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Seguridad Nacional, Pública y Ciudadana

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Una aproximación a los conceptos que las definen  y a las realidades en las que actúan.  

Resumen: Es importante distinguir entre Sociedad Civil y Política; la primera se ocupa de producir los bienes necesarios para la consolidación y el progreso de la misma, y la segunda del orden del todo social, especialmente en que ambas tengan la seguridad necesaria para alcanzar sus fines.

Conforme la sociedad nacional y la sociedad global (aldea global) se han hecho más complejas, los conceptos de Seguridad Nacional, Pública y Ciudadana se han tenido que modifificar en congruencia con dicha complejidad. La Seguridad Nacional pasó de ser considerada como la defensa del territorio para abarcar el combate al crimen organizado que opera desde dentro y desde fuera de la Nación, y la penetración de instituciones de la sociedad política mediante la ley brutal de “plata o plomo”.

La Seguridad Pública, ahora más vinculada con la Nacional, se encarga de combatir al crimen organizado y no organizado, pero en lo que se refiere a acciones que afectan a la Sociedad Civil. La Seguridad Ciudadana se entiende como la participación democrática de la Sociedad Civil en su propia seguridad, no tomando su defensa en mano propia, sino informando a los cuerpos policíacos para la prevención y combate al delito que la ofende.    

Introducción

Cuando el hombre se establece en grupos sociales por tener características similares provenientes de una historia común, tales como la cultura, lingüísticas, sociales, religiosas, etcétera surgen nuevas necesidades, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas, entre ellas la necesidad de paz, de libertad y la protección en el espacio territorial en que los grupos se van desarrollando y es entonces cuando aparece el germen de la Seguridad Nacional como una necesidad primaria y fundamental que, cuando es vulnerada, da lugar no sólo a conflictos internos, sino en ocasiones a la desaparición de naciones y pueblos enteros. 

Un caso ilustrativo de esa situación, lo encontramos en la histórica Ciudad de Troya (también llamada Ilión), que estuvo habitada desde el III milenio a de C.  Esta ciudad tenía una gran importancia estratégica, ya que desde este centro urbano y marítimo se controlaba el único acceso al Ponto Euxino (mar negro) a los navegantes y comerciantes que provenían del Egeo y del Mediterráneo. Ello hizo que llegara a ser una de las grandes ciudades de la antigüedad y provocó la ambición de los griegos o aqueos que se unieron para invadirla y, según Homero, autor de la “Ilíada” y la “Odisea”, utilizaron el pretexto del rapto de una princesa, Helena de Esparta, por parte del príncipe troyano Paris, para invadir la ciudad. Los historiadores calculan que esta guerra se libró entre los siglos 1300 y 1100 antes de nuestra era.

Luego de 10 años de un sitio tan sangriento como infructuoso, los griegos aparentaron retirarse dejando fuera de su ciudad a los troyanos la estatua de un enorme caballo de madera como supuesto reconocimiento a su valor durante la guerra. Los Troyanos tuvieron que quitar una parte de sus defensas para introducir la soberbia estatua a la ciudad y celebrar la retirada de los invasores. Los griegos, que habían introducido un número importante de soldados muy hábiles adentro de la estatua, mantuvieron abierta la entrada a la ciudad, para que ingresaran por ella sus tropas, que se habían agazapado en una playa cercana, a saquearla y destruirla.

Puede considerarse que es este probablemente uno de los hechos históricos más remotos de cómo puede violarse la seguridad nacional, en ese caso, de una de las metrópolis más ricas y fuertes del mundo antiguo y que sirve como ejemplo para establecer la importancia de conceptos que el día de hoy adquieren relevancia, tanto por lo que se refiere a la defensa de la soberanía de un país, como a la Seguridad Pública y Ciudadana, que abarcan la temática de este estudio; primero aludiendo al concepto de Seguridad Nacional como la base en la que se asientan los ideales del desarrollo social, político, económico y cultural de los pueblos y que se complementa con la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana, esta última como concepto y práctica del advenimiento y desarrollo de la democracia, así como de establecer sólidamente nuestra fortaleza como nación ante el fenómeno de la globalización, sin que se entienda como un rechazo a la misma, sino como una oportunidad para establecer las condiciones que permitan rechazar los atentados en contra de nuestra soberanía por parte del crimen organizado y aprovecharla  también de la mejor manera para nuestro propio progreso.

En razón de lo anterior este trabajo abarca tres apartados en los que se trata el concepto y la práctica de la Seguridad Nacional, Pública y Ciudadana como elementos que se complementan en el sistema social, político, económico y cultural del país para tender al logro del bien común, en el respeto a la eminente dignidad de la persona humana, los derechos y garantías que le son inherentes en razón de su naturaleza para su plena realización.  

Marco teórico.

Para entender qué es la Seguridad Nacional es fundamental comprender los diferentes conceptos que la representan, la expresan y le dan un sentido correcto en la realidad, en que se desenvuelve. En primer lugar es necesario distinguir entre las dos facetas en que puede dividirse el todo social: la Sociedad Civil y la sociedad política.

Sociedad civil.

Es la encargada de producir los bienes materiales necesarios para la vida, que incluyen entre otros, la morada, el sustento, la vestimenta, el transporte, los medios de comunicación, los servicios financieros y buena parte de la infraestructura necesaria para la realización de las actividades que suponen la producción, distribución y consumo de todos esos bienes y servicios.

Pertenecen a ella también diversas instituciones que operan fuera del gobierno como las organizaciones religiosas, los partidos y las asociaciones políticas, los sindicatos, los grupos empresariales, las organizaciones no gubernamentales, un porcentaje significativo y creciente de escuelas desde el nivel previo a la primaria hasta universidades y posgrados.

Pero es la sociedad civil la que se encarga también de la producción de los bienes intangibles, de la educación en el hogar y la cultura en su acepción más amplia, que incluye las costumbres y tradiciones, el cultivo y la producción artística y artesanal, el desarrollo de la ciencia, la filosofía y los valores en los que se sustenta y consolida la adecuada funcionalidad del ámbito social y que son también los que le dan el fundamento más profundo a las leyes para que sean obedecidas, no sólo por su obligatoriedad y por las sanciones a que lleva su transgresión, sino por la convicción social de que sin ellas y los valores en los que descansa la estructura jurídica, la sociedad caería en el caos de la anarquía y el desorden.

