Gobierno espía y las instituciones

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El lunes 19 de junio se publicó en la primera plana del periódico The New York Times, un artículo en el que se denuncia el uso de herramientas de espionaje que utilizó el gobierno mexicano contra periodistas, activistas defensores de derechos humanos y anticorrupción, así como a opositores al partido que detenta el poder en nuestro país; confirmado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Ese mismo día, Article 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Tecnología digital para el cambio social emitieron el informe Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de los derechos humanos en México, en el cual destaca que se intentó espiar —con el software de NSO Group, que asegura sólo vender sus productos a gobiernos— a quince periodistas y activistas en momentos críticos para el gobierno, como cuando sucedieron las tragedias de Ayotzinapa y Atenco; durante el proceso de aprobación de la Ley 3de3 y de la Ley General contra la Tortura, o como cuando salió a la luz la red de corrupción del exgobernador Javier Duarte. Asimismo, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, denunció haber recibido mensajes similares a los expuestos en el informe, con la intención de ser espiado.

De comprobarse que efectivamente las autoridades distraen recursos destinados a combatir al crimen organizado para espiar a ciudadanos honestos, sólo por resultar incómodos al régimen, estaríamos alcanzando un nuevo nivel de azoro respecto a la actuación de este gobierno, pero lo que es aún más decepcionante es la hasta ahora reacción del Congreso frente a la situación. Lo menos que se hubiera esperado es un posicionamiento unánime por parte de los grupos parlamentarios condenando los hechos, exigiendo una investigación por parte del gobierno y llamando a comparecer a los titulares de la PGR, la Secretaría de Gobernación y el CISEN.

Sin embargo, lo que tuvimos el miércoles pasado, durante la sesión de la Comisión Permanente, fue un debate de menos de dos horas en el que en lugar de actuar como un solo cuerpo en un tema de tal gravedad, unos acusaban y otros defendían al gobierno. La bola está ahora en la cancha de las comisiones a donde fue turnado un punto de acuerdo firmado por PAN y PRD, citando a comparecer a los responsables. Por su parte, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional puede revisar los contratos que las instancias como la PGR y el CISEN —involucrados en este asunto— realicen. Esperamos que ahí el Congreso empiece a asumir sus funciones de control al Ejecutivo en un caso en el que es a todas luces necesario.

Ejemplos recientes sobre ejercicios de control parlamentario en la región que debemos seguir es el de Brasil, donde la expresidenta Dilma Rousseff fue sujeto de un Impeachment ante el Congreso Nacional, y el de Estados Unidos, cuyo Congreso ha citado a comparecer al representante legal del presidente Trump y al exdirector del departamento del FBI, James Comey, para aclarar la supuesta intervención del gobierno ruso en la campaña electoral del año pasado.

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Otras voces, como la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien dijo que el espionaje constituye una injerencia arbitraria en la vida personal de los ciudadanos y exigió una investigación, ya se han pronunciado.

Uno de los distintivos de las democracias consolidadas es que las instituciones funcionan y ésta es claramente una prueba para las nuestras. Empezando por el Congreso y siguiendo con la PGR y la SFP, responsables de las investigaciones. También será una prueba para la sociedad civil, los medios de comunicación y los propios ciudadanos que debemos mantener la capacidad de asombro e indignación frente a lo malo. Ante un gobierno espía, veremos de qué estamos hechos.