Gómez del Campo Mariana

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El Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) Topo Chico fue construido en 1943, ubicado al poniente de Monterrey, en Nuevo León, y durante muchos años fue el único penal en funciones en la ciudad; se tiene registro que desde 1959 hubo episodios de violencia en el Penal, y en marzo de 1980 sucedió un motín dentro en el que un interno asesinó al Director y secuestró a su chofer y a sus dos secretarias.

Desde entonces, ya se contemplaba un camino a seguir para readaptar a los internos, que contaba con tres pilares: educación, capacitación por medio del trabajo y atención psiquiátrica. Pero la realidad es que el hacinamiento y la corrupción ya eran problemas que afectaban a los reclusos.

El sistema penitenciario mexicano tiene problemas integrales desde su concepción. Según datos del Informe “La Cárcel en México, ¿para qué?” del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, la prisión se utiliza de manera intensiva e irracional, pues 58.8% de las sentencias corresponden a delitos menores y no violentos, con penas de menos de tres años de prisión.

Además, el 41.3% de los internos se encuentran en prisión preventiva, pues aún no han sido sentenciados pero permanecen en la cárcel.

Por otro lado, los centros penitenciarios están lejos de ser centros de readaptación social, sufren una clara estigmatización, en buena medida esto surge por los nulos resultados sociales que demuestran (al igual que todo el sistema de procuración de justicia), pues es evidente que no existen protocolos de actuación con respeto a los derechos humanos, es recurrente que conocemos las historias de privilegios y corrupción en su interior que tienen como operadores a los elementos de custodia y llega hasta los directivos, y donde hasta los más elementales criterios como la presunción de inocencia se convierten en mitos en los procesos penales.

Es este contexto el que permite a los grupos de la delincuencia organizada corromper la estructura institucional, haciendo de los penales verdaderos búnkeres de operaciones criminales y semilleros de delincuentes donde además los cobros de cuotas y el contrabando de todo lo inimaginable representan millones de pesos que a diario se mueven en su interior.

Datos de la Secretaría de Gobernación indican que en todo el país hay una población carcelaria de 223,187 internos en los 372 centros estatales y municipales, sin embargo, la capacidad en dichos penales asciende a 175,017 lugares, por lo que la sobrepoblación es del 28%. Este hacinamiento merma la calidad de vida de los reclusos y abona a que se presenten episodios de violencia.

Desde Acción Nacional respaldamos lo dicho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) a través de un llamado al Gobierno mexicano a analizar las causas de fondo que dieron origen a los lamentables hechos de Topo Chico y a transformar de fondo las políticas penitenciarias. Se requiere un enfoque de verdadera reinserción social, respeto y garantía a los derechos humanos, que vayan de la mano de esquemas que combatan la corrupción, pero sobre todo, de campañas de prevención del delito.

Atender por si solo al sistema penitenciario seria solo enfocarnos a querer solucionar las consecuencias sin detenernos a ver la raíz del problema. Lo que ocurre en la mayorías de las cárceles tiene su origen en personas que provienen de familias que sufren desintegración, violencia y valores desvirtuados. Tenemos que trabajar de manera integral si queremos mejorar a la sociedad y eso implica darle un rostro humano a todas las políticas públicas. El gobierno debe ser un protagonista en esta labor.