José Luis Luege

 

 

 

 

 

Colapsa CDMX por falta de agua

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Todos reconocemos el derecho al agua y saneamiento como un derecho fundamental de las personas que debe ser garantizado por el Estado. Así lo consigna la Constitución General de la República y los tratados internacionales correspondientes.

Para garantizar este importante servicio el Estado requiere de grandes obras e inversiones para lo cual se necesita la participación de todos los ciudadanos en el pago de la boleta por el suministro del agua de acuerdo a los consumos y tarifas autorizadas, y por otra parte, esquemas de financiamiento de largo plazo que permitan la construcción de las instalaciones y equipamientos necesarios.

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Se publica Constitución antidemocrática

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En una democracia no se puede admitir que la elaboración de una Constitución se le encargue al gobernante en funciones 

Finalmente, ayer el jefe de Gobierno en un acto protocolario en el palacio del antiguo ayuntamiento, ordenó la publicación de la nueva Constitución para la Ciudad de México.

Lo hizo sin tomar en cuenta la solicitud de 17 organizaciones ciudadanas que presentamos 37 mil 084 firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, de acuerdo con lo que ordena la Ley de Participación Ciudadana, para que se convocara a plebiscito el proyecto aprobado. Es increíble que en esta ciudad que se presume poner a consulta hasta la ampliación de una banqueta, resulte que la ley marco que va a regir el destino de la Ciudad de México en los próximos años no sea llevada a referéndum o plebiscito.

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Miles firmamos por plebiscito

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Mañana, los miembros del Comité Ciudadano para el Plebiscito de la Constitución de la Ciudad de México solicitaremos audiencia con el jefe de Gobierno para hacer entrega de las firmas de miles de ciudadanas y ciudadanos que exigimos sea llevado a plebiscito el Proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente.

La convocatoria para plebiscito, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, es atribución exclusiva del jefe de Gobierno para someter a la ciudadanía acciones o decisiones que tengan relevancia para la Ciudad; puede hacerlo motu proprio o puede ser mediante la solicitud del 0.4% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

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Constitución populista y clientelar

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La riqueza, tanto del país como la de nuestra ciudad, está en el trabajo conjunto de todos y en el ejercicio de un buen gobierno. Los capitalinos hemos crecido bajo una formación basada en la cultura del esfuerzo.

Lamentablemente, los últimos gobiernos en la CDMX se han encargado de distorsionar esta cualidad de los capitalinos, consolidando una política populista y clientelar basada en una serie de “programas sociales” que poco tienen de social y mucho de populistas. Asimismo, ha habido una total opacidad sobre los criterios para aplicarlos y sobre los padrones de los grupos de beneficiarios. Lo que sí se hace siempre evidente es el condicionamiento directo o indirecto para controlar políticamente a quienes reciben estos apoyos.

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Un constituyente fuera de la realidad

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El dictamen del artículo 11 sobre derechos humanos aprobado por la Asamblea Constituyente establece: “Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.

Los partidos PAN, PES, PVEM y PRI presentaron sendas iniciativas para incluir el “derecho a la vida” en este primer artículo sobre derechos humanos. Lo mismo hicieron varios ciudadanos y organizaciones que presentaron su iniciativa apoyada por miles de firmas.

Las múltiples iniciativas, aunque con variaciones, son coincidentes al proponer que la redacción del artículo 11 quedara de la siguiente forma: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.

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Plebiscito para el Constituyente

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El Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México es antidemocrático e inaceptable; contiene un sinnúmero de errores, abusos y contradicciones con la Constitución General de la República. En lugar de una constitución (...) parece más un programa político

Un grupo de asociaciones ciudadanas, abogados y constitucionalistas nos hemos organizado para exigir al jefe de Gobierno que someta a plebiscito el proceso del Constituyente.

En la asociación Ciudad Posible analizábamos la posibilidad de que la Nueva Constitución, una vez aprobada, fuese sometida a referéndum; sin embargo, el Proyecto de Constitución no lo contempla como mecanismo de legitimación social. Ningún diputado lo propuso en las mesas de discusión, ni tampoco fueron admitidas las iniciativas ciudadanas que lo exigían.

