Diez millones
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Sueldo tope

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Algunos diarios afirman que el fijar un tope máximo al salario del próximo Presidente de la República afectará a no más de 35 mil funcionarios. Sin embargo, a menos que se maneje la aplicación de este límite con extremo cuidado, puede llegar a ser un desastre nacional. Ciertamente ha sido una propuesta bien recibida por los ciudadanos, pero la puesta en práctica puede generar tensiones de las que poco se habla.

Legalmente esa limitación sólo afecta a quienes prestan servicios en el Poder Ejecutivo Federal, aunque pudiera fácilmente extenderse también a los legisladores federales y a los pensionistas (sobre todo de Nacional Financiera y Banco de México).

Y ya no tan fácil a los gobiernos estatales, diputados locales e integrantes de ayuntamientos. Los que seguramente presentarán más resistentes son los titulares de los distintos organismos autónomos (INE, IFAI, INEGI, etc.) y quienes integran las instancias judiciales que nunca se han destacado por seguir políticas de ahorro.

El Presidente recibirá además de los $108,000 pesos de sueldo nominal un 22.2 % adicional de prestaciones. Pero intentar restringir los ingresos de funcionarios y empleados que ya reciben mayores cantidades va a ser cuesta arriba. Algunos casos extremos llegarán a la vía judicial por no decir con protestas públicas. El primer caso le llegará muy cercano: la designada como Secretaria de Gobernación, la Ministra Olga Sánchez Cordero actualmente tiene una pensión que es más del doble del límite que se quiere imponer. Sólo en el remoto caso de que ella voluntariamente renunciara a dicha pensión, será todo un espectáculo ver cómo a ella, y a otros en el mismo caso, los obligan a dejar de recibirla.

Y no sólo pensionados con cantidades de altas cifras, también quienes son Ministros de la Suprema Corte, Consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los demás institutos autónomos que reciben cantidades superiores a 250 mil pesos mensuales. Aunque toda la opinión pública apoyara al titular del Poder Ejecutivo en este intento, salvar las defensas legales que presentarán va a desgastarlo prematuramente.

Los abusos al asignar altos sueldos a funcionarios electos y designados deben evitarse en el futuro, y los existentes deben corregirse. Pero intentar ajustarlos requerirá una buena dosis de persuasión para no llegar al extremo de enfrentamientos legales.

Limitar el sueldo de un funcionario de alguna manera aumenta la tentación de compensar sus ingresos por otras vías. Por ello esta iniciativa no es precisamente la mejor contribución para prevenir la corrupción.

La limitación a sueldos por el momento afecta sólo a funcionarios públicos, pero deberemos observar cuidadosamente cómo se lleva el proceso: si sólo con persuasión o ejerciendo presiones. Es importante la observación porque no sería lejano se quisiera extender la restricción a todo tipo de sueldos bajo el argumento de moderar la riqueza. En este hipotético caso se multiplicarían los conflictos legales y laborales, desgastando la concordia e incluso la paz pública.

No bajemos la guardia, observemos cuidadosamente el proceso.