Diez millones

'Con el patrón no te metas'

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Sólo por la incomodidad que se causa a quienes encumbrados en el gobierno sostienen que el poder es para poder.

Dos hechos recientes nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de las libertades supuestamente conquistadas en nuestro tránsito democrático; dos eventos que nos muestran más bien la regresión que en materia de respeto a la libertad de expresión vive nuestro estado y el país. Retratan de cuerpo entero a la clase política que en este momento domina el escenario nacional, y que en estados como Chihuahua y Coahuila, tienen características de cinismo político; son los casos del periodista universitario chihuahuense Gabriel Ortega y del director del diario Vanguardia de Saltillo.

El día que paradójicamente en el mundo se celebraba la libertad de expresión, 3 de mayo, bajo el impulso de las Naciones Unidas, una juez de consigna vinculó a proceso por difamación al periodista Ortega Pérez, un joven que en su labor profesional, había despertado en ocasiones anteriores la ira del gobernador César Duarte y que en días recientes también encaró al candiduarte Enrique Serrano, quien rehuyéndolo, como rehúye todo, terminó por lanzarle el despreciativo: “Eres un mozalbete”, respondiendo así a la pregunta de Gabriel, quien le reclamaba su complicidad y corresponsabilidad en el enorme endeudamiento del gobernador César Duarte, para quien trabajó como diputado local y coordinador del grupo priísta en el Congreso Local. Endeudamiento que tiene en quiebra a la entidad y que ahora pagamos todos.

El atropello del gobernador César Duarte y su candidato Enrique Serrano, se dio inmediatamente después de que se difundiera ampliamente por las redes sociales, el video del reclamo de Gabriel Ortega a Serrano Escobar.

En la tarde noche del pasado 29 de abril, mientras cruzaba por la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, un grupo de policías estatales encapuchados arrestó a Gabriel con lujo de violencia física y verbal, como lo refieren testigos. Fue encarcelado y durante su arresto fue vejado, insultado, amenazado y advertido: “Con el patrón no te metas”.

En una entrevista video grabada y difundida en redes, Gabriel identifica al “patrón” como “al gobernador, a Enrique Serrano, toda esta pandilla de corruptos”. En dicha entrevista da detalles de las humillaciones, amenazas, vejaciones y violación a sus derechos humanos más elementales.

A Gabriel Ortega Pérez, se le está aplicando el artículo 333 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que ahora el gobierno de Duarte ha decidido utilizar como un instrumento para la represión, para someter a los medios de comunicación o los periodistas que no se dejan comprar por el dinero y los convenios publicitarios. De suyo el artículo puede ser cuestionado desde el punto de vista constitucional, pues la redacción que contiene la envidiarían Hitler y Mussolini: “Se impondrá de uno a tres años de prisión y cincuenta a mil días de multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsas o verdaderas”. Como se ve más propio de un estado fascista que de una democracia, y de fácil utilización para una mente tan retorcida como la de César Duarte.

Aún cuando lo que detonó la acción para violentar en su dignidad y persona a Gabriel Ortega, fue el encaramiento que provocó la ira de Enrique Serrano Escobar, en realidad se valieron de un trabajo periodístico que data de mediados del año pasado, en el que se pone de manifiesto la corrupción de Pedro Hernández, secretario de Salud en el estado, quien entre otras cosas, giró cheques por un millón 600 mil dólares a nombre de la esposa de Cesar Duarte, Bertha Gómez.

Un caso que fue referido por muchos medios de comunicación en la entidad y que pone de manifiesto que no sólo el gobernador se ha enriquecido ilícitamente, sino que encabeza una pandilla, en la que Pedro Hernández, es un miembro más como también lo es Jaime Herrera y algunos candidatos que fueron cobijados por partidos de oposición, que en Chihuahua, están sometidos a la orden y necesidades de César Duarte y su plan de impunidad.

