Diez millones

Roberto Gil Zuarth

 

 

 

 

 

 

El (inevitable) debate

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La regulación prohibicionista de la marihuana y, en general, de las drogas distintas al tabaco y el alcohol que se instauró a principios del siglo XX y que se intensificó a partir de la década de los sesenta con el consenso internacional conocido como “guerra contra las drogas”, se ha razonado y justificado en la necesidad de reducir su consumo. La aproximación penal se ha sostenido en la premisa de que las drogas dañan la salud de quienes las consumen, provocan adicción y, además, de que su uso implica altos costos sociales. Bajo la comprensión generalizada durante el último siglo, las drogas están asociadas a un modo de vida especialmente pernicioso y disruptivo. Se les atribuye una incidencia directamente causal en la comisión de delitos, ya sea por los trastornos conductuales que su uso genera o por la necesidad que enfrentan los adictos, sobre todo los de menos recursos, de proveerse drogas. Así, la regulación prohibicionista ha sido una ecuación de dos variables: penas de privación prolongada de la libertad como respuesta pública al consumo privado y contención de la oferta a través de la persecución penal de la producción, tráfico y comercio de drogas. Amenaza de castigo severo para desincentivar su uso; obstrucción a la disponibilidad para encarecer el acceso al mercado de drogas y, por tanto, para aumentar su precio.

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Hasta pronto…

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Por poco más de seis años, con un par de periodos de ausencia por razón de encargos públicos, he colaborado semanalmente en estas páginas. Sin duda, una de las más gratificantes disciplinas: un pretexto para pensar, ordenar las ideas propias y asimilar las ajenas. Una privilegiada tribuna para hacer política, para fijar posición sobre los problemas, para contrastar las soluciones con otros.

Velar por la unidad del Senado exige tomar distancia no del debate público, sino de las posiciones partidarias que lo nutren. Representar a una de las instituciones de la pluralidad demanda nunca hablar a nombre propio, ni desde los énfasis de lo parcial. Conducir a un colegiado con distintas procedencias ideológicas, partidarias y territoriales entraña un deber de autocontención frente a los intereses que gravitan en torno a la actividad política.

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Economía, corrupción, seguridad…

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Tres grandes temas se revelan como las prioridades de las fuerzas políticas para esta nueva legislatura y, en particular, para el periodo de sesiones ordinarias que iniciará el 1 de septiembre: economía, combate a la corrupción y seguridad pública.

El paquete fiscal concentra buena parte de las energías institucionales en el segundo semestre de cada año. Primero, con la discusión y aprobación de los ingresos y, después, con la confección del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es inevitable revisar a fondo la reciente Reforma Fiscal: la actual estructura fiscal es insuficiente para financiar y alentar el crecimiento económico. La debilidad recaudatoria del Estado mexicano debe ser compensada con una mejor distribución de las cargas fiscales y, por supuesto, con una sensible reducción del gasto y mayores márgenes de eficiencia en las inversiones públicas. Debemos adaptar el sistema fiscal mexicano a los tiempos del precio bajo del petróleo, al proceso de transición de la economía china y a la relocalización de las inversiones hacia Estados Unidos. Asistimos al funeral de la larga era del petróleo como motor del desarrollo: ese oro negro que por mucho tiempo alentó un sinnúmero de ineficiencias en nuestra economía. Debemos, por tanto, pensar en las alternativas, antes de que sea demasiado tarde.

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Reforma policial

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El problema del país no es sólo de narcotráfico. Ciertamente hemos tenido emergencias violentas, concentradas en ciertos territorios bajo disputa a fuego por el control de rutas y plazas, donde el crimen organizado ha arrebatado al Estado el monopolio de la coacción y donde poco a poco ha mutado hacia la extracción de rentas. Imponen su ley, corrompen y penetran instituciones, suplen a la autoridad legal en el arbitraje de los conflictos sociales, estimulan modelos de ascenso y movilidad social, sobre todo entre jóvenes sin oportunidades ni futuro, que prefieren una vida de adrenalina por pocos años y mucho dinero, antes que el esfuerzo cívico por labrarse un destino con sentido de bien.

La crisis de seguridad que vive el país no se reduce a un desafío por controlar la oferta y el consumo de drogas. La crisis mexicana es, ante todo, una crisis de capacidades institucionales para hacer valer la ley. Es una crisis de Estado de derecho, de imperio de la ley, de confianza en las instituciones que tienen la responsabilidad de ordenar las conductas sociales. Es una crisis de eficacia del Estado en su deber de proteger a los ciudadanos y de gestionar de manera integral los conflictos.

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Demagogia y populismo

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En su clasificación de las formas buenas de gobierno y sus desviaciones, Aristóteles advertía que la demagogia era la degeneración de la República. El “gobierno de los muchos” en oposición al “gobierno de la mayoría”. “Si la libertad y la igualdad son (…) las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”.