En términos inspirados en la teoría sociológica de Antonio Gramsci, a la sociedad civil corresponde la dirección intelectual y moral de la sociedad, esto es, el sistema de valores e ideas que legitiman el comportamiento social y que avala la forma del gobierno y la enriquece mediante la dotación de personal y de intelectuales que la nutren de las ideas en las que se sustenta el gobierno. (1)

De allí que la sociedad civil pueda asumirse como una totalidad compleja cuyo campo de acción es producto de la lucha por el poder en cualesquiera de sus manifestaciones (político, económico, y social) en las que se forman alianzas para mantenerlo y aumentarlo, y es a partir de esa lucha que se genera, tanto las nuevas tecnologías como las nuevas ideas que hacen avanzar al conjunto de la sociedad a mayores y mejores estadios de bienestar, y que corresponde a la aspiración de la mayor parte de los ciudadanos por alcanzar el bien común, pero donde también se dan situaciones disfuncionales que afectan y ponen en riesgo el desarrollo social y cuyo combate corresponde, dependiendo de la gravedad y características de cada caso, precisamente a la Seguridad Nacional, a la Seguridad Publica y a la Seguridad Ciudadana cuyos organismos de operación se ubican en el ámbito de la Sociedad Política.

Sociedad Política

La función de la Sociedad Política es marcar la dirección de la sociedad en su conjunto mediante la aplicación de las leyes, ya sea por la vía de las disposiciones del orden civil que protegen al ciudadano y a la familia, las del orden social que permiten la defensa de los derechos correspondientes, o las de orden penal encargadas de aprender y llevar  a juicio a los infractores de la ley.

Es a través de la Sociedad Política que el gobierno asegura la disciplina en materia del cumplimiento de las leyes y particularmente de la Seguridad, mediante la coerción legítima avalada por la ley y, desde luego, por la sociedad misma si se considera, como se mencionaba en el apartado anterior, que la ley representa los valores éticos, morales y sociales en los que se levanta la estructura misma del todo social y significa también el mantenimiento de esos mismos valores. Fue en ese sentido y en ese contexto que la Suprema Corte de Justicia, en 1996, resolvió lo siguiente:

“El estudio… de los artículos 16, 29, 89, fracción VI y 129 de la Constitución Federal de la República, permite concluir que el Constituyente Originario y el órgano reformado después no pretendieron constreñir a las fuerzas militares para sólo actuar dentro de sus cuarteles en tiempos de paz, ni quisieron decir que en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que pusiese a la sociedad en grave peligro o conflicto, sólo podían realizar acciones que superaran la situación de emergencia; pues una sana realista interpretación de dichos preceptos, autoriza a concluir que es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza aérea y la Armada pueden, aunque no se haya decretado suspensión de garantías, actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, pero siempre a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, y con sujeción al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma. Por esta razón es válido estatuir que las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produzcan situaciones que hagan temer que de no enfrentarlas de inmediato desembocarían en alguno o todos esos graves fenómenos. (2)

Pero las funciones de la Sociedad Política no se limitan sólo a la Seguridad Nacional, Pública y Ciudadana, corresponde a ella la elaboración y actualización de las leyes que rigen todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural que se crean mediante el funcionamiento de las Cámaras de Senadores y Diputados (Congreso de la Unión), las cuales también se encargan de darle su materia prima al Poder Judicial y hacer contrapeso al Poder Ejecutivo Federal en las decisiones con las que no está de acuerdo la mayoría de los legisladores.

Este último es el encargado de asegurar que se cumplan los planes y programas necesarios para garantizar la seguridad, para posibilitar el desarrollo integral, que implica el avance político, social, económico, educativo y cultural, mediante la delegación de sus diferentes funciones a las secretarías y dependencias de Estado, que son las que se encargan directa y concretamente de realizar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública y para dotar a la Sociedad Civil, de manera subsidiaria, de los recursos que necesita para su desarrollo de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad: lo que no pueda realizar el individuo por si mismo que lo realice la sociedad civil, y lo que escapa a las posibilidades de esta, que lo realice el Estado.

Corresponde también a la Sociedad Política el Poder Judicial, con sus diferentes instancias y jerarquías, que es el encargado de imponer el castigo a quienes transgreden la ley, con base en la ley misma, especialmente con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes que de ella derivan (cfr. Tesis XVII 96, XVIII 96 y XXXIX 96 antes citadas, SCJN). - Ambas instancias jurídicas, la Constitución y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía-.  

Es importante señalar que es a esta parte de la Sociedad Política a la que corresponde también contrapesar al Legislativo y al Ejecutivo en lo que concierne a la aprobación y aplicación de leyes opuestas al espíritu y la letra de la Carta Magna. Hasta el advenimiento de la alternancia democrática en 1997, en que la Cámara de Diputados fue mayoritariamente de oposición, el Congreso operaba hasta entonces, más como una dependencia del Ejecutivo Federal que como un poder autónomo y soberano, de acuerdo con las atribuciones que le otorgaba la Constitución.

En este sentido el Poder Judicial tiene la facultad de defender a los miembros de la sociedad civil cuando por alguna circunstancia no son respetados sus derechos, ya sea por parte de la propia sociedad civil o de la sociedad política y es también el que puede ordenar la reparación del daño causado por una mala aplicación de la ley o por la aplicación de leyes que contravienen el espíritu y la letra, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. Asimismo de las leyes que se deriven de la propia Constitución.

Al respecto es importante destacar la existencia de tribunales internacionales que tienen la facultad de castigar y de prever, en la medida de sus atribuciones, la violación de los derechos humanos protegidos por dichos tratados. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de la Haya.

El caso de diversos artículos aprobados por el Congreso de la Unión, en las reformas a la Ley de Radio y Televisión (la llamada Ley Televisa), al finalizar el trienio que transcurrió del 2006 al 2009, es ilustrativo de cómo el Poder Judicial puede controlar al legislativo estableciendo que esa ley, tal como fue aprobada, era contradictoria de algunos de los dictados constitucionales en la materia.

En resumen, este es el marco jurídico y sociológico en el que se mueven, tanto la protección preventiva a los miembros de la sociedad, como las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, que corresponde al Poder Ejecutivo Federal y Estatal y el castigo a quienes contravienen la ley, en perjuicio de los derechos humanos tanto individuales como sociales de los miembros de la comunidad nacional.

Teoría sociológica de sistemas.

Desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas puede considerarse al conjunto de la sociedad como el gran sistema cuyo equilibrio depende de otros sistemas englobados en ella, la sociedad civil y la sociedad política, y el equilibrio entre ambas se reflejará en el todo social. Dicho equilibrio depende de la comunicación de ida y vuelta, retroalimentación, entre ambas y también con respecto al sistema exterior denominado la sociedad global (Aldea Global) cuya presencia actúa de manera directa e indirecta en la sociedad, que puede generar equilibrios y desequilibrios en la sociedad nacional.

Una característica de los sistemas sociales es que no son cerrados sino que admiten estímulos provenientes de otros sistemas (sociedad global à sociedad nacional; sociedad nacional à sociedad global; sociedad política à sociedad civil; sociedad civilà sociedad política), y que de alguna manera responden a ellos para mantenerse en un equilibrio dinámico que les permite evolucionar para mejorar su propio funcionamiento.  

