Diez millones
Nutriseg-control-temperatura-concretos

#GobiernoEspía, que venga la ONU

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A raíz de que salió a la luz el intento de espionaje a periodistas, activistas de Derechos Humanos y anticorrupción, así como a líderes del Partido Acción Nacional, muchas voces, empezando por las de los afectados, han solicitado la creación de una comisión internacional de expertos independientes que, bajo el auspicio de algún organismo internacional como la ONU o la CIDH, acompañe las investigaciones. Lo que hay detrás de esta petición es obvio: el investigador —al menos en México—, no se investiga a sí mismo.

De acuerdo con estándares internacionales, la realización de una investigación seria, imparcial y efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la garantía y protección de los derechos afectados. El requisito de imparcialidad exige que se excluya de la investigación a los órganos que pueden haber estado involucrados en la misma, en la primera oportunidad en la que surjan indicios de su participación. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la imparcialidad implica que los integrantes del órgano investigador no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia.

En este caso, la Procuraduría General de la República, responsable de la investigación penal, es una de las entidades de gobierno que adquirió el software de espionaje Pegasus en 2014, de acuerdo con un contrato dado a conocer por los medios de comunicación esta semana. Así, la PGR junto otras entidades del gobierno federal, como el Cisen y la Sedena, es uno de los posibles autores del intento de espionaje. Por supuesto, los gobiernos locales también podrían haber adquirido dicho software. En este sentido, el acompañamiento de una comisión internacional de expertos independientes ayudaría a generar confianza en los resultados de la investigación.

Esta solicitud de los afectados fue hecha propia el miércoles por legisladores de los tres principales partidos políticos de oposición: PAN, PRD y Morena, quienes a través de un punto de acuerdo exhortamos al gobierno federal a solicitar a la ONU la creación de esta comisión.

El gobierno mexicano no es ajeno a las solicitudes de acompañamiento de organismos internacionales en las investigaciones. Cabe recordar que, en 2014, el gobierno federal solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Para este caso, de entre las varias opciones que hay, hemos propuesto aprovechar el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la continuidad de sus actividades en México, que prevé que dicha oficina ofrezca y brinde cooperación, asesoría y asistencia técnica en materia de derechos humanos a las instituciones del Estado mexicano.

En  la firma de dicho acuerdo, apenas en febrero de este año, el canciller Luis Videgaray recordó la plena apertura con la que México enfrenta el reto de los derechos humanos diciendo: “Hacemos del escrutinio internacional, empezando por el escrutinio de las Naciones Unidas, un instrumento fundamental para [la] transformación”. En efecto, México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional y uno de los que en mayor medida ha contribuido a la creación y fortalecimiento de los mecanismos multilaterales de defensa y protección de los Derechos Humanos. El último ejemplo fue el impulso que nuestro país dio a la decisión de la Asamblea General de la OEA para doblar el presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ante este caso tan grave, en el que son las propias autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir la ley las que están siendo señaladas, vale la pena apoyarnos nuevamente en los organismos internacionales.