Daniel Cabeza de Vaca Hernández

Licenciado en Derecho y Posgraduado en Notaría Pública. Gobernador de Tamaulipas.

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Si EU no puede desarticular cárteles, su mercado de drogas hará que su muro y su pretendida ayuda militar a México sean inoperables 

En una entrevista que se transmitió el domingo pasado por televisión, el presidente Donald Trump señaló que los cárteles de la droga mexicanos representan un enorme problema para Estados Unidos, debido a que operan dentro de su territorio para envenenar a sus jóvenes.

Ciertamente esa declaración no es nueva, pero sí destaca dos hechos innegables que tienen lugar en el propio suelo de EU: ahí la delincuencia organizada maniobra con gran eficiencia e impunidad y existe una diversificada e ingente demanda de estupefacientes difícil de controlar.

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El actual debate sobre el proyecto de ley de seguridad interior tiene por objeto regular la actuación de las Fuerzas Armadas en eventos que supongan una grave amenaza a la estabilidad, orden y paz en el país, debe centrarse en su verdadera dimensión.

Ciertamente resulta de enorme importancia definir en qué supuestos y bajo qué condiciones las Fuerzas Armadas deben colaborar en esa delicada tarea con las fuerzas de seguridad pública, tanto federales como locales, de manera excepcional, gradual y temporal.

No obstante, la discusión debe residir en los principales fines de esa legislación: a) distinguir las seguridades nacional, interior y pública; b) establecer la coordinación entre las diversas autoridades responsables; y, c) salvaguardar el derecho humano a la seguridad.

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Mientras que México lucha por establecer un Derecho Penal de vanguardia, Trump promete un vetusto sistema jurídico nacionalista

A lo largo de la historia de la humanidad, la desconfianza, el miedo y la violencia han sido reiteradamente el oscuro cemento para crear sistemas y leyes penales que son propias de gobiernos autoritarios, despóticos y fascistas.

Lamentablemente, el modelo lockeano no siempre ha ganado la batalla al hobbesiano. Mientras el primero apela a la cooperación racional y a la libre asociación entre hombres y naciones, al segundo lo mueve la avaricia, la inseguridad y el odio.

En el siglo XXI, la riqueza, el capital y el mercado, para su óptima generación, funcionamiento y desarrollo, requieren de la armonía, estabilidad y certeza que propician las acciones humanas que tienen lugar en un marco de libertad, de orden y de confianza.

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Desde su fundación, los Estados Unidos de América se han distinguido por su férreo pragmatismo como forma de vida. Ese comportamiento supone ─como corriente filosófica─ que lo que invariablemente ha considerado esa joven nación para su cálculo político, son en realidad los efectos medibles de sus acciones, orientadas regularmente al logro de su beneficio, utilidad o provecho.

Por ejemplo, su guerra de independencia tuvo como verdadero origen el hartazgo de una nueva clase privilegiada, hoy representada por los “padres fundadores”, quienes ─indispuestos a continuar pagando contribuciones arbitrarias a la corona inglesa─ resolvieron acoger, encausar y defender para su propia conveniencia, las incipientes causas populares de la libertad y la igualdad.

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La elección de Donald Trump como presidente de la superpotencia implicó un enorme batacazo para un actor empresarial de formidable relevancia para la globalización comercial, la que fue esbozada —desde la década de los ochenta por el eje angloamericano— con la mano de hierro que lideraron Reagan y Thatcher.

Se trata de la denominada “empresa multinacional”, cuya naturaleza es la de una corporación global que se integra por vastas compañías y que decidieron —casi al unísono— no favorecer abiertamente la campaña presidencial del empresario, ante todo por sus sonados fracasos y extremas posturas.

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El presidente electo de EU se hallará, desde el comienzo de su encargo, frente a complejos dilemas de espinosa resolución, sobre todo si quiere ser congruente consigo mismo y si desea respetar mínimamente sus ambiciosos compromisos electorales.

Inicialmente Donald Trump se topará ante fuertes restricciones estructurales, las cuales van a provocar que recule en varios rubros de campaña —como ya sucedió con el Obamacare—, mientras que en otras de índole económica se encontrará fuertemente limitado.

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¿Debe prevalecer un deber firme para que los jueces publiquen sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses?

El pasado miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó por decisión mayoritaria la suspensión provisional para que jueces, magistrados y demás integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no publiquen su declaración patrimonial 3de3, hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional 32/2016, del conocimiento del Pleno del máximo tribunal.

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La participación política de la mujer continúa siendo inequitativa, pues el gozo de sus derechos continúa por debajo del género opuesto

México celebró este 17 de octubre una fecha de suma importancia, que nos invita a reflexionar sobre el urgente papel que deben tener las mujeres mexicanas en torno a un derecho fundamental de la democracia: la ciudadanía plena.

