Diez millones

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La captura de los ex gobernadores priístas Tomas Yarrington y Javier Duarte ha desatado todo tipo de opiniones, desde las más ecuánimes y objetivas, hasta las impensables de guasa, como aquella del presidente Peña Nieto de que no hay chile que les embone a sus críticos.

La mayoría coincide en la perspectiva de la circunstancia personal de los protagonistas: son delincuentes, corruptos e integrantes de la delincuencia organizada, por lo que tenían que ser detenidos y castigados ejemplarmente.

Pero ahí no para la cosa, para sorpresa de propios y extraños, salió por ahí un efusivo defensor, Andrés Manuel López Obrador. Para él, Javier Duarte es sólo un “chivo expiatorio”, y solo falta que diga que en realidad es inocente de lo que se le acusa. Aquí, lo que hay, es “gato encerrado”.

Otras opiniones encajan en el sospechosismo, aduciendo que fue una detención concertada, que obedece a la necesidad del PRI de ganar simpatías en el actual contexto electoral. Le llaman una jugada electorera para demostrar que -ahora sí- este gobierno está contra los corruptos, delatada quizá por la sonrisita de Javier Duarte al ser detenido en Guatemala; y ya de paso, exculpar y curar en salud a todos los demás gobernantes priístas que están en la mira, pero no han caído en desgracia, aún, como Yarrington y Duarte.

Predomina la percepción de que estos emblemáticos gobernadores de Tamaulipas y Veracruz, ungidos por el PRI de siempre, actuaron a rienda suelta movidos por sus insaciables intereses y ambiciones personales,  básicamente porque desde su llegada al poder estuvieron fuera del esquema de la dedocracia, rígida y vertical, y lograron el cetro con el impulso de camarillas organizadas tanto o igual que la delincuencia, que por cierto funcionaron perfectamente como plataformas de la campaña presidencial del actual titular del poder Ejecutivo Federal, el Tlatoani que llegó tarde para aminorar, que no evitar, su latrocinio.

Con merecimientos propios, tal como los delincuentes, la opinión generalizada es que deben ser castigados, y no en solitario, sino muy bien acompañados por sus cómplices, entre los que se incluye el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien, a decir de varios, habría recibido fuertes sumas de dinero para su campaña en el 2012, como aquellos 25 millones que se encontraron en manos de un colaborador del Duarte en el aeropuerto de Toluca.

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En estos casos, no solo estamos frente a delincuentes comunes u organizados que deben ser castigados y hasta ahí. Mucho menos estamos frente a una demostración de la acción férrea y decidida del Gobierno Federal contra la impunidad; ni tampoco ante una concertada acción electorera.

La detención de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Javier Duarte es la exhibición más nítida de la putrefacción del paradigma priísta de hacer política, que debe ser aniquilado a punta de votos. Es la exhibición del priísmo renovado, diría recargado, después de perder la presidencia de la República en el dos mil; de ese PRI que no sabe hacerlo de otra forma, que abusa del poder, que ve en la política el medio para enriquecerse, robar y aliarse con la delincuencia organizada, que lleva en su ADN la vía ilícita para lograr sus objetivos, torcer la ley, llenar sus bolsillos con el presupuesto público, hacer negocios con los cargos públicos, en fin, de todo eso que lleva en sus raíces y va contra la sociedad. Ese priísmo recalcitrante no podrá ser jamás uno nuevo, es el priísmo de siempre.