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Sobre mandar al diablo las instituciones

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Una sociedad democrática no puede tomar a la ligera el llamado a mandar al diablo a las instituciones 

México debe desconfiar de quien plantea supeditar tanto lo ordenado en la ley como del funcionamiento institucional, al punto de vista coyuntural de una persona o camarilla política, pues ese planteamiento carece de interés en abonar al bien común. La consigna persigue el regreso a las fórmulas autoritarias para la preservación del poder, así sea en forma ilegítima y con costos sociales. El llamado merece el rechazo cuando se acompaña de resistencias a la condena enérgica de actos de represión en contra de la población, o de justificaciones respecto de las simpatías guardadas entre expresiones autoritarias acontecidas en el extranjero y el movimiento político propio.

Mandar al diablo las instituciones es pasar por encima de la voluntad popular. No es una declaración inofensiva en voz de un candidato presidencial. Sí la postura desafiante a la resolución pacífica de controversias de una sociedad plural, al régimen de libertades ciudadanas, al cambio de criterios de política pública si la calidad de sus resultados es distinta a la esperada o a la disciplina del poder a la construcción de prosperidad nacional. Cuando en los hechos —desde la titularidad del Poder Ejecutivo, por ejemplo—, se mandan al diablo las instituciones, de poco valen los contrapesos constitucionales, porque todos los recursos políticos, económicos, sociales y jurídicos al alcance del primer círculo presidencial, son alineados para asfixiar al régimen democrático. Sin olvidar, desde la perspectiva de la prevención, lo difícil que resulta para una colectividad el dar valor y consecuente defensa al sistema de libertades ganado antes de verlo perdido en la regresión autoritaria.

Lo expuesto muestra con claridad el caso de Venezuela. Nicolás Maduro no mandó al diablo las instituciones surgidas de los partidos opositores de derecha de ese país, sino las diseñadas por Hugo Chávez tras su asunción al poder. La involución del chavismo ha desconocido lo ordenado en el marco de las disposiciones de la Constitución, como son las facultades y contrapesos de la Asamblea Nacional o los calendarios de la renovación de autoridades regionales. Maduro manda al diablo las instituciones borrándolas de tajo, con el establecimiento ilegítimo de una Asamblea Constituyente para que de golpe, se le permita permanecer al frente del gobierno sin restricción democrática alguna.

La OEA difundió el pasado domingo —día en que el gobierno venezolano sin el contrapeso de instituciones democráticas de por medio, abrió algunos centros de votación para que sus bases afines eligieran a los integrantes de la  Constituyente— una serie de argumentos que muestran el secuestro de la sociedad venezolana por parte de la élite autoritaria. Entre ellos, el establecimiento de la Asamblea de origen no tiene legitimidad, la forma de selección de los representantes viola preceptos democráticos y de representación proporcional defendidos en la Constitución, no todos los votos valen lo mismo porque las personas pertenecientes a un segmento social específico pudieron sufragar también por un representante sectorial, además de que el gobierno controló la lista de candidatos por sector y manipuló el padrón de electores para cada uno de ellos.

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Un proceso autoritario no es el sombrero de un mago del cual pueda derivar un resultado democrático y deja ver las lagunas de certidumbre que sólo puede subsanar el funcionamiento institucional. La jornada estuvo marcada por el rechazo de la credencial electoral de Maduro al declararlo el sistema como persona inexistente cuando éste justo intentaba acrecentar la credibilidad del proceso; el homicidio de 16 manifestantes; la guerra de cifras en la participación electoral (la oposición señala una afluencia de apenas el 7% del total de los venezolanos registrados, frente al gobierno que defiende un nivel de participación del orden de 40%, dando por buena esta última, muestra al músculo chavista en minoría). De imponerse los planes de la élite autoritaria, el futuro de esa nación estará controlado por un reducido grupo adverso a los valores democráticos que deben normar el bienestar de la sociedad.

A pesar del amplio activismo internacional en contra del agravio institucional observado en Venezuela, del cual ha tomado parte desde la OEA, la Unión Europea hasta países como EU, España, Canadá y México, la estabilidad política y el ejercicio de la pluralidad de ese país son inciertos. Ello nos demuestra que la mejor preservación de los sistemas democráticos se encuentra en el poder del voto de la ciudadanía. Entonces nuestro país, en el contexto electoral de 2018 puede deliberar todo, menos permitirse el mandar al diablo a sus instituciones.