Sin embargo, el principio de la igualdad numérica debía ser completado para evitar que los muchos cancelaran los derechos de los pocos, se apropiaran de sus bienes o sustituyeran la ley por los “decretos populares”. La tiranía acecha en las habilidades de los demagogos: para sustituir la soberanía de las leyes, dice Aristóteles, los demagogos “someten todos los negocios al pueblo, porque su propio poder no puede menos que sacar provecho de la soberanía del pueblo de quien ellos soberanamente disponen, gracias a la confianza que saben inspirarle”.

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Es Anaya, no cualquiera

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Fiel a su tradición democrática, el PAN elegirá este domingo a la dirigencia nacional que encabezará a la organización por los próximos tres años. Es el liderazgo que habrá de preparar al partido para enfrentar el complejo calendario electoral de 2016 y la aduana del 2018 en un momento en el que los ciudadanos ven con recelo a los partidos políticos, desconfían de la política institucional y exigen cambios significativos en la fisonomía y en el desempeño de nuestra democracia.

Los panistas decidiremos qué partido queremos: un partido que se acomoda en la oposición o un partido que se define en función de las responsabilidades de gobierno que asume; un partido que se fatiga en las dinámicas internas o un partido que hace política interna para ganar las elecciones constitucionales; un partido dividido por las plurinominales o un partido unido en torno a las causas sociales. 

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Justicia de reinserción

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Hubo un tiempo en que la cárcel tenía como función la rehabilitación de los sentenciados. No la única, pero sí una parte esencial de su misión en el orden social. Junto con la incapacitación (la imposibilidad física de cometer un delito) y la disuasión (el temor de ser castigado), la prisión debía cumplir el objetivo de “quitar el deseo de delinquir” como sugería Bentham en su Introducción a los principios de la moral y de la legislación (1780) o, en términos modernos, cambiar el proceso de racionalización y los patrones de comportamiento que pueden incidir en las actividades ilícitas.

Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la criminología debatió con la visión tradicional de la prisión como “castigo retributivo”, esto es, esa suerte de venganza colectiva sobre el delincuente, y se propuso, en consecuencia, desarrollar un conjunto de técnicas para activar las motivaciones internas de los sujetos en el sentido de obedecer voluntariamente la ley.

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La justicia de la segunda oportunidad

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Por cerca de dos siglos y medio, desde la teoría de Beccaria sobre las penas, la humanidad ha creído firmemente que la cárcel es el instrumento más poderoso para la disuasión de los delitos. La prisión no sólo impide que el criminal cometa otros delitos durante el tiempo de cautiverio, sino que también siembra una motivación inhibitoria de las conductas fuera de la ley. Bajo esta perspectiva, las penas, en función de la certeza en su imposición y de su duración, tienden a activar el cálculo racional de los sujetos sobre las consecuencias de sus comportamientos: del criminal y de los que aprenden en cabeza ajena.

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'Te veo en dos semanas'

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Newark es la ciudad más poblada de Nueva Jersey y la segunda ciudad en importancia en el área metropolitana de Nueva York. Es una comunidad de vocación industrial y apariencia austera. Viejas construcciones de ladrillo y muelles de madera muerta conviven con modernos edificios de cristal, estructuras de acero y enormes brazos de grúas. Ahí residen la terminal portuaria con mayor tráfico de contenedores de la costa Este, un aeropuerto internacional que recibe 33 millones de pasajeros al año y un buen número de corporativos de empresas.

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Justicia y amenaza

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Durante las décadas de los ochenta y noventa, tras una ola de delincuencia común y la irrupción del mercado ilegal de las drogas, cobró carta de naturalización el enfoque esencialmente punitivo para el control social de las conductas y, en particular, para inducir al cumplimiento de la ley. Según este enfoque, la motivación principal de las personas a obedecer o desobedecer la ley está asociada al cálculo racional y autointeresado de los costos y beneficios de una u otra conducta. Así pues, para disuadir el delito se requiere aumentar las penas y la probabilidad de aplicarlas, esto es, aumentar los costos de la conducta ilegal.

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La improcedencia del Tribunal Electoral

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En el pasado periodo de sesiones del Congreso, la bancada del PRI en el Senado se negó a aprobar el nombramiento del séptimo magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los priistas recurrieron a una estratagema parlamentaria: impidieron que el asunto se discutiera y votara en el pleno, con el propósito de evitar que se activara el mecanismo legal previsto para desbloquear la ausencia de consenso, esto es, el envío de nueva terna y su votación en un plazo perentorio. Literalmente se “sentaron” sobre el dictamen para no tener que justificar públicamente su resistencia a decidir.

Los senadores del PAN promovimos un juicio en contra de la omisión de cubrir la vacante. Recurrimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral en nuestra condición de minoría parlamentaria y bajo el interés que deriva de la representatividad que los legisladores ostentan. No inventamos nada nuevo: tomamos diversos precedentes de la propia Sala Superior (poco más de setenta casos relacionados) en los que se reconoce el interés legítimo de los legisladores para que, a través de acciones jurisdiccionales, se tutele la observancia de la Constitución en relación con funciones torales del Estado y, en lo particular, para la debida integración de los órganos electorales, estatales pero también federales.

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