Diez millones

Javier Corral Jurado

Un año de Unión Ciudadana: La corrupción de César Duarte

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El pasado 28 de noviembre se cumplió un año de la constitución del movimiento chihuahuense UNION CIUDADANA. Ya es memorable su esfuerzo y épica su gesta cívica contra la corrupción política del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaquez. Se trata de un movimiento social y político de carácter plural que busca izar en el territorio chihuahuense -como punto cardinal del mapa nacional-, la bandera contra la impunidad; conscientes de que en la dupla corrupción-impunidad, está la causa de los grandes rezagos de México y será el dique para su crecimiento con justicia y libertad.

Nació hace doce meses bajo el impulso de una genuina solidaridad hacia el valor cívico que tuvo Jaime García Chávez, al presentar la denuncia penal ante la PGR en contra del gobernador César Duarte, de Jaime Herrera Corral, secretario de finanzas y de Carlos Hermosillo, entonces presidente de la Junta de Aguas y ahora diputado federal, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades.

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Osorio, el protegido

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Sin que el asunto haya concitado la reacción mediática y política que su trascendencia amerita, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido otro duro golpe a su menguada credibilidad y deteriorada imagen internacional. El pasado 25 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación (3VG/2015), dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos por los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, en la que señala que “se acreditaron violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Federal, consistentes en el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de la vida de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una más”.

Queda formalmente al descubierto toda la operación que el gobierno puso en marcha para tratar primero de ocultar los hechos, luego inventar un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado como fue la versión sostenida por Alfredo Castillo, entonces Comisionado para la Seguridad de Michoacán. Ahora sabemos, en voz de Luis Raúl González Pérez, Ombudsman de la CNDH que las únicas armas con las que contaban los civiles eran palos y no armas de fuego.

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Contrarréplica de Javier Corral a la CIRT

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Señor director:

El sábado 28 de este mes fue publicado mi artículo titulado “Iniciativa Engañabobos” en este espacio, mismo al que se refiere el texto de réplica enviado por la CIRT al periódico por medio de su director, Miguel Orozco Gómez. En él plantea dos puntos que, a su parecer, descalifican mis aseveraciones, aunque su argumentación no tiene sustancia.

Asegura la existencia de un sesgo de mi parte sosteniendo categóricamente que pido que se le otorgue a la Televisión Pública “un año de gracia para que estén listas” para la transición a la Televisión Digital Terrestre; mientras solicito que se sancione a las televisoras privadas. Y, atribuyéndome una doble moral, pregunta si la Ley no es igual para todos. Yo no solicito que se sancione a las Televisoras Comerciales, pido que cumplan lo mandatado y que se siga lo estipulado a la letra.

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Nuevos regalos para las televisoras

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Este próximo lunes 30 de noviembre a las 7 pm, el Senado retomará en Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, la discusión de la propuesta del Senador Roberto Gil Zuarth que escudado en medios públicos pretende condonar multas multimillonarias a Televisa y TV Azteca.

La iniciativa del senador Gil contiene dos elementos sustanciales: el primero es adicionar un nuevo párrafo al artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para autorizar a los medios públicos, sociales y educativos a no transmitir su señal hasta en tanto puedan digitalizar sus transmisiones y el segundo  es la sustitución de la palabra “permisionario”, por “operador” lo que se traduce en beneficiar a todos los concesionarios de una frecuencia de radiodifusión, es decir a las televisoras privadas (Televisa y TV Azteca), públicas, culturales y sociales.

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Iniciativa engañabobos

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El cuento que hace dos meses se armó en nombre de los más pobres de México porque se quedarían sin ver Televisión debido al supuesto incumplimiento del gobierno en la entrega de televisores digitales, está clarificado por estos días. Aquel intento de reformar la Constitución para posponer un año más el apagón analógico no era un problema de falta de cobertura en la recepción digital, sino en la transmisión digital: las dos grandes empresas de televisión dejaron de invertir en la conversión de sus equipos transmisores en las zonas más marginadas del país, ahí donde irradian las señales complementarias de sus estaciones principales. Es absolutamente falso que las empresas de Televisión afiliadas a la CIRT tienen digitalizadas todas sus señales.

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Layda y el Presidente

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Además de condensar, como momento plástico, el deterioro político y la enorme distancia que con la desigualdad social guarda el régimen oligárquico que detenta el poder en México, la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Dominguez al empresario y financiero del PRI, Alberto Baillères, ha tenido también un episodio rescatable y digno de reconocimiento: La senadora Layda Sansores ha salido al encuentro de Peña Nieto a su llegada al antiguo recinto del Senado y le ha entregado en propia mano una carta llena de indignación y reclamo por la corrupción galopante, la represión de las libertades políticas, y le ha solicitado -buscando un “destello de dignidad”- la renuncia al mandatario.

Vi la escena por televisión a través de la transmisión del Canal del Congreso. No asistí porque, tanto al emitir mi voto sobre el dictamen que otorgó la presea a Alberto Baillères, como mi ausencia en la sesión solemne, fueron la expresión completa de mi desacuerdo y deslinde con ese acto de sometimiento del poder legislativo al poder del dinero. Ausente el espíritu y objetivos para los que nació el galardón, “servicios prestados a la Patria y a la humanidad”, se imprimió otro sentido: reconocimiento al “emprendedurismo”. Así lo presentó el senador que leyó el dictamen, Roberto Albores, y así lo asumió Baillères en su discurso insulso: Un reconocimiento al sector empresarial a través de su persona.

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Baillères

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En insólita decisión, la mayoría del Senado de la República otorgó la medalla Belisario Domínguez al empresario priísta Alberto Baillères. Es la primera ocasión en que tal condecoración, la máxima entre las distinciones que realiza la cámara alta, no se produce por acuerdo unánime del pleno senatorial desde 1954 que le fue conferida a la profesora Rosaura Zapata. Apenas la mitad más uno de los integrantes del Senado, 65, emitieron voto a favor y 12 votamos en contra; así fue anunciado el cómputo en la sesión del 4 de noviembre, aunque luego, instigados quizá por la precariedad del consenso, los números de la votación cambiaron al ser publicados en la página de internet: 72 – 13.

Las dos cosas son un despropósito y un signo inequívoco del deterioro que sufre el régimen político. La política congresional muestra su distancia con la realidad, por ignorancia, desdén o cinismo.

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