Diez millones

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Sin duda uno de los principales problemas del país es el de la inseguridad, derivado del crecimiento exponencial de la delincuencia organizada y no organizada, fenómeno que a su vez ha sido estimulado por causales que van desde la falta de oportunidades de empleo y la marginación, hasta la colusión de políticos y gobernantes con el crimen organizado y la penetración de éste en las policías y otras fuerzas del orden.

Es evidente que las estrategias y políticas en materia de seguridad pública no están funcionando, hay más homicidios, más miedo, más violencia, por ello no es loable la insatisfacción del presidente Peña Nieto en cuanto a los resultados del combate a la delincuencia, ni  tampoco proponer un cambio de modelo policial cuando el mismo ha derivado en su descomposición; cualquiera sostiene la insatisfacción hacia las policías públicas en materia de seguridad y la urgencia de cambiar el modelo.

El presidente insiste en el Mando Único o Mixto y que el modelo debe tener como premisa ser una política de Estado que trascienda a partidos, personas o liderazgos políticos locales, sin embargo, ahí empieza la imposibilidad de la propuesta, toda vez que el actual modelo policial está y fue fundado sobre las bases de un régimen político autoritario después de la Revolución, enfocado a proteger al poder contra movimientos disidentes y las propias condiciones de dominación del grupo en el poder.

El actual modelo policial está diseñado para garantizar el control político y un modelo específico de dominación social y condiciones económicas que permiten una alta concentración de la riqueza y la ampliación de la pobreza y la marginación.

Asimismo, ha sido tal la penetración del crimen organizado en la sociedad y la política, que ya es común que se haga presente en las contiendas mismas por el poder, apoyando y hasta imponiendo candidatos.

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Es decir, el diseño de un nuevo modelo de seguridad pública conlleva la necesidad de un nuevo modelo de régimen político, siendo aquí en dónde se atora la propuesta del presidente Peña Nieto, porque la seguridad como política de Estado necesita de un régimen político que la impulse como factor de bienestar, igualdad y justicia, y no de protección del poder y dominio político.

Si se ha de diseñar un nuevo modelo de seguridad, éste debe darse más allá de las características internas de su estructura y fundamentos legales, deberá ser al mismo tiempo un nuevo modelo de régimen político, en el cual la seguridad sea un verdadero servicio a la sociedad y no para los que detentan el poder, en el que la lealtad del servicio sea hacia la sociedad y no a los políticos y gobernantes, y en el que el poder y la contienda por él estén a salvo del acecho del crimen organizado.