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Diarrea legislativa

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Felipe Calderón ordenó la intervención del Ejército en Michoacán, a pesar de carecerse de un plan, de estudios previos. Lo más grave es que ni siquiera se consultó el ordenamiento jurídico para determinar hasta dónde llegaban las atribuciones del Ejecutivo para dar una orden de esa trascendencia.

El presente siempre resulta opaco y no podría ser de otra manera, porque estamos insertos en él.
Fernando Escalante Gonzalbo

En sus memorias, Edward Kennedy señala algo en lo que todos coincidimos: el peor error de su hermano fue su fracasada invasión a Cuba. Escribe que fue una grave falla creer que, al encargarle esta tarea al Ejército, por sus características (servicios de inteligencia, fuerza, formación, disciplina) y ante la sola amenaza de su intervención, todo se resolvería exitosamente. 

Me parece que eso aconteció hace diez años cuando, a escasos días de su toma de posesión, Felipe Calderón ordenó la intervención del Ejército en Michoacán, a pesar de carecerse de un plan, de estudios previos. Lo más grave es que ni siquiera se consultó el ordenamiento jurídico para determinar hasta dónde llegaban las atribuciones del Ejecutivo para dar una orden de esa trascendencia.

Las consecuencias, casi todos los analistas coinciden, fueron las de una guerra que a la fecha no concluye y cuyas cifras, por donde quieran analizarse, apuntan a un rotundo fracaso.

Ahora, el secretario de Defensa señala la ausencia de una ley que regule la actuación del Ejército en labores de seguridad pública. A este planteamiento se suma el Presidente de la República, quien declara: “Es preciso contar con una ley de seguridad interior que regule la participación de nuestros efectivos militares y reitero mi disposición para trabajar con los legisladores en el diseño que dará certeza jurídica a nuestros soldados y marinos”.

No es necesaria una nueva ley. El Presidente puede intervenir sin la participación del Poder Legislativo. El artículo 89 de nuestra Constitución señala como facultad y obligación del Presidente de la República: “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. En el lenguaje jurídico ésta es la facultad reglamentaria.

Rafael Cardona, sin ser abogado, tiene un buen criterio jurídico y con precisión anota algo fundamental: “El marco les daría a los militares una certeza de actuación en un ámbito cuya circunstancia fundamental les es ajena”. El artículo 129 constitucional no da lugar a dudas: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Dicho lo anterior, el Ejecutivo puede emitir un ordenamiento conforme a nuestra Carta Magna: respeto a los derechos humanos, a los códigos vigentes y a todo lo que implica el Estado de derecho. Reitero, no es necesaria una nueva ley, basta un reglamento que delimite y especifique cómo, dónde y cuándo el Ejército puede intervenir para atacar al crimen organizado y cómo calificar a éste.

Parte del problema radica en nuestro federalismo disfuncional, que no se ha querido corregir, para deslindar esferas de competencia en los tres órdenes de gobierno.

Los tres Poderes del Estado mexicano insisten en manosear el derecho. Lo modifican o interpretan pensando demagógicamente que con ello se resuelve el problema, lo cual una y otra vez ha resultado una ilusión, o no actúan porque las leyes son ambiguas e imprecisas. El caso es que cada vez es más profunda la distancia entre el México real y el México legal.

Traemos una falencia añeja: confundir políticas públicas y marco jurídico. En el diseño de las primeras, caben reflexiones de toda índole. En la conformación del segundo debe haber sobriedad y contundencia.

Ojalá el problema tan grave que enfrentamos de seguridad pudiera resolverse modificando leyes. Si así fuere, qué torpes hemos sido al no percibirlo durante estos diez años. Como lo señalan los expertos, desgraciadamente, el problema es de mucha mayor envergadura.