Diez millones
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El que deba que la pague

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Se deben tomar acciones en el momento preciso para que no quede duda de que no hay margen de tolerancia.

Los mexicanos la estamos pasando mal. Los meteoros que están impactando el suelo nacional están dejando a su paso una estela de devastación y afectaciones incuantificables.

Para los capitalinos, una tormenta puede significar horas de caos, tráfico, pérdidas y afectaciones que se suman a la, ya de por sí, larga lista de contratiempos que día con día tenemos que lidiar.

En este contexto, el martes entró en funcionamiento el desnivel de Mixcoac e Insurgentes, obra polémica que luego de dos años de construcción fue sorpresivamente inaugurada sin evento alguno ni previo aviso. El proyecto que se supone desahogaría el tráfico de esta complicada zona de la ciudad, no ha mostrado tener la eficiencia esperada.

A lo anterior, hay que agregarle las fuertes tormentas que han azotado a la ciudad en los últimos días, lo que llevó a una inevitable inundación del desnivel de un kilómetro y medio, a tan sólo tres días de haber sido estrenado como uno de los proyectos insignia, con una inversión de mil 500 millones de pesos.

En un movimiento acertado, el gobierno de la Ciudad de México tomó en sus manos el caso anunciando, al día siguiente, acciones correctivas que incluyen el cese del subdirector de Obras Públicas, Ricardo Olvera, por presuntas omisiones al construir la obra, así como una sanción de tres millones de pesos a la empresa constructora Operadora y Mantenedora del Circuito Interior OMCI, SA de CV.

La justificación para la medida fue la falta de limpieza del sistema de drenaje, que debió realizar la constructora, lo que eventualmente derivó en la anegación de la recién inaugurada obra.

Si bien la sanción y el cese del funcionario no reparan en sí misma la afectación, sí deja en claro algo: se deben tomar acciones en el momento preciso para que no quede duda de que no hay margen de tolerancia, cuando de la vida de los ciudadanos se refiere.

La determinación del gobierno capitalino contrasta con la languidez del gobierno federal en el caso del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.

A casi dos meses de la tragedia que costara la vida de dos personas, la falta de capacidad de reacción del gobierno federal fue ampliamente exhibida. Entre silencios incómodos, señalamientos y una muy tardía destitución de un funcionario de bajo pelo –José Luis Alarcón, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) en Morelos—como clásico chivo expiatorio.

Sin embargo, la federación se empecinó a mantener en su cargo al verdadero responsable superior de la obra, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien se ha desvivido acusando y señalando que serán severamente castigados los responsables, pero él mismo no es capaz de asumirse como uno.

Guardando toda proporción entre los dos hechos, en el primero se tomaron medidas inmediatas ante una omisión, que, aunque no costó vidas, sí afectó a los ciudadanos; en el segundo caso, ni las vidas perdidas fueron suficientes para pedir la renuncia de los responsables y deslindar las responsabilidades precisas.