La actuación e influencia de la sociedad global en la sociedad nacional se observa tanto a nivel de la comunicación en todas sus formas (cine, radio, televisión, internet, medios impresos, telefonía, etc.) como en intercambios comerciales, turísticos, y mediante vías y medios de transportación de todo tipo (terrestres, marítimos, aéreos y aún aeroespaciales).

El equilibrio en el ámbito interno depende de las relaciones de correspondencia entre sociedad civil y sociedad política, en tanto la segunda le da a la primera la seguridad y los servicios que necesita para seguir operando de forma tal que le permita alcanzar sus metas de desarrollo. Entre los servicios para el funcionamiento de la sociedad civil se encuentran la previsión y el combate a la inseguridad que es una de las condiciones necesarias para la existencia ordenada del sistema social en su conjunto y, desde luego, de los sistemas que hemos denominado sociedad civil y sociedad política.

La retroalimentación o realimentación (información de ida y vuelta) entre estos dos sistemas es indispensable para mantener el equilibrio de ambos y en este caso del conjunto de la sociedad.

Es importante tener clara la noción de “entropía”, que se refiere al desorden dentro de los sistemas (Cfr. cuadro siguiente), y los conceptos de retroalimentación positiva y negativa.

Los términos de positiva y negativa que se utilizan para calificar a la retroalimentación son importantes para evaluar la tendencia de los sistemas al orden o al “desorden” que es representado por la entropía, estos conceptos se originan en la ley matemática de los signos que nos dice: más por más da como resultado más y menos por menos da más (positivo). A la inversa, más por menos da menos y menos por más da menos (negativo).     

Cuando en un sistema se va de más a más o de menos a menos, sin que haya un freno o control de esas tendencias se favorece el desorden, el desequilibrio, o el aumento de entropía. A la inversa, cuando un sistema va de más a menos y de menos a más, la tendencia al desorden se controla y tiende al equilibrio y, en este caso, la tendencia al desorden tiende a reducirse.

En México, por ejemplo, se dejó crecer al narcotráfico durante décadas al grado de que llegó a dominar extensas zonas en el norte y centro del país y su combate ha resultado mucho más complejo que si se hubiera combatido eficientemente desde el principio. Por otra parte, si el orden, entendido como el concepto particular de un dictador crece, los conflictos también llegarán a ser mayúsculos. En la Alemania nazi el orden a que aspiraba Adolfo Hitler llevó a una gran destrucción del país y a su posterior división en 1945, la que sólo fue resuelta después de la caída del muro de Berlín en 1990. En virtud de esas realidades puede considerarse que la democracia, bien entendida, es el sistema de gobierno que, por su propia naturaleza imperfecta pero autocorrectiva, lleva al equilibrio. Quizás por eso Sir Winston Churchill, Primer Ministro del Reino Unido (Inglaterra) durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que “la democracia es el peor sistema de gobierno, si se exceptúan todos los demás”.    

Cuando en un sistema social las funciones que debe desarrollar tienden al desorden, ese sistema tiende a su destrucción (aumento no controlado del desorden, en este caso del sistema social), pero cuando predomina la tendencia al equilibrio (neguentropía), mediante la retroalimentación negativa, el sistema social tiende a permanecer y, por la permanencia, a perfeccionarse. Esto no implica la desaparición completa del desorden o tendencia a aumentar la entropía, sino su reducción y control.

Desde este punto de vista la retroalimentación “negativa” entre el sistema representado por la sociedad política y el representado por la sociedad civil permite mantener el orden en ambos y en el conjunto de toda la sociedad nacional, y permite también que ese equilibrio tenga mayor fortaleza con respecto a las influencias (o estímulos) que llegan de la sociedad global (mundial) y que de hecho, inevitablemente, penetran el ámbito de las sociedades nacionales por la porosidad que las caracteriza, o sea que, sin importar el tipo de gobierno que tengan, todas las naciones o sistemas nacionales (países), no pueden aislarse ni evitar las influencias externas, pero pueden controlarlas y aprovecharlas para su propio equilibrio y progreso.

Fuente (3).

Conceptos básicos que se relacionan con la seguridad Nacional.

Concepto de Estado - Nación

El concepto de nación viene del latín “nascere” que significaba nacimiento y también pueblo, clase o especie y alude a una conformación histórica formada por lazos tales como el sentimiento de comunidad, identificación étnica, lingüística o religiosa. Actualmente el concepto de Nación se asocia al de Estado, o al de Estado – Nación que empieza a establecerse de esa manera en los siglos XVI al XVIII, que corresponden al renacimiento de la cultura europea y a principios de la época llamada moderna, en la que la amalgama histórica y cultural de diferentes pueblos (patrias) se asocia al de su asentamiento en un territorio.

El concepto de pueblo no está necesariamente vinculado a un territorio, tal es el caso del pueblo Israelí que no ocupó como tal una determinada área geográfica sino hasta 1947 en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobará la partición del territorio palestino en dos, uno judío y el otro árabe. El 14 de mayo de 1948 el estado de Israel declaró su independencia de Palestina y ello originó la guerra árabe - israelí de ese mismo año porque los países vecinos árabes se negaron a aceptar la resolución de la ONU. Fue hasta entonces que el Pueblo Israelí pudo contar nuevamente con un territorio, luego de su expulsión, hacia el año 73 de nuestra era, por el Imperio Romano y fue hasta mediados del siglo XX que se restableció como Estado Soberano.

A partir de la conformación de los estados modernos puede establecerse que el Estado tiene las siguientes características: Dominación por medio de la Administración Pública en sus diferentes facetas (SEP, SSP, STPS, SEGOB, SDN, SM, SAGARPA, PGR, Etc.); un conjunto de leyes; poderes que le dan armonía y coherencia a la organización del propio Estado; y valores éticos, morales, y sociales que amalgaman el entramado social.

Así puede verse que un estado o nación se compone de diversos elementos que son: El pueblo, el territorio, el poder político, la soberanía y el gobierno. Para entender con mayor claridad el concepto de Seguridad Nacional es necesario profundizar en dichos conceptos.

El Pueblo es el primer elemento necesario para que exista una nación o estado. El pueblo está unido por diferentes características tales como la cultura, de la que a su vez forman parte una serie de valores sociales, éticos y morales que le dan la cohesión necesaria a un grupo de personas, para mantenerse unidas por su propia voluntad y también por las leyes que de alguna manera más o menos consciente entre la población, obliga a ésta a tener respeto por sí misma y a respetar las instituciones que la misma población se ha forjado.

El Territorio es el espacio físico en el que se asienta el pueblo y en el que crea las condiciones necesarias para su subsistencia y perfeccionamiento como persona humana individual y social, lo que supone la existencia de un poder que le permita actuar para que esa realización se dé de una manera ordenada, dinámica y cada vez más plena.

