Diez millones

La protección civil es el modelo

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Transparencia Mexicana es una institución de la sociedad civil que ha trabajado a lo largo de 15 años por México, en áreas clave de la vida nacional.

Al margen de las diferencias políticas, económicas, o sociales, la protección civil ha prestado un territorio fértil a la cooperación más allá de coyunturas dolorosas. Por todo ello, los beneficios derivados de la construcción institucional a nivel federal y en varios gobiernos locales, debieran motivarnos como país de igual manera, a escalar capacidades y consensos en otras áreas sustantivas de las que depende una mejor calidad de vida de los mexicanos.

Los avances en protección civil no son fortuitos. De origen, los dolorosos episodios de los años ochenta y noventa, en los que la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, las explosiones de San Juan Ixhuatepec y Guadalajara o el sismo de 1985 en la Ciudad de México, son sólo algunos de los desastres que dejaron tras de sí miles de fallecidos, movilizaron recursos financieros, técnicos, diplomáticos y regulatorios para abandonar una ruta reactiva de política pública. El cambio pendular pasó de la inercia institucional al despliegue de estrategias transversales orientadas tanto a reducir riesgos como aumentar la eficiencia de la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

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En la vertiente regulatoria, pocos campos han visto robustecer sus marcos normativos como la protección civil. La ley general en la materia pone los énfasis en el funcionamiento de un sistema nacional que facilite la interlocución entre autoridades con responsabilidades bien definidas, en habilitar la participación de Fuerzas Armadas, en establecer los términos de la participación social, pero, sobre todo, en desarrollar una gestión integral de riesgos que atienda con oportunidad las causas estructurales de los desastres, prevenga fenómenos negativos, fortalezca la resistencia de la sociedad y acelere los procesos de recuperación. Una tarea fundamental si recordamos que los desastres, provocados por la naturaleza o la negligencia humana, suelen afectar en mayor medida a los segmentos más vulnerables de nuestra población, incluso poniendo en riesgo avances en el combate a las distintas formas de pobreza. Del lado institucional se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, mejor conocido como Cenapred, órgano responsable de monitorear aquellos fenómenos meteorológicos que pudieran impactar en la vida de los mexicanos, además de ser el encargado de integrar el Atlas Nacional de Riesgos que es el principal sistema del país para analizar la vulnerabilidad o el daño que pudieran representar distintas fuentes perturbadoras de la vida y las actividades cotidianas en las distintas comunidades del país. Del Cenapred, también, depende la Escuela Nacional de Protección Civil, la cual aporta los cuadros técnicos especializados para estas trascendentales tareas.

Es cierto que persisten retos para enfrentar con eficiencia los efectos destructores cada vez más potentes del cambio climático, que se han traducido, por ejemplo, en el desbordamiento de ríos como el Grijalva y que, en su momento, produjo alrededor de un millón doscientos mil damnificados o desafíos asociados con la falta de autoridad en el ordenamiento urbano, los cuales dan pie a asentamientos irregulares con consecuencias catastróficas, por la falta de infraestructura urbana adecuada que ha dejado desde 2014, a miles de hogares bajo el agua en Acapulco y otros municipios de Guerrero. Hoy los mexicanos lamentamos la muerte de casi un centenar de personas, así como daños patrimoniales y de infraestructura resultantes del sismo de hace unos días, sin embargo, el sistema de protección civil ha permitido en el tiempo evitar mayores consecuencias y es una plataforma con capacidad para perfeccionar su operación y profundizar la corresponsabilidad de los distintos actores públicos y privados.

Esta misma plataforma institucional debiera motivarnos la reflexión sobre la falta de consensos en otras áreas esenciales de política, para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Desacuerdos que impiden identificar una acción estratégica consistente en el tiempo, con resultados crecientes sostenidos en asuntos tan relevantes como son el desempeño económico o la seguridad. México entrará en 2018 a una etapa de definición política, donde los partidos y sus candidatos fijarán sus posturas respecto de los principales temas de preocupación ciudadana. Esperemos que las plataformas programáticas no sean recetas cocinadas al vapor, sino verdaderos planteamientos para la corresponsabilidad y la concertación que nos lleven a rutas claras de política en el mediano y largo plazo.