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Agenda legislativa y elecciones

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El respeto a las decisiones internas de los grupos parlamentarios es una regla básica para el funcionamiento armónico del Congreso.

El 1 de septiembre de cada año es el día en que el Congreso mexicano inicia el año legislativo. Con la entrega del Informe de Gobierno del Presidente de la República y la sesión del Congreso General —senadores y diputados juntos— en la que los partidos hacen posicionamientos sobre las prioridades en la agenda y la coyuntura política, se inaugura un nuevo ciclo de la política mexicana.

La agenda del año legislativo que comenzó este viernes comprende temas de primera relevancia para el país, como la suerte de la Fiscalía General de la República y quien estará a su cargo; el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento de su titular; la Ley de Seguridad Interior, que daría atribuciones a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública; la definición tan largamente pospuesta del modelo policial, así como la discusión sobre el modelo integral de procuración de justicia. Estos temas no representan sólo un reto a nivel técnico, sino, sobre todo, a nivel político.

El caso más destacado es el de las fiscalías. Ya han sido ampliamente explicadas por expertos y activistas las implicaciones de que el actual procurador general de la República de manera automática y por los siguientes nueve años se convierta en el primer fiscal general de la República. El fiscal general, quien a su vez nombrará al fiscal Anticorrupción, requiere ser una persona que garantice imparcialidad e independencia respecto del actual gobierno y de cualquier partido político, a fin de evitar un futuro de impunidad. Este asunto es de tal relevancia que ha logrado concitar, bajo el lema #FiscalíaQueSirva, un movimiento ciudadano que es acompañado por todos los partidos políticos de oposición, empezando por el PAN, para el que ésta es su prioridad.

El procesamiento de la agenda legislativa requiere, si no del ideal que son los consensos, al menos de una mayoría que le garantice el apoyo político suficiente tanto para explicarlo y defenderlo frente a la ciudadanía como para su implementación. Por eso es que durante los últimos cinco años en el Senado, fue el respeto y el diálogo lo que nos hizo superar, incluso, los momentos más álgidos y dejar atrás una parálisis legislativa de muchos años para darle a México reformas importantísimas que habían sido pospuestas por falta de acuerdos.

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Pero el respeto a las decisiones internas de los grupos parlamentarios es una regla básica para el funcionamiento armónico del Congreso, y el jueves pasado, esta regla fue violentada al ser electo como presidente del Senado, el senador Ernesto Cordero, quien se autopropuso, al margen de la decisión mayoritaria del grupo parlamentario del PAN, al que le correspondía bajo un acuerdo previo esa posición. El hecho merece ser consignado, no sólo por el precedente que ha sentado, sino porque ha generado una enorme tensión que podría dificultar el proceso de la agenda.

A esto habrá que sumar las rudezas, lamentablemente cada vez más burdas de las elecciones mexicanas, ya que durante este año legislativo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de 2018, que se espera sean unas de las más competidas en la historia y en las que se juega mucho en términos de proyecto de país. El Congreso, como cada elección, será una caja de resonancia, lo que igualmente impactará en el desarrollo de la agenda legislativa.

Las y los legisladores tenemos que volver al camino del respeto y el diálogo para recomponer el ambiente en el Congreso y aprovechar los meses que restan para cumplir con esa agenda de reformas pendientes tan necesarias para México.