Diez millones

Javier Corral Jurado

Debilitar a la Corte

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El presidente Peña Nieto, con acuerdo de la mayoría calificada del Senado, asestó en marzo pasado un duro golpe a la independencia de la SCJN nombrando ministro a Eduardo Medina Mora. No sólo por carecer del requisito constitucional de la residencia efectiva en el país, sino por el motivo principal de aquel impulso, el vínculo estrecho con el primer mandatario. El presidente escogió a uno de sus cuates y forzó la decisión de investirlo de toga y birrete sin la más mínima experiencia judicial con una oferta aún más cuestionable y nociva: los dos siguientes relevos en el máximo tribunal se repartirían uno para el PRI y otro para el PAN. La propuesta del PRI está cantada desde hace un año, Raúl Cervantes; el PAN propondría en el camino.

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César Duarte, megalómano a la baja

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Desde que Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República, el gobernador de Chihuahua César Duarte, ha querido trasladar la imagen de un hombre cercano al primer mandatario, “preferido del sexenio”. Luego, con no poca frecuencia en lo que va de la administración federal, ha esparcido a través de plumas pagadas que será llamado a trabajar al gabinete presidencial; especificamente se autopromueve como posible Secretario de Agricultura. Le invierte mucho dinero para que columnas periodísticas en la ciudad de México destaquen cuando viaja con Peña a algún país.

La más reciente y onerosa inversión en medios la hizo para promocionarse como posible Presidente Nacional del PRI. Nadie lo propuso, no hubo una sola mención de algún priísta despistado que postulara en serio ese relevo; pero él echó a andar la maquinaria del rumor en columnas, engranaje que se aceita con millones del erario público.

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Oaxaca, el fortín y la pifia

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En el 2010 se abrió en Oaxaca – y desde ahí para una buena parte de México – una alentadora esperanza de cambio. Fuerzas políticas disímbolas e incluso ideológicamente adversarias, convergieron en una alianza electoral para derrotar al PRI en esa entidad tras 80 años de hegemonía que llegó al extremo del saqueo impúdico a una de las zonas más pobre y desigual de México, así como al asesinato político de adversarios. Aquella alianza fue necesaria para desterrar una época llena de corrupción, impunidad y retroceso. Concurrí entonces a solidarizarme con esa épica gesta del pueblo Oaxaqueño contra una oligarquía inmoral.

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Informes que desnudan

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Si el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, puso contra las cuerdas al gobierno de Peña Nieto y demolió la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de hace un año, el nuevo informe que ha dado a conocer el grupo de trabajo del comité contra la desaparición forzada de la ONU, es devastador de lo que queda de este gobierno. Pone de relieve la profunda crisis de derechos humanos que vive el país. Marca la hipocresía de los compromisos que el gobierno adquiere en el plano internacional y por los que poco o nada hace para remediar abusos y atropellos a los ciudadanos.

Bien confiscado por los controles oficiales para que no se difundan los medios de comunicación, el informe da cuenta del seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en su visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011.

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El cinismo de la impunidad

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La impunidad es la dolencia moral de la política mexicana. Es el mayor signo del atraso legal, jurídico y judicial de nuestra división de poderes; dato indiscutible de la premodernidad en la que se estancó el régimen. Es la fuente del cinismo gubernamental y de su engendro nacen otras muchas desviaciones y debilidades institucionales de los gobernantes. La impunidad corroe, aniquila la confianza ciudadana y la troca en desánimo o desesperación. Muchas ideas violentas se incuban en el cinismo y la falta de legitimidad de los representantes populares. La corrupción impune es una provocación del Estado a la sociedad.

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Derecho de Réplica: el meollo del asunto

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El jueves pasado en la Cámara de Diputados se produjo un hecho inesperado para lo temprano de la legislatura que inició sus trabajos el pasado 1 de septiembre. Una advertencia de enorme esperanza no sólo para el derecho a la información sino para el futuro democrático de México: diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena convergieron inusitadamente en una advertencia a la Cámara de Senadores: si la minuta que crea una nueva ley de derecho de réplica no se corrige y endereza su protección a los ciudadanos y no a las televisoras, promoverán una iniciativa que la enmiende, al minuto siguiente de que entre en vigor.

A la cabeza de tal resistencia y en nombre de sus bancadas – nadie vaya a pensar que sólo a título personal – se colocaron, por el PAN Gustavo Madero, Virgilio Caballero por MORENA, Guadalupe Acosta Naranjo por el PRD y César Cervera por Movimiento Ciudadano. El anuncio tiene una explicación: estamos a punto de que un asunto que ha esperado décadas para ser garantizado en la legislación, sucumba por la presión grosera de las televisoras, ambición insaciable de poder y dinero, que parece imponerse de nueva cuenta para lograr un traje a su medida.

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Derecho de réplica simulado

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Ha sido difícil concretar en nuestro país un ordenamiento legal que garantice a los ciudadanos ejercer eficazmente el derecho de réplica frente a informaciones falsas o calumniosas en los medios de comunicación. Esa ha sido una ostra muy dura de abrir, no obstante que atiende uno de los aspectos más importantes de la eminente dignidad de la persona humana: la defensa de su honor, su imagen y reputación porque los intereses más corruptores de la política se han identificado históricamente con las resistencias más impunes del sector de la radiodifusión, particularmente de las televisoras; las que imponen ritmo y medida a la legislación cuando de sus intereses se trata.

Para los medios impresos el derecho de réplica existe desde 1917, quedó plasmado en el artículo 27 de la vetusta Ley sobre Delitos de Imprenta de Venustiano Carranza. No sólo la concepción moral de aquella época, sino sobre todo su carácter penal y sus limitados sujetos obligados —la prensa—, la hicieron ineficaz y desfasada frente a los avances tecnológicos de los multimedia.

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