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La grave crisis de los Derechos Humanos

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Otra vez, sin posibilidad de atajar o por lo menos reaccionar con cierta dignidad, el gobierno mexicano ha sido enfocado en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el pasado 2 de marzo publicó un demoledor informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. La propaganda gubernamental sucumbe ante los nuevos señalamientos, atrás queda el discurso de la acción eficaz del Estado contra el crimen organizado; derrumbados los supuestos avances de la “nueva” estrategia de seguridad pública. En el fondo del informe de la CIDH se pone al descubierto la complicidad oficial con las bandas del crimen organizado. La inacción frente a la denuncia, no sólo es incompetencia, sino colusión, en los más altos niveles de la política en México.

No nace el informe de un asunto de percepción, sino de un encuentro de los comisionados de la OEA con la realidad mexicana vivida en el campo de los hechos. De ahí lo trascendente del informe y su reiteración. Porque no es la primera vez que la Comisión viene a hacernos un llamado de alerta, tampoco es el único llamado, Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó en su informe sobre su misión a nuestro país que la tortura es generalizada en México y que ocurre en un contexto de impunidad, lo que se convierte en un aliciente para su agravamiento y repetición.

Amnistía Internacional ha alertado también que nuestro país atraviesa “la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente, que ha resultado en miles de personas muertas o desaparecidas”; el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, sostuvo el pasado 7 de octubre que hay un amplio consenso internacional sobre la crisis de derechos humanos que el país atraviesa.

Esta conclusión y análisis es reforzado con el informe realizado por la Comisión que se basó en la visita que  siete de sus integrantes hicieron del  28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como en otras visitas y Relatorías Temáticas. El organismo internacional se encontró también con que México vive una grave crisis con particular énfasis en desapariciones, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, además de destacar que hay un problema de acceso a la justicia e impunidad.

El documento habla de la situación de violencia por la que atraviesan periodistas (nuestro país sigue siendo considerado de los más peligrosos para ejercer el periodismo), defensoras y defensores de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes, migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBTI).

Si bien el asunto no es nuevo, pues llevamos varios años con una violencia exacerbada, lo cierto es que en el informe se señala que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto no se han presentado cambios sustanciales en cuanto a políticas de seguridad y tampoco en los niveles de violencia. De hecho la impunidad hoy por hoy sigue siendo un lastre que no nos permite avanzar, de acuerdo al informe el 98% de los delitos no llegan a tener una sentencia condenatoria.

La Comisión destaca que “las desapariciones son generalizadas en México” y que este fenómeno ha alcanzado niveles críticos, de acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al 30 de septiembre de 2015 las personas “no localizadas” se contabilizan en 26,798. Preocupa sobremanera el fenómeno de las desapariciones forzadas, mismo que se da cuando alguien desaparece a manos de agentes del estado, con su participación, conocimiento o tolerancia. A ello sumemos que muchas de éstas desapariciones no se denuncian pues existe una gran desconfianza de parte de los familiares hacia las autoridades, o por temor a represalias o porque en caso de denunciarlas la respuesta de las autoridades presenta varias falencias.

Sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el informe califica el caso como una muestra de las profundas deficiencias que hay en casos de esta naturaleza, una muestra de la colusión entre agentes del Estado y crimen organizado, así como de la impunidad estructural que impera en graves crímenes como éstos. Del mismo modo reiteran su respaldo a los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismos que hace unos meses echaron abajo la llamada “verdad histórica” y conminaron al Estado a brindarles acceso para entrevistar a todos los testigos, incluyendo los miembros del 27 Batallón de infantería, mismos que estuvieron presentes en los hechos de Iguala.

La Comisión expresa una profunda preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, así como el “carácter endémico de la impunidad para estos crímenes” e ilustra dicha problemática con los casos de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y Michoacán. De éstas, dice, no hay en la actualidad números y estadísticas confiables sobre la incidencia del grave problema.

Otro grave problema es el de las detenciones arbitrarias que, señalan, son norma, no excepción en los que destaca el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes “a nivel estatal, las detenciones arbitrarias son utilizadas políticamente como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles”.

En cuanto a grupos de población, la CIDH señala que en nuestro país las mujeres siguen siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres, tales como violación, trata de personas, abuso sexual, violencia familiar, otros delitos contra la familia y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual, ahí cita datos propios del INEGI que reportó que entre 2013 y 2014 hubo siete asesinatos de mujeres diariamente en nuestro país.

Otros grupos que han sido constantemente vulnerados en sus derechos humanos son los migrantes que en su tránsito por nuestro país sufren agresiones, secuestros, violencia sexual, trata de personas, asesinatos y desapariciones, revelan que una gran mayoría de estos delitos son perpetrados por grupos del crimen organizado y en muchos casos hay conocimiento y participación activa por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración y policías estatales, municipales o federales.

Defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan a amenazas, asesinatos, agresiones y señalamientos sobre todo por parte de autoridades estatales, algo similar ocurre con los periodistas que en los últimos años han enfrentado el aumento de agresiones y homicidios, no sólo por parte de agentes del estado, sino por parte del crimen organizado lo cual se ha colocado también como el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.

Chihuahua ocupa por cierto un lugar especial en este amplio documento, se encuentra de hecho entre los estados con mayor número de homicidios de periodistas entre 2000 y 2015, después de Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. También entre los más afectados por la violencia relacionada al narcotráfico y al crimen organizado. Es el tercer estado con mayor tasa de homicidios. Entre 2011 y 2013 fue el segundo estado con las tasas más altas en homicidios de mujeres, tan sólo después de Guerrero.

La CIDH señala que apenas en abril de 2015 solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de la comunidad “El Manzano” –en Chihuahua- pues “dicha comunidad habría recibido amenazas, y se habrían perpetrado asesinatos en contra de jóvenes en la comunidad, presuntamente en el contexto de reclutamiento por grupos del crimen organizado”.

Cuando el organismo internacional habla de la violencia que indígenas sufren, mismos que en los peores casos han resultado en asesinatos, menciona a Chihuahua como uno de los estados en donde tuvo conocimiento de detenciones de líderes indígenas por su oposición a distintos megaproyectos.

Nuestro estado es uno de los tres con mayor concentración de desplazamiento masivo debido a la violencia, también somos mencionados en el entorno de violencia que sufren las y los defensores de derechos humanos, somos el segundo estado con mayor número de reportes por agresiones en contra de éstos.

La Comisión concluye que en nuestro país vivimos niveles críticos de impunidad y una atención ineficiente e insuficiente a víctimas y sus familiares, apunta como uno de los principales retos zanjar la brecha entre el andamiaje legislativo y judicial con la realidad, en la que las víctimas señalan que la procuración de justicia es una “simulación”.

Del mismo modo recomienda romper el ciclo de impunidad imperante “el combate a la impunidad en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.”

Vergonzosa resultó la respuesta del Gobierno que sólo atinó a decir, mediante comunicado de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la PGR, que dicho informe “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos que no se comparten”, ¿cómo habrían de compartirlos si ellos parten de “verdades históricas” que nadie cree y que se desgajan ante evidencias científicas? ¿Si no pueden escuchar el coro de voces internacionales que alertan de uno y mil modos la crisis por la que atravesamos?

Esa indolencia es tan criminal como la acción de la delincuencia organizada. ¿O es la expresión del cinismo político, en el preludio de un Estado al que lo dominará la narco política? No hay duda de que estamos en la crisis de derechos humanos más aguda de nuestra reciente democracia.