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Después de 10 años de fallida guerra contra el narcotráfico, las amenazas del crimen organizado, como las que aparecieron en el municipio de Acolman contra Andrés Manuel López Obrador, podrían convertirse en intimidaciones frecuentes en las elecciones de 2018. Estas amenazas tienen un doble propósito: por una parte, enviar un mensaje al líder de Morena para que desista de combatir el ambiente de impunidad que ha alimentado a los cárteles del narcotráfico y, por otra, promover un clima de inseguridad que podría desmovilizar a los votantes en las elecciones del 4 de junio.

El riesgo real del narcomensaje contra López Obrador es que el crimen organizado decida intervenir directamente en los comicios federales del próximo año como lo ha hecho a escala local. Las amenazas contra López Obrador van más allá del candidato; debilitan nuestras instituciones y ponen en riesgo nuestra libertad política. Por esta razón, cualquier intimidación del narcotráfico requiere de una respuesta firme por parte del gobierno federal.

No es extraño que las amenazas contra López Obrador hayan ocurrido en el Estado de México, no solo por ser la entidad donde se celebrarán las elecciones más importantes antes de los comicios presidenciales de 2018, sino por el grado de impunidad y delincuencia que existe en el estado. No es posible afirmar que exista una fuerza política atrás de la manta, la corona de flores y el auto en llamas que La Familia Unida dejó contra López Obrador; sin embargo, sí es posible afirmar que al amparo del PRI, tanto local como del gobierno federal, la delincuencia organizada ha encontrado un escenario de impunidad ideal para llevar a cabo sus actividades ilícitas. El crecimiento de la delincuencia organizada y de la violencia ha sido el sello de la casa del PRI. La impunidad es producto de la renuncia del gobierno a hacer efectivo el estado de derecho. Muchas veces, como mostró el caso de Javier Duarte, la renuncia es voluntaria y acompañada de una rampante corrupción.

El mayor riesgo de que el gobierno federal vacile en dar una respuesta adecuada a las intimidaciones del narcotráfico es que la mano de éste se extienda a las elecciones presidenciales de 2018. Envalentonados, los cárteles podrían decidir actuar de manera más directa y así poner en riesgo nuestro ya debilitado sistema político.

El fenómeno de cárteles con capacidad de intimidación tal que amenaza la estabilidad institucional de toda una nación no es ajeno a América Latina. De no actuar con firmeza ante estas amenazas, México podría caer en una situación parecida a la de Colombia en la década de 1980, cuando el narcotráfico puso en jaque al presidente de este país y a todo su gobierno. Este ciclo de violencia culminó en la toma del Palacio de Justicia de Colombia y en el asesinato de magistrados de la Corte Suprema.

Unas elecciones cuestionadas por la intervención del crimen organizado no favorecerán a nadie. Al contrario, mermarán la poca legitimidad que resta a la democracia mexicana. Las intimidaciones de la delincuencia no son solo contra un candidato o un partido, son contra la libertad de todos los mexicanos y contra las instituciones que tanto tiempo nos ha costado construir.

 

@MBarbosaMX