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Sospechosismo justificado: el caso Duarte

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El ahora conocido en medios y redes como Javidu, está preso, como debe estar, tras una presunta cacería internacional, tras huir de Veracruz ante acusaciones de haber robado muchos miles de millones de pesos. Pero lo que la población puede ver en los medios, hace pensar hay una intrincada trama legal no para que salga libre de culpa, pero sí que sólo pueda ser procesado por una fracción de los delitos de los que se le acusa.

La sospecha social es más que razonable, y más que al ser extraditado, la posibilidad de procesos se puede ver reducida a una mínima expresión. ¿Por qué proteger a Duarte? Muy sencillo, porque no es el único ladrón, él es el gran orquestador de una maraña de robos descarados al fisco veracruzano. Pero esos miles de millones robados no se quedaron en sus manos nada más, sin duda que se repartieron en muchas manos más, tanto de su propia estructura administrativa, como de sus cómplices en el sector privado y del nivel federal.

Pero lo más crítico es la razonable suspicacia de que muchos millones terminaron en su PRI para campañas políticas, y peor aún, en las manos de figuras clave del gobierno federal, incluyendo la sospecha de que el Presidente está involucrado. ¿Pruebas? Ninguna por ahora, pero sospechas, muchas y razonables. Tan enormes y repetidos robos no pueden pasar adelante sin la protección del Poder. Un comentario que hizo Peña Nieto hace unas semanas, fue que a Javidu debería dársele prisión domiciliaria por estar enfermo ¡absurdo! Y por eso resulta muy sospechoso.

¿En qué acabarán los juicios a Javidu (serán varios)? Probablemente en sentencias por unos cuantos delitos. ¿Qué significará eso en la práctica, además de cumplir penas cortas? En la imposibilidad de recuperar miles de millones de pesos. Y de paso en que sus principales cómplices del robo ni siquiera llegarán no digamos a juicio, sino ni a acusaciones formales de las procuradurías, la general y la local.

En las procuradurías de justicia o fiscalías estatales, se pierden casos porque se integran mal expedientes, y esto suceda por dos razones, o por incompetencia o por  intencionalidad, para precisamente se proteja a los culpables. ¿Será el caso con Javidu, que le proteja en lo posible por “órdenes superiores”? Es posible, y esas sospechas se confirmarán o no en las próximas semanas.

Un problema en la administración de la Justicia (amén de los posibles “arreglos” con jueces y magistrados, es el de las pruebas de cargo. Abiertamente se puede constatar que en el erario desparecieron millones de pesos, pero probar quién se los robó y peor aún qué hizo con ellos, puede ser desde difícil hasta imposible. Y por más que eso genere la furia, la desesperación y la frustración del pueblo, las cosas así se quedan, a pesar del mentado “costo político”.

Y con todo y ese costo político (léanse votos en elecciones), y por motivos fáciles de entender, el priismo tiene que proteger en lo posible a sus varios exgobernadores acusados de enormes desfalcos a sus respectivos erarios. Aunque el PRI ha intentado deshacerse de ellos con la ridícula medida de expulsarlos de sus filas, el tal costo político es demasiado grande, se volvieron indefendibles, algo que en casos de hace años pudieron librar.

En este caso de Veracruz, son tantos los robos de dineros, durante demasiado tiempo y de diferentes formas, que ello requirió una enorme red de confabulaciones, repartos y hasta amenazas a quienes se le hayan forzado a ser tapaderas. Y en estas sin duda varias redes de complicidades se incluyen lo mismo servidores públicos como personas físicas y morales privadas, incluyendo banqueros que pudieron haber canalizado mal los recursos robados. Fue demasiado dinero.

Nunca antes, que se pueda saber, un gobernador con sus cómplices se robó tanto dinero, con todas las facilidades. Falta saber cómo seguirán los casos pendientes del exgobernador de Nuevo León, que junto con su padre se les hace responsables de robarse también miles de millones de pesos que le faltan a las cuentas públicas.