El Poder Político que deriva del hecho de que todo grupo humano, toda sociedad, necesita de la orientación y de la autoridad, indispensable para la realización de sus metas y objetivos, entre ellos y de manera fundamental para alcanzar el bien común, entendido como “… no sólo el conjunto de bienes y servicios de utilidad pública o de interés nacional que suponen la organización de la vida en común, ni las buenas finanzas del Estado, ni su potencia militar; no es sólo el entramado de leyes justas, de buenas costumbres o de sabias instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus grandes recuerdos históricos, de sus símbolos, de sus gloriosas tradiciones vivas y de sus tesoros de cultura. El bien común comprende todas estas cosas, pero aún mucho … más profundo y más humano, pues también ante todo comprende la propia suma que no es la simple colección de bienes privados, ni el propio bien del todo que (como la especie por ejemplo respecto de los individuos o como la colmena para las abejas) sólo beneficia a ese todo sacrificándole las partes. Ese bien común es la conveniente vida humana de la multitud de personas, su comunicación en el buen vivir. Es, pues, común al todo y a las partes sobre las cuales se difunde …”   De hecho es el bien común, desde el punto de vista ético, moral y político, el que le da su razón de ser al gobierno y al Estado.(4)

La soberanía puede definirse como la dominación, jurídicamente legítima, hacia el interior y el mantenimiento permanente de la independencia hacia el exterior. El diccionario de la Real Academia la define como: “la máxima autoridad en un esquema político y al soberano como quien ostenta la mayor autoridad.”

El sentido actual del término “soberanía nacional” se establece en la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 en que la Asamblea Nacional Constituyente francesa determinó que: “toda soberanía reside esencialmente en la nación” y como un derecho del conjunto de los ciudadanos. Esta soberanía es ejercida indirectamente en nuestro país por el voto ciudadano y directamente por quienes detentan cargos públicos y que constituyen los Poderes de la Unión y sus análogos de las entidades federativas y los municipios.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39 establece: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Gobierno: Desde un punto de vista funcional es el conjunto de acciones por las cuales la autoridad legítima impone, por medio de la ley y de la autoridad política, el ejercicio del poder del Estado. En otras palabras, el gobierno es la estructura que ejerce los poderes del Estado. Sin embargo, es necesario distinguir al Estado del gobierno porque, en lo fundamental, el gobierno cambia y se puede transformar, pero el Estado permanece. Así, los poderes públicos se renuevan de manera permanente en todo el país cada tres años en que se elige a los integrantes de la Cámara de Diputados y cada seis en que elige al titular del Poder Ejecutivo Federal, y a los Senadores, pero el Estado Mexicano, por ejemplo, mantiene su realidad vigente más allá de los cambios que se operan o puedan operarse al interior de su estructura política.   

Concepto de seguridad

La palabra seguridad  viene del latín “securitas” que representa la cualidad de seguro, que significa, a su vez, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo que, cuando se aplica a un sistema de gobierno, se refiere a la obligación por parte del mismo de defender a sus habitantes en sus personas y en sus bienes.

Con base en lo anterior, la seguridad nacional puede definirse como la ausencia o, en su caso, el control de fenómenos sociales, políticos, económicos, incluso naturales y militares que pongan en riesgo la estabilidad de la nación o, en última instancia, su propia existencia. Tal fue el caso de las guerras de agresión que tuvo que liberar nuestro país durante buena parte del siglo antepasado y todavía a principios del siglo pasado, cuando el 21 de abril de 1914, tropas norteamericanas atacaron el puerto de Veracruz desde 44 barcos de guerra, lo invadieron luego de una heroica defensa del pueblo y los cadetes de la Escuela Naval Militar, se apoderaron de él y finalmente se retiraron a finales de noviembre del mismo año. Por ello, la seguridad nacional es un objetivo permanente a cumplir en razón de la paz y la prosperidad de la nación en todos los órdenes.

Al respecto, es necesario destacar que existe un número indeterminado de definiciones de Seguridad Nacional que corresponden a la visión de una realidad semejante a la nuestra en otros países, o son elaboradas en función del enfoque teórico y práctico particular que se puede tener desde el ángulo de cada estudioso del fenómeno; sin embargo, es necesario destacar que prácticamente todas ellas contienen los mismos o muy similares elementos a los que se señalan en la definición anterior. 

La seguridad nacional puede ser amenazada por problemas y conflictos que pueden originarse de manera interna o externa, que hacen necesaria la elaboración de normas y políticas para la defensa nacional, para prevenir amenazas tales como las representadas por los grupos del crimen organizado que no sólo operan en el territorio nacional, sino que buena parte de su actuación proviene de hechos que ocurren principalmente fuera de nuestras fronteras, como la compra de drogas ilícitas y la de armas para enfrentarse con otros grupos de criminales que operan en el país y con nuestras autoridades. 

“El concepto moderno de seguridad nacional nació en 1927 con la idea de que la conducta política y las capacidades militares pueden explicarse y preverse basándose en el ambiente físico y que esta influencia puede llagar a determinar la tecnología, la cultura y la economía de los estados, su política interna y externa y las relaciones de poder entre ellos”. (5)

En su origen el concepto de seguridad nacional se establecía teniendo presente, más que ninguna otra idea, la defensa del territorio. Sin embargo, actualmente las amenazas a la seguridad son mucho más variadas y entre ellas puede considerarse los riesgos por fenómenos naturales como los temblores terrestres, los tsunamis, los fenómenos sociales como las migraciones masivas, las epidemias y, desde luego, también el contrabando, el terrorismo, el crimen organizado, la transportación y venta de drogas ilícitas, el lavado de dinero obtenido por organizaciones delincuenciales y hasta la estabilidad de países vecinos o con los que se tengan tratados de libre comercio.

“Desde hace 15 años al menos, el concepto de Seguridad Nacional ha evolucionado… las visiones etnocentristas clásicas o “militaristas” han evolucionado, transformándose en concepciones más antropocéntricas en donde el objeto referente de protección… y el espectro de protección se amplía hacia las personas y hacia los ámbitos de la vida humana” (6) 

De esta manera, en la actualidad el concepto de Seguridad Nacional abarca mucho más que la defensa territorial. En pocas palabras lo siguiente:

 “La identificación de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos como antagonismos de naturalezas diversas, es también un avance significativo en el ámbito de la seguridad, reconociendo entre éstos a los siguientes:

“-El problema mundial de las drogas, el tráfico ilícito de armas, el terrorismo internacional, la delincuencia organizada trasnacional, la corrupción, el lavado de activos y las conexiones entre ellos;

“-La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnerara la seguridad de los Estados.

“-Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA (el AH1N1 que asoló al país a mediados del 2009, la gripe aviar que ha representado el sacrificio de decenas de miles de aves) y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente.