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Impuesto sobre la plusvalía

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Este pasado 28 de diciembre no sólo nos escandalizamos por la noticia del brutal incremento a las gasolinas, diesel y gas LP que sufrirá la sociedad a partir del primero de enero del nuevo año, sino que, además, nos enteramos de que la Asamblea Legislativa de la CDMX aprobó la nueva Ley de Vivienda.

Para nuestra sorpresa, no fue una broma del Día de los Santos Inocentes, sino la triste realidad de la imposición de un nuevo impuesto de manera engañosa. Se trata de un gravamen a la plusvalía de la propiedad privada como consecuencia de “obras de mejoras” urbanas y de servicios que teóricamente incrementarán por sí mismas el valor de las propiedades de los particulares.

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Constitución CDMX, a referéndum

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La semana pasada la asociación Ciudad Posible presentó una declaración en la que estamos convocando a una mayor participación de la ciudadanía en la discusión de la Nueva Constitución para la CDMX y, de ser aprobada, que inmediatamente sea llevada a referéndum.

Como lo hemos analizado en este espacio, el proceso ha estado viciado de principio a fin; desde la misma reforma constitucional al artículo 122 aprobada por el Congreso de la Unión, hasta la falta de promoción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron causa de una muy baja votación.

La Asamblea Constituyente, que fue integrada para discutir y aprobar la Nueva Constitución, no tiene legitimidad. Primero, por la decisión absurda del Congreso de que solo se eligieran a 60 de los 100 diputados y 40 fueran designados; y segundo, por la decisión absurda de que el proyecto fuera elaborado y presentado por el jefe de Gobierno, para lo cual integró a un autodenominado grupo de “notables”, sobresalientes únicamente por su filiación ideológica y su cercanía personal con Mancera. No fue plural ni contaba con expertos constitucionalistas.

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Derecho a la vida en la Constitución de la CDMX

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Un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las Constituciones de la mayoría de los países en el mundo es el derecho a la vida.

El viernes pasado, la comisión que discutía la Carta de Derechos de la nueva Constitución de la CDMX, finalmente aprobó el dictamen que será presentado al pleno de la Asamblea Constituyente la próxima semana.

Sin embargo, y a pesar de muchas iniciativas ciudadanas y de diversas asociaciones que pedían incluir el “derecho a la vida” como un derecho fundamental y primigenio, los constituyentes que integran la Comisión de Carta de Derechos rechazaron la propuesta.

El artículo 11, que es el primero del capítulo sobre derechos humanos, inicia con los apartados A y B estableciendo que: “…toda persona tiene derecho a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, a ser respetada en su integridad física y sicológica, así como a una vida libre de violencia…”, pero no menciona nada sobre el derecho a la vida. Una constitución que no reconoce el derecho a la vida de las personas desde la concepción hasta su muerte natural, difícilmente frenará la violencia y la violación constante de los demás derechos fundamentales.

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Desechar el Proyecto Mancera

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La enorme cantidad de errores, inconsistencias y contradicciones en el Proyecto de Constitución que presenta Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente hace muy difícil su análisis y discusión. Un ejemplo sucedió la semana pasada cuando el jefe de Gobierno se extrañaba de la redacción del Art. 21, Fracc. C-7, donde dice: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la Ciudad.”

Ante la presión de todo el sector inmobiliario, la mayoría de los diputados de la comisión que elabora el dictamen, estuvieron de acuerdo en eliminar dicho párrafo. Casi al mismo tiempo, el jefe de Gobierno dijo que él vetaría cualquier ley que gravara la plusvalía de la propiedad a particulares.

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Derecho al agua con participación público privada

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En la Carta de Derechos del proyecto de la nueva Constitución para la Ciudad de México, que se discute en este momento por la Asamblea Constituyente, se incorpora en el artículo 14, fracción H, el “derecho al agua y a su saneamiento”.

Éste es un derecho humano fundamental garantizado en la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, donde se reafirma que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

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