Diez millones

Córdova Vianello Lorenzo

Lorenzo Córdova Vianello

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Actualmente, se desempeña como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.

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El tema del dinero en la política es el gran tema de las democracias contemporáneas, y por supuesto, de la democracia mexicana. Si hacemos un ejercicio de levantar la vista respecto de las coyunturas y vemos con una mirada panorámica lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas en materia electoral, podremos percatarnos que la gran preocupación de las reformas en al menos los últimos 20 años, gravita en torno a la conflictiva y complicada relación entre dinero y política.

Claramente las reformas de 1996, de 2007 y la de 2014 presentan un patrón común en dos grandes avenidas: la primera, el robustecimiento paulatino de la capacidad fiscalizadora de la autoridad electoral, y la segunda el “encarecimiento” de las violaciones a las normas que rigen el ejercicio del dinero en la vida electoral.

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El voto proBrex it fue apoyado por mayores de 60 años, no por los jóvenes. La retórica conservadora se impuso

Tras participar como observador en el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, invitado por la Electoral Commission de ese país, me permito compartir dos reflexiones sobre el tema.

La primera tiene que ver con el sistema electoral británico. Más allá de los cerrados resultados, hay muchos datos interesantes del sistema electoral del Reino Unido que, al estar enteramente fundado en la confianza, contrastan con el nuestro, construido para inocular la diligente desconfianza que nos caracteriza. Se vota en un día laborable entre las 7:00 y las 22:00 horas; los miembros de la casilla son funcionarios públicos y para votar los electores no tienen que identificarse sino que basta con que indiquen su nombre y dirección registrados. No hay representantes partidistas en las casillas, la urna es una caja negra y el escrutinio no se hace en la casilla sino en 382 centros de conteo en todo el país.

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Sin duda nuestro país ha avanzado en esta materia 

La democracia mexicana ha evolucionado gradualmente en las últimas décadas hacia la competitividad y la transparencia, garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos y la universalidad del sufragio para todos los ciudadanos.

Los esfuerzos institucionales realizados en los últimos 25 años tendentes al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral, han posibilitado que la alternancia, el pluralismo y la incertidumbre previa sobre los resultados de las elecciones, aspectos propios de todo sistema democrático, se consoliden como premisas de la vida electoral en México.

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El domingo pasado se instalaron 900 casillas de 903 aprobadas, para que los 498 mil 531 ciudadanos inscritos en la lista nominal pudieran ejercer sus derechos políticos

La elección de gobernador del estado Colima pasará a la historia como la primera contienda local que organiza integralmente el INE, como autoridad rectora del nuevo modelo de la democracia mexicana. Desde 1997 que el IFE organizó la elección de jefe de Gobierno del DF, no se presentaba el caso de que una autoridad electoral no local se encargara de los comicios de una entidad, como sucedió el domingo en Colima.

Por mandato del Tribunal Electoral que anuló la elección de gobernador de esa entidad, el Instituto Nacional Electoral ejerció por primera vez la facultad de asunción total de una contienda local y emitió los acuerdos y lineamientos que permitieron a ciudadanos, partidos políticos y candidatos tener la certeza de que la elección extraordinaria sería imparcial y equitativa.

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La Constitución confirió al INE las facultades de intervenir tanto en la organización de los comicios como para emitir criterios orientadores de las decisiones de los OPL

Uno de los propósitos centrales de la reforma electoral 2014 fue que el Instituto Nacional Electoral asumiera una función de rectoría del Sistema Nacional de Elecciones para estandarizar en todos los ámbitos comiciales del país, las condiciones en las que se llevan a cabo las elecciones.

Con esta finalidad al INE se le otorgaron atribuciones para nombrar a las consejeras y consejeros integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional, emitir lineamientos y criterios normativos que contribuyan a mejorar y homologar la calidad técnica de la organización electoral en las entidades, así como un conjunto de atribuciones especiales que permiten atraer o delegar funciones originalmente asignadas a los OPL.

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No me parece que los ilícitos en que incurrió el Verde hayan puesto en riesgo la supervivencia del sistema democrático ni al Estado constitucional como para retirarle el registro

La procedencia o no de la solicitud de retirarle el registro al PVEM supone una premisa básica: dicho partido ha venido cometiendo a lo largo de varios meses, empalmados con el proceso electoral de 2014-2015, una serie de violaciones graves a la ley para obtener una posición de ventaja respecto de sus competidores de cara a las elecciones del 7 de junio pasado. Esa es una realidad fehaciente e insoslayable.

Esa retahíla de conductas ilegales ha sido conocida repetidamente por el INE, así como por el Tribunal Electoral y ha ameritado la imposición de 26 sanciones que acumuladas suman un monto total de 597.5 millones de pesos en contra del PVEM. Aunque algunas de las penas que el INE le ha impuesto han sido recurridas y el Tribunal Electoral aún debe pronunciarse, lo cierto es que ese partido es, hoy por hoy, el segundo partido más multado por sus continuadas violaciones a la ley de nuestra historia democrática (superado sólo por el PRI como consecuencia del caso Pemexgate) y el partido más sancionado en un proceso electoral por ilícitos cometidos durante el mismo. El PVEM fue duramente penado en el mismo proceso electoral y en gran medida antes de que las elecciones, en las cuales pretendían beneficiarse de su actuar ilegal, se llevaran a cabo.

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Artículo publicado el 10 de junio del 2015

Una vez realizada la elección, es importante que colectivamente hagamos un balance de este proceso electoral. Aquí pretendo aportar dos elementos para esa tarea.

En primer lugar hay que considerar que, a pesar del contexto, la elección pudo llevarse a cabo. A lo largo de más de medio año, el trabajo de organización de los comicios por parte del INE tuvo que remontar una larga serie de actos encaminados a obstaculizar o incluso impedir sus actividades. La semana previa a la elección, además, esos actos —en muchas ocasiones violentos— se intensificaron y complicaron particularmente la fase más delicada y expuesta del proceso electoral: la distribución del material a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, ciudadanos comunes que fueron sorteados y capacitados para fungir el día de la elección como los responsables, en las casi 149 mil casillas a instalar, de recibir y contar los votos de sus vecinos.

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