Diez millones

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Si la Constitución de la Ciudad de México se hace bien quedarán pocos pretextos para oponerse a una nueva Constitución General de la República (CGR). No hablo del fondo, que ya se ha discutido bastante, sino de la igualmente insoslayable forma. Y es que existe el riesgo de que el debate se concentre en la elevación de derechos a rango constitucional y de que se incurra en los tres vicios que a mi juicio contiene nuestra CGR.

1) Híper reglamentación, prolijidad y volatilidad. Cuando se incluyen los detalles reglamentarios no en leyes secundarias sino en el texto constitucional, este se torna inevitablemente extenso y coyuntural. La Constitución de 1917, de por sí minuciosa, se volvió un galimatías de más de sesenta mil palabras por culpa de innumerables enmiendas y de la manía de meter en ella los más nimios detalles para salvaguardar “conquistas” legislativas bajo el candado del Constituyente Permanente (mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso y mayoría absoluta de los Congresos estatales). El impacto negativo es triple: además de que se vuelve indispensable reformarla con demasiada frecuencia, se incrementa la susceptibilidad de inconsistencia e incoherencia y se dificultan sustancialmente la accesibilidad y legibilidad para la ciudadanía.

2) Esteticismo legislativo. Cuando prevalece el criterio de que la mejor norma es la norma “perfecta” y no la que puede encauzar la conducta de un pueblo se propicia un abismo entre ley y realidad que se llena con códigos de reglas no escritas. El constitucionalismo mexicano heredó de la Corona española la proclividad a legislar con poco realismo (la legislación de los Virreinatos se determinaba exhaustivamente desde Madrid) y a creer que los problemas se resolvían prohibiéndolos en la Constitución (lo que don Jesús Reyes Heroles llamó el determinismo constitucional). Al ser muy difícil de aplicarse por su idealismo o por su alambicamiento, la norma formal se convierte en una espada de Damocles sobre la cabeza de quien osa desafiar las reglas informales, y deja de ser referente del comportamiento individual y social; al ser más fácil, más rápido y conveniente evadir o violar la ley que cumplirla, se crean incentivos perversos para la corrupción (el “acátese pero no se cumpla” del siglo XVI sigue vigente en el siglo XXI).

3) No exigibilidad de derechos sociales y ausencia de correlato presupuestal. Este vicio está íntimamente vinculado al anterior: la CGR dice que los mexicanos tenemos derecho a la educación y a la salud (y el Estado educa gratuitamente a los niños y da atención médica gratuita a una parte de la población), pero también dice que tenemos derecho a una alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad” y a una vivienda “digna y decorosa”, así como al agua y a otras cosas (que el Estado proporciona de manera muy limitada) y los millones de ciudadanos que en México viven en condiciones infrahumanas, apenas comen y no tienen acceso al agua potable, carecen de los medios para exigir el cumplimiento de esos derechos (el erario público no destina los recursos para hacerlos realidad).

La Constitución de la CDMX debe ser concisa, comprensible para todos y de largo aliento, realista, aplicable y garante de los derechos que consagre. Quizá deba preverse al realizarla lo que algunos hemos propuesto para la CGR (leyes de ordenamiento o desarrollo constitucional) donde se descargue el fardo reglamentario, y sin duda convendrá evadir la tentación de legislar una utopía, como se ha hecho en buena parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Espero que la presencia en la Asamblea Constituyente de juristas de credenciales impecables, de legisladores experimentados y de personas conocedoras de nuestra sociedad y de nuestra historia permita dejar atrás esos vicios legislativos. Si es así, si los diputados constituyentes elaboran una Constitución que se interprete sin necesidad de hermeneutas y se aprenda fácilmente, una suerte de GPS de bolsillo capaz de orientar a cualquiera en las calles de los deberes y derechos de los capitalinos, se derrumbarán los argumentos del “no se puede” que se esgrimen frente al imperativo de renovar nuestra CGR y se allanará el camino para que más temprano que tarde tengamos en México una nueva y funcional constitucionalidad.


@ abasave