Diez millones

¿Mantener, reducir o eliminar el financiamiento a partidos políticos?

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Definir si el financiamiento público a los partidos políticos debe mantenerse, reducirse o eliminarse amerita conocer el proceso histórico de su evolución en México y la experiencia en otros países.

Un parteaguas en el sistema político mexicano fue la reforma política de 1977, cristalizada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), acompañada de modificaciones a 17 artículos constitucionales.

Su objetivo fue fortalecer el proceso democrático de nuestro país, en riesgo por una crisis económica que se arrastraba de años atrás y que afectaba a las clases populares, así como por el surgimiento de diversas voces políticas que se expresaban clandestinamente —la izquierda mexicana—, y que era necesario darles voz a través de su institucionalidad, abriendo el camino hacia un pluralismo político de tonalidades diversas.

Se asentaron en la Constitución los principios que regirían a los partidos, las garantías necesarias para su existencia y las condiciones de equidad necesarias en las contiendas electorales, reconociéndoles como organismos intermedios entre los ciudadanos y el Estado, con presencia en el Congreso, otorgándoles tiempos en Radio y Televisión, así como apoyo económico, incluyendo en el presupuesto el financiamiento público directo.

Una de las premisas que prevalecieron para apuntalar ese suministro fue la necesidad de evitar prácticas corruptas o la deformación del ideario de los partidos ante la falta de aportaciones de sus militantes o subsidios voluntarios, además de garantizar la igualdad de oportunidades en las contiendas electorales.

Es así que existen tres modelos de financiamiento: El público (posibilita transparentar el origen de los recursos, incentiva la independencia de los pp, promueve equidad de competencia, evita la tentación de acudir a fuentes ilegítimas de financiamiento), el privado (estrechan sus lazos con la sociedad, impide la dependencia de recursos del Estado) y el mixto (evita la dependencia de recursos del Estado y el alejamiento de la sociedad).

Cada uno tiene pros y contras, como la desvinculación de los partidos políticos de la sociedad, burocratización desmedida, desigualdad de financiamiento e injerencia de intereses de grupos ajenos.

En el mundo existen marcos jurídicos que regulan la designación de recursos a los partidos que podemos revisar en el marco de esta reflexión. Los primeros en introducir esta figura fueron Italia (1947) y Alemania (1949); seguidos de Suecia (1965), Finlandia (1967), Dinamarca (1969), Noruega (1970), Grecia (1975), Portugal (1976) y España (1978), Canadá y Estados Unidos (1974); Austria y Japón (1975); y Francia (1988).

De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) las naciones con reglas más específicas sobre el origen y aplicación del dinero que reciben los partidos se ubican en Asia Central, Europa y América.

En Argentina el financiamiento público busca evitar que los partidos políticos dependan de las aportaciones privadas y adquieran compromisos que los aparten de sus funciones, otorgándose en un porcentaje igualitario para todos y otro proporcional al número de votos; en Brasil, el sistema es diferente al común de los países latinoamericanos: no existe financiamiento público directo para campañas electorales, pero sí indirecto, sus fuentes de recursos provienen de personas físicas, propios del candidato, contribuciones de electores, montos del fondo partidario y recursos propios de cada partido político. Estos son sólo dos ejemplos de que no hay recetas únicas para todos.

Ante las justas críticas ciudadanas sobre el gasto excesivo de los partidos y las campañas, es momento de transformar de forma profunda el sistema para que se ajuste a las exigencias de los mexicanos.