Desde la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, constitucionales, que promulgó Adolfo Ruíz Cortines en 1953, se han suscitado indiscutibles avances en sus derechos políticos, pero —lamentablemente— éstos no son suficientes.

La condición política de la mujer es más amplia que votar y ser votada, pues conlleva no sólo la igualdad formal en el ejercicio de esos derechos políticos, sino también la equidad socioeconómica real que la hace posible.

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En su último discurso ante Naciones Unidas, el presidente Barack Obama subrayó que el mundo es demasiado pequeño para intentar enfrentar las consecuencias globales, mediante la construcción de muros.

Por el contrario, propuso aumentar el entendimiento, capacidad y cooperación de la sociedad internacional, como la vía para enfrentar —de manera unida— los complejos retos de la globalización.

Frente a éstos, apeló sobre todo a la conciencia de cada persona, justamente para reafirmarse a sí misma, pero siempre a través del reconocimiento del prójimo, en su libertad, en igualdad y con justicia.

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Como nación unida, libre y soberana, México ha tomado decisiones esenciales para su vida colectiva: eligió a la democracia como su régimen político y optó por la seguridad, la justicia y la legalidad como sus formas válidas de convivencia.

Para dar contenido a esos postulados, el Constituyente Permanente estableció que los partidos y candidatos políticos deben contar –de modo equitativo– con los elementos necesarios para el despliegue de sus actividades de interés público.

Esos fondos, no sólo deseables sino indispensables, quedaron sujetos a dos reglas: los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado; y, debe fiscalizarse la fuente, uso y destino de todo tipo de financiamiento.

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El pluralismo y la apertura que son propios de la “sociedad de derechos” exigen que prevalezca la libertad de expresión

En el Estado social y democrático de derecho, la libertad de expresión es un derecho humano de carácter fundamental que constituye una condición indispensable para la dignidad de la persona y para el desarrollo social.

En su dimensión individual garantiza la autonomía del gobernado y en su vertiente política asegura la democracia representativa. Esa doble naturaleza exige su máxima protección al implicar la libertad personal y el pluralismo ideológico.

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Luego de permanecer al margen del control constitucional, desde 1996 la justicia electoral mexicana resuelve —a través de un completo sistema de medios de impugnación— las diversas controversias que se vinculan con el proceso comicial.

Actualmente, la ley general en la materia es la base para esa tutela judicial efectiva de la organización de las elecciones, de la vida interna de los partidos políticos y de la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por los tribunales competentes.

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Para su verdadero éxito, y para cumplir el principio de igualdad de armas, el nuevo sistema de justicia penal en México deberá ofrecer a la víctima la inaplazable posibilidad de ser “parte real” de manera equitativa en los procedimientos ministeriales y procesos judiciales.

Hasta el día de hoy, la víctima u ofendido ha sido —lamentablemente— la parte vulnerada, ignorada y estigmatizada por el proceso penal inquisitivo, el cual está en vías de extinción precisamente por su franca incapacidad para garantizarle sus derechos humanos.

Por este motivo, el sistema penal acusatorio únicamente podrá ganar su legitimidad pública y su congruencia con el Estado de derecho, si logra asegurar la humanización que exige la dignidad de la víctima u ofendido como parte involucrada en un delito que ella no provocó.

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¿Qué pasará si no se mejora la policía ministerial? Lo consecuente: no se podrán conocer los hechos que son constitutivos de delito y cuando se conozcan lo será a medias.

Indudablemente, el sistema penal nacional de carácter oral y acusatorio exigirá un nuevo y excepcional perfil profesional y científico de la policía ministerial, como la institución encargada de la investigación criminal que es dirigida por el Ministerio Público.

La situación imperante de su quehacer ciertamente debe evolucionar. Es moneda corriente que las investigaciones no llegan usualmente a buen puerto, tanto al reunir pruebas como al preservarlas; esto debido a las profundas deficiencias técnicas que subsisten.

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En México, el nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral se funda en principios constitucionales que buscan respetar de forma integral los derechos humanos tanto del inculpado como de la víctima u ofendido, además de proteger los intereses de la sociedad en su conjunto.

A partir de una profunda visión humanista, sustentada en el llamado “garantismo penal”, la idea de que el inculpado debía perder de modo provisional su libertad —hasta que se resolviera en definitiva su situación jurídica por la probable comisión de un delito— tenía que modificarse de raíz.

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El Inacipe está formando a las mujeres y a los hombres con la altura de miras, la entrega y el conocimiento que demanda el país

Más que nunca, la justicia, la legalidad y la seguridad son elementos medulares para la consolidación democrática y para el desarrollo económico en México, mismos que de suyo implican al Derecho Penal como la herramienta insustituible para la ordenada convivencia.

Con independencia del concepto que le otorgue contenido, Ferrajoli define a esa ciencia como una técnica para la delimitación, comprobación y represión de la persona que se desvía en la colectividad, por lo que supone el acucioso estudio del delito, de la pena y del proceso.

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