Diez millones
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Ni un gobernador corrupto más

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            En la última década ha habido gran número de gobernadores de estados que han sido investigados por manejo dudoso de los recursos bajo su encargo o por nexos con el crimen organizado. De ellos, al menos 17 han sido procesados, sentenciados o se han dado a la fuga para evadir la acción de la justicia. En ese lapso ha habido no más de 50 gobernadores en toda la República (incluidos los electos, interinos y Jefes de Gobierno) lo que  quiere decir que existe la certeza o la grave sospecha de la falta de honestidad de alrededor de la tercera parte de ellos.

            De siempre se ha sabido que hay gobernantes que tienen un gusto muy especial por manejar recursos públicos, y recientemente este interés se incrementó enormemente. No sólo los presupuestos crecieron, sino el endeudamiento ha llegado a niveles escandalosos con el propósito de aumentar los recursos a manejar. Aunque hay entidades con enormes carencias y profundas diferencias sociales, ninguna ha sido atendida bien con el solo aumento de los recursos manejados.

            El interés de manejar una mayor cantidad de recursos ha llegado a niveles preocupantes, patológicos. Quizá sea sólo el deseo de hacer más obra pública o el interés de dejar una que marque indeleblemente su paso por el puesto lo que motive ese comportamiento, pero mentes pragmáticas dicen que el deseo de manejar más recursos es sólo para aumentar las comisiones a las que pudieran aspirar.

            El enriquecimiento de un gobernante debiera ser moderado, honesto y explicable, pero por desgracia no el de todos es moderado. Hay quien se conforma con un sueldo que le permita vivir con comodidades durante el tiempo de su encargo. Otros, aparentemente la tercera parte de ellos, acumulan propiedades y recursos que darían lujos a varias generaciones.

            La forma de disponer de recursos varía aunque algunos aún recurren al desvío de parte de los fondos encomendados, los más logran incrementar su patrimonio mediante la recepción de comisiones o el tráfico de propiedades que se verán beneficiadas por obras públicas.

            De siempre los gobernadores han sido especie de virreyes de los gobiernos centrales. Algunos parecieron independientes, pero como los recursos provienen en su mayor parte de transferencias federales y en menor proporción de la recaudación local, nunca lo fueron. El gran cambio llegó en la década de los 90 del siglo pasado cuando los gobiernos estatales pasan de manejar entre todos del 16% del presupuesto fiscal a más del 35%. La descentralización del gasto se da como consecuencia del arribo de la democratización, de la llegada de gobernadores provenientes de distintos partidos y del declive de la hegemonía del partido de Estado.

            Pero la democratización política tuvo un defecto: generalizó la corrupción. El aumento de recursos a manejar no vino acompañado de los necesarios controles. Los gobernadores recibieron más recursos como si se los merecieran, y así dispusieron de ellos a su albedrío. Si los Presidentes hacen poco caso del Congreso Federal, los gobernadores ignoran al de su estado o lo manipulan para sus muy particulares fines.

            Con la detención de los casos paradigmático de Tomás Yarrington (Tamaulipas) y de Javier Duarte (Veracruz) existe una excelente oportunidad de establecer orden, límites y sanciones ejemplares para que no proliferen más los gobernadores corruptos. México no merece tener ni uno más.