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La demolición de Seduvi

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A 12 días del sismo del 19 de septiembre, se disipa el polvo de los edificios derrumbados que ensombreció las calles de nuestra ciudad ante nuestros ojos. Los trabajos de rescate finalizaron, pero el recuento de los daños continua y, en breve, comenzará la demolición de las estructuras con daños irreparables.

Hemos sido víctimas de un vaivén de emociones. Pasamos del terror a la valentía, del enojo y la tristeza a la esperanza y la felicidad de ver sobrevivientes, del coraje a la impotencia, a la demanda de justicia.

Ahora es momento de asumir responsabilidades, que sí implica un concienzudo análisis de la legislación vigente, pero, sobre todo, de aquello que se hizo mal y hoy costó vidas y patrimonios enteros.

Debemos poner bajo el microscopio el trabajo que se ha realizado en materia de desarrollo urbano y, de manera tajante y transparente, evitar que se edifique la impunidad sobre los escombros de los edificios colapsados. Esto incluye a las autoridades, empresas y a personajes clave en la construcción de edificios en la ciudad: los directores responsables de obra (DRO), quienes son certificados por el Gobierno de la Ciudad para acreditar la seguridad de las edificaciones.

Existen razones sobradas para preocuparnos si el análisis y la reconstrucción no se hacen con transparencia. Desde ayer, y por más de 24 horas, la página del gobierno en donde se aloja la información de los DRO certificados se cayó, la consulta de su contenido era tarea imposible. Las sospechas del ocultamiento comenzaron a levantarse ante la posibilidad de que se estuviera limpiando alguna evidencia o el registro que pudiera derivar en una imputación legal. Es apenas lo menos que se puede suponer ante el inexplicable hecho. No se puede permitir el menor atisbo de impunidad. Justo cuando más obligados están con la transparencia se les “cae el sistema”. Si esta fue la intención, tuvieron tiempo para desaparecer registros de empresas, información que lleva a funcionarios y desarrolladores responsables. Pero la capacidad ciudadana los evidencia, organizaciones como #BrigadaJuridica que impulsa Salvador Mejía (@esemejia) o el periodista Rafael Cabrera (@raflescabrera), quien publicó en sus redes las listas de los Directores Responsables de Obra. La ciudadanía le marca el paso a las autoridades y, seguramente, pasará en su momento facturas a los que no se movieron de su lugar para colaborar con la sociedad civil, como es el caso de la ALDF. Es generalizada la sospecha de que la autoridad responsable, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en franca complicidad con el Instituto de Verificación Administrativa, encabezada por el impresentable Meyer Klip, están en confabulación con los voraces desarrolladores, que manchadas de sangre tienen las manos. No es la primera vez que señalo que la Seduvi, la madriguera donde anida la corrupción que queda a descubierto una vez más y que enluta a nuestra Ciudad, debe desaparecer, debemos demolerla por el bien de la Ciudad de México.

En el proceso del Constituyente propuse la desaparición de la Seduvi, distribuir sus atribuciones entre otras autoridades para, por un lado, tener un modelo de desarrollo urbano de la Ciudad elaborado por expertos en la materia y con representación de los ciudadanos. Sin embargo, la propuesta no contó con el respaldo necesario para progresar. Aunque no sobra decir que no faltaron los cabilderos para presionar en contra de dicha iniciativa. Como aquella reunión del 4 de noviembre de 2016 en la que el presidente del Constituyente, el diputado Alejandro Encinas, recibió a puerta cerrada, violando los acuerdos de parlamento abierto y del reglamento interno, a los cabilderos de los desarrolladores camuflados entre los integrantes del llamado Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

Qué triste me resulta escribir esta columna en este momento en el que la transparencia y la solidaridad debieran represtigiar a la política. Ser testigo de conductas viles para cubrir errores y corruptelas que además opacan el trabajo que las autoridades han realizado en los últimos días. Deben irse las autoridades que no velan por los intereses ciudadanos. Deben irse aquellos que desde un cargo público beneficiaron una empresa constructora o faltaron a la verdad en la calidad de las obras, deben irse los encubridores y los omisos en sus funciones. Todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad por pequeña que parezca. No debemos esperar otra lección mortal de la realidad.