Sin embargo, el artículo 333, no puede ser aplicado a la actividad periodística, es una malvada interpretación de la juez de consigna para escarmentar o pretender escarmentar al joven y valiente periodista. Este artículo, como decíamos, es en la manos de Duarte Jáquez un instrumento de represión, la interpretación que se le está dando es un hecho muy grave que debiera llamar la atención de todos los periodistas y medios de comunicación del país, pues se está utilizando para violentar la libertad de expresión y de información.

El otro caso es el de Armando Castilla Galindo, director del diario Vanguardia de Saltillo, tiene elementos similares, el atropello desde el poder a un periodista incómodo. Allá un comando armado irrumpió violentamente en una casa del periodista, elementos de “Fuerza Coahuila”, como se denomina a la policía estatal, llegó y con lujo de fuerza desalojó al periodista de su propiedad en supuesto acato a un orden judicial del ramo civil, llegaron armados con un oficio sin firma ni sellos y arrollaron con un vehículo al director del rotativo, quien tuvo que ser traslado en una ambulancia a ser atendido medicamente. Igual que con Gabriel es un atropello desde el poder, sólo por la incomodidad que se causa a quienes encumbrados en el gobierno sostienen que el poder es para poder.

Estos atropellos que debieran ser denunciados en primerísimo lugar por los propios colegas periodistas y los empresarios de los medios, reciben una falta de solidaridad y atención asombrosa. El silencio se explica por el desendado camino de respeto y transparencia entre los medios de comunicación y el gobierno, particularmente el de estas entidades. El silencio conduce al atropello. Estos deben acabar en el país, y en Chihuahua podemos hacerlo a partir de octubre próximo; estamos comprometidos con la libertad de expresión y de información, y uno de los ejes de acción más importantes es transparentar el gasto público en los medios, racionalizarlo bajo criterios objetivos y claros, como considerar la audiencia, la penetración y otros elementos el gasto publicitario. Para que el presupuesto público deje de ser la zanahoria o el garrote.

Es imperativo acabar con la cooptación de los medios de comunicación, el presupuesto público dejará de ser usado para silenciar, para ocultar la crítica, para ser aplaudido y satisfacer el ego del gobernador. Acabar con la vergüenza que debe producir a los verdaderos periodistas, la inequitativa cobertura de las campañas que hoy se viven en nuestra entidad y que el propio IEE, en sus monitoreos oficiales exhibe, una cobertura que favorece de manera descarada y violando la ley a la campaña de Enrique Serrano y que por otra parte es pagada por todos los chihuahuenses ya que los fondos de los convenios publicitarios son del erario público, todos pagamos, todos los chihuahuenses pagamos esta compra abierta e infame de la mayoría de los medios de comunicación.

De bruces, volcados en la más vergonzosa abyección, la mayoría de los medios de comunicación, no ofrecen a diario el peor periodismo que en muchos años no habían padecido en Chihuahua. 

Al participar como candidato a la gubernatura de Chihuahua, he sostenido que a partir de octubre próximo los medios de comunicación en Chihuahua, gozarán de una libertad jamás conocida en la historia, habrá respeto a la dignidad de los periodistas, acabará el hostigamiento permanente y sistemático a los críticos, como es el caso de Gabriel Ortega.

Es posible tener medios democráticos y críticos en el estado de Chihuahua, el gobierno no usará el presupuesto y los convenios publicitarios para buscar ni el aplauso ni el silencio, para tener la complicidad, al contrario, queremos medios de comunicación al servicio de la sociedad, críticos y bien fundamentados en sus publicaciones, que sirvan a la sociedad, que sean lo que siempre debieron haber sido, salvo sus contadas excepciones, entidades de interés público, al servicio no de los que interesadamente manejan el presupuesto público, sino comprometidos con sus lectores, televidentes, radioescuchas.

Piedra angular de la democracia, la libertad de expresión debe ser un derecho cuyo respeto irrestricto, sea el primer imperativo de todo gobierno. Ese será mi compromiso.