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Gómez del Campo Mariana

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La corrupción es un cáncer para la sociedad mexicana y sus consecuencias están plasmadas en su etimología que denota “hacer pedazos”; justo esa es la consecuencia que tiene en las instituciones; las colapsa. Datos del CIDE señalan que las instituciones que se perciben como más corruptas son: partidos políticos (91%), policía (90%), funcionarios públicos (87%), Poder Legislativo (83%) y Poder Judicial (80%).

Según el Índice de Percepción sobre Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 95 entre 167 países, con una puntuación de 35, donde 100 representa que se percibe ausencia de corrupción y 0 se percibe como muy corrupto. Sin duda estamos más que reprobados.

El estudio México: Anatomía de la Corrupción del IMCO señala que la corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales. Tan sólo económicamente, en México la inversión es hasta 5% menor, hay una pérdida de 5% en los ingresos de las empresas, se pierden 480 mil empleos al año de los millón y medio que necesitamos y los hogares destinan el 14% del ingreso promedio anual a pagos extraoficiales.

Frente a este oscuro panorama, la sociedad civil impulsó la llamada “Ley 3 de 3”, con el propósito de que todos los funcionarios públicos estén obligados a hacer pública su declaración fiscal, de intereses y patrimonial.

En Acción Nacional la concebimos como una propuesta fundamental que debía integrarse dentro de un sistema completo. Por eso, presentamos un paquete de 7 leyes y reformas que integraron el Sistema Nacional Anticorrupción, una estrategia para solucionar el problema de raíz: definiendo las conductas esperadas y estableciendo obligaciones claras a los funcionarios, se tipificaron los actos de corrupción como delitos y ya no sólo como hechos administrativos; creamos un sistema de pesos y contrapesos durante el procedimiento sancionador, se fortalecieron las instituciones y se fijaron sanciones a entes privados que realicen prácticas de corrupción y, una plataforma de denuncia descentralizada y autónoma.

Hay que decir las cosas como son: el PRI-Gobierno no quiso entrarle al tema antes de la jornada electoral, pensando que no era conveniente hablarle a los mexicanos de este tema antes de la elección en el momento en que se estaban cuestionando administraciones tan desastrosas como el caso de Veracruz.

Esto generó una enorme desconfianza en la sociedad y podría explicar, en parte, el costo que tuvo que asumir el partido en el poder . Una vez que sufrieron la derrota del 5 de junio, las condiciones cambiaron y en el Congreso transitó la discusión de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ningún mexicano va a olvidar el penoso episodio durante la votación de la reserva al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a favor de la máxima publicidad de las declaraciones de la Ley 3 de 3; El PRI-PVEM y el PT demostraron que no entendieron el mensaje enviado por los ciudadanos en las urnas, terminaron bloqueando este tema.

Lamentablemente, estos partidos evadieron su responsabilidad con la sociedad bajo argumentos falaces. Hoy es más claro que nunca, la sociedad cambió, los electores tienen en sus manos la posibilidad de premiar o castigar, hoy se puede elegir a candidatos independientes o se puede votar por la oposición si ofrece mejores gobiernos y transparencia.

La aprobación de este paquete de leyes, a pesar de no contar con todas las consideraciones deseadas, es un enorme paso al frente. Es un hecho histórico que dejó claro que se puede lograr mucho cuando el Poder Legislativo trabaja de la mano y con el respaldo de la sociedad civil.

Es una señal clarísima de México al mundo, que deja clara la expectativa de un país más democrático y transparente, que refuerza en la sociedad la aspiración de una clase política que se dedique a servir y no a servirse. Ahora tenemos una plataforma legal, sanciones, instituciones y espacios para la participación ciudadana que sin duda van a cambiarle el rostro a los gobiernos en los años por venir.