Diez millones
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Gómez del Campo Mariana

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Queda claro que el uso de la violencia, como sucedió en Nochixtlán, jamás es una opción viable y mucho menos para solucionar un conflicto. La violencia genera violencia. Las lamentables pérdidas de vidas y los heridos en el altercado del pasado 19 de junio contribuyen a la generar la percepción de inestabilidad en nuestro país y daña su imagen en el exterior.

Hay que ser claros, vivimos en una democracia en la que todos tienen la libertad para hacerse escuchar y plantear sus críticas, sin embargo, los mecanismos empleados por el magisterio tampoco son los adecuados. Los bloqueos representan una afectación sería a terceros que incluso ha vulnerado gravemente el abasto alimenticio de miles de familias y han afectado a más de 12 mil estudiantes de escuelas primarias, secundarias y normales de Oaxaca.

La movilidad interna y el desempeño de la actividad económica reflejan claramente los síntomas de esta crisis, datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo registran una pérdida económica para las empresas del estado cercana a los mil 700 millones de pesos y para el sector turístico una pérdida de 75 millones de pesos de un total de 300 millones estimados por la tradicional Guelaguetza. Todo esto abona de manera directa al estancamiento de una entidad en la que el 40% de la población percibe un ingreso menor a los 1,300 pesos al mes, según el Coneval.

Esta preocupante situación ha llegado a un nivel fuera de toda racionalidad porque con el conflicto ya no se está afectando al gobierno sino a millones de habitantes que sufren el deterioro de las condiciones económicas, sociales, de seguridad y de oportunidades día con día.

El gobierno debe flexibilizar sus posiciones favoreciendo el diálogo, sin embargo, está acotado por lo que dispone la ley, toda acción debe ser respetuosa de nuestro marco legal. La CNTE, por su parte, debe dar muestras de tener interés en tener un diálogo efectivo, su pliego petitorio enlista puntos fuera de toda posibilidad de negociación. Sin embargo, los diferendos no justifican bajo ninguna circunstancia que comunidades enteras sean tomadas como rehenes, dejando a  miles de estudiantes sin clases y hoy, o privando a otros estados de realizar evaluaciones. Esperamos que el Gobierno Federal explore hasta la última instancia las posibilidades de solución y que su señalamiento de “tiempo agotado” no se traduzca en otros enfrentamientos.

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Los mexicanos no queremos que grupos sindicales busquen mantener privilegios que son realmente anacrónicos en nuestra sociedad. Contamos con un gran potencial de profesores y estudiantes, somos cuna de grandes talentos, pero situaciones como las del magisterio representan un freno para el desarrollo científico y tecnológico.

Al margen los hechos en Oaxaca, se debe identificar y evitar la participación de grupos ajenos en el movimiento magisterial, grupos que no tienen otro objetivo más que el de generar violencia, y que polarizan la situación y exacerban las diferencias entre el magisterio y las autoridades. Esto deberá esclarecerse tras las investigaciones que se están llevando a cabo.

El Gobierno Federal debe preservar el Estado de Derecho sin permitirse la negociación de la ley. Las opciones parecen no ser muchas, sin embargo, lo que definitivamente no es una opción es el uso de la fuerza que puede derivar en mayor violencia y abusos.