“-La trata de personas (particularmente de mujeres y niños);

“-Los ataques a la seguridad cibernética (actualmente se ha vuelto muy común no sólo el ataque mediante virus para inutilizar los sistemas informáticos utilizando la red de internet, sino las amenazas e intentos de extorsión a las personas y a las familias, las clonaciones de cuentas bancarias)

“-La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radiactivo y desechos tóxicos; y

“-La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.” (7) 

 Los atentados del 11 de septiembre de 2001en las torres gemelas de Nueva York en los Estados Unidos; los ocho bombazos que estallaron en las cercanías de Atocha, El Pozo, y en Santa Eugenia en Madrid, España, el 11 de marzo del 2004 y las explosiones en el Metro y el transporte público de Londres, Reino Unido, el 7 de marzo del 2005 y otros más recientes como el atentado terrorista después de un concierto en el estadio de Mánchester en el Reino Unido, el 22 de mayo de 2017, son ejemplos claros de esta forma de terrorismo.

Por su parte, la criminalidad cibernética ha venido aumentando de manera alarmante en el mundo y ya es considerable también en el país. “De acuerdo con un estudio realizado por Norton (empresa dedicada a la seguridad cibernética mediante la creación de antivirus) en 2011 … las amenazas en el ciberespacio han aumentado dramáticamente perjudicando a 431 millones de víctimas adultas en todo el mundo, lo que equivale a 14 víctimas … por segundo y a un millón de víctimas de delitos cibernéticos por día …

“El delito cibernético se ha convertido en un negocio que supera el billón de dólares anuales producto del fraude cibernético, el robo de identidad y la pérdida de propiedad intelectual… “(8) 

Los delitos cibernéticos se pueden catalogar como terrorismo cibernético, crimen organizado que incluye contactos para el tráfico de drogas, personas y armas, secuestro, pornografía infantil, estafas electrónicas y otros delitos tradicionales cometidos a través de medios electrónicos.

En México el 78 % de las empresas establecidas en el país fue víctima de fraude por medios electrónicos en los últimos 12 meses (9 de julio de 2012), el 30 % de los ilícitos se realiza en sitios de red y por medio del correo electrónico el 70 % restante. Los Estados de nuestro país más afectados por los delitos cibernéticos son: Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México y Baja California. (9)  

Como es claro, la Seguridad Nacional abraca campos muy diferentes y por ello es una herramienta política, económica, social, policíaca y militar que debe aplicarse a una época, a circunstancias específicas y a un país determinado que utiliza su poder para el combate a la inseguridad.

Para ilustrar esa diversidad es importante señalar que, en el caso de México, el organismo de mayor importancia y jerarquía en la materia es el Gabinete de Seguridad Nacional, del que forman parte diversas dependencias que corresponden a rubros de actividad diferentes pero, de alguna manera vinculados a la seguridad del país: El Presidente de la República, los titulares de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina Armada de México y el Procurador General de la República. Su función es la de analizar los temas de la más alta prioridad para la nación, tomar acuerdos y resoluciones vinculadas con la Seguridad Nacional y asesorar al Presidente de la República.

Para dar una idea de la magnitud de estos problemas y como una muestra de ellos, en abril de 2008 la ONU dio a conocer un dato digno de meditarse muy seriamente y es la existencia de 875 millones de armas de fuego cuya presencia se extiende a todo el mundo. Puede considerarse válidamente que este número ha aumentado significativamente en el 2017.

Puede afirmarse también que en la actualidad la Seguridad Nacional, conforme se han venido multiplicando los diferentes riesgos a la misma, ésta ya no puede descansar sólo en la Policía Federal, el Ejército y la Marina sino en las condiciones de desarrollo social, político y económico del país, considerando que la falta de desarrollo agrava los problemas de la seguridad y que mientras no haya la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes que viven en zonas de marginación económica, social y cultural, estos seguirán siendo carne de cañón para las bandas del crimen organizado que hoy representan la mayor amenaza para la Seguridad de la Nación.  

Otra condición en la que debe descansar la Seguridad Nacional es la transparencia, entendida como la presencia de los controles necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento en la protección de la sociedad, en los procesos por los que transcurre para alcanzar las finalidades previstas en su definición. Para ello será necesario “considerar los principios (éticos) relacionados con la seguridad nacional y los derechos humanos… los principios constitucionales  relacionados con la seguridad… los principios de funciones y autoridad de las instituciones de seguridad en donde interviene de manera directa la aplicación del marco jurídico vigente en la materia, que permita garantizar el acceso a la información que no sea considerada como reservada o confidencial.” (10)     

Seguridad Pública

La diferencia fundamental entre “Seguridad Nacional” y “Seguridad Pública” se encuentra en que la primera tiene la finalidad de resguardar el todo, el sistema considerado como el país en su conjunto respecto de fuerzas internas y externas que operan con referencia al territorio nacional y que además buscan cooptar al poder político para garantizar su propia seguridad, en tanto que la “Seguridad Pública” se ubica preferentemente en los hechos que provocan inseguridad dentro del país, en la previsión y el combate de delitos cuya trascendencia, si bien pone en riesgo la seguridad de la población, no trasciende las fronteras nacionales y se puede combatir como un problema fundamentalmente interno. Una buena parte de su función se ubica en el combate al consumo interno de estupefacientes mediante la localización y aprensión de personas que se dedican al narcomenudeo.

La “Seguridad Pública” puede definirse como un servicio que el Estado debe brindar a los habitantes de un país para proteger su integridad física y sus bienes. De esta manera, las fuerzas de seguridad pública deben prevenir la comisión de los delitos, de reprimirlos si están en vías de ocurrir, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la autoridad competente para ser juzgados y castigados de acuerdo con la ley. (11)  

En México se entiende por delitos del orden común los que no están reservados especialmente a la Federación, y son los establecidos en la legislación penal de los estados. Son delitos considerados del orden federal, fundamentalmente, los establecidos como tales por el Congreso de la Unión.  

Mientras la “Seguridad Nacional” se ve obligada a combatir las amenazas vinculadas con el entorno internacional, y con el orden político, que desde luego tiene una repercusión, a veces muy grave, en el orden interno, la “Seguridad Pública” privilegia el orden interno y busca desestimular, frenar y combatir la acción de la delincuencia en ese entorno, el del país en su conjunto, pero que no necesariamente va más allá de nuestros límites territoriales ni busca apoderarse de la autoridad política.

Ambas concepciones de “Seguridad” están íntimamente vinculadas porque, en primera y última instancia, las dos buscan la misma finalidad que es la de resguardar a los habitantes de un país de las amenazas que pueden atentar contra su vida y su patrimonio de diferentes maneras. La diferencia de fondo se encuentra principalmente en la magnitud nacional, internacional y política del fenómeno de la delincuencia. 

