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Lo bueno, lo malo y la duda en la captura de Javier Duarte

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Lo bueno. Lo bueno es que por fin lograron arrestarlo, tardaron mucho pero para todos fue una buena noticia. Por lo menos algo pasa. Javier Duarte se había convertido en la expresión de todo lo que está mal en la política de México (no es la única expresión, por cierto). Su nombre es sinónimo de corrupción y no de cualquier corrupción sino la que se hace desde la autoridad, desde el poder de la autoridad que se siente intocable, desde la corrupción criminal. Es esa corrupción que convirtió a Veracruz en una sucursal del crimen organizado. El crimen había ya coptado al estado. Es la corrupción que se materializa en la indefensión de familias y ciudadanos que fueron víctimas por no tener un gobierno que los cuidara y los defendiera, lo mismo con respecto a delitos de parte del crimen organizado que a delitos del orden común en donde la justicia está ausente de la vida diaria.

Corrupción que terminó con la confianza en la autoridad, en el gobierno, en la política. Corrupción que tiene a Veracruz en los últimos lugares del desarrollo social por su pobreza y su desigualdad. Corrupción que frenó inversiones y empleos para la gente de Veracruz y que se transformó en una enorme y pesada deuda pública. La captura es una buena noticia. Lo es también para el actual gobernador de Veracruz que, con menos instrumentos que la PGR, logró armar un expediente fuerte que hacía insostenible la defensa de Javier Duarte.

Lo malo. La baja credibilidad del gobierno federal y el momento en el que Duarte fue detenido hacen que muchos se pregunten si esto no es una maniobra para darle oxígeno a los candidatos del PRI al gobierno del Estado de México, Coahuila y Nayarit; así como a los candidatos de las alcaldías de Veracruz. Y claro que surgen varias preguntas: ¿actuó cuando pudo o cuando le convino? La intervención del gobierno federal en las elecciones del Estado de México ha sido de manera cínica a favor del PRI, lo cual nos hace pensar que puede darse una extradición con fines electorales dado que la PGR tiene —de acuerdo a sus explicaciones— 60 días para solicitarle a la Fiscalía de Guatemala que ésta le presente la documentación al juez competente de Guatemala quien califica —previa audiencia— si procede o no la extradición. En caso afirmativo el juez turna el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país para que proceda con las autoridades mexicanas. Quizás pasarán más de sesenta días si no exigimos rapidez a las autoridades mexicanas. Es una autoridad federal cuyo acierto se ve cuestionado por sus acciones.

La duda. Muchas preguntas: ¿Se hará justicia?, ¿quién lo ayudó a huir?, ¿fue la propia autoridad que hoy celebra su captura?, ¿cómo se coordinará la PGR con la fiscalía de Veracruz?, ¿se rastrearán todos los bienes a recuperar?, ¿la justicia alcanzará la red de complicidades existentes en esos actos de corrupción?

El pueblo de México exige justicia y que la ley se aplique de manera eficaz, porque Duarte no es el funcionario que sólo arregló una licitación o que recibió un soborno, es el creador y beneficiario de una red criminal que se fue extendiendo y que debe transparentarse y desmantelarse para que no vuelva a pasar. No puede haber espacio para la tibieza ni para la impunidad. El resarcimiento del daño es igual de importante que la pena misma. El daño no sólo es de dinero, sino de confianza, de respeto y de dignidad, para un pueblo que merece un gobierno honesto.