Diez millones

Los antifederalistas

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La mejor evidencia de ello se encuentra en la asignación de recursos.

El federalismo es una doctrina no bien vista ni aceptada en la administración pública de la Ciudad de México.

Esta forma de organización política supondría confiar libertades y facultades desde el gobierno central hacia las delegaciones, lo cual no ocurre en la práctica pese al discurso optimista.

La mejor evidencia de ello se encuentra en la asignación de recursos que cada año se da dentro de la discusión del paquete presupuestal, en el que las delegaciones suelen ser las grandes perdedoras dada la distribución que se hace desde la Asamblea Legislativa (ALDF), en medio de pugnas y debates madrugadores.

Desde el año 2000 las delegaciones han recibido en promedio menos de 20 por ciento del presupuesto anual de la ciudad.

El único año en que proporcionalmente estuvieron por arriba de este promedio fue 2001, cuando se les asignaron 13 mil millones de los 66 mil millones de pesos que tuvo el entonces Distrito Federal. Desde entonces y a la fecha no han podido superar este techo porcentual.

Lo anterior se entendía cuando el partido del jefe de Gobierno tenía la mayoría en la ALDF, pues gustaban de concentrar los recursos, pero en la configuración política que hoy tiene el Parlamento local no es ni remotamente comprensible, pues ahora la mayoría está conformada por los partidos de oposición.

Y es que para 2017 el escenario no pinta para ser distinto.

Sin embargo, la discusión presupuestal se ha alargado y al momento de escribir este texto aún no había sido aprobado, aunque el predictamen sí mantenía esta tendencia restrictiva y nada indica que vaya a ser modificado.

Tal parece que la falta de espíritu federalista no es una condición exclusiva del gobierno.

Lo es ahora también de la actual legislatura de la ALDF en donde se está perdiendo la gran oportunidad que representa esta condición de contrapeso a la voluntad unilateral del gobierno central.

Este Parlamento, con mayoría opositora, es incapaz de proporcionar recursos suficientes a las delegaciones para que proporcionen bienes y servicios públicos.

Esta vulnerabilidad de las delegaciones debe ser erradicada y el momento no podía ser mejor.

La aprobación de la Constitución de la CDMX es la mejor oportunidad para modificar esta inercia dañina. Desde la Comisión de Alcaldías de la Asamblea Constituyente, presidida por la senadora Gabriela Cuevas, se ha construido un modelo descentralizado de los recursos, en beneficio de los gobiernos de cada demarcación, que son los más cercanos a la ciudadanía, los que más conocen la problemática de cada colonia.

Fortalecer a las futuras alcaldías es una de las razones más importantes para la existencia de nuestra primera Constitución, pues un gobierno que no cuenta con recursos para resolver los problemas de las colonias, no sirve.

Consolidemos un modelo federalista desde nuestra Carta Magna.

Que la equidad presupuestal no quede a discreción de los gobernantes y de los legisladores, sino a reglas definidas que respondan a un estándar descentralizado en beneficio final de los ciudadanos.