El crimen organizado en general y el narcotráfico en particular caen dentro de la materia de la “Seguridad Nacional” y de delitos del orden federal porque buscan tener, no sólo un máximo beneficio por sus actividades, sino, incidiendo en el ámbito político, para controlar las fuerzas públicas del Estado como parte de la protección que necesitan para alcanzar sus fines. La búsqueda de este control ha llegado a la esfera del control político mediante el cohecho, la compra de voluntades, las amenazas y crímenes cometidos en contra de la vida de funcionarios públicos y sus familias.

Un caso muy notorio al respecto fue el que se conoció, como “Operación Limpieza”, en octubre de 2008, en el que se descubrió que funcionarios y jefes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), recibían cuantiosas cantidades de dinero del grupo de los Beltrán Leiva. En esa ocasión también se supo que las infiltraciones del propio cartel llegaron a la Interpol y a la embajada de los Estados Unidos en México. (12)  

Este es un ejemplo muy claro relativo a la Seguridad Nacional, asimismo que el Ejército, la Armada y la Policía Federal tuvieron que intervenir directamente en operativos militares para recuperar amplias zonas de algunos estados del norte y centro del país, que habían sido ocupadas por bandas de narcotraficantes, tanto por ser aptas para el cultivo de estupefacientes (especialmente marihuana y amapola), como por facilitar el paso de las drogas, incluida la cocaína sudamericana, al mayor mercado mundial de drogas ilícitas que se encuentra en los Estados Unidos.

Es importante señalar que este fenómeno de contrabando de drogas ilícitas va acompañado de la compra de armas, principalmente pero no exclusivamente, del lado norte de nuestras fronteras para la protección del crimen organizado, asunto que si bien compromete la “Seguridad Pública” tiene mayor vinculación con la “Seguridad Nacional” que es la encargada, precisamente, de incautar esas armas desde su paso por las fronteras y de recuperarlas cuando ya están dentro del territorio nacional.  

Los casos anteriores y muchos otros son típicos ejemplos de cuando es correcto el empleo del concepto de “Seguridad Nacional”.

Regresando al concepto de “Seguridad Pública” como función del Poder Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, mediante el cual se busca la prevención, persecución y castigo de personas que han incurrido en conductas delictivas, encontramos que, si el estímulo para las actividades ilícitas, sus beneficios económicos y de impunidad, es mayor que su castigo, ello llevará a que la cantidad de los diferentes delitos tienda a crecer, pero si la mayoría de quienes delinquen fuera apresada y castigada con la fuerza y en la proporción establecidas por las leyes, es decir, si la impunidad no fuera tan grande y si no hubiera complicidades entre autoridades y delincuentes, la actividad delictiva tendería de manera muy significativa a ser cada vez menor.

El estimulo entonces crecería para los habitantes del país, no sólo en razón de una vida de mayor calidad con menores riesgos, sino que aumentaría la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros al considerar que ellos, sus familias y sus inversiones correrían un riesgo menor. Ello podría representar un mayor crecimiento de la economía, y la generación de un mayor número de empleos mejor pagados. La Seguridad Pública puede ser, en este sentido, un detonante de la actividad y el crecimiento económico.

Es muy lamentable que la cultura de la investigación y la denuncia en nuestro país se encuentre sumamente retrasada, tanto que en ocasiones, más que invertir en su desarrollo se ha llegado a pensar en pactos con grupos delincuenciales (el caso del Negro Durazo en el DF, en la época del presidente López Portillo, es quizás el más conocido) para que sus actividades afecten menos a la ciudadanía, sin considerar que llegar a acuerdos con grupos del crimen organizado que no sólo no merecen la más mínima confianza sino que, en primera y última instancia, son maneras de traicionar la confianza que podría haber por parte de la ciudadanía en las autoridades.

Alcanzar la meta de investigar y reprimir oportunamente las actividades antisociales es lo más importante, no sólo para la  “Seguridad Pública”, entendida no como un fin en sí mismo, sino como un servicio, o un medio que la “sociedad política” debe brindar a la “sociedad civil” para que existan y mejoren las condiciones necesarias para su desarrollo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 21 que “… las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.” 

Sin embargo, ese es uno de los ideales de la Constitución cuya realización sigue pendiente en muy buena medida, por una parte, por la subcultura de la no denuncia de los delitos a las autoridades y por la falta de respeto por el estado de derecho de una fracción importante de la población y también por la insuficiente preparación y de recursos que tradicionalmente han tenido los cuerpos de Seguridad Pública.

La subcultura de falta de respeto por el cumplimiento de la ley nos viene de mucho tiempo atrás, incluso desde la época colonial en que “Muchos funcionarios públicos administraban su cargo según los principios del mercado y lo usaban como fuente de ingresos particulares, lo que puede considerarse un legado de la administración en las colonias... El cargo público era tomado como una posesión de la que había que sacar el mayor provecho posible. Además como el sector económico se desarrollaba muy débilmente, muchas personas recurrían a la vía burocrática en busca de riqueza y prestigio, no regía la norma de ‘riqueza es poder’ sino la de ‘poder es riqueza’…”  La mentalidad que supone la referencia anterior permaneció durante la época independiente, “Uno de los problemas que tuvo que enfrentar el Porfiriato fue … el del contrabando que se fue gestando durante el siglo XIX sobre todo en las aduanas de los principales puertos y en la frontera con los Estados Unidos. (13)  

Una consecuencia probable de esa mentalidad sostenida durante varios siglos es que, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), en la encuesta 7/2010, procesada y dada a conocer en febrero de 2011, el 78 % de los delitos que se cometen no es denunciado y sólo en el 22 % de los casos las víctimas acudieron a la autoridad competente a hacer la denuncia. (14) Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., en octubre del 2011 señaló que del 100% de delitos cometidos sólo se investigan el 20 %, sólo el 9 % llegan a ser juzgados y sólo el 1 % se castigan. (15)  

De acuerdo con la última fuente señalada, las diversas causas por las que los delitos no se denuncian son: En un 3 % por considerar la actitud hostil de la autoridad; el 8 % por falta de pruebas; el 16 % por desconfianza a la autoridad; el 10 % porque son trámites largos y difíciles; el 39 % porque se considera una pérdida de tiempo; el 9 % porque se consideran delitos de poca importancia; el 1 % por miedo a la extorsión; el 6 % por miedo al agresor y, por otras razones que no se detallan, el 8 %.

