Diez millones

Se buscan fiscales independientes

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No podemos permitir cuotas, cuates, ni simulaciones.

Hoy termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, y entre los muchos pendientes que quedarán por resolver, está el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que es una de las últimas piezas que faltan para que el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentre plenamente integrado -el Presidente de la República acaba de mandar al Senado la designación de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su ratificación- y pueda entrar en funcionamiento el próximo mes de julio.

Sin duda es un tema que demanda la mayor atención y urge que se defina lo antes posible, particularmente porque conforme a los artículos transitorios de la reforma constitucional, el periodo del Fiscal Anticorrupción que será nombrado por el Senado concluirá el 30 de noviembre de 2018, lo que representa un plazo muy corto para todas las tareas que tiene por delante.

Sin embargo, ante la dimensión que ha alcanzado el problema de la corrupción en nuestro país que no distingue colores partidistas -como lo confirma el vídeo que involucra a una diputada de Morena recibiendo dinero en efectivo- y ha permeado los distintos poderes y niveles de gobierno, es indispensable que contemos con una fiscalía fuerte, con autonomía operativa y técnica, con los recursos humanos y materiales suficientes, y cuyo Titular no tenga ataduras políticas que puedan limitar o dirigir su actuación.

En este sentido, también se requiere que el nombramiento del Fiscal General -de quien dependerá la Fiscalía Anticorrupción-, se someta a un amplio y riguroso proceso de escrutinio público para revisar que cuente con el perfil adecuado para ejercer un cargo de esta naturaleza, siendo prioritario que goce de una independencia real de grupos políticos o económicos que seguramente buscarán incidir en esta decisión para obtener protección una vez que termine el sexenio, sobre todo ante un escenario electoral tan incierto.

Lo cierto es que con el marco jurídico actual, difícilmente podemos aspirar a tener instituciones sólidas y confiables que combatan y castiguen eficazmente la corrupción. Por lo que, aunque tome un poco más de tiempo, debemos insistir en que se reforme el artículo 102 constitucional así como los artículos transitorios, con el objeto de que se elimine el pase automático para que el actual Procurador se convierta en Fiscal General por nueve años una vez que se apruebe la Ley de Fiscalía General, se fortalezcan las facultades de la Fiscalía Anticorrupción y se extienda el periodo de su primer Titular.

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De lo contrario, el inédito ejercicio de participación ciudadana que impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción a partir de la elaboración y presentación de propuestas concretas -como la iniciativa denominada 3 de 3 que logró reunir más de 600 mil firmas de apoyo- y de un intenso activismo para exigir que los legisladores cumplieran con su responsabilidad, se verá frustrado con un costo político, económico y social enorme.

Si verdaderamente queremos enfrentar la corrupción, no podemos permitir cuotas, cuates, ni simulaciones.

 

 

@agus_castilla