Diez millones
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El proyecto de ley para la seguridad interior del país, cuyo objetivo principal es regular la actuación precisa de las Fuerzas Armadas en ese ámbito, contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, seguridad y paz pública, constituye un paso fundamental para solventar una exigencia histórica absolutamente legítima.

Desde hace décadas, en el seno de Naciones Unidas, es un hecho perfectamente asumido que las crecientes e inusitadas amenazas de la delincuencia organizada y del terrorismo internacional, exigen al Estado actuar con decisión, contundencia y en la misma proporción al riesgo que suponen esos execrables fenómenos.

Afortunadamente para México, su laboriosa población, su posición geográfica y la globalización económica, le otorgan un lugar privilegiado en el concierto mundial, que lo proyecta hacia el futuro —sin ninguna duda— en el camino del desarrollo social basado en el sólido crecimiento político, económico y cultural.

No obstante, para alcanzar ese anhelo común, para la presente y futuras generaciones, nuestra nación requiere condiciones adecuadas de confianza, de certidumbre y de tranquilidad, las que sólo se logran cuando la población se encuentra completamente libre de la amenaza general y de la violencia grave.

El Ejército, la Fuerza Área y la Armada, sin menoscabo de sus relevantes e insustituibles tareas en materia de seguridad nacional, han contribuido a la grandeza de la patria, con entrega, con vocación y con sacrificio, al realizar periódicamente importantes acciones en los supuestos de emergencia nacional y catástrofe natural.

De esa forma, su manifiesto, único e inquebrantable compromiso ha sido siempre en favor de la población civil.

Empero, al comprender la profunda transformación de nuestra realidad, en democracia, en demografía y en desarrollo, las Fuerzas Armadas también han sabido ensanchar el valioso servicio que prestan, justamente con la finalidad de afrontar las nuevas y complejas amenazas sobre la seguridad interior del país.

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A pesar de casos aislados de indisciplina y desacierto —en los que rápidamente se ha actuado con contundencia, transparencia y legalidad— su decisivo papel durante los últimos lustros, en las delicadas labores de lucha contra los tráficos de estupefacientes y de personas, ha sido reconocido, defendido y apreciado por la inmensa mayoría de la sociedad mexicana, que aún continúa considerando indispensable su leal colaboración.

Únicamente ha sido esa probada experiencia y ningún otro motivo, lo que hoy justifica plenamente, que a las Fuerzas Armadas se les pueda expedir un marco jurídico integral, moderno y especializado, que les otorgue certeza a sus puntuales acciones en materia de orden interno, siempre de acuerdo con los intereses y demandas la sociedad civil, lo que en todo caso coordinará la Secretaría de Gobernación.

A casi cien años de su promulgación, el Pacto Federal exige que la seguridad del país como atribución genérica que es concurrente, según se trate de nacional, interior y pública, entre los ámbitos de gobierno federal, local y municipal, se encuentre perfectamente establecida, delineada y articulada, para que todas las actuaciones puedan ser debidamente desarrolladas, identificadas y, en su caso, deslindadas.

No se trata, como lamentablemente se ha señalado por determinados sectores, que la nueva ley se pretenda convertir en patente de corso para la comisión de abusos y excesos de las Fuerzas Armadas e incluso de confrontaciones entre los diversos órdenes de gobierno. Nada más lejano de la realidad.

De hecho, ningún bien aporta quien afirma que ese puede ser el verdadero sentido y el papel en democracia de quienes —como instituciones— representan legítimamente los más caros valores de las y los mexicanos, señaladamente el Congreso de la Unión y las Fuerzas Armadas.

Unas fuerzas armadas disciplinadas, profesionales y escrupulosas, que actúen en cualquier momento bajo el imperio de la Constitución y la Ley, al servicio de las mejores causas, con las herramientas idóneas y técnicas para su mejor, eficaz y oportuno desempeño, en materia de seguridad interior de la República, no es ni será nunca un capricho, sino una condición perfectamente entendible para los hombres y mujeres que a costa de su vida —incluso— miran en todo momento por el Bien de la Nación.

 

@jglezmorfin