Un dato relevante en relación con la “Seguridad Pública” es que los homicidios del orden común, en 1997, en todo el país fue de 35 mil 345 que representa una taza de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes, este índice se redujo a 25 mil 133, que representaron 24 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007, para de ahí en adelante llegar a subir a 34 mil 763 en el 2010, 32.1 por cada 100 mil habitantes y seguir subiendo hasta la fecha. (16) 

Lo más importante de la información anterior es que permite valorar que en México la Seguridad Pública opera de manera incipiente, dada la magnitud del problema, por vicios que se han acarreado desde hace décadas, entre ellos, por el poco o nulo cuidado que se tuvo en la selección y capacitación de sus agentes, por el menosprecio en que ha caído la figura del policía y como un elemento que no ha sido suficientemente valorado por las altas esferas de la sociedad política, lo que se ha venido a reflejar también en la sociedad civil, y todo ello acompañado con bajos salarios, que en muchos casos le han obligado a corromperse y, con ello, a empeorar la Seguridad Pública.

En virtud de lo anterior en México se han realizado reformas en materia de Seguridad Pública y Justicia, y se ha iniciado un proceso que incluye: “la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de Seguridad Pública” en el espacio de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. También se establece que la comunidad coadyuvará en la evaluación de las instituciones de seguridad pública. (17).

Cabe mencionar que, no obstante el compromiso de aplicar evaluaciones para el control de confianza en varios estados, esta evaluación, o no se ha hecho o se ha realizado parcialmente.                     

El anterior sistema de Seguridad Pública presentaba dos instrumentos de coordinación que permitian pronosticar un desempeño significativamente mejor, en términos cualitativos y cuantitativos, de la seguridad en el país a partir de: La carrera policial y el Sistema Nacional de Seguridad Pública que obliga a los tres órdenes de gobierno a mejorar la capacitación de los integrantes de los cuerpos de seguridad, a intercambiar y sistematizar información sobre el personal de seguridad, armamentos y equipos, estadísticas criminológicas, personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, así como a establecer un servicio para la localización de personas y bienes.

Esa organización cambió con el gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2015, “por el que se reforman adicinan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual otorga a la Secretaría (de Gobernación) las funciones relativas a la seguridad pública, las de Policía Federal así como las del Sistema Penitenciario Federal y de prevensión del delito conferidos a la Secretaría de Seguridad Pública misma que desaparece”. Además se publicó el nuevo manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Sí bien se incremetaron las funciones de la SEGOB, la actual organización en materia de seguridad pública no ha demostrado ser mejor y más adecuada que la anterior.  

Seguridad Ciudadana

Al terminar setenta años de un gobierno prácticamente unipartidista y con el comienzo de la alternancia democrática empieza a manifestarse una mayor participación civil en la vida pública, que parece aproximar el ideal democrático previsto en el Artículo 3° fracción II, inciso “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido del propio artículo que a la letra establece que el criterio que orientará a la educación:

“Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”

Ese planteamiento que, lo mismo que otras disposiciones constitucionales, más parecía un ideal que una disposición jurídica, empieza a hacerse más claro y ahora más cercano a la realidad por el hecho de que la ciudadanía tiene mayores posibilidades de participar directamente en los asuntos públicos que más influyen en su vida cotidiana, personal y familiar, entre ellos la Seguridad Pública que, por ser un asunto vinculado a todos los aspectos de su vida le atañe y procura involucrarse en ella y, al hacerlo, convertirla en una parte de su vida habitual como miembro de la sociedad a la que pertenece, con lo que la Seguridad Pública, sin perder su carácter público, se enriquece y se transforma también en Seguridad Ciudadana que puede considerarse como un vínculo real y directo entre la sociedad civil y la sociedad política a través del cual ambas se retroalimentan, la una con información que le sea de utilidad a la otra para la prevención y persecución de los delitos, y la otra haciendo más eficiente su trabajo para tender a la seguridad tan plena como sea posible en la sociedad civil.

Seguridad ciudadana

Al respecto, puede definirse la Seguridad Ciudadana como la condición personal de encontrarse libre de violencia o amenaza de ésta, o de despojo intencional por parte de otros y en la que el ciudadano tiene una participación que contribuye a orientarla en aquellos aspectos que considera más apremiantes y en la que participa ya sea directamente en juntas vecinales donde se realice un intercambio de información entre  los miembros de la policía y los ciudadanos, o a través de la representación de la comunidad vecinal.

Lo anterior supone una vinculación entre las autoridades encargadas de la seguridad y el ciudadano que, sin ser miembro de los cuerpos policiacos, contribuye a hacerlos más eficientes en razón de las necesidades de la sociedad civil a la que pertenece.

No se trata de que el ciudadano común se convierta en policía y tome la ley en su mano, sino de que exista una vinculación tal entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía que permita que la función de seguridad se realice de la manera mejor posible, si se parte del supuesto de que buena parte de la actividad criminal tiene su punto de partida en la sociedad civil y es en ella donde puede originarse también la información necesaria para prevenirla y combatirla.

 En otras palabras, que se dé una relación participativa y democrática en la que la sociedad civil  interviene activamente con la sociedad política en beneficio de ambas, ya que, por una parte, esa función de la sociedad política será mejor realizada porque atenderá de manera más directa y clara a la satisfacción de las necesidades de seguridad de la sociedad civil a la que debe prestar sus servicios y, por otra parte, la sociedad civil entra en un proceso en el que va pasando de ser un ente pasivo en la vida pública del país a ser un ente activo, particularmente en lo que se refiere a su seguridad, pero reconociendo que son los cuerpos de Seguridad Pública a los que compete directamente el combate a la inseguridad. Esto implica una relación de comunidad entre las fuerzas del orden público y la sociedad civil y con ello contribuya a perfeccionar el principio del bien común que debe estar en el origen de todo acto de gobierno.

En términos de la teoría de sistemas, lo anterior representa una forma de retroalimentación (negativa) que deberá reflejarse en una reducción y control de la entropía (desorden), entre los sistemas que se han denominado sociedad civil y sociedad política, y ello traerá también la conformación de un todo social que ofrezca mayores y más eficientes resistencias al desorden que se genera, tanto a nivel interno, como por aquella actividad ilícita que tiene vínculos externos (venta de drogas y compra de armamentos) y que también busca apoderarse de aquellas instancias de la sociedad política que le deparen mayores protecciones para sus actividades criminales.    

La transparencia en la acción policial quedaría asegurada con la participación activa de la ciudadanía, que también representa un mecanismo de control de las actividades correspondientes a la seguridad de las comunidades, al proveer información sobre la percepción de los miembros de la sociedad sobre la criminalidad lo cual contribuye, no sólo a la persecución de los delincuentes, sino sobre todo a establecer medidas e instrumentos que ayuden a los cuerpos policiacos en la prevención de los delitos que puedan cometerse en un área determinada.

Este sería el caso de la creación de atlas geográficos delincuenciales en los que se consignen los delitos más comunes en una zona claramente delimitada, mediante la ubicación de los lugares en los que pudieran ocurrir los actos ilícitos y que serían determinados por las denuncias y por la ocurrencia de dichos ilícitos captados directamente por los agentes de la policía.

Otras ventajas que ofrece la seguridad ciudadana serían:

  • Las de autoeducación en la materia, con el fin de intervenir en el mejoramiento de las leyes existentes y la propuesta de cambios en la legislación que pudieran juzgarse convenientes,
  • Esto obligaría a los miembros del Poder Legislativo a mantener una vinculación real y constante con quienes los eligieron como sus representantes ante esa instancia de la sociedad política, como una práctica real de democracia representativa en los términos del mencionado Artículo 3° de la Constitución.
  • La exigencia de objetividad a los medios de comunicación, más allá de expresiones exageradas, partidistas o simplemente amarillistas que deforman el conocimiento de la realidad y llegan a generar desconfianza en quienes están directamente encargados de combatir a la delincuencia. Considerando que la libertad de expresión y el derecho a la información, establecidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, no son absolutos y tienen límites señalados en la propia Constitución; estos límites son el ataque a la moral, los derechos de terceros, la provocación para cometer algún delito o la perturbación del orden público.

La participación de la ciudadanía en la Seguridad Pública puede hacerse efectiva mediante la intervención de la ciudadanía en los medios de comunicación, el establecimiento de mecanismos formales de rendición de cuentas a nivel regional,  la asociación con Organizaciones no Gubernamentales tales como, las organizaciones de derechos humanos, centros de investigación académica, grupos de mujeres, organizaciones comunitarias o vecinales, asociaciones sindicales y asociaciones empresariales, entre otras.

La Seguridad Ciudadana entonces operaria como un mecanismo de retroalimentación, importante para mantener el necesario equilibrio y orden dentro de los sistemas representados por las sociedades social y política. Esto repercutiría también en una mayor fortaleza de la sociedad en su conjunto y en una menor vulnerabilidad frente a las amenazas internas, externas y políticas en las que en muchas ocasiones pretende sustentarse el crimen organizado. (18)

Conclusiones:

1.- La Seguridad Nacional, Pública y Ciudadana, si bien cumplen funciones específicas, pueden costituir el sistema en el que se complementen para la tranquilidad del todo social.

2.- De la retroalimentación entre la sociedad civil y la política depende el equilibrio del todo social y, con él, su consolidación y progreso. La entropía del conjunto de la sociedad será tanto mayor cuanto la retroalimentación entre ambas no opere de manera adecuada.

3.- La democracia es un sistema de gobierno cuyas imperfecciones y la corrección de las mismas por la participación ciudadana, permite entenderlo como un sistema capaz de generar los equilibrios que necesita para la pervivencia y perfeccionamiento de la vida social y del bien común.

4.- El concepto de Seguridad Nacional no puede limitarse al combate a las amenazas de otros países o a combatir las acciones de grupos terroristas o del crimen organizado, ya que atentan contra la seguridad nacional la pobreza extrema, los fenómenos naturales y hasta las crisis económicas.

5.- La transparencia, el derecho a la información y la libertad de expresión son condiciones de posibilidad de la Seguridad Nacional, Pública y Ciudadana, en virtud de que sin ellas las sociedad se encuentra limitada para exigir el cumplimiento tanto de las acciones necesarias para su propia seguridad, como las metas de desarrollo y el bien común.

6.- Puede considerarse que el incremento o reducción de la actividad delincuencial está en función de la impunidad. En otras palabras, la impunidad opera como estímulo para el crecimiento del número de actos ilícitos y, mientras esta tienda a crecer, crecerá en una proporción semejante la actividad delictiva.

7.- La subcultura de la no denuncia favorece la impunidad. Para cambiar esa subcultura es necesario que quienes atienden las denuncias den un trato correcto, expedito y eficiente a los denunciantes y que el gobierno cumpla de la misma manera con la reparación del daño a las víctimas del delito. De acuerdo con los datos consignados, el 68 % de las causas de la no denuncia son atribuibles a la propia autoridad.

8.- La participación ciudadana organizada, como informante para la prevención de las acciones delincuenciales, no sólo representa una ventaja en materia de seguridad, sino eventualmente una fuente de información para que los legisladores tengan la materia prima necesaria para el perfeccionamiento de las leyes de la materia.      

Referencias:

1.- Potelli, Hugues. Gramsci y el bloque histórico. Siglo XXI, Editores 1995.

2.- Acción de inconstitucionalidad 1/96, Leonel Godoy Rangel y otros.- 5-III-96, unanimidad de 11 votos. Tesis número XXVII/96, XXVIII/96 y XXIX/96.”

3.- http://supernaturalfca’s  Weblog-Windows

4.- Maritain, Jacques. Persona y Bien Común, Págs. 58 y 59 de la versión española.

5.-  Santos Villarreal, Gabriel y Ávila Loya, Patricia. Seguridad Nacional: un concepto ampliado y complejo. Centro de documentación, información y análisis de la Cámara de Diputados, LX legislatura. Julio de 2009. México. Pág. 9

6.- Rodríguez Sánchez Lara, Gerardo. Ensayo. Antiguas y Nuevas Amenazas a la Seguridad de América Latina. Revista Bien Común. Fundación Rafael Preciado Hernández. México. www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/hc152/gerardo_rodriguez.pdf

7.- Santos Villarreal, Gabriel; Ávila Loya Patricia. Op. Cit. Pág. 24.

8.- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Seguridad  cibernética: un problema mundial que demanda un enfoque mundial. Dirección electrónica: http://www.un.org/es/development/desa/news/ecosoc/seguridad-cibernetica.html

9.- Con información de El Financiero del 11 de agosto del 2010.

10.- Ovando Patrón, José Luis. Depuración de los órganos de seguridad pública. Tomado de, Seguridad Nacional en México: una aproximación a los retos del futuro. Ed. Fundación Rafael Preciado Hernández, primera edición, México 2011, Pág. 79.

11.-  http://forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm, Red profesional de seguridad en América Latina. 

12.- Información tomada de “El Universal” El universal, 26 de febrero de 2009. 

13.- Información tomada de Paoli, Iván. La Evolución del narcotráfico en México, revista Bien Común, año XV / número 186 / JUNIO DE 2010, Pág. 70 y de  www.economia.unam.mx/amhe/publi/entre06.html-33k

14.- Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), encuesta 7/2010, febrero de 1011.  

15.- Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.

16.- Información tomada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1997 al 2009, que fue actualizada y entregada al ICESI en 2010.

http://www.icesi.org.mx/documentos/estadisticas/estadisticasOfi/denuncias_homicidio_1997_2010.x

17.- Poder Ejecutivo Federal, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008, primera sección, Pág. 8. Se puede consultar en: www.diputados.gob.mx

18.- Con información tomada de: González, Patricia. Seguridad Ciudadana, Guatemala. Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Guatemala. 2003.