además de la extraordinaria historia profesional del recién designado Secretario de Hacienda, genera confianza y beneplácito, puesto que quienes hemos gozado de la distinción de conocer a su padre, Dionisio Meade, reafirmamos que es casi imposible la generación espontánea de hombres de bien en nuestro país.

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Estamos acostumbrados a dejar atrás los temas más importantes ante la noticia espectacular y distractora de la atención general de la sociedad.

La inspiración artística del cantautor Juan Gabriel ha conquistado el reconocimiento más allá de las fronteras y a diferentes generaciones, a grado tal que su fallecimiento ha sido una de las noticias más importantes en estos días y, sin embargo, no debemos dejar pasar el estupor y la condena a la afectación a miles de estudiantes, debido al paro que realiza la CNTE, alentada por AMLO.

Sin duda alguna que es difícil pensar que algún mexicano no haya cantado las canciones del llamado Divo de Juárez para compartir alegrías, sentimientos con amigos y seres queridos, incluso su inspiración se unió al talento de los mexicanos para utilizar frases de sus canciones para la parodia de nuestra cotidianidad.

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Lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tiene ciertos matices representativos de lo que sucede en nuestro país.

A Alexa Moreno, la mejor gimnasta mexicana en la actualidad.

Aunque no se han alcanzado los resultados que desearíamos. Nuestros compatriotas están haciendo un gran esfuerzo compitiendo con los mejores atletas del mundo. Sin regateo alguno deberíamos reconocer los sacrificios personales y familiares que han hecho para lograr la preparación física y alcanzar las marcas que les han permitido llegar a los Juegos Olímpicos.

Nuestros deportistas han sido objeto de críticas y denostaciones que considero en algunos casos injustas e incluso en otros hasta ofensivas, que han dejado ver una de las facetas más negativas de nuestro país, toda vez que no sólo evidencian desconocimiento de lo que enfrentan nuestros connacionales para llegar a las competencias internacionales, sino lo que ha sido peor, que se ha hecho burla y escarnio de algunos de ellos, dejando ver las carencias de nuestra propia sociedad por este tipo de opiniones.

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En materia educativa, el gobierno negocia el futuro de nuestro país, evitando problemas en lo inmediato y contribuye a la deformación de la cultura de la legalidad.

Ceder impunidad y perdonar el incumplimiento de las responsabilidades, además de plantear la posibilidad de revisar el marco legal de la legislación en materia educativa, es una muestra más de lo que sucede a lo largo y ancho del país con respecto al incumplimiento de la ley, la violación a los derechos de los demás, de la irresponsabilidad por las acciones y de la falta de educación, en general, en todos los niveles.

El gobierno abdica de su obligación, porque es incapaz de imponer la ley con respecto a estos grupos que lo chantajean con la falta de legitimidad, porque la autoridad responsable de investigar la corrupción y los delitos no lo hace con sus amigos o quienes los apoyaron para llegar y mantenerlos en el poder.

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En tanto la mayoría de los políticos están ocupados en las siguientes elecciones, ya sea de gobernador o quién será el próximo candidato presidencial, nosotros padecemos la delincuencia común, la organizada, pero, sobre todo, la del Estado.

La inseguridad constituye uno de los principales problemas que aqueja a todos los estratos socioeconómicos del país, ya que nadie escapa a sufrir los estragos de la misma, sin embargo, no se le dedica la atención en la misma proporción a dicha prioridad social.

Requerimos que el Estado asuma la responsabilidad de ser la única entidad legitimada en el uso de la fuerza pública para enfrentar a la delincuencia y defender a la sociedad, ya que dicha lucha se debe realizar conforme a la ley y controlada por la misma, contrario a lo que muchos consideran con respecto a la venganza, represión o las mal llamadas autodefensas civiles, todo lo cual se realiza sin control alguno, incluso en agravio de inocentes.

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La sociedad vive padeciendo los chantajes, amenazas y extorsiones de todo aquel que se escuda en la violencia, ya sea verbal o de acción, ante la incapacidad o complicidad de quienes debieran evitarlo o enfrentarlo.

Al igual que los delincuentes que agreden, amenazan o chantajean a sus víctimas si no cumplen con la cuota; ahora vemos que seudolíderes de la Sección 22, quienes dicen defender a los maestros, utilizan el mismo método en contra de la sociedad.

Hace unas semanas se llevó a cabo uno de los acontecimientos más despreciables y condenables de los que hayamos sido testigos, en los que, lamentablemente, la capacidad de asombro y crítica ha sido llevada a límites que evidencian las graves deficiencias de la sociedad a la que intentamos calificar, ya no digamos como democrática, sino como una sociedad humana.

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Aún no hemos dimensionado lo que implica el Nuevo Sistema De Justicia Penal (NSJP). No sólo una nueva forma de investigar, perseguir y juzgar a la delincuencia, sino también de gobernar.

La reforma del NSJP se aprobó en el contexto de varias décadas de ineficacia del gobierno ante la inseguridad, la corrupción e impunidad del sistema de justicia penal, pero sobre todo impulsada por quienes entonces eran la oposición en el gobierno, no obstante que finalmente se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos.

Se trata de una de las reformas constitucionales más trascendentales de la historia jurídica contemporánea de nuestra nación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y entraría en vigor en forma plena a nivel federal y local en todo el país, a más tardar, ocho años después. Tal vez por ello no se concientizó de la trascendencia de la reforma y, probablemente, las circunstancias serían diferentes para los legisladores que las promovieron.

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Quienes fueron adversarios, continuarán siéndolo. Antes usaron la calumnia, el chantaje e incluso la violencia. Ahora recurrirán al engaño para distraer y boicotear. Sin embargo, urge beneficiar al ciudadano.

En el proceso electoral, e incluso previo al mismo, hubo quienes recurrieron a todas las artimañas posibles para mantener las gubernaturas que le permitieran continuar utilizando los recursos públicos, tanto para enriquecerse como para intentar comprar la voluntad de los votantes o amedrentar a los adversarios.

Una vez que se reconozcan los triunfos electorales, los antiguos denostadores intentarán ganarse la confianza mediante la cordialidad y lisonjas, además de ciertas muestras de buena voluntad por un lado, en tanto que, por otro, dificulten los planes y programas de